El Mundial y la Justicia le come los talones a la AFA. Faltan dos meses para el inicio de la Copa del Mundo y el Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino Pablo Toviggino apuró el contraataque: apeló el procesamiento por la denuncia de ARCA y recusó al juez que le prohibió salir del país. Por primera vez, la estrategia judicial muestra una separación de la de Claudio Chiqui Tapia.

El mandamás del fútbol argentino presentará en las próximas horas la apelación, pero no acompaña el pedido de recusación contra el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante.

Según pudo saber TN, el abogado de Toviggino, Marcelo Rocchetti, apeló el procesamiento que Amarante dispuso contra Toviggino por la retención indebida de aportes previsionales por $19 mil millones. También presentó un escrito para apartar al juez bajo la acusación de “enemistad manifiesta”, como se anticipó aquí el domingo.

Amarante embargó a Tapia y Toviggino por $350 millones cada uno y les mantuvo la prohibición para salir del país.

Los procesamientos a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

¿Por qué el juez Amarante responsabiliza a los popes de la AFA? Según consignó en el procesamiento, en las memorias y balances aportados por la Inspección General de Justicia desde los ejercicios 2017 en adelante, aparece la firma de Chiqui Tapia en carácter de Presidente; mientras que del padrón aportado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Tapia aparece al menos 18 veces informado como cotitular de cuenta y/o vinculado a las cuentas bancarias de la AFA.

Para Amarante, “Tapia tenía conocimiento de la condición de agente de retención de la Asociación de Fútbol Argentino y el consecuente deber de depositar ante el fisco, en tiempo oportuno, los montos retenidos; por lo que es posible estimar que voluntariamente se sustrajo al cumplimiento de las obligaciones en cuestión”.

En el caso de Toviggino, el juez sostuvo que el tesorero de la AFA revistió el carácter de Vocal titular del Comité Ejecutivo, siendo este el máximo órgano de gobierno de la Asociación de Fútbol Argentino, cuyas atribuciones responden -entre otras- a la administración de la AFA y su representación en asuntos administrativos y judiciales, así como también la aprobación de la Memoria, el Balance General y el inventario y cálculo preventivo de recursos y gastos para cada ejercicio.

Como sucede con Tapia, la firma de Toviggino “aparece en las memorias y balances aportados por la Inspección General de Justicia respecto de los ejercicios con cierre el 30 de junio de 2023 y de 2024, siempre en carácter de Tesorero, cargo en el que fue renovado hasta el ejercicio 2028, según acta de asamblea del 17 de octubre de 2024″.

Además, en el padrón aportado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Toviggino aparece al menos 12 veces informado como cotitular de cuenta y/o vinculado a las cuentas bancarias de la Asociación de Fútbol Argentino».

Con el procesamiento, Amarante ordenó restricciones a ambos, como:

• La obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento dicha circunstancia al Tribunal.
• La prohibición de modificar sus lugares de residencia sin notificarlo al Tribunal.
• La obligación de comparecer ante este Tribunal cada vez que se les requiera.
• La obligación de mantener una fluida comunicación con sus defensas a los fines de cumplir con las eventuales citaciones que este Tribunal pudiese disponer.

Amarante procesó y embargó además a los exintegrantes del Comité Ejecutivo de la AFA Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing; Cristian Ariel Malaspina, presidente de Argentinos Juniors; y Gustavo Roberto Lorenzo, director general de la institución. Sin embargo, les levantó la prohibición para salir del país.

El abogado de Toviggino reclamó el cierre de la causa por la aplicación del artículo 59 inciso 6 del Código Penal sobre “conciliación o reparación integral del perjuicio”, con el argumento de la AFA finalmente pagó la deuda.

AFA, Claudio Tapia, Pablo Toviggino

Desde este martes las autoridades de una comunidad mapuche de Río Negro serán juzgados por la presunta usurpación de un campo en la naciente del río Chubut, al que ingresaron “para cuidar la veranada”.

Se trata de la Lof Cayunao, una comunidad conformada por pocos integrantes, que reside en la zona desde hace varios años.

El conflicto es con latifundio cercano cuya superficie, de acuerdo a la denuncia que radicaron, abarca la zona donde reside la comunidad mapuche.

La querella es representada por el ex polista Hugo Alberto Barabucci, vinculado al empresario qatarí Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, presidente del consejo directivo de la firma Emirates Stallions Group (ESG).

Al Dhaheri es el principal inversor del fideicomiso Amaike, un grupo de empresas vinculadas a inversiones y desarrollos inmobiliarios, donde Barabucci se desempeña como integrante del directorio.

La firma, con sede en Abu Dhabi, desarrolló un coto de caza en la naciente del Alto Río Chubut, zona que los mapuches utilizan como veranada para trasladar a sus animales.

El ex polista denunció a cinco integrantes de la Lof Cayunao por la usurpación de una fracción de tierras, dentro de las 14 mil hectáreas que en la Justicia rionegrina figuran a nombre de Barabucci.

Desde el comienzo del conflicto, las partes transitaron los Tribunales rionegrinos en la búsqueda de un acercamiento, que no ocurrió.

Desde 2020 en adelante hubo diferentes cruces entre empleados de la estancia que opera Barabucci y mapuches, en las que incluso hubo personas lesionadas.

El privado radicó una denuncia por usurpación y hurto, mientras que los integrantes de la comunidad denunciaron amenazas, hostigamiento y la sustracción de sus pertenencias.

Con el paso de los años, la disputa territorial incrementó el nivel de conflictividad. Desde 2023, la lof decidió instalarse en la zona de conflicto e inició “un proceso de resistencia mucho más intenso” con intercambios constantes entre los peones de la estancia y los mapuches.

El primer expediente judicial fue notificado a fines de septiembre de 2023 ese año, cuando el empresario que representa a los dueños del campo denunció judicialmente a la comunidad por la presunta usurpación de las tierras.

La vocera de la comunidad asegura que “el objetivo es proteger la naciente del río Chubut ante un posible desastre ambiental, teniendo en cuenta la riqueza de ese curso de agua, que es el más extenso de la Patagonia”.

El curso de agua tiene su origen en las laderas del cerro Carreras y desemboca en el océano Atlántico, luego de atravesar territorio rionegrino como de Chubut.

Los acusados denuncian el desvío de cauces naturales y lagunas, como también la afectación de las veranadas donde “históricamente pastaron los animales de la comunidad, desde hace muchos años atrás”.

Este martes comienza una nueva etapa del proceso en los Tribunales de Bariloche, en el que los querellantes buscan culpar a los mapuches por la usurpación de las tierras para luego solicitar su expulsión del sitio de conflicto.

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