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“Lícita y transparente”. Con intervención judicial, autorizan la reapertura de megaferia La Salada

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Luego de tres semanas clausurado, el complejo de ferias La Salada podrá volver a abrir sus puertas. Así lo decidió el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora que investiga a las cúpulas de este polo textil informal por lavado de dinero y que, el pasado 22 de mayo ordenó la detención de 15 personas, entre ellas Jorge Castillo, autoproclamado “El Rey de La Salada”, y la clausura total del predio.

La resolución no especifica en qué fecha los vendedores van a poder volver a sus respectivos puestos de feria. Esta decisión dependerá de la fiscal interviniente, quien deberá “merituar la viabilidad técnica y fáctica, como así también la posibilidad material”, de la apertura parcial o total del predio, que se hará bajo intervención judicial. Sí especifica, sin embargo, que previo a la apertura, tendrán que estar dadas las condiciones necesarias, que incluyen varios cambios de índole administrativo y fiscal.

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En el documento se plantea la previa transformación de las operaciones de este polo textil informal -el más grande de la Argentina-, para “asegurar la legalidad y transparencia” de su funcionamiento, y “evitar futuras infracciones”.

Dentro del predio de 18 hectáreas que ocupan las ferias de La Salada, donde trabajaban más de 30.000 personas y donde la informalidad era la norma, solo se autorizará “el desarrollo comercial y laboral lícito”, se detalla en la resolución. Dicha actividad estará regulada por la articulación de distintos entes estatales: la Fiscalía Federal interviniente, el Municipio de Lomas de Zamora, el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires y, en representación del gobierno nacional, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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Una de las primeras medidas necesarias para la reapertura del predio será la designación de un interventor, quien estará a cargo, en principio, por un plazo de 90 días, de la administración general de las tres ferias que componen el complejo: Urkupiña SA, Punta Mogote SCS y Cooperativa Ocean. También deberá asegurar la regularización de la situación fiscal de activos y pasivos del complejo, llevar un registro contable de la actividad de la feria y “asegurar que se llevan a cabo buenas prácticas de negocios y gestión”, entre otras funciones.

Evitar el uso de dinero en efectivo

De acuerdo con el documento, toda la actividad del predio deberá “efectuarse de manera legal”. Esto implica que se deberá registrar a todos los empleados en relación de dependencia, evitando la contratación irregular. También se deberá registrar de forma completa cada venta y se deberá instalar “un sistema de aplicación para que toda la recaudación se realice mediante un sistema bancarizado, evitando el uso de ”dinero en efectivo”.

La resolución destaca, a su vez, que, ante el incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos, se podrá solicitar nuevamente la clausura del predio.

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Entre las condiciones para reabrir La Salada, la Justicia pide que se eviten los pagos en efectivo

La autorización de reapertura del predio ocurrió tras semanas de protestas encabezadas por empleados de La Salada, entre ellos vendedores, trapitos, personal de mantenimiento y especialmente miles de carreros, los transportistas que se dedican a transportar la mercadería desde los puestos de venta hasta los vehículos de los compradores.

Según destaca la resolución, la decisión de habilitar la apertura del predio responde a un conjunto de problemáticas que trascienden el plano de lo “estrictamente penal” y alcanzan “una dimensión social relevante, en tanto afecta directa e indirectamente a una vasta comunidad de personas trabajadoras, cuya subsistencia se ve comprometida”. “La continuidad de esta medida podría provocar un daño de magnitud incierta, en términos de cohesión social, desarrollo económico local y bienestar de núcleos familiares completos”, sigue.

La informalidad es la norma

En La Salada, la informalidad es la norma. En sus 18 hectáreas funcionaban hasta hace tres semanas 8.000 puestos de feria, de los que dependían de manera directa 30.000 empleados, de acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). A estos trabajadores habría que sumar otros miles de beneficiarios indirectos, que incluyen miles de talleres clandestinos familiares, y los compradores. Entre los compradores hay comerciantes al por mayor de todo el país, e incluso de estados vecinos.

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En este complejo de ferias, la vulnerabilidad de la mayoría de los trabajadores contrasta con la riqueza que amasaron sus administradores, muchos de ellos hoy detenidos por lavado de dinero. Solo Punta Mogote tuvo ingresos de $26.827 millones entre 2021 y 2025, se explicita en la causa judicial que terminó en la detención de Castillo, su mujer y su hijo. Solo para graficar la situación, cabe resaltar que en los allanamientos realizados en su casa, en un country con haras en Luján, se secuestraron $430 millones, más de US$2,5 millones y máquinas para contar billetes.

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Carmen Palacios-Berraquero, fundadora de Nu Quantum: “La supremacía cuántica se alcanzará pronto. Hay que actuar rápido”

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Según la leyenda, quien deshiciera el imposible nudo del carro de la antigua ciudad de Gordio (a unos 100 kilómetros de la actual capital de Turquía) estaba llamado a conquistar Asia. Alejandro Magno lo cortó con su espada. Al igual que sucedió en la que fuera capital de Frigia, en la tecnología, un planteamiento aparentemente simple puede desenmarañar un complejo problema que frena avances fundamentales. El nudo gordiano de la computación cuántica es que cada cúbit (la unidad de información de esta tecnología, como lo es el bit en informática clásica) que se incorpora al procesador supone un desafío científico porque su vulnerabilidad ante cualquier interferencia (conocida como ruido) reduce, limita o anula su exponencial capacidad de cálculo.

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Parte del equipo de Nu Quantum.

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Este juego de Wii U confirma su lanzamiento en Nintendo Switch tras más de una década de su debut original – Nintenderos

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Ya ha pasado bastante tiempo desde que se clausuraron los servidores online de Wii U y Nintendo 3DS, recordad que se cerraron el 8 de abril de 2024 afectando a muchos juegos anteriores a Nintendo Switch. Esa fecha ha llegado y ya vimos lo que sucede al intentar conectarnos. Ahora nos llega una peculiar noticia relacionada con la consola de sobremesa.

Un relanzamiento de Wii U

Y es que, tras conocer que algunos usuarios seguían conectados online a pesar del cierre, así como algunos récords y los cuatro últimos usuarios, tenemos un curioso anuncio de un juego de Wii U que ahora está dando el salto a Nintendo Switch. Hablamos de Cloudberry Kingdom, el plataformas que debutó en Wii U en 2013, que ahora regresa tras más de una década manteniendo su esencia original pero con resolución mejorada y autopublicado ahora por RedoApps (en lugar de Ubisoft).

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El juego recupera su propuesta de niveles procedurales, modos historia, arcade, multijugador y creación de niveles, con Bob como protagonista en su lucha contra el villano King Kobbler. El juego llegará a Nintendo Switch el 2 de febrero de 2026 por 14,99 $, y podéis ver su tráiler abajo:

Habrá que estar atentos a más detalles en el futuro, ya que se han reportado casos en los que el contenido se habría perdido para siempre de no ser por los fans. Mientras tanto, ¿qué os parece esta noticia? No dudéis en echar un vistazo a nuestra guía sobre el cierre de estas funciones en 3DS y Wii U.

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Fuente.

Nintendo Switch,Wii U

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El Gobierno declaró la emergencia ígnea en Santa Cruz y extiende la zona de desastre en la Patagonia

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El Gobierno declaró la emergencia ígnea en Santa Cruz y definió como zona de desastre al territorio afectado por los incendios forestales en esa provincia. La decisión quedó formalizada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 80/2026, que amplía el alcance de la emergencia declarada días atrás en otras cuatro provincias patagónicas: la norma dispone que se apliquen los mismos alcances operativos ya establecidos para Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

La información surge del texto del decreto publicado en el Boletín Oficial, que fundamenta la medida en los incendios registrados en el Parque Nacional Los Glaciares y en las condiciones hidrometeorológicas adversas que atraviesa la provincia. Según se detalla, la sequía, la actividad eléctrica y las temperaturas elevadas configuran un escenario que pone en riesgo el ambiente, los bienes y la vida de las personas en la región.

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La nueva declaración se apoya en el marco previsto por la Ley de Manejo del Fuego y por la ley que creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. En ese contexto, el Ejecutivo remite expresamente a los alcances ya fijados por el Decreto 73/2026, publicado el 30 de enero, que estableció por un año la emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, también a raíz de incendios forestales en áreas protegidas.

A partir de esa norma previa, el Gobierno había encomendado a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación del despliegue de recursos para tareas de prevención, combate del fuego, asistencia a las poblaciones afectadas y apoyo a las provincias. El nuevo decreto extiende esa lógica de intervención a Santa Cruz, bajo el mismo esquema operativo.

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El texto oficial indica que la capacidad de respuesta de los medios desplegados en el combate del fuego fue superada en distintos puntos de la región, lo que motivó la necesidad de ampliar la emergencia. También establece que la AFE actúa como autoridad nacional en materia de emergencias y como articuladora de las acciones previstas en ambas leyes, en coordinación con los gobiernos provinciales y municipales.

Además de declarar la emergencia, el decreto determina que el territorio comprometido por los incendios en Santa Cruz queda formalmente encuadrado como zona de desastre. Esa figura habilita la implementación de medidas excepcionales para la atención de la crisis, la asistencia a la población y la recomposición posterior de las áreas afectadas.

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De esta manera, en un plazo de tres días, el Gobierno pasó de declarar la emergencia ígnea en cuatro provincias patagónicas a extenderla a una quinta jurisdicción, en función de la evolución de los focos activos y de las condiciones climáticas que favorecen su propagación.

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