POLITICA
Preocupación en la CGT por fallos de la justicia laboral que provocan quiebras y pérdida de empleo
Mientras el Ejecutivo avanza en la sanción de una ley que busca desinflar la industria del juicio laboral en la Provincia, un drama histórico que se profundizó con las políticas de ajuste de la era Milei y las prácticas abusivas de los tribunales bonaerenses, se conocieron estadísticas de la eficacia administrativa que evitan llegar al ámbito laboral, sobre el que llueven críticas por fallos abusivos de dudoso rigor jurídico.
La idea, tal como ya informó este portal, es crear la instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial (Iclop) en el ámbito de la Provincia. Una réplica del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) que funciona con eficacia probada en el ámbito de la Capital Federal.
En ese contexto, un informe elaborado por la CGT preocupada por el cierre de empresas que atenta contra el mantenimiento de las fuentes laborales, detectó que las intervenciones que realiza el Ministerio de Trabajo bonaerense, logran cerrar la mayor parte de los diferendos en sede administrativa, con acuerdos homologados que ponen fin al vínculo laboral entre las partes, respetando el derecho del trabajador y la razonabilidad del planteo que proteja a las pymes.
La resolución pre-judicial de litigios
Un corte estadístico en la materia, refleja la eficacia de un sistema que vela por custodiar el derecho constitucional de un trabajador a una indemnización cuando se interrumpe la relación laboral, pero atiende, además, la situación compleja financiera por la que atraviesan las empresas en contexto de crisis como el actual, sobre todo las pymes en cualquier rubro. En muchos casos, incluso, las empresas ejecutan despidos en el marco de procedimientos preventivos de crisis o directamente por cierres, lo cuál incrementa la litigiosidad.
Un corte estadístico de las intervenciones administrativas del Ministerio de Trabajo bonaerense elaborado por la CGT refleja que de cada 100 reclamos que se presentan, la abrumadora mayoría –superior al 90% de los casos- termina por firmar acuerdos que contemplan el pago de una liquidación que, como regla, se ubica sin excepción por encima del 70/80% del monto reclamado por el trabajador. La intervención oficial contempla, además, otro punto crítico del abuso habitual de los tribunales laborales de la provincia: la actualización, de la cifra sobre la base de la tasa pasiva y/o incorpora, como variable de ajuste, la cuota salarial actualizada para el sector.
Apoyo al proyecto de mediación previa obligatoria
“Todos los acuerdos se dan en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo, evaluando los montos involucrados en la disputa, y un promedio de liquidación que oscila entre el 70 y el 80% reclamado por el trabajador, ajustado por Ley de Contrato de Trabajo”, le explicó a este portal una fuente del sector con participación en este tipo de trámites administrativos previos a la instancia judicial. El dato no es marginal, comparado con el abuso de los ajustes que disponen los tribunales bonaerenses alejados de lo que la ley impone (un promedio de un salario por año trabajado) para firmar resoluciones abusivas sospechadas de incrementar los costos de la transacción sin respetar siquiera la jurisprudencia de Corte vigente en la materia, con el fin de liquidar honorarios artificialmente inflados y sin sustento legal alguno.
“En los casos en que es necesario realizar un ajuste, la lógica que aplica la sede administrativa es la variación salarial del sector, sin utilizar los índices caprichosamente estrambóticos, y mayormente dispares, que aplican los tribuales de trabajo en la Provincia”, explican.
El abuso de los jueces: $350 millones por 5 años de trabajo
El descalabro bochornoso de la justicia provincial suele arrojar situaciones ciertamente insólitas en el ámbito de los tribunales de trabajo. Se replican escenas de las denominadas ‘vistas de causas’ en las que las partes intentan abordar una solución consensuada con acuerdos entre los litigantes que, de todas formas, deben aguardar “si el tribunal quiere aceptar el monto” por el que se negoció conciliar. Hay una secuencia que se repite: acuerdos aceptados por las partes en vistas de causas, que, sin embargo, cuentan con algún voto en disidencia por no ajustarse a derecho, una cifra que otros integrantes del tribunal avalaban.
Un fallo del tribunal de trabajo Nº 2 de La Plata (firmado por Juan Ignacio Orsini; Carlos Mariano Nuñez y Mauricio Javier Bordino), expone el abuso habitual al que recurre la justicia en el ámbito provincial: con 5 años de antigüedad, los letrados establecieron una indemnización de $350 millones. Una sentencia de quiebre. Es el caso de una fábrica de baterías de la región que no pueden afrontar el costo y cerrará sus puertas.
Para evitar esos abusos que alimentan la industria del juicio, contra la lógica habitual que busca desalentar una práctica para sostener las fuentes de trabajo, máximo en épocas de fuerte crisis como la actual, el Ejecutivo busca sancionar una norma para dirimir los reclamos laborales individuales y pluriindividuales, con carácter previo y obligatorio al inicio de la demanda judicial en los tribunales. Un sistema parecido al que funciona en el ámbito porteño. Y más eficaz que el actual.
*Con información publicada en el portal Infocielo
POLITICA
Con el apoyo de exaliados del oficialismo, el Senado volvió a rechazar los vetos de Milei y dejó aislada a LLA
El Senado rechazó este jueves, por amplias mayorías que superaron los dos tercios requeridos por la Constitución, los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de emergencia en pediatría y financiamiento a las universidades nacionales.
Con esta decisión, el jefe de Estado queda obligado a promulgar e implementar las normas aprobadas por el Congreso. Sin embargo, como anticipó TN, en Casa Rosada ya estudian alternativas para evitar la implementación de estas leyes, como ocurrió con la Emergencia en Discapacidad.
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Como viene ocurriendo en las últimas sesiones del Senado, La Libertad Avanza no logró construir mayorías, más allá de sus propios seis legisladores y algún acompañamiento más, pero a los votos en contra se sumaron exaliados del oficialismo como la gran mayoría de los senadores de la UCR y del Pro.
La insistencia a la Ley de declaración de Emergencia en Pediatría, donde se contempla el auxilio financiero para el Hospital Garrahan, fue sancionada por 59 votos afirmativos, siete negativos y tres abstenciones de los senadores del PRO Alfredo De Ángeli, Martín Goerling Lara y María Victoria Huala. En tanto, la Ley de Financiamiento a las Universidades Nacionales fue por 58 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones, los mismos senadores del PRO, más la radical Carolina Losada.
El debate
La sesión encabezada por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, mostró una primera opinión del Cuerpo sobre estos dos debates. Al habilitar sus tratamientos en el recinto, ambas insistencias superaron los 60 votos a favor y solo siete en contra, donde estuvieron los seis libertarios y Carmen Álvarez Rivero del Pro.
Ambos vetos presidenciales se discutieron en conjunto y luego se votaron por separado. Abrieron la sesión los presidentes de las comisiones de Salud, Lucía Corpacci y de Educación, Eduardo Wado de Pedro, ambos de Unión por la Patria (UxP).
“Esta ley ya se ha discutido en comisiones y en el recinto. Dentro de sus objetivos contempla afianzar el ingreso y la permanencia de los estudiantes en la universidad pública, así como garantizar las condiciones laborales mínimas de docentes y no docentes”, dijo De Pedro, mientras que su colega Corpacci, en relación con la Emergencia Pediátrica dijo: “Parece increíble que estemos nuevamente hablando de la necesidad de la Emergencia Pediátrica. El proyecto ha sido aprobado en las cámaras prácticamente con la totalidad de los senadores. Esto refleja que las provincias necesitan del Hospital Garrahan”.
Desde Convicción Federal, la senadora Carolina Moisés planteo: “El Garrahan es un hospital de alta complejidad y hay que tener en cuenta esto al analizar los números, no se lo puede comparar con un hospital común. Atiende a más de 600 mil pacientes por año, con 560 camas de internación y 120 de terapia intensiva”.
Por su parte desde la bancada Por Santa Cruz, la senadora Natalia Gadano expresó: “Que nuestros médicos y niños con las patologías más complejas, que nuestros docentes y estudiantes universitarios estén afuera esperando que volvamos a decidir por mayoría los mismos temas es una falta de respeto a ellos y al resto de los argentinos”.
En relación con el financiamiento a las universidades, la rionegrina Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) planteó la sospecha de si desde el Gobierno “están caminando hacia el arancelamiento de la Universidad Pública”. Mientras que el radical Maximiliano Abad dijo: “Llevamos un año y medio debatiendo el financiamiento de las universidades, me da vergüenza decirlo. Ninguna política pública tiene sentido si no le damos prioridad a la educación”.
Su correligionario Pablo Blanco afirmó: “El presidente debe entender que hay que tener empatía con la gente, que hay necesidades y que hay emergencia social. La obligación del Gobierno, si bien todos defendemos el equilibrio fiscal, es que haya también equilibrio social”.
Allí estuvieron los votos en contra de los vetos presidenciales, un amplio abanico opositor encabezado por UxP de José Mayans, gran parte de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.
La defensa del oficialismo
El debate transitó con los posicionamientos principalmente de la oposición que se llevó el mayor tiempo de los discursos en el recinto. El oficialismo tuvo la defensa de solo dos voces, Ezequiel Atauche, jefe de la bancada de La Libertad Avanza, quien cerró el debate con un cuestionamiento al kirchnerismo, y de la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero, que planteó: “No estamos discutiendo el abandono escolar, en Córdoba hay 150 mil adolescentes que están fuera de la secundaria. Hay una relación entre la falla en la educación y la pobreza”.
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El contenido de las leyes
En el caso de las universidades, la norma establecía medidas para garantizar el sostenimiento de la educación superior pública en todo el país. Entre sus puntos clave, incluía: asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes y establecer una actualización a partir del 1° de enero de 2025 para los gastos de funcionamiento, según la variación acumulada del IPC entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
Mientras que la Ley de Emergencia Pediátrica declara la emergencia sanitaria en el área por dos años. Dispone una recomposición inmediata de salarios para personal y residentes, que no podría ser inferior —en términos reales— a lo percibido en noviembre de 2023. Además, dejó sin efecto el nuevo régimen de becas optativas para residencias implementado por el Ministerio de Salud.
Senado, universidades, garrahan, veto
El 26 de octubre, Tucumán llevará a cabo las elecciones legislativas nacionales para renovar cuatro bancas de diputados nacionales. En este proceso, finalizarán sus mandatos los actuales legisladores como Paula Omodeo, que buscará renovar su banca con el espacio Creo. Con la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP), la provincia vivirá una jornada electoral que marca un hito en el sistema argentino y definirá la nueva representación provincial.
Los candidatos a diputados nacionales de Tucumán en las elecciones 2025, frente por frente
El proceso electoral cuenta con nueve listas oficializadas, lo que refleja la diversidad política vigente. Tucumán elegirá a sus representantes para el período 2025-2029.
Las listas y candidatos oficializados son:
- Frente Tucumán Primero: Osvaldo Francisco Jaldo, Gladys del Valle Medina, Mariano Javier Noguera, Elia Marina Fernández.
- La Libertad Avanza: Federico Agustín Pelli, María Soledad Molinuevo, Manuel Guisone, Celina María Moisa Terán.
- Creo: Paula Omodeo, Sebastián Murga, Sonia María Estela Assaf, Gustavo García.
- Fuerza Republicana: Ricardo Argentino Bussi, Sandra del Valle Orquera, Gerónimo José Cruz Cornejo, Blanca Lorena Palomino.
- Del Trabajo y del Pueblo: Sebastián Solís, Nidia Juri, Walter Díaz, Hilda Beatriz Disatnik.
- Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad FIT: Alejandra Arreguez, José Martín Correa Tejerizo, Clarisa Alberstein, Carlos Alberto Melian.
- Frente del Pueblo Unido: Silvio César Bellomio, María Alejandra Medina, Leandro Hipólito Parajón, Daniela Dennis Huespe.
- Política para la Clase Obrera: Margarita Raquel Grassino, Diego Luis Carrazán, Alejandra Carolina del Castillo, José Rubén Kobak.
- Unidos por Tucumán: Roberto Sánchez, María Micaela Viña, José María Canelada, Milagros Celiz.
La Boleta Única de Papel de Tucumán para las elecciones 2025
La gran novedad de estos comicios será la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP), introducida por la Ley N.º 27.781. Este sistema reemplaza al tradicional de boletas partidarias múltiples y reúne a todos los candidatos y alianzas en una sola hoja oficial.
El nuevo mecanismo busca simplificar la elección, reducir la manipulación de boletas y brindar mayor transparencia al proceso. La Cámara Nacional Electoral ya difundió el modelo definitivo, idéntico al que emplearán los electores.
Cómo se vota con la BUP
El procedimiento es sencillo. El presidente de mesa entrega al elector una Boleta Única de Papel en blanco y un bolígrafo indeleble. Luego, el votante marca su opción dentro de la cabina, según las indicaciones. Después debe plegar la boleta para mantener el secreto y depositarla en la urna.
Para votar, es obligatorio presentar uno de los documentos habilitados: libreta de enrolamiento, libreta cívica, alguna de las versiones de DNI (libreta verde, libreta celeste, tarjeta, incluyendo el formato 2012 y el más reciente). El documento no puede ser anterior al que figura en el padrón electoral.
Cómo consultar el padrón electoral
Pueden votar los ciudadanos nativos y por opción desde los 16 años, así como los naturalizados a partir de los 18, siempre que figuren en el padrón y presenten el documento correspondiente.
El voto es obligatorio, aunque no hay sanciones para quienes tengan menos de 18 o más de 70 años.
El padrón electoral habilita a más de 1,3 millones de tucumanos a participar. Resulta fundamental consultar la mesa y el establecimiento de votación con anticipación a través de los canales oficiales.
POLITICA
«Más castigo para los delincuentes»: qué dice el nuevo Código Penal que impulsa el gobierno de Javier Milei
El Gobierno presentó este jueves la reforma del Código Penal. El documento, que reemplazará al que está vigente desde 1921, tiene tres ejes centrales: agravamiento de penas, baja en la edad de imputabilidad y la incorporación de nuevas figuras delictivas.
El Presidente explicó que esta nueva norma le pone fin “a años de garantismo que se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las fuerzas de seguridad, a los jueces y a los fiscales”.
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Según fuentes oficiales, el objetivo detrás de esta reforma es lograr “más protección para las víctimas y más castigo para los delincuentes”.
Las claves de la nueva reforma del Código Penal
El nuevo texto propone que la edad de imputabilidad baje a los 13 años. Así lo confirmó Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, durante la actividad en el penal de Ezeiza.
Además, propone que los homicidios, el abuso sexual en todas sus modalidades, la trata de personas y los delitos vinculados al narcotráfico sean imprescriptibles. También se elimina el beneficio de la libertad condicional a los condenados por hechos de especial gravedad o reincidencia.
En ese sentido, en el Gobierno aseguraron que buscarán que se realice un cumplimiento efectivo de la pena. “Ocho de cada 10 delitos tendrán cumplimiento efectivo. Aumentan los mínimos de una gran cantidad de sanciones penales”, expresaron en el Ministerio de Seguridad.
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Novedades de la nueva reforma del Código Penal
- Homicidios y lesiones: el homicidio simple tendrá una pena de 30 años de prisión. Se amplían los supuestos de homicidio agravado, que tendrán prisión perpetua.
- Medidas de protección y menores: se crea delito de desobediencia por incumplir medidas cautelares de restricción. Aumentan las sanciones por sustracción de menores.
- Delitos sexuales: escalas más altas para abusos sexuales. Se incorpora el stealthing como delito (el retiro del preservativo sin consentimiento) y se castiga el acoso sexual en ámbito laborales. Hay penas más graves por grooming y difusión de abuso infantil por redes sociales o IA. También se tipifica la pornovenganza.
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- Prostitución y trata de personas: se agravan delitos de secuestro, trata y privación de libertad, con foco en víctimas vulnerables.
- Integridad personal y honor: suben las penas por abuso de armas y omisión de auxilio. Por injurias, las personas tendrán penas más graves si las realizan de manera anónima, con identidades falsas o con IA.
- Se tipifica el hostigamiento como delito, actualmente es solo una contravención. Se incorpora el secuestro virtual como modalidad de extorsión. Asimismo, se crean figuras específicas como la de los motochorros, viudas negras, robos masivos y de celulares.
- Estafas: se sistematizan y aparecen la piramidal, la procesal y fraudes con IA.
- Denuncias falsas: se regula la “falsa denuncia” con penas más severas, especialmente en delitos sexuales o “cuando se generan restricciones indebidas de contacto familiar”.
Qué dice la nueva reforma del Código Penal sobre corrupción, narcotráfico y contrabando
La reforma del Código Penal prevé una modificación integral de los delitos contra la administración pública, con penas agravadas y nuevos tipos penales. Además, se rediseña el delito de enriquecimiento ilícito y se sanciona el dictado de normas que alteren el equilibrio fiscal.
En esa misma línea, se incrementan las penas por cohecho, incluyendo el soborno entre privados. Se aumentan los castigos por falso testimonio, en especial en causas de delitos sexuales.
En relación con el narcotráfico, se elevan de forma exponencial las penas. También se incorporan figuras autónomas sobre precursores químicos, opioides sintéticos y otras sustancias especialmente peligrosas.
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Por último, la nueva norma crea figuras para el contrabando, con agravantes si el autor tiene una posición que facilite el delito (por ejemplo, personal aduanero). El documento sube las penas para el contrabando de estupefacientes e incluye los delitos militares.
El proyecto completo será firmado por el Presidente y, luego, girado al Congreso, que deberá aprobarlo. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo evitaron confirmar si el texto llegará al Poder Legislativo antes de las elecciones del 26 de octubre.
Gobierno, Javier Milei, codigo penal
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