POLITICA
La estrategia de Javier Milei para ser el único líder nacional y la pelea de Cristina Kirchner por conservar su poder en el PJ

Javier vs. Cristina. El pasado vs. el futuro. El teatro estaba listo. La Corte Suprema sacó a La Señora del juego y la inhabilitó. Milei hubiera deseado vencerla por puntos en las urnas. Tal vez todavía tenga una chance. Cristina pidió una cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para seguir participando como candidata.
Pero nada es tan lineal. Esta semana, en una de las reuniones del PJ, José Mayans dejó vacía la silla de la presidencia del partido. “Acá no se sienta nadie hasta que vuelva Cristina”, dijo, mientras ponía un almohadón magenta. Fue simbólico.
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Todos, incluso la propia exmandataria, saben que el peronismo tiene que empezar a ejecutar otra sinfonía. “Si la pelea de septiembre es Milei contra kirchnerismo, perdemos. Hay que modificar el eje. Debe ser Milei contra el nuevo peronismo, más amplio, renovado”, alertó uno de los protagonistas.
De eso se comenzó a hablar, por primera vez, en la reunión extraordinaria que horas atrás mantuvieron los líderes del PJ junto con Sergio Massa en la sede partidaria. Por un lado, se decidió organizar una gran movilización para acompañar a la Jefa a Comodoro Py el día que ella se entregue.
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Nadie le va a discutir a Cristina su lugar como titular del PJ. Pero, por otro lado, empezó a hablarse del futuro: algunos sectores del peronismo quieren un partido con un discurso más de centro, menos sectario. Un nuevo justicialismo, menos dogmático, sería la única chance para sobrevivir en 2025 y mostrarse como alternativa para 2027.
Actualmente, Milei parece haber llegado a su objetivo: ser el único líder nacional.
El espectro político se corrió hacia la derecha, se desplazó el eje. Buena parte del PRO quedó diluida. El centro quedó sin representación. Por ahora nadie ocupa ese espacio, y la mitad del electorado decidió no participar en las elecciones.
Con el PRO en retirada y el PJ en estado deliberativo, Milei cree que es su momento para avanzar e ir por todo.
En la provincia de Buenos Aires, Karina Milei y Sebastián Pareja definieron que los amarillos participen en las listas, pero no dejarán que haya vestigio alguno del partido republicano. Las listas son de La Libertad Avanza: el cartel no se comparte. El PRO, si acepta, empezaría un camino que en dos elecciones podría llevarlo a perder su personería.
Es la misma estrategia que Milei tiene en las demás provincias. Ahora está dispuesto a ir más allá de lo que hizo en Chaco con el gobernador Leandro Zdero, el radical con quien LLA compartió cartel bajo el nombre “Chaco Puede + LLA”.
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Varios gobernadores radicales se sorprendieron cuando, en contactos con Karina Milei y con Lule Menem, escucharon la oferta extrema: le piden a la UCR que directamente renuncie a compartir el cartel. Una ambición que la UCR no puede aceptar, ni siquiera a cambio de ganar gobernabilidad. Primero, porque mientras en la provincia de Buenos Aires el PRO tiene 15 intendencias, la UCR es gobierno en esos distritos. Y segundo, porque si la UCR no participa con su nombre, a la larga también podría perder su personería jurídica.
Milei hubiera preferido que la Corte no hubiera dictado su fallo. Varios emisarios del Gobierno intentaron que el alto tribunal postergara su decisión para noviembre, después de que se conociera el resultado de las urnas. Fracasaron. Pero lo cierto es que la sentencia que condenó a Cristina tampoco perjudica al oficialismo: le da una chance de triunfar en la Tercera Sección, donde ella hubiera hecho una buena elección.
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Pero Cristina no se da por derrotada. Su jugada de presentar una cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos busca, por un lado, que el organismo la habilite a participar en septiembre y a seguir en libertad. Y por el otro, generar expectativas de que tiene futuro, aunque sea más virtual que real: ella no regalará alegremente el territorio y la militancia ni a Axel Kicillof, ni a Sergio Massa, ni a ningún otro candidato. Acorralada y a punto de quedar detenida, da pelea.
La pregunta que aún no tiene respuesta es quién representa al 50 por ciento de la población que no vota. Nadie parece estar despertando a ese electorado, por ahora.
Economía por lo bajo
Mientras la política ocupa todos los títulos, Milei consiguió un gran objetivo: que la inflación se ubicara en 1,5 por ciento. Es el fruto de la reducción del gasto y de la emisión, del atraso salarial, del freno al consumo y del ancla cambiaria.
El objetivo central de Economía es consolidar la baja de la inflación y mantener el equilibrio fiscal y el precio del dólar. Para eso, el equipo económico salió a reforzar las reservas, pero no lo hizo comprando dólares en el piso de la banda, sino adquiriendo reservas mediante la emisión de bonos (deuda que genera intereses) para obtener hasta fin de año 7000 millones de dólares, y mediante la firma de un préstamo repo (que también pagará intereses) por 2000 millones de dólares.
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Muchos economistas —entre ellos, Domingo Cavallo y Carlos Melconian—, a los que Milei califica de econochantas, aconsejan comprar reservas para protegerse frente a una corrida. Economía, por vía de deuda, no las compra: las alquila.
Otra de las medidas, la que invita a exteriorizar los llamados “dólares del colchón”, está ahora a estudio de un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Pero ese proceso será más lento.
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El Gobierno parece haber puesto la esperanza en la clase media y le ofreció el atractivo de un tapón fiscal. Porque los otros dos sectores quedaron excluidos: los grandes contribuyentes y los seis millones de monotributistas, quienes no podrán entrar al régimen.
La tercera medida que se tomó esta semana —durante la cual se hicieron muchos anuncios económicos— consistió en permitir el ingreso y salida de capitales especulativos externos sin plazo alguno de permanencia, siempre que inviertan en bonos.
Todo se subordina a seguir aplacando el mayor fantasma de los argentinos: la inflación.
cristina kirchner, Javier Milei, Elecciones 2025, La Libertad Avanza, PJ
POLITICA
Diputados de Unión por la Patria hablaron de “proscripción” contra CFK: “Es un atentado contra la democracia”

El bloque de diputados de Unión por la Patria presentó este jueves un proyecto de resolución en la Cámara baja para expresar su “más profundo repudio” a la “proscripción política” de Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la Nación y actual titular del Partido Justicialista. La iniciativa se conoció menos de 48 horas después del fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena en la denominada “Causa Vialidad” e inhabilitó a la ex mandataria a ejercer cargos públicos de forma perpetua.
El texto, que lleva la firma de los 98 miembros del principal bloque opositor, manifiesta la “máxima preocupación” del peronismo por lo que describen como “un atentado contra la democracia ejercido por miembros del Poder Judicial al cercenar el derecho de la ciudadanía de elegir libremente a sus representantes”. El bloque encabezado por Germán Martínez asegura que la reciente sentencia del máximo tribunal representa “un atentado” contra el sistema representativo y la forma republicana de gobierno, en abierta referencia a los principios establecidos en la Constitución Nacional.
El fallo de la Corte Suprema se difundió apenas una semana después de que la ex mandataria confirmara su candidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral bonaerense. Desde Unión por la Patria remarcan que la decisión judicial “incide directa e indirectamente en los procesos democráticos” y funciona, en los hechos, como una “proscripción política” a la líder opositora.
Duros cuestionamientos al Poder Judicial
Desde la bancada de UxP señalaron que la sentencia ratificada por la Corte responde a “un proceso judicial arbitrario y amañado” con intencionalidad política, y enumera una serie de irregularidades denunciadas por la defensa de la vicepresidenta: falta de imparcialidad de los jueces, incorporación de pruebas no planteadas por la fiscalía, condena sobre hechos no indagados y negación a peritar la totalidad de las obras públicas que motivaron el fallo. Según los firmantes, no se probó cartelización ni sobreprecios, y se imputaron a Cristina Kirchner delitos “que no pudo haber cometido como Presidenta de la Nación”.
La resolución cuestiona la decisión de la Corte, que rechazó el recurso extraordinario que presentó la defensa de la ex presidenta el 21 de marzo, y critica duramente la composición actual de la Corte Suprema, que tras las renuncias y demoras en designaciones funciona con tres magistrados. Además, los diputados peronistas remarcan que dos de ellos aceptaron ser desifnados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri, cuestionando la legitimidad y el equilibrio institucional del máximo tribunal.
Impacto sobre el proceso electoral
Para Unión por la Patria, la resolución de la Corte coincide con el cronograma electoral y busca, como ocurrió en otros momentos de la historia argentina, incidir en el proceso democrático. “La inhabilitación funciona de hecho como una proscripción política a la principal líder de la oposición”, aseguran en el documento, y advierten que privar a la ciudadanía de la posibilidad de elegir “es un duro golpe a una democracia ya golpeada por el ausentismo electoral”.
La bancada opositora remarcó que las distintas proscripciones a lo largo de la historia argentina “nunca resolvieron problemas institucionales, sino que crearon y agudizaron crisis políticas”. Llamó además a todas las fuerzas democráticas a manifestarse en repudio, y reclamó defensa irrestricta del sistema representativo, republicano y federal.
“Como representantes electos por nuestro pueblo, no podemos ser indiferentes”, concluyen los firmantes al solicitar acompañamiento al proyecto, que será debatido en un contexto de máxima tensión entre oficialismo y oposición.
Crime,South America / Central America,Government / Politics,BUENOS AIRES
POLITICA
Cristina Kirchner apelará ante la Corte Interamericana, pero sus chances son escasas: el desaire de la Corte, el caso Petro y la advertencia de Zaffaroni

Desde que la Corte Suprema dejó firme la sentencia contra Cristina Kirchner comenzó a correr el plazo de seis meses para que la expresidenta acuda con su caso ante la justicia internacional. Este domingo, el abogado de la expresidenta Alberto Beraldi confirmó que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Es tan grotesco lo que hizo la Corte que yo no tengo dudas de que hace falta un análisis serio, objetivo y responsable por parte de las instancias internacionales, que van a llegar a una solución contraria”, se envalentonó.
Días atrás, Gregorio Dalbón, otro abogado de la expresidenta, anticipó vía X que acudirá a la CIDH, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional (CPI).
La intervención de la CIDH está contemplada de manera explícita en un artículo del nuevo Código Penal, el 366, inciso f, que señala los motivos por los que podría revertirse una condena firme, como la que pesa sobre la dos veces presidenta en la causa Vialidad.
Sin embargo, las chances de que prospere un planteo ante ese tribunal son remotas, según deslizó días atrás Eugenio Zaffaroni, un jurista ideológicamente afín al kirchnerismo que fue miembro del tribunal por cuatro años. Además, no está clara la fuerza normativa de un eventual fallo en favor de la expresidenta y los antecedentes de la CIDH tampoco abren perspectivas alentadoras para la expresidenta.
En primer término, ese tribunal no está facultado, en principio, para revertir sentencias de tribunales nacionales. Su función es la de garantizar que los países que suscriben a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como Argentina, no violenten su contenido, cuyo acatamiento asumieron al adherirse al pacto. Su tarea, explican fuentes judiciales, es comparable a la que realiza la Corte Suprema respecto a la Constitución.
Sin embargo, de constatar que un caso particular presenta violaciones al Pacto de San José de Costa Rica -como también se conoce a la convención- la CIDH puede ordenar al Estado miembro que ponga en marcha alguna medida restaurativa para enmendar la garantía vulnerada. En principio, un Estado suscripto al pacto tendría escaso margen para desatender un fallo así.
La Argentina adhirió al pacto en 1984 -seis años después de que entrara en vigor- y con la reforma constitucional de 1994 le dio a los tratados internacionales una jerarquía superior a las leyes. Pese a ello, en una sentencia de 2018, estando ya vigente el nuevo código procesal, la Corte Suprema se negó a plegarse a lo resuelto por la CIDH.
En el marco de un caso sobre libertad de expresión, el tribunal internacional pedía revertir un fallo contra el periodista Jorge Fontevecchia que había sido avalado por la propia Corte Suprema en 2001. Es decir, la CIDH le pidió a la Corte que vaya contra su pronunciamiento.
No ocurrió. Por mayoría, el máximo tribunal resolvió que acatar la orden sería “transformar a [la Corte IDH] en una ‘cuarta instancia’”, lo que implicaría “un exceso de las obligaciones asumidas por Argentina”.
En ese sentido se expresaron Elena Highton de Nolasco, que dejó el cargo en 2021, y los tres ministros que conforman actualmente el máximo tribunal: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
El fallo quedó rodeado de cuestionamientos, avivados en parte por el voto en disidencia de Juan Carlos Maqueda: afirmó que el deber de cumplir con la CIDH era un principio básico del derecho. Maqueda dejó el cargo en diciembre del año pasado.
Existe otro fallo de la CIDH que sí puede encender alguna expectativa en la expresidenta y al mismo tiempo jugarle en contra. En 2012, el ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue destituido como alcalde de Bogotá −su cargo en aquel entonces− y sancionado por la Procuraduría General a 15 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Fue en el marco de una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el servicio de recolección de basura de la capital colombiana.
El caso llegó a la CIDH, que en 2018 falló en favor de Petro, luego de emitir cautelares en el mismo sentido. El tribunal sostuvo que los derechos políticos del mandatario fueron vulnerados (artículo 23 del pacto) porque fue un órgano administrativo el que instrumentó la sanción y no un “juez competente” a través de una condena. “La sanción de inhabilitación para ser elegido en un cargo de elección popular no puede ser impuesta sino a través de una condena penal en firme y no por la vía administrativa”, se lee en la sentencia. El juez Zaffaroni integró aquella Corte. En su voto, afirmó la existencia de una “persecución política y discriminación” contra Petro y denunció “lawfare”.
En el caso de Cristina Kirchner, no obstante, todos los “jueces competentes” involucrados en el proceso −más de una docena− fallaron en el mismo sentido. La expresidenta, así, tampoco podrá llevar ante el tribunal siquiera un voto de algún magistrado, puesto que no hubo ninguno que la encontrara inocente por el delito de fraude al Estado.
Otra sentencia de la CIDH −anterior al caso “Fontevecchia”− sí fue acatada a nivel local. Fue citada por el propio Maqueda en su disidencia de 2018. Se conoce como “Mohamed”, por el apellido del condenado, un colectivero que atropelló y mató a una señora, fue absuelto por un tribunal y condenado luego por otro.
Tuvo resonancias internacionales porque la apelación de Mohamed a esta segunda sentencia condenatoria fue desestimada, una decisión que incumplió con el estándar del “doble conforme”, es decir, la garantía de que una primera sentencia pueda ser recurrida.
El caso llegó a la CIDH, que resolvió en favor de Mohamed: sostuvo que, al no respetarse esta garantía, se había incurrido en una violación de sus derechos humanos.
Nada de esto ocurrió, sin embargo, con la expresidenta. Su procesamiento fue revisado por la Cámara Federal, que lo ratificó, y su sentencia, confirmada por la Cámara de Casación, creada en 1991 para cumplir con el estándar internacional del “doble conforme”. Y si bien su recurso extraordinario para acudir a la Corte fue rechazado, el máximo tribunal sí escuchó y contestó cada uno de los reclamos en su queja.
Por ejemplo, los ministros dijeron −a través del juez de Casación Gustavo Hornos− que las obras públicas elegidas para ser auditadas “no fueron arbitrarias ni antojadizas”, como alegaron las defensas, o que las conexiones entre jueces, fiscales y funcionarios aludidas, que buscaban probar una presunta conspiración, eran “conjeturas” que no alcanzaban a probar imparcialidad, además de que muchos de los más de 20 funcionarios que intervinieron en el proceso fueron designados durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.
En la escena internacional, surgió un planteo desde Bolivia sobre los derechos políticos cuando el expresidente Evo Morales, desafiando un referéndum adverso, buscó presentarse para un cuarto mandato, algo prohibido por la Constitución de su país.
En 2021, la Corte IDH emitió una opinión consultiva –una interpretación del Pacto de San José de Costa Rica− tras una solicitud especial del Gobierno de Colombia, por la que definió que la “reelección indefinida” −por la que Evo Morales todavía insiste− no era un derecho humano. En este caso, Zaffaroni también votó en disidencia: sostuvo que la CIDH no es competente para juzgar las formas de gobierno que adoptan los Estados.
Además de las dudas respecto al alcance de un eventual fallo, están los largos tiempos procesales del tribunal. El recorrido de los casos comienza en la Comisión Internacional del organismo que evalúa si amerita o no elevar el caso a la Corte. Ese proceso es muy largo, según dijo Zaffaroni en declaraciones a Radio 10. “No va a servir para nada”, anticipó, antes de que se conociera el fallo. Y añadió: “Tiene que pasar por la Comisión y la Comisión Interamericana demora años en resolver. De modo que no, en el sistema interamericano la cosa no funciona”.
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