El Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial una reforma de la ley de inteligencia por decreto y sin trámite legislativo. Los cambios generaron polémica inmediata con la oposición, que se quejó tanto por los alcances del texto -que se filtró ayer-, como por la forma en que se instrumentó. Por lo tanto, los detractores de la administración libertaria ya adelantaron que intentarán dar de baja la medida en el Congreso.

De momento, el kirchnerismo, el interbloque Unidos y la izquierda ya se expresaron como fervientes detractores de la decisión. En las últimas horas, los opositores redoblaron la presión para que Martín Menem y Victoria Villarruel avancen con las designaciones de los integrantes de comisión bicameral de Inteligencia y de Trámite Legislativo a fin de considerar la validez del DNU y sus reformas en la estructura de la SIDE.

Más poder para Caputo

Según el Decreto 941/2025 firmado por el presidente Javier Milei, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) queda como órgano principal del Sistema de Inteligencia Nacional.

Este punto le otorga más poder al estratega Santiago Caputo, quien controla esta sensible dependencia del Estado a través de Cristian Auguadra.

La oposición -tanto del kirchnerismo, como los bloques provinciales- consideró que esta modificación traerá como consecuencia un “Estado policial” que perseguirá a opositores.

Según la Casa Rosada, la intención de la medida es que la Argentina tenga un sistema de inteligencia nacional “moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos”, como así también impulsar un proceso de «racionalización y achicamiento» de la estructura, para concentrar las capacidades del sistema de inteligencia en su función esencial.

El rol de Adorni

Adorni es un ladero clave de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De esta forma, por primera vez desde que arrancó la gestión libertaria, la hermana presidencial pondrá un pie en el mundo de la inteligencia, que siempre comandó el asesor Caputo.

Los agentes podrán “aprehender”

El comunicado que emitió el Gobierno este viernes para justificar los cambios no mencionó nada sobre este punto, pero aseguró que la reforma está “alineada con los más altos estándares democráticos”.

Por el contrario, los dirigentes de la oposición cuestionaron este apartado, que es uno de los que más polémica desató.

“[Este punto] contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta”, dijeron desde el interbloque Unidos (conformado por Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal).

Por su parte, la diputada nacional kirchnerista Teresa García, cercana a Cristina Kirchner, planteó: “Imaginate un policía que no precisa ir de uniforme y que puede aprehender personas por presumir que atentan contra el orden constitucional. El riesgo es el espionaje interior, la persecución política de los disidentes y la impunidad del poder».

Se sumó a los cuestionamientos la diputada nacional de la izquierda Myriam Bregman, quien enfatizó: “No es urgente ni legítimo habilitar que un agente de la SIDE pueda detener a una persona. Eso es totalmente ilegal. No se puede disponer por decreto sobre la libertad y la vida de los habitantes”.

El papel de las Fuerzas Armadas

Este punto también generó controversia. El diputado nacional y exministro de Defensa Jorge Taiana, del kirchnerismo, aseguró que de esta manera las Fuerzas Armadas autonomizan la inteligencia, en detrimento del control civil que hacía el Ministerio de Defensa.

Según el Gobierno, antes había una «superposición innecesaria de funciones» con los organismos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, por lo que ahora se consolidará un “esquema más eficiente, integrado y coherente en materia de inteligencia de defensa”.

“Carácter encubierto”

El diputado nacional Esteban Paulón, de Provincias Unidas, dijo que la declaración como “encubiertas” de todas las actividades de inteligencia derivará en “chau transparencia” y “chau control” de los fondos reservados. “Están construyendo una caja negra gigante financiada con tus impuestos”, aseguró.

Formalizan la contrainteligencia

“[El decreto] extiende la lógica de la contrainteligencia a todo el sector público nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles”, arremetieron desde Provincias Unidas.

“Un sistema de inteligencia con secreto total por defecto y actividades de carácter encubierto, sin definición precisa de lo que esto implica… Peligroso”, exclamó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien dijo que este apartado le permitirá al Gobierno “influir en la opinión pública bajo la excusa de la contrainteligencia”.

En la vereda opuesta, desde la SIDE afirmaron: “La contrainteligencia es definida de manera clara y taxativa [en el texto del decreto] como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos, poniendo fin a prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos”.

La nueva estructura

“El decreto avanza peligrosamente hacia una lógica de espionaje político, militarización de funciones civiles y restricción de derechos al renombrar la Agencia Federal de Inteligencia como Agencia Nacional de Contrainteligencia y clasificar como ‘encubiertas’ sus operaciones”, sostuvo el senador kirchnerista Jorge “Coqui” Capitanich.

De acuerdo al Gobierno, que se reorganice la Agencia de Seguridad Nacional como Agencia Nacional de Contrainteligencia permite eliminar “superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que solo contribuyeron al desorden y la falta de control”.

Cambios

Según el Gobierno, este sistema eliminará la discrecionalidad y la arbitrariedad, garantizará la transparencia interna y fortalecerá los controles legales, técnicos y presupuestarios sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia nacional.

La disputa por la competencia en la causa que investiga quiénes son los verdaderos dueños de la fastuosa quinta en Pilar se formalizó este viernes: el juez federal en lo penal económico Marcelo Aguinsky se negó apartarse del caso. Rechazó así el pidió su colega de Campana, Adrián González Charvay, quien reclama el expediente para su juzgado.

Ahora, tras la resolución de Aguinsky, la contienda deberá ser zanjada de manera unipersonal por la Cámara Federal de San Martín, por tratarse de un pedido de inhibitoria, dijeron fuentes judiciales. Durante la primera quincena de la feria judicial de enero, se encuentra activa la Sala I de la Cámara, que será presidida por el magistrado Juan Pablo Salas hasta el 24 de enero. A él le tocará decidir en la disputa entre Aguinsky y González Charvay, si es que se resuelve dentro de las dos primeras semanas de enero, la primera mitad de la feria judicial.

El juez Aguinsky basó su decisión en que el objeto de la investigación no es la quinta en sí -que cuenta con helipuerto, un haras de caballos y una muy costosa colección de autos- sino el presunto delito que la precede y, sobre todo, la Asociación del Futbol Argentino (AFA), a la que se la vincula cada vez con más elementos.

“El núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino que es la Asociación del Fútbol Argentino cuyo asiento y domicilio legal está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km. de distancia del Juzgado Federal de Campana”, dijo el juez.

El camarista que recibe el caso

Junto a los camaristas Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, Salas integra la Sala I de la Cámara Federal de San Martín. Ingresó a la Justicia en 1989 y se graduó de abogado en 1993, en la UBA. Antes de llegar a la Cámara, se desempeñó como secretario y luego, como juez en Morón. Fue designado camarista en 2016.

Salas intervino en un tema de alta sensibilidad para el Gobierno cuando le tocó zanjar otra disputa, también por un tema de competencia, en la causa por $LIBRA, la criptomoneda que promovió el presidente Javier Milei en redes y es investigada como posible estafa. Salas resolvió en aquel entonces que el caso dejara definitivamente el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, en San Isidro, para pasar a tramitar en Comodoro Py, en el juzgado de María Servini, quien finalmente se apartó.

Salas también intervino como juez de primera instancia en la causa que investigó la muerte del exespía de la SIDE, Pedro “Lauchón” Viale, en 2013, cuando miembros del grupo Halcón abrieron fuego en su casa de La Reja, partido de Moreno, y lo acribillaron. Por aquel episodio, el juez Salas procesó a diez policías bonaerenses por homicidio calificado.

El argumento que esgrimió González Charvay para reclamar el caso de la quinta fue que el inmueble está ubicado en Pilar, partido sobre el cual su juzgado tiene jurisdicción. El juez Aguinsky dijo, sin embargo, que la ubicación de la finca es “solamente un punto en el mapa” y que lo relevante es el presunto delito de lavado.

“Para avanzar en la pesquisa del delito de lavado de dinero desde la finca de Villa Rosa, hay que retroceder en el tiempo. Primero se comete el delito y luego se aprovechan (blanquean) sus frutos”, sostuvo Aguinsky.

El juez se apoyó, además, en la decisión del fiscal Claudio Navas Rial, quien sostuvo en su dictamen que lo relevante para la investigación es el “despliegue de actos jurídicos y materiales” detrás de la quinta, que abarcan “la constitución y modificación de firmas, la adquisición de otras, las relaciones personales y laborales de los sujetos con instituciones relacionadas con el fútbol profesional y los negocios comerciales conexos”.

Más indicios

En su fallo de este viernes, Aguinsky señaló que la sospecha que guía la investigación -que la suntuosa quinta no pertenecería a sus dueños formales, un monotributista y una jubilada- no hizo más que acrecentarse en el último tiempo.

Destacó una última prueba en ese sentido: un informe sobre la tarjeta de crédito de Pantano que llegó recientemente a su juzgado del que surge que el plástico «pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino, que tiene como domicilio la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.

“En esa tarjeta aparecen numerosos consumos y pagos de servicios con un promedio mensual de 50.000.000 de pesos en lo que va de enero a diciembre de 2025 -dice el juez. Esos gastos deben ser investigados para corroborar si están o no vinculados con el predio de Villa Rosa, Pilar, y para que, en caso de tratarse de un delito en curso, cesen sus efectos en forma inmediata”.

El expediente ya tuvo un cambio de manos cuando pasó de los tribunales de Comodoro Py al fuero penal económico. El primer juez en intervenir fue Daniel Rafecas, quien encauzó la investigación con las primeras medidas de prueba, como el allanamiento a la quinta. En el lugar, la Policía encontró, entre otros elementos, un bolso deportivo y una placa homenaje con el nombre del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Luego de que el propio Rafecas se declarara incompetente, el camarista Leopoldo Bruglia resolvió que el expediente pasara al juzgado de Aguinsky, en el fuero penal económico.

En su resolución, el camarista dejó entrever que, más allá de su decisión de llevar el caso al fuero económico, podría abrirse luego una disputa territorial. “En atención a los datos y circunstancias fácticas expuestos en la denuncia, asistirá al magistrado interviniente [por Aguinsky] analizar aspectos sobre la competencia territorial”, dijo Bruglia, preanunciando la actual disputa, que se originó con un pedido de los presuntos testaferros de la quinta para que el caso pase a los tribunales de Campana.

Hoy, Aguinsky sostuvo que los dichos de Bruglia fueron anteriores al pronunciamiento del fiscal Navas Rial y a la “producción y agregación de nuevas pruebas relevantes en la causa, las cuales han permitido delimitar con mayor precisión el desarrollo de las maniobras investigadas, el lugar de ejecución de los actos principales y, en definitiva, el epicentro del hecho delictivo”.