Al menos 54 de los 71 detenidos por los disturbios registrados ayer en la movilización convocada contra la reforma laboral fueron liberados. Según informaron fuentes oficiales a , 51 detenciones estuvieron a cargo de fuerzas federales y 20 de la Policía de la Ciudad. Los liberados corresponden a esta última jurisdicción.

Los 14 que continúan detenidos por la policía porteña se reparten entre 10 hombres en el Centro de Admisión y Derivación de Suárez 2050, en Barracas, y cuatro mujeres en la alcaidía femenina de la avenida Scalabrini Ortiz 1350, en Palermo.

En tanto, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, identificó a cuatro manifestantes que participaron de los disturbios y avisó que la Policías los irá a buscar. “Quisieron desestabilizar el país”, denunció la sucesora de Patricia Bullrich en un mensaje por redes sociales en el que mostró los rostros de los agresores.

La ministra acusó a Matías Enzó Roldán, Federico Mazzagalli, Patricio Castellán y Denis Alejandro Figueroa.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad “está tomando declaraciones” por videollamada y, “en la medida en que no tengan antecedentes, serán liberados”, indicaron fuentes de la Policía de la Ciudad.

Por su parte, Nación había detenido a 51 personas: 24 manifestantes en el Congreso y 27 en controles en estaciones de tren cuando se dirigían a la movilización. Estos últimos operativos se justificaron en órdenes de captura e infracciones a la ley de drogas. Los involucrados aún se encuentran en proceso de identificación. “Hay uno de los que tiró una molotov”, advirtió una fuente del Ministerio de Seguridad conducido por Alejandra Monteoliva, en diálogo con .

Los incidentes entre un grupo de manifestantes de izquierda y las fuerzas de seguridad desarmaron casi por completo la movilización de la Confederación General del Trabajo (CGT) a media tarde. Los principales focos de tensión se concentraron entre las 15.30 y las 16.30, cuando algunos manifestantes derribaron vallas y lanzaron bombas molotov, mientras la Policía respondió con carros hidrantes, gas lacrimógeno y balas de goma. Hacia las 19, un último barrido policial dispersó a los grupos que permanecían en la zona.

Monteoliva, responsable de los operativos de seguridad de Nación, identificó esta mañana en A24 a los “grupos violentos” presentes en la movilización con la “izquierda combativa” que, según indicó, son “los que tenían las bombas molotov”, y “los barrabravas unidos”.

Explicó que ayer se formalizó la denuncia, en la que se reunieron imágenes para pedir la identificación y clasificar las “tipologías”: “Un personaje que viene y adentro de su mochila tiene un bidoncito de nafta y una bomba molotov, está claro que no viene a expresar disconformidad por nada. Viene a atentar contra la institucionalidad”. “Van a desestabilizar”, sintetizó. Consideró que “no son manifestantes contra ninguna reforma” dado que “si hay algo que no saben es de trabajar”.

Informó, además, que 12 policías resultaron heridos -siete de las fuerzas federales y cinco de Ciudad-, pero que están “todos estables y fuera de peligro”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo en redes que “quienes atacan con piedras y bombas molotov a efectivos policiales no son delincuentes, son terroristas” y el ministro del Interior, Diego Santilli, que “no son defensores de los trabajadores, son delincuentes organizados”.

La jefa del bloque libertario en el Senado y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió durante los disturbios: “El único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza. La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ‘ganen’ en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”.

En tanto, el presidente Javier Milei publicó: “A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto… Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan… MAGA. Fin”.

El diputado nacional Juan Grabois estuvo presente en la marcha y luego en Suárez 2050, el Centro de Admisión y Derivación. Allí sostuvo que “la mayoría” de los detenidos se movilizaron “pacíficamente” y expresó que se trata de “la forma que tiene esta repugnante derecha inhumana de tapar el crimen social que están cometiendo”.

El fiscal federal Diego Luciani, acusador de Cristina Kirchner en el caso Vialidad, pidió que a la expresidenta, su familia y Lázaro Báez les decomisen 141 inmuebles, incluido el departamento donde ella cumple prisión domiciliaria, 46 autos, US$5.656.134 y $53.280,24.

Luciani presentó un escrito, acompañado por el fiscal Diego Mola, en el que relataron que habían identificado nuevos bienes vinculados a las personas condenadas en el caso Vialidad para que se ordenara su decomiso.

“En concreto, solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$ 992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, dijeron.

Los fiscales sostuvieron que su solicitud “responde a que las personas condenadas, intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública, todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo».

“Y no solo eso -afirmaron-; también han echado mano de todo tipo de artilugios procesales, declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores. Como resultado, vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme.”

Según los fiscales, “la resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.

Luciani y Mola afirmaron que pese a que se niegan a pagar lo que la Justicia les ordenó, “muchos de los condenados registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada”.

Los fiscales dijeron que fruto de un “trabajo constante” y de los reiterados pedidos de la fiscalía, el 18 de noviembre de 2025, el tribunal “emitió una resolución contundente” y ordenó decomisar 111 inmuebles, que incluyen 84 de Lázaro Báez, uno de Cristina Fernández, 19 de Máximo y Florencia Kirchner (recibidos a título gratuito), dos de Austral Construcciones SA, tres de Kank y Costilla SA y dos de Loscalzo y Del Curto SRL.

Y afirmaron que el tribunal “habilitó expresamente a que se profundizaran todos los procedimientos” para hacerse de todos los bienes posibles para cubrir los montos adeudados por los condenados.

“El decomiso de nuevos bienes que presentamos en este dictamen permitirá alcanzar un total de 252 inmuebles, cuya titularidad es de Cristina Fernández, Lázaro Báez o las empresas vinculadas a estos”, anunciaron Luciani y Mola.

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