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POLITICA

Controles vehiculares en José C. Paz: Operativos interjurisdiccionales para reforzar la seguridad vial

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En un nuevo despliegue conjunto orientado a mejorar la seguridad vial, el Municipio de José C. Paz llevó adelante un importante operativo vehicular junto al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Moreno. La acción se desarrolló en la intersección de Hipólito Irigoyen y Saavedra Lamas, y culminó con más de medio centenar de vehículos controlados, alcoholemias positivas detectadas y retenciones por falta de documentación.

El operativo, de carácter preventivo y articulado entre distintas jurisdicciones, permitió identificar a más de 50 automovilistas. Como resultado, se procedió al secuestro de cuatro vehículos por alcoholemia positiva, una licencia vencida y cinco retenciones de carnets de conducir por circular sin la documentación obligatoria.

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Del operativo participaron efectivos de la Policía Local, Patrulla Urbana y personal de la Dirección de Tránsito, en una tarea coordinada que refuerza la presencia del Estado en las calles y el compromiso con la seguridad ciudadana.

Entre las autoridades presentes se destacaron la Lic. Karina Catanzariti del Ministerio de Seguridad provincial; Miguel Narváez, interventor de la Secretaría de Seguridad de José C. Paz; Luis Chamorro; el comisario mayor Mario Villares, jefe de la Departamental JCP; Miguel Grosso, jefe de la Policía Local; y Julio Flores, director general de Tránsito y Transporte. Por parte del Municipio de Moreno, asistieron el comisario mayor Valdéz e Ismael Castro, secretario de Seguridad. La coordinación operativa en el territorio paceño estuvo a cargo de José Villegas.

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Desde el Ejecutivo local señalaron que estas acciones se enmarcan en una política de prevención sostenida, orientada a reducir los riesgos en la vía pública y desalentar conductas peligrosas como el consumo de alcohol al volante. “La seguridad vial no solo se construye con normas, sino con presencia activa y trabajo articulado”, remarcaron desde la gestión del intendente Mario Alberto Ishii.

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POLITICA

Los desafíos que enfrenta la UCR en Santa Fe, Córdoba y PBA: el “efecto CFK” y la disputa en Rosario

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Los tres distritos más populosos del país empiezan a tensionarse con el avance del calendario electoral y la UCR busca hacer pie para no terminar de quedar eclipsado por La Libertad Avanza. Una lucha que comparte con el PRO. Tras el pedido de detención de Cristina Kirchner, los correligionarios bonaerenses empiezan a mirar con desconfianza a los peronistas enfrentados a La Cámpora, a quienes hace poco creían aliados. En las próximas semanas, Maximiliano Pullaro tendrá la elección general en Santa Fe, donde la ciudad de Rosario tendrá un rol clave con la atenta mirada del gobierno de Javier Milei. En Córdoba, en cambio, hay más interna que estrategia electoral.

“El peronismo está más fuerte con Cristina presa”, dicen los radicales bonaerenses que conocen de las internas de Axel Kicillof con el sector de Máximo Kirchner, pero están convencidos de que finalmente llegarán a la unidad cuando se resuelva la detención domiciliaria de la ex presidenta. A su pesar, observaron que muchos de los intendentes que se enfrentaron al kirchnerismo, y que pregonaban el armado de centro, apoyaron la idea de la “proscripción”.

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“Se quedan sin ideas para romper”, reflexionan y los descartan de su armado electoral. Aunque esos peronistas no K insistan con una posible alianza, en la UCR no sería bien visto recibir dirigentes que no apoyen la resolución de la Justicia en la causa Vialidad y no abracen la idea de la lucha contra la corrupción.

Los dos sectores que hoy conducen el radicalismo bonaerense, con Miguel Fernández y Pablo Domenichini a la cabeza, se acercan cada vez más a esa construcción de centro, según pudo saber Infobae. Hasta hablan de la posibilidad de revivir Juntos por el Cambio si las negociaciones entre Cristian Ritondo, Diego Santilli y Sebastián Pareja dejan más heridos del PRO en el camino. De todos modos, algunos dirigentes no quieren cerrarle la puerta a las negociaciones con La Libertad Avanza. Una mirada que mantiene la tensión. Con todo, la próxima semana avanzarán con las reuniones por Zoom con dirigentes seccionales y esperan dar definiciones antes de que termine el mes de junio.

Santa Fe

Maximiliano Pullaro logró un amplio triunfo en la elección de abril de Santa Fe, donde se eligieron convencionales constituyentes

Con los convencionales constituyentes ya elegidos, la provincia de Santa Fe tendrá el próximo 29 de junio las elecciones generales para elegir 19 intendentes y renovar 65 Concejos Deliberantes. Si bien Maximiliano Pullaro triunfó cómodo en las PASO de abril, las disputas territoriales que se ponen en juego son claves para fortalecer su liderazgo. De todos modos, el foco estará en Rosario, ciudad que concentra el 35% del padrón electoral, lo que la convierte en un distrito determinante para cualquier dirigente que busca gobernar la provincia.

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Para la disputa rosarina hay tres candidatos que protagonizan la contienda, entre ellos, la oficialista Carolina Labayru, quien tiene el desafío de validar la gestión de Pablo Javkin; Juan Monteverde, el ex aliado de Juan Grabois que busca liderar la renovación peronista local; y Juan Pedro Aleart, un joven ex periodista que le garantizó el único triunfo a La Libertad Avanza en las últimas PASO.

En las internas del 13 de abril, el peronismo fue la fuerza que ganó la elección, pero Aleart fue el candidato más votado para el Concejo Deliberante. En tercer lugar quedó la candidata del intendente. Según pudo reconstruir Infobae, las condiciones están dadas para que ese escenario se repita en las generales. Es por eso que los libertarios llevan adelante una estrategia de polarización similar a la que utilizó Manuel Adorni en la ciudad de Buenos Aires, enfrentando a Leandro Santoro. Esa jugada dejó al PRO, con Silvia Lospennato a la cabeza, lejos de los dos primeros puestos.

Carolina Labayru, Juan Monteverde y Juan Pedro Aleart portada, los principales candidatos en Rosario para el Concejo Deliberante

“Aleart y Labayru comparten el mismo electorado y, además, ambos responden a Patricia Bullrich”, dicen en el equipo de Monteverde quienes confían en que el referente de Ciudad Futura quedará en primer lugar en la próxima elección a concejal, lo que le garantizaría, según analizan, un fuerte impulso para el 2027. “A Rosario le falta un intendente”, repiten como slogan de campaña y se ilusionan con ser un ejemplo de unidad y renovación para el peronismo a nivel nacional.

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En el campamento de La Libertad Avanza aseguran que el 29 de junio se ponen en juego dos modelos de ciudad: el regreso del kirchnerismo o la implementación de las ideas de la libertad que pregona el presidente Javier Milei. “El modelo actual de Javkin está agotado”, dicen cerca de Aleart, quienes buscan dejar afuera de los dos primeros puestos a Labayru. “Los peores años de Rosario fueron con el kirchnerismo a nivel nacional y el socialismo en lo local, con los mayores índices de homicidios”, denuncia el ex periodista.

Para la batalla legislativa local, Javkin eligió a su secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana por su perfil de “cercanía con la gente y de gestión”. En la Municipalidad también tienen acusaciones para sus principales contrincantes: “Está en juego evitar el regreso de un kirchnerismo que nos abandonó a los rosarinos, o repetir las recetas que vienen de Buenos Aires”. Con esa línea discursiva, acusan a Aleart de ser un “comentarista” de la realidad, que no habla sobre los fondos que Nación no envía para obras y mantenimiento, mientras que a Monteverde lo fustigan por “ocultar” los dirigentes K que lo apoyan.

Córdoba

Maximiliano Pullaro y Rodrigo de Loredo en la asunción de Marcos Ferrer al frente del Comité UCR de Córdoba

En Córdoba los rumores sobre el futuro electoral de Rodrigo de Loredo no cesan. Algunos lo dan como excluido de cualquier posibilidad de ser candidato de La Libertad Avanza y otros dicen que negocia el tercer puesto en la lista del gobierno nacional para la pelea por las nueve bancas en octubre. En paralelo, en la UCR saben que su futuro es quedar en tercer lugar y, en el mejor de los escenarios, podían meter dos diputados en el Congreso Nacional. La pelea por estas horas es definir quiénes van a ser los candidatos y los posibles aliados.

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En la provincia que gobierna Martín Llaryora se estableció que la fecha para presentar alianzas será el 7 de agosto y, diez días después, se deberán registrar las listas de candidatos. Con ese cronograma, la UCR que preside Marcos Ferrer estableció que el día 3 de ese mismo mes el partido llevará adelante su interna para definir los postulantes. Pero igual hay malestar por la falta de precisiones en el cronograma electoral partidario.

“No están cumpliendo un carajo”, alertó Ramón Mestre, enojado con Ferrer y su socio De Loredo. Según explicó el ex intendente de la ciudad capital a Infobae, las autoridades fijaron una fecha para la interna para “conformar” a la Justicia Electoral Provincial pero evitan la convocatoria a la presentación de candidatos. En el fondo, el temor es que se trate de una maniobra para dilatar los tiempos e imponer la estrategia oficialista.

¿Cuál sería la estrategia de Ferrer y De Loredo? En caso de que se confirme la imposibilidad de una alianza con los libertarios, los radicales se ilusionan con una especie de reedición de Juntos por el Cambio. El problema es que gran parte del PRO integra el Gabinete de Llaryora y otro sector (como Laura Rodríguez Machado) responde a Patricia Bullrich. La única macrista pura que quedó fiel a la estructura amarilla es Soher El Sukaria. Por la Coalición Cívica el puesto quedó vacante con la salida de Gregorio Hernández Maqueda, quien hoy se siente representado por las ideas libertarias.

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Los radicales anti libertarios prefieren apostar a la Lista 3. Creen que, en caso de ir a una alianza, deberán resignar la posibilidad de ganar las dos bancas para la UCR. Con socios en el medio deberían negociar esos espacios. Con esa lógica, el sector de Mestre presentará resistencia. Mientras tanto, Juan Jure, el legislador que lidera otro de los sectores, lanzará su candidatura el próximo 3 de julio en Río Cuarto, en un acto en el que se espera la convocatoria de más de mil personas.

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Puro cuento

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La crónica policial chaqueña cuenta un hecho insólito: un hombre denunció que su hijo de 25 años le robó cuatro kilos de mondongo. Llamó a la policía y, presto, un efectivo inició en moto la búsqueda del ladrón. A poco de patrullar, lo encontró. Bajó del vehículo para aprehenderlo y, mientras confirmaba la existencia de la prueba de delito -el mondongo- vio cómo otros dos proyectos de asaltantes intentaban robarle la moto del destacamento. Intentó detenerlos, pero solo logró capturar a uno mientras el hijo desaprensivo miraba atónito y el mondongo perdía la cadena de frío. Llegaron refuerzos en otras motos y apresaron al tercer ladrón que se había fugado. No trascendieron detalles del informe policial en la comisaría. Solo las detenciones de los tres delincuentes, la incautación del mondongo y los magullones que recibió el policía-víctima durante la refriega para evitar ser robado.

La segunda historia inaudita viene de más lejos. El dominicano Frank Tavares pasó 22 años de su vida como monja. Las hermanas que lo adoptaron en el convento donde se crió desde los cuatro años después de la muerte de sus padres lo bautizaron con nombre de mujer. Para entonces él no tenía definida su identidad sexual. Fue sor Margarita. “Yo nunca me bañé ni me desnudé enfrente de ellas, me iba para un bañito; yo usaba pantis estilo calzoncillo, fingía el periodo menstrual, usaba vestidos grandes”, relata ahora en su veteranía fuera de los noviciados. Del último lo echaron cuando una monja se enteró de su relación con otra hermana a la que dejó embarazada. No les guarda rencor y aceptó el castigo del destierro. Pasó de no saber a mentir abiertamente. Marche preso al ostracismo.

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El tercer suceso –tan real como los anteriores- ocurrió en el sur de Madrid. Un hombre usaba un destornillador para levantar las persianas de comercios que robaba por las noches usando un calzoncillo en la cabeza a modo de pasamontañas y medias en las manos para no dejar huellas. La policía se anotició de sus fechorías no porque alguien lo viera –era muy discreto, ya que solo robaba dinero en efectivo-, sino porque en cinco meses recibió una veintena de denuncias con el mismo modus operandi. El hombre de la ropa interior expuesta hacia afuera y en zonas impropias fue pescado in fraganti con su pequeño botín de siempre: el contenido de una caja registradora y las propinas de los empleados. Lo detuvieron con el calzoncillo en la cabeza. No hubo prêt-à-porter que lo salvara de la cárcel.

Y la última historia es la más increíble de todas. Una señora con varias causas penales, condenada dos veces en un trámite del que participó más de una docena de jueces que analizaron infinidad de pruebas que la hallaron culpable en dos instancias -incluso ella había apadrinado a varios de ellos para esos cargos- denunció una confabulación planetaria en su contra y llamó a resistir porque la igualdad ante la ley es puro cuento. Pasó en esta ciudad, el martes pasado, al conocerse el fallo de la Corte.



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Señal de la Corte sobre la conexión entre el fraude de Vialidad y las operaciones de lavado de Hotesur- Los Sauces

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La condena confirmada por corrupción contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el caso Vialidad estableció lo que se denominaron “lazos promiscuos” entre el empresario y la gestión de la entonces presidenta de la Nación. Contratos viales plagados de irregularidades, sobrecostos, direccionamiento de contratos, estructuras de pago realizadas a medida permitieron que el dueño del Grupo Austral obtuviera el 86% de los contratos.

Pero hubo una instancia más: unos 20 acuerdos comerciales de lo más variados con la familia Kirchner. La Corte Suprema en su fallo habló sobre los vínculos de Vialidad y Hotesur – Los Sauces y la falta de explicaciones de la exvicepresidenta.

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Cristina Kirchner expuso ante el máximo tribunal algo que calificó como una arbitrariedad: que el Tribunal en la condena tuvo en cuenta algo que entiende son hechos, pruebas, que no se deberían haber contemplado. Habló de las relaciones personales y comerciales que la unían con Lázaro Báez, las implicancias en torno al dictado y efectos del decreto 54/2009, las advertencias emitidas por los servicios jurídicos en relación con su dictado y la valoración del contenido de los mensajes extraídos el celular de José López, entre otros.

El fallo que dejó firme la sentencia por corrupción y que conduce a la exvicepresidenta a cumplir seis años de prisión, más un decomiso de $ 85.000 millones, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fue determinante cuando respondió el reclamo del abogado de Cristina, Carlos Beraldi: “Son quejas ajenas por su materia a la competencia apelada extraordinaria de esta Corte Suprema, tales como el contexto dentro del cual se ejecutó la maniobra que fue juzgada”.

El Tribunal de juicio que la condenó encontró responsable a la exvicepresidenta del delito de administración fraudulenta, y sostuvo en los fundamentos de la condena que tuvo un interés particular en beneficiar al dueño de Austral Construcciones. Los beneficios que recibió de la compañía posibilitaron “el incremento de su patrimonio” gracias a las rutas con sobreprecios y los contratos celebrados con el dueño del holding, que incluyó la inmobiliaria Los Sauces SA y a la empresa Hotesur.

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Los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, resaltaron: “Aludió a que Lázaro Báez, por intermedio de sociedades por él controladas, efectuó contratos de locación y gerenciamiento con sociedades de titularidad de la familia Kirchner que explotaban hoteles, además de haber realizado otros negocios inmobiliarios”.

Esas relaciones -sin embargo-, expuso el máximo tribunal “no fueron cuestionadas por la defensa en manera alguna, más allá de alegar que los actos comerciales señalados fueron ‘totalmente lícitos y se celebraron a precios de mercado’, lo que resta toda eficacia a su planteo”.

Cuando en noviembre pasado la Cámara de Casación Federal confirmó la sentencia condenatoria repasó los vínculos entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner a partir de elementos que surgen del expediente Vialidad y de la investigación de Hotesur y Los Sauces.

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Se explicó que el criterio adoptado por la Casación al tener en consideración esas pruebas, fue a los fines de demostrar “circunstancias relevantes de la maniobra de corrupción juzgada”, en el caso Vialidad.

Lo sustancial de su estudio, explicó la Corte Suprema, “fue la determinación y comprobación del férreo lazo personal y comercial existente entre Báez y Fernández de Kirchner, construida sobre la base de múltiples negocios privados, y que también explica las motivaciones detrás del accionar de las personas aquí juzgadas que se materializó en un lucro indebido”.

El vínculo entre Vialidad y Hotesur – Los Sauces, es ineludible y la Corte Suprema lo dejó expuesto.

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El año pasado, la Corte Suprema de Justicia ordenó la reapertura del caso y la realización del juicio oral, de Hotesur- Los Sauces. Las acusaciones contra Cristina Kirchner son por el delito de lavado de dinero, maniobras que la unen (en el marco de dicha investigación) a Lázaro Báez.

La conexión de dos casos importantes

En el marco de la causa Vialidad, se sostuvo que todo el dinero volcado a lo que la justicia calificó como “contratos simulados” tuvieron como único origen, las irregularidades en las obras viales. Así se tendió un puente entre las maniobras que se corroboraron en el caso Vialidad que hizo foco en los circuitos irregulares que terminaron beneficiando a Báez, y cómo en una segunda etapa una porción de esos fondos terminaban en operaciones comerciales simuladas a través de las empresas de la familia Kirchner.

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En función de ese argumento, se trazó un eje principal: Cristina Kirchner y el dueño del Grupo Austral mantuvieron un estrecho vínculo comercial mientras él era proveedor del Estado a través de la obra pública vial. Un puente entre los hechos del caso Vialidad y lo investigado en Hotesur – Los Sauces.

El entramado fue confirmado por el máximo tribunal penal en noviembre de 2024 planteando un escenario decisivo respecto a ese circuito de hechos que refieren a un esquema de “reciclaje”, un recorrido del dinero otorgado de forma irregular que regresó al patrimonio de la familia Kirchner.

Los jueces que firmaron la primera sentencia por corrupción contra la ex vicepresidenta indicaron que esa relación tuvo como caja principal al erario público: hablaron de “lazos promiscuos”, que no distinguían el interés de lo público con lo privado. La Corte los expuso y avaló el concepto de una relación comercial, de conocimiento que nunca fue refutada ni explicada por la defensa de Cristina Kirchner”.

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“En 2007, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner asumió la Presidencia de la Nación. En 2011 fue reelecta hasta el año 2015. Durante ese período temporal, junto con Lázaro Báez celebraron múltiples negocios privados que redundaron en constantes ganancias para la ex Presidenta”, indicaron los jueces que condenaron a la vice por administración fraudulenta. El daño ocasionado al Estado se estimó en 85.000 millones.

¿Cómo se conecta esto con la causa Hotesur – Los Sauces?

El circuito corroborado funcionaba de la siguiente manera: Báez cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional, no sólo en concepto de lo que se consignaba en los pliegos licitatorios, sino también a través de las diversas modificaciones de plazos y montos que fueron definidos como sobrecostos por los fiscales del juicio.

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Ese dinero, explicó la justicia se “destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”.

Según la argumentación judicial, Cristina Kirchner proveía “el beneficio económico de las empresas del Grupo Báez, que eran contratadas para ejecutar las obras públicas viales”. “O lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

El destino final de ese dinero, era “en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta». La referencia es hacia Hotesur -la firma dueña del hotel Alto Calafate- y Los Sauces SA -la inmobiliaria-.

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Los hoteles, eslabón clave

Entre los años 2008 y 2009, Néstor Kirchner y sus empresas Hotesur y Los Sauces encomendaron el gerenciamiento de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén a la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez. En su alegato, el abogado de Cristina Carlos Beraldi había simplificado todo: “unos alquilaban y otros pagaban”. Pero los jueces desecharon esa explicación.

Esos alquileres se “acordaron en sumas realmente significativas, superiores en conjunto a los cien mil dólares mensuales y por montos finales millonarios en pesos”. Esto, añadieron, “no sólo les permitió a sus dueños neutralizar todo riesgo inherente al rubro (turismo) sino que, principalmente, les aseguró el sostenimiento de un emolumento constante sin contingencias posibles”.

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Números cuestionados

La operatoria inició el 10 de noviembre de 2008, Hotesur SA negoció con Valle Mitre SRL (de Lázaro Báez) la locación del hotel Alto Calafate por el término de un año y acordó que recibiría por ese concepto la suma de USD 80.000 mensuales. Ese mismo día se firmó otro contrato, mediante el cual Hotesur SA cedió a Valle Mitre SRL la explotación comercial y de sus activos por un canon mensual de USD 40.000.

Es decir que, en total, en dicha fecha se garantizó el pago de un total de USD 120.000 por mes. Pese a que la empresa de Báez iba siempre a pérdida, no dejó de pagar jamás el canon mes a mes, a la familia Kirchner.

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Del relevamiento y entrecruzamiento de la totalidad de las facturas emitidas por Hotesur SA entre 2008 y 2013 con los pagos realizado por Valle Mitre SA y la fecha de registración en el libro diario de Hotesur SA, surge que Valle Mitre SA pagó a Hotesur SA, entre 2008 y 2013, la suma de $28.597.624.

Además, esos pagos, en virtud de la naturaleza del contrato y los términos acordados, se concretaron con independencia del nivel de ocupación que registrase el alojamiento y de los vaivenes de las temporadas turísticas. Es decir, neutralizando todo riesgo para los locadores, al punto que entre marzo de 2009 y mayo de 2013, inclusive, la totalidad de la facturación emitida por Hotesur SA fue a nombre de Valle Mitre SA.

Quedó corroborado que la capacidad económica de Valle Mitre era “sumamente escasa para encarar un contrato del tenor del celebrado con Hotesur SA por el hotel Alto Calafate”, tal como reveló Clarín y que consta en un informe pericial contable.

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Mientras la operación “generaba ganancias fastuosas e inéditas para la ex Presidenta, la empresa de Báez reportaba pérdidas. Otra de las operaciones que demuestran lo importante que era para Fernández de Kirchner asegurar las ganancias de Báez en las contrataciones estatales está dada por el acuerdo en relación a la hostería “Las Dunas”, ubicada también en la provincia de Santa Cruz”.

Los datos son más abrumadores: la Hostería Las Dunas permitió a Néstor Kirchner primero, y luego sus sucesores, reciban al menos, la suma de $5.846.676 emitidos por Valle Mitre SA a la “Sucesión Néstor Kirchner”; mientras que la facturación para el período 2010-2013 da cuenta de la existencia de pagos de Valle Mitre SRL/SA en concepto de arrendamientos o alquileres a la “Sucesión de Néstor Kirchner” por un total de $ 6.007.944.

Los registros compulsados por los peritos de la causa destacó que el vínculo se mantuvo “hasta el mes de mayo de 2013, fecha en la que se recibió el último pago” y que la actividad hotelera compartida entre Báez y Fernández de Kirchner “también se vincula, una vez más, a Los Sauces SA, en esta oportunidad en relación al hotel La Aldea del Chaltén, adquirido por la firma de los ex presidentes el 13 de abril de 2009”.

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En concreto, “se logró identificar en las cuentas de la gerenciadora de los hoteles de Fernández de Kirchner el ingreso de, al menos, $70.949.170,95 provenientes de Austral Construcciones SA, $786.227,75 transferidos por Kank Costilla y $481.773,60 De Loscalzo Del Curto SRL, además de acreencias de otras firmas del grupo como Badial, La Estación, Don Francisco, Alucom, La Aldea Chaltén, Diagonal Sur, que en definitiva arrojaban un total de $73.053.584,80 para el período 2008 a 2015.

Hay otra consecuencia directa de esos movimientos de fondos: Valle Mitre SRL, que pagaba los alquileres de la ex Presidenta, creció gracias a los constantes aportes de austral Construcciones que tenía un único ingreso y cliente: el Estado Nacional. “Prácticamente el total del dinero con el que contaba Valle Mitre SA en sus cuentas en 2008 (95,7%) era el que le aportaba Austral Construcciones SA –monto que sería superior si se pondera toda la facturación relevada-, que se encontraba en ese entonces gozando del pleno auge de contrataciones con el Estado nacional”.

Para entonces Lázaro Báez ya había ganado 39 licitaciones. “Las empresas comenzaron a presentar ofertas más cercanas al presupuesto oficial, incluso muchos casos se presentaron levemente por debajo, de golpe comienzan a ajustarse al presupuesto. Las mismas empresas que cotizaron por encima casi del 20% del presupuesto oficial, ajustaron todas a la vez sus ofertas, hasta cotizaron por debajo del presupuesto

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