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POLITICA

Tripulantes del avión venezolano-iraní que estuvieron detenidos en Ezeiza denunciaron a 13 argentinos en Teherán

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El presidente Javier Milei llegó el martes pasado a Jerusalén para su visita a Benjamín Netanyahu, con quien estrechó aún más su ya cercana alianza. Comenzó su retorno al país, vía Madrid, el jueves. Fue horas antes del masivo ataque de Israel a las instalaciones nucleares y militares iraníes, lo que incluyó el asesinato selectivo de uniformados y científicos ligados al programa atómico persa.

En el ínterin, la más influyente prensa de Teherán publicó una curiosa información sobre la causa judicial abierta en ese país e iniciada contra 13 ex y actuales funcionarios y personalidades argentinas involucradas en la cinematográfica detención, en 2022, de 19 persas y venezolanos que estuvieron demorados cinco meses en Argentina. Formaban parte de la tripulación de un avión decomisado luego por Estados Unidos en febrero de 2024.

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El avión era el Boeing747-300 que la empresa iraní Maham Air le había transferido años atrás a la venezolana Emtrasur Cargo.

Ahora, según consignaba durante la visita de Milei a Israel el influyente Tehran Times, la voz de los ayatolás que gobiernan la República Islámica de Irán, el abogado Ali Mashayekhi anunció que su cliente, el capitán Gholamreza Ghasemi, piloto de aquel vuelo de Emtrasur a la Argentina y otros tripulantes presentaron una denuncia contra todos.

El Boeing 747-300 que había pertenecido a Maham Air y fue adquirido por la venezolana Emtrasur Cargo. Tras permanecer retenido en Ezeiza un año y medio fue decomisado por Estados Unidos, que se lo llevó a Miami.
AP

Declaró Mashayekhi que “tras las acciones ilegales y contrarias a las obligaciones internacionales de algunos funcionarios argentinos contra el avión de Emtrasur y la toma de rehenes, tortura y maltrato físico y psicológico de la tripulación y sus familias durante 150 días”, cinco de los retenidos por Argentina, empezando por Ghamesi, habían presentado una demanda ante el Tribunal General de Teherán “contra los gerentes, patrocinadores y, en aquel entonces y en la actualidad, funcionarios de Argentina y Estados Unidos, solicitando una investigación y reclamando daños y perjuicios”. La denuncia dice que ese escenario fue creado por «el régimen sionista (así llaman en Irán a Israel) y el de Estados Unidos.

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Añadió el abogado: «En esta demanda, invocando los principios fundamentales del derecho internacional, los tratados internacionales y el derecho interno de la República Islámica de Irán, exigimos una indemnización por todos los daños materiales y morales sufridos, así como la condena solidaria de los funcionarios e instituciones pertinentes de Argentina y Estados Unidos».

La denuncia pública no da nombres, pero dice que hay presidente y ministros. Pero no se sabe si hacen referencia a Alberto Fernández (bajo cuyo gobierno se dio el incidente) o a Javier Milei (bajo cuyo gobierno se le entregó el avión a EE.UU).

En las fotos publicadas por los medios iraníes de los denunciados se ven al expresidente de DAIA, Jorge Knoblovits, al juez federal que llevó el caso, Federico Villena, la fiscal Cecilia Incardona, al ministro de Justicia de Fernández, Martín Soria, y a varios diputados, entre ellos Gerardo Milman y Ricardo López Murphy.

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«En esta demanda, el gobierno argentino, como persona jurídica, junto con 13 funcionarios gubernamentales y judiciales de ese país, entre ellos el presidente, los ministros de Relaciones Exteriores, Seguridad y Justicia, un juez federal, un fiscal y varios parlamentarios, han sido acusados», dice el abogado que agrega. «La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y el gobierno de Estados Unidos también han sido demandados como partes en la demanda por su participación en la detención y la imposición de presiones políticas a funcionarios argentinos».

Algunas de las figuras mencionadas en la denuncia Entre ellas, de derecha izquierda, los diputados Gerardo Milman y Ricardo López Murphy; el juez Federico Villena; la fiscal Cecilia Incardona; el ex presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits. Algunas de las figuras mencionadas en la denuncia Entre ellas, de derecha izquierda, los diputados Gerardo Milman y Ricardo López Murphy; el juez Federico Villena; la fiscal Cecilia Incardona; el ex presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits.

Autoridades locales consultadas, que ya están al tanto de la situación, opinaron que la noticia fue publicada más por el «enojo» del régimen iraní contra la presencia de Milei en Israel que en relación con los ataques militares contra Irán. Pero, a pesar de que la denuncia está concentrada en los tribunales iraníes, no deja de preocupar el hecho de que estas personas acusadas estén expuestas a peligros jurídicos o físicos cuando viajen por el mundo, debido a cualquier extensión de esta denuncia en países aliados a Irán.

Por cierto, por un lado, la prohibición que en su momento dictó Venezuela para que aviones de Aerolíneas Argentinas sobrevolaran su espacio aéreo en vuelos hacia Miami y Punta Cana -lo que no avaló la Organización de Aviación Civil Internacional- y la detención de argentinos en Venezuela -como el gendarme Nahuel Gallo- no dejan de tener relación con el incidente de Emtrasur.

El caso

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El misterioso avión de Emtrasur Cargo llegó a la Argentina el 6 de junio de 2022. Venía de Caracas con 14 venezolanos y cinco iraníes, entre ellos el piloto, Ghamesi.

Poco después, la aeronave, que ya había estado en Paraguay anteriormente, despegó con destino a Montevideo, pero las autoridades uruguayas le negaron el acceso. Debió volver a la Argentina. Estuvo en Córdoba, y al llegar a Ezeiza, fue demorado con todos sus tripulantes. Empezó una larga y mediática saga.

El Boeing 747-300 adaptado como carguero fue retenido en Ezeiza en junio de 2022, cuando aterrizó porque necesitaba combustible y ninguna petrolera accedió entonces a suministrárselo, ya que la aeronave estaba sujeta al complejo sistema de sanciones de los Estados Unidos por supuesto uso para actividades terroristas internacionales. Boeing es de origen estadounidense.

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El Departamento de Justicia, el Gobierno de Estados Unidos pedía la confiscación de la aeronave y la DAIA interpuso un pedido para que su tripulación fuera investigada. Todos fueron alojados en un hotel en las afueras de Buenos Aires, se escribieron cientos de artículos, y el régimen de Nicolás Maduro inició una cruzada nacionalista con marchas en las calles pidiendo que “liberaran» al avión y a sus tripulantes.

Se especuló sobre los vínculos de Ghamesi con la Guardia Revolucionaria, pero, a decir verdad, nunca se le encontró relación con el terrorismo como sostenía la querella.

Cinco meses después, y tras los reclamos diplomáticos también de Irán, fueron liberados y los tripulantes se fueron en tandas. El avión, en cambio, quedó en Ezeiza.

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Causa nacional. El régimen de Maduro recibió como héroes a los tripulantes de ese país que habían sido demorados en la Argentina por el caso del avión de Emtrasur CArog. Causa nacional. El régimen de Maduro recibió como héroes a los tripulantes de ese país que habían sido demorados en la Argentina por el caso del avión de Emtrasur CArog.

Finalmente, un año y medio después de la llegada del avión, en febrero de 2024, cuando ya gobernaba Milei, Washington logró el objetivo.

El gobierno de Milei accedió a lo pedidos judiciales y entregó la aeronave, que durante año y medio había sido supervisada y mantenida por el FBI, técnicos y alguaciles de justicia, y el Gobierno de Estados Unidos se llevó el Boeing 747-300 hacia el aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade.

Según los documentos obtenidos, esta acción de la policía y las autoridades judiciales argentinas se basó en un escenario diseñado por el régimen sionista y Estados Unidos, que provocó que las personas mencionadas fueran detenidas sin derecho a una defensa real y en condiciones inhumanas, y sufrieran numerosas lesiones mentales y psicológicas, así como pérdidas materiales».

«Desafortunadamente, en este incidente, además de las lesiones mentales y psicológicas sufridas por la élite iraní y los instructores de vuelo, sus familias también fueron sometidas a un severo acoso psicológico debido a la continua publicación de noticias falsas y se les privó de sus derechos fundamentales de visita debido a la negativa del gobierno argentino a emitir visas», dice la denuncia de los tripulantes presentada ahora en Irán. Dicen también haber sufrido pérdidas materiales.

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«A pesar de haber diseñado un complejo escenario para imponer cargos falsos por parte de las autoridades judiciales y de seguridad de la época en Argentina, Israel y Estados Unidos, acompañado de arrestos y registros nocturnos, confiscación de pertenencias personales y detenciones prolongadas en difíciles condiciones de seguridad, finalmente, debido a la falta de pruebas y a la persecución profesional del equipo legal de los acusados, el gobierno y el sistema judicial argentinos se vieron obligados a someterse a la justicia y a la liberación de las personas mencionadas», concluye.

Nicolás Maduro,Irán,Terrorismo,Javier Milei,Aviones

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POLITICA

Diputados de Unión por la Patria hablaron de “proscripción” contra CFK: “Es un atentado contra la democracia”

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El bloque de diputados de Unión por la Patria presentó este jueves un proyecto de resolución en la Cámara baja para expresar su “más profundo repudio” a la “proscripción política” de Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la Nación y actual titular del Partido Justicialista. La iniciativa se conoció menos de 48 horas después del fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena en la denominada “Causa Vialidad” e inhabilitó a la ex mandataria a ejercer cargos públicos de forma perpetua.

El texto, que lleva la firma de los 98 miembros del principal bloque opositor, manifiesta la “máxima preocupación” del peronismo por lo que describen como “un atentado contra la democracia ejercido por miembros del Poder Judicial al cercenar el derecho de la ciudadanía de elegir libremente a sus representantes”. El bloque encabezado por Germán Martínez asegura que la reciente sentencia del máximo tribunal representa “un atentado” contra el sistema representativo y la forma republicana de gobierno, en abierta referencia a los principios establecidos en la Constitución Nacional.

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El fallo de la Corte Suprema se difundió apenas una semana después de que la ex mandataria confirmara su candidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral bonaerense. Desde Unión por la Patria remarcan que la decisión judicial “incide directa e indirectamente en los procesos democráticos” y funciona, en los hechos, como una “proscripción política” a la líder opositora.

Duros cuestionamientos al Poder Judicial

Desde la bancada de UxP señalaron que la sentencia ratificada por la Corte responde a “un proceso judicial arbitrario y amañado” con intencionalidad política, y enumera una serie de irregularidades denunciadas por la defensa de la vicepresidenta: falta de imparcialidad de los jueces, incorporación de pruebas no planteadas por la fiscalía, condena sobre hechos no indagados y negación a peritar la totalidad de las obras públicas que motivaron el fallo. Según los firmantes, no se probó cartelización ni sobreprecios, y se imputaron a Cristina Kirchner delitos “que no pudo haber cometido como Presidenta de la Nación”.

Cristina Kirchner saluda a los militantes que se concentraron frente a su departamento

La resolución cuestiona la decisión de la Corte, que rechazó el recurso extraordinario que presentó la defensa de la ex presidenta el 21 de marzo, y critica duramente la composición actual de la Corte Suprema, que tras las renuncias y demoras en designaciones funciona con tres magistrados. Además, los diputados peronistas remarcan que dos de ellos aceptaron ser desifnados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri, cuestionando la legitimidad y el equilibrio institucional del máximo tribunal.

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Impacto sobre el proceso electoral

Para Unión por la Patria, la resolución de la Corte coincide con el cronograma electoral y busca, como ocurrió en otros momentos de la historia argentina, incidir en el proceso democrático. “La inhabilitación funciona de hecho como una proscripción política a la principal líder de la oposición”, aseguran en el documento, y advierten que privar a la ciudadanía de la posibilidad de elegir “es un duro golpe a una democracia ya golpeada por el ausentismo electoral”.

La bancada opositora remarcó que las distintas proscripciones a lo largo de la historia argentina “nunca resolvieron problemas institucionales, sino que crearon y agudizaron crisis políticas”. Llamó además a todas las fuerzas democráticas a manifestarse en repudio, y reclamó defensa irrestricta del sistema representativo, republicano y federal.

“Como representantes electos por nuestro pueblo, no podemos ser indiferentes”, concluyen los firmantes al solicitar acompañamiento al proyecto, que será debatido en un contexto de máxima tensión entre oficialismo y oposición.

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POLITICA

Cristina Kirchner apelará ante la Corte Interamericana, pero sus chances son escasas: el desaire de la Corte, el caso Petro y la advertencia de Zaffaroni

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Desde que la Corte Suprema dejó firme la sentencia contra Cristina Kirchner comenzó a correr el plazo de seis meses para que la expresidenta acuda con su caso ante la justicia internacional. Este domingo, el abogado de la expresidenta Alberto Beraldi confirmó que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Es tan grotesco lo que hizo la Corte que yo no tengo dudas de que hace falta un análisis serio, objetivo y responsable por parte de las instancias internacionales, que van a llegar a una solución contraria”, se envalentonó.

Días atrás, Gregorio Dalbón, otro abogado de la expresidenta, anticipó vía X que acudirá a la CIDH, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional (CPI).

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La intervención de la CIDH está contemplada de manera explícita en un artículo del nuevo Código Penal, el 366, inciso f, que señala los motivos por los que podría revertirse una condena firme, como la que pesa sobre la dos veces presidenta en la causa Vialidad.

El abogado Gregorio Dalbon.archivo

Sin embargo, las chances de que prospere un planteo ante ese tribunal son remotas, según deslizó días atrás Eugenio Zaffaroni, un jurista ideológicamente afín al kirchnerismo que fue miembro del tribunal por cuatro años. Además, no está clara la fuerza normativa de un eventual fallo en favor de la expresidenta y los antecedentes de la CIDH tampoco abren perspectivas alentadoras para la expresidenta.

Eugenio Zaffaroni como juez de la CIDHCancillería

En primer término, ese tribunal no está facultado, en principio, para revertir sentencias de tribunales nacionales. Su función es la de garantizar que los países que suscriben a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como Argentina, no violenten su contenido, cuyo acatamiento asumieron al adherirse al pacto. Su tarea, explican fuentes judiciales, es comparable a la que realiza la Corte Suprema respecto a la Constitución.

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Sin embargo, de constatar que un caso particular presenta violaciones al Pacto de San José de Costa Rica -como también se conoce a la convención- la CIDH puede ordenar al Estado miembro que ponga en marcha alguna medida restaurativa para enmendar la garantía vulnerada. En principio, un Estado suscripto al pacto tendría escaso margen para desatender un fallo así.

La Argentina adhirió al pacto en 1984 -seis años después de que entrara en vigor- y con la reforma constitucional de 1994 le dio a los tratados internacionales una jerarquía superior a las leyes. Pese a ello, en una sentencia de 2018, estando ya vigente el nuevo código procesal, la Corte Suprema se negó a plegarse a lo resuelto por la CIDH.

En el marco de un caso sobre libertad de expresión, el tribunal internacional pedía revertir un fallo contra el periodista Jorge Fontevecchia que había sido avalado por la propia Corte Suprema en 2001. Es decir, la CIDH le pidió a la Corte que vaya contra su pronunciamiento.

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No ocurrió. Por mayoría, el máximo tribunal resolvió que acatar la orden sería “transformar a [la Corte IDH] en una ‘cuarta instancia’”, lo que implicaría “un exceso de las obligaciones asumidas por Argentina”.

En ese sentido se expresaron Elena Highton de Nolasco, que dejó el cargo en 2021, y los tres ministros que conforman actualmente el máximo tribunal: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

El fallo quedó rodeado de cuestionamientos, avivados en parte por el voto en disidencia de Juan Carlos Maqueda: afirmó que el deber de cumplir con la CIDH era un principio básico del derecho. Maqueda dejó el cargo en diciembre del año pasado.

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El exjuez de la Corte Ricardo MaquedaPilar Camacho

Existe otro fallo de la CIDH que sí puede encender alguna expectativa en la expresidenta y al mismo tiempo jugarle en contra. En 2012, el ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue destituido como alcalde de Bogotá −su cargo en aquel entonces− y sancionado por la Procuraduría General a 15 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Fue en el marco de una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el servicio de recolección de basura de la capital colombiana.

El caso llegó a la CIDH, que en 2018 falló en favor de Petro, luego de emitir cautelares en el mismo sentido. El tribunal sostuvo que los derechos políticos del mandatario fueron vulnerados (artículo 23 del pacto) porque fue un órgano administrativo el que instrumentó la sanción y no un “juez competente” a través de una condena. “La sanción de inhabilitación para ser elegido en un cargo de elección popular no puede ser impuesta sino a través de una condena penal en firme y no por la vía administrativa”, se lee en la sentencia. El juez Zaffaroni integró aquella Corte. En su voto, afirmó la existencia de una “persecución política y discriminación” contra Petro y denunció “lawfare”.

En el caso de Cristina Kirchner, no obstante, todos los “jueces competentes” involucrados en el proceso −más de una docena− fallaron en el mismo sentido. La expresidenta, así, tampoco podrá llevar ante el tribunal siquiera un voto de algún magistrado, puesto que no hubo ninguno que la encontrara inocente por el delito de fraude al Estado.

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Otra sentencia de la CIDH −anterior al caso “Fontevecchia”− sí fue acatada a nivel local. Fue citada por el propio Maqueda en su disidencia de 2018. Se conoce como “Mohamed”, por el apellido del condenado, un colectivero que atropelló y mató a una señora, fue absuelto por un tribunal y condenado luego por otro.

Tuvo resonancias internacionales porque la apelación de Mohamed a esta segunda sentencia condenatoria fue desestimada, una decisión que incumplió con el estándar del “doble conforme”, es decir, la garantía de que una primera sentencia pueda ser recurrida.

El caso llegó a la CIDH, que resolvió en favor de Mohamed: sostuvo que, al no respetarse esta garantía, se había incurrido en una violación de sus derechos humanos.

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Nada de esto ocurrió, sin embargo, con la expresidenta. Su procesamiento fue revisado por la Cámara Federal, que lo ratificó, y su sentencia, confirmada por la Cámara de Casación, creada en 1991 para cumplir con el estándar internacional del “doble conforme”. Y si bien su recurso extraordinario para acudir a la Corte fue rechazado, el máximo tribunal sí escuchó y contestó cada uno de los reclamos en su queja.

Por ejemplo, los ministros dijeron −a través del juez de Casación Gustavo Hornos− que las obras públicas elegidas para ser auditadas “no fueron arbitrarias ni antojadizas”, como alegaron las defensas, o que las conexiones entre jueces, fiscales y funcionarios aludidas, que buscaban probar una presunta conspiración, eran “conjeturas” que no alcanzaban a probar imparcialidad, además de que muchos de los más de 20 funcionarios que intervinieron en el proceso fueron designados durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.

La Comisión funciona como un filtro ante la Corte ABI – ABI

En la escena internacional, surgió un planteo desde Bolivia sobre los derechos políticos cuando el expresidente Evo Morales, desafiando un referéndum adverso, buscó presentarse para un cuarto mandato, algo prohibido por la Constitución de su país.

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En 2021, la Corte IDH emitió una opinión consultiva –una interpretación del Pacto de San José de Costa Rica− tras una solicitud especial del Gobierno de Colombia, por la que definió que la “reelección indefinida” −por la que Evo Morales todavía insiste− no era un derecho humano. En este caso, Zaffaroni también votó en disidencia: sostuvo que la CIDH no es competente para juzgar las formas de gobierno que adoptan los Estados.

Además de las dudas respecto al alcance de un eventual fallo, están los largos tiempos procesales del tribunal. El recorrido de los casos comienza en la Comisión Internacional del organismo que evalúa si amerita o no elevar el caso a la Corte. Ese proceso es muy largo, según dijo Zaffaroni en declaraciones a Radio 10. “No va a servir para nada”, anticipó, antes de que se conociera el fallo. Y añadió: “Tiene que pasar por la Comisión y la Comisión Interamericana demora años en resolver. De modo que no, en el sistema interamericano la cosa no funciona”.



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POLITICA

Peronismo de luto, apunten a Axel Kicillof y «Luche y vuelve» versión 2025

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El difícil realismo argentino

– Si seguimos a este ritmo vamos a terminar tomando La Bastilla. Y si La Bastilla está cerrada, vamos a tener que tomar el Palacio de Invierno.

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– Sí. Acá hay muy poco realismo.

Este diálogo entre dos dirigentes de larga experiencia se escuchó el jueves, en medio de la cumbre del peronismo en la sede del PJ, convocada para discutir los efectos de la confirmación de la condena a Cristina de Kirchner.

Expresa la médula de las acciones de la oposición frente al hecho que cierra el ciclo del duhalde-kirchnerismo que ha dominado al peronismo en el último cuarto de siglo. Difícil pedir realismo en la Argentina de las quimeras. El que no tenía nada se quedó (cree) con todo y la que (creía que) tenía todo, se quedó sin nada.

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Lo explica la crisis política, que no es de representación ni del sistema. Es de la inteligencia de los líderes de los partidos para interpretar la realidad, exigente en un mundo en donde las sociedades son más fuertes que los gobiernos, que se mueven según modelos e instituciones que nacieron en el siglo XVIII y que han demostrado su incapacidad para responder a las demandas del siglo XXI. Nada que no tenga remedio.

En el medio hay que convivir con las extravagancias de un país rico, con un sistema electoral fuerte y creíble, que asegura la democracia, que es la alternancia pacífica de gobiernos de signos contrarios sin persecuciones ni muertes. En el ciclo que nació en 2023 perdieron los líderes del peronismo y de Cambiemos -las dos grandes familias políticas en las que se sindica la mayoría de los votantes-.

En ese revés también perdió Milei, que es presidente de rebote, con 29% de los votos propios, los prestados por Cambiemos y el ballotage. No ha podido aumentarlos, como demostró la adornada elección porteña.

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El novelista Leonardo Sciascia escribió a finales de los años ’70, en los albores de la peor crisis de Italia: «Parece que se inicia una era de monstruos y fantasmas. El ‘triste sobrenatural’ de Chesterton está a punto de poblar el mundo, de invadirlo. Desde el campo llegará a la metrópolis. Inevitablemente. El sueño de la razón produce monstruos (Nero su Nero, 1979)».

Un momento de unidad

La salida de Cristina tiene hacia adelante fuerza simbólica suficiente para aferrar las ventajas de este acontecimiento.

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1) Renueva la unidad del principal partido de la oposición, siempre frágil, al punto de que parece claro que, si Axel no adelantaba las elecciones en Buenos Aires, la Suprema Corte no adelantaba la sentencia. La disidencia entre ella y Axel ha llevado a Cristina al calabozo. Esto no va a quedar así.

2) El desplazamiento de Cristina le da una oportunidad al peronismo de sacarse de encima el factor más importante de división. Cristina suplió la falta de liderazgo del peronismo después de la salida del último líder, Carlos Menem, con la insuficiente jefatura del peronismo del AMBA.

Con esa sola rueda el peronismo pudo gobernar entre 2003-2015 y 2019-2023. La prueba más fuerte de la desafección de un importante sector del peronismo del interior hacia el peronismo del AMBA fue la desmovilización electoral que tumbó las chances de Sergio Massa en 2023 y lo hizo presidente a Javier Milei, con el voto de Cambiemos.

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El llamado kirchnerismo (luego cristinismo) tenía tres nombres inscriptos en la cadena de su ADN: Néstor, Daniel Scioli y Cristina. Néstor murió, Cristina queda inhabilitada de por vida y Scioli es superministro de este gobierno en una demostración de que el peronismo es una identidad en tránsito, según la definición de Chacho Álvarez.

El luto no es eterno

Los efectos políticos de la novedad son difíciles de escrutar, pero las fuerzas toman ya posiciones de prevención. El peronismo tiene que aprovechar el tiempo de lo que los españoles llaman el «alivio de luto», que es el período que sigue al luto riguroso por una pérdida y la vida se va normalizado.

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Joaquín Sabina tituló el álbum que expresa la salida de una depresión como un «alivio de luto». La primera reacción es aprovechar la efervescencia de unidad para lanzar una campaña que tiene como mira las elecciones de 2027.

Se ancla en el lado más conveniente de los grilletes para instalar la consigna de que Cristina está presa por el gobierno de ultraderecha en una trama que disparó antes el gobierno de Macri, que puso esta Corte, hizo la denuncia y es socio de Milei.

Ese lema es una renovación del «Luche y vuelve» de resistencias de antaño. Intentará mover las voluntades para que un futuro gobierno haga lo que creen que debió hacer Alberto Fernández: indultarla a Cristina. Las razones, tardías, de esta inculpación al gobierno, están contenidas en el documento que el peronismo hace circular en estas horas. Con lo que llaman «Las 20 verdades» del fallo, resumidas por el defensor Carlos Beraldi, y «Las 20 mentiras» que le agregó Wado de Pedro.

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“Luche y vuelve” modelo 2017

Es difícil que este debate florezca en el terreno del derecho. En la presentación que hicieron Beraldi, el infante Máximo, los excancilleres Felipe Solá y Jorge Taiana el sábado ante cronistas de medios extranjeros -varios de ellos son argentinos que escriben en medios de acá y de afuera- se describió la sentencia como una patraña y se anunció la intención de instalar en el mundo la consigna de que Cristina es presa de Milei.

Algunos sugieren vías alternativas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El antecedente del «caso Petro» (Colombia) indica que dicha corte no suele revisar inhabilitaciones que provienen de fallos judiciales de última instancia. El actual presidente de Colombia Gustavo Petro ganó la pulseada porque lo habían inhibido en sus derechos políticos por la decisión de la Procuración de su país.

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La posibilidad de que la inhabilitación no rija en el ámbito provincial, argumentando que los fueros son de la Cámara y no de la persona, genera debate y podría ser una estrategia legal para explorar por el kirchnerismo, aunque su viabilidad es cuestionable y requeriría una compleja batalla legal y política.

Macri: wait and see

En el PRO (seguro de sobrevivencia que tiene el gobierno) también analizó Mauricio Macri los efectos de la prisión de Cristina. La primera evaluación es que les conviene porque quiebra la polarización del oficialismo con el peronismo cristinista. Esa contradicción llegó a su techo con las elecciones en CABA, según las conclusiones de los cuarteles de Macri.

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Milei sacó lo que sacó porque el público estaba cautivo de la opinión “Milei o el abismo”. Eso se terminó y se abre una oportunidad para los moderados. Mauricio desplegó su doctrina en diálogos con visitantes y en el debate del Consejo del partido:

* No es momento de extorsionar por cargos, como haría el peronismo, a un gobierno que hace lo que nosotros haríamos o pediríamos si gobernásemos.

* El modelo está en emergencia. Ya hemos visto antes esto de bajar la inflación, pero sin reactivación y con falta de dólares. Cuando esto pase el público nuestro va a pedir una respuesta moderada y republicana, y ahí vamos a estar nosotros. Es cuestión de esperar. No es nuestro momento.

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* ¿Autocrítica? ¿De qué? Lo que no esperaba es que Patricia fuera tan traidora.

* Con el gobierno hay que lograr los mejores acuerdos para retener y sumar diputadores y senadores. ¿Candidato yo? Ni lo sueñen.

Errores estratégicos

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Es difícil hoy decir cuánto durará el esperable alivio de luto y cuánto podrán aprovecharlo unos y otros. Los cristinistas le atribuyen a Cristina una notable capacidad táctica, manifestada en su habilidad para la ocurrencia del momento, el discurso del día o el gesto político que moviliza a su base. Pero tienen que admitir la fragilidad de su capacidad estratégica.

El último ejemplo fue el rechazo a nombrar jueces propuestos para la Corte Suprema, que atornilló a esta Corte de tres miembros, a la que ella mismo hostilizó todo cuanto pudo, con un juicio político que estaba destinado al fracaso. Ese error estratégico es descomunal.

Si admitía en el Senado a los dos candidatos, su expediente habría sido resuelto por una Corte de cinco, que se hubiera tomado dos o tres años para reacomodar su destino judicial. Hizo lo contrario: se peleó con el gobierno, con los dos candidatos y con el único juez que podía darle una mano, Ricardo Lorenzetti.

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La pelea inútil contra Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla la dejó sola frente a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Esta perspectiva interesa, porque ahora sus defensores ponen el acento en presuntos errores o falsedades jurídicas de la sentencia. Decirlo ahora es tarde, debieron pelear en ese terreno antes de la sentencia, y actuar más en el terreno político del fallo, si es que tiene una intención política.

El cristinismo perdió la brújula judicial cuando exaltó el protagonismo de funcionarios como Juan Martin Mena o Julián Álvarez, que la hicieron pelear con todo el sistema judicial por confrontar en minucias de estilo. Le iba mejor en la época cuando la asesoraba Héctor Masnatta y antes de pelearse con el “Bebe” Righi y apartó a Miguel Pichetto, respetado en la Corte. Nunca más hubo Procurador titular de la Nación ni cambios en la Corte.

¿Y el indulto? Te lo voy a deber

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Las decisiones políticas de la expresidenta en los últimos años, incluyendo la elección de candidatos como Daniel Scioli o Alberto Fernández, y la conformación de fórmulas electorales, fueron movimientos que, si bien lograron éxitos puntuales, no construyeron una estrategia sostenible a largo plazo para el peronismo.

El otro error estratégico fue haber tenido el gobierno entre 2019 y 2023 y no hacerse indultar. Lo pedían Luis Delía, que de calabozos sabe, las madres de Plaza de Mayo, además de Eduardo Barcesat y Raúl Zaffaroni, que de derecho también saben. Pudo ser una decisión que tenía a su alcance Alberto Fernández o ella misma, amparada en esa exageración jurisprudencial que argumentó el primer Trump, de que podía indultarse a sí mismo.

Las señales indican que Cristina fue acompañada en el primer momento de la condena por los mismos que la llevaron a la desgracia, su hijo Máximo, Oscar Parrilli (a quien se le atribuyen argumentos fatalistas que lo anotan dentro de un anarco peronismo falaz y descreído) y Wado de Pedro. Del abogado, el juicio debe ser experto. De aquellos polvos, estos lodos.

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La condena paraliza las agendas

El anuncio de Leopoldo Moreau el miércoles en Asuntos Constitucionales de Diputados, de que Unión por la Patria no participará en reuniones de comisiones hasta que se levante el cerco policial en torno al palacio y en repudio a la sentencia, consolida la decisión del gobierno de cerrar el Congreso hasta nuevo aviso.

Cualquier sesión de comisión o del recinto puede convertirse en una vidriera de proselitismo del peronismo, ante un gobierno al que le es muy difícil apoyar públicamente la sentencia judicial. Lo festeja de puertas hacia adentro, pero que lo acusen de mover a la Corte es poco creíble. También es dudoso que les convenga.

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Por las dudas, no está confirmado aun si el 25 de junio asistirá Guillermo Francos al informe de rigor ante el Senado. En la semana cortísima que comienza, ya hay dos suspensiones programadas. Una es la que ordenó Pichetto, que preside la Bicameral de Rendición de Cuentas, en donde se debate agriamente la integración de la Auditoría General de la Nación.

Si el peronismo va es un bardo, porque tendrá una bocina calificada para denunciar la condena. Y si no va, dificulta el trámite legislativo. Se comprobó la semana pasada cuando UP se levantó de Asuntos Constitucionales. El presidente Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) intentó, y de nuevo fracasó, que le dictaminasen el proyecto de Martín Menem para acortar el mandato de los nuevos auditores y, de paso, sacarle un representante al Senado.

Esta vez entre UP y algunos legisladores del centrao lo dejaron sin número para votar un dictamen. Lo mismo sucedió en el Senado, cuando Alejandra Vigo, que preside la misma comisión, avisó la suspensión de un debate sobre proyectos espesos, como jubilaciones y discapacidad.

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Contraataque en territorio comanche

El Senado es territorio comanche para el oficialismo. El peronismo ha aferrado su unidad con Cristina y amenaza con imponer su reforma de la AGN con el aumento de los representantes de cada cámara y la reducción del mandato a cuatro años, o cinco, como propone el proyecto concurrente de Juan Carlos Romero.

También afila los cuchillos para dictaminar la reforma previsional con moratoria que ya aprobó Diputados. Esa norma incluye una reapertura de la moratoria. No tiene costo fiscal alto, dice la oposición, pero si el gobierno la deja pasar sumará nubarrones a la desconfianza que le tienen los mercados de que esto tenga alguna señal de salud.

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El oficialismo teme que el peronismo logre una sesión especial, se dedique 8 horas a criticarlos, y además le aprueben ese proyecto. Si vuelve a Diputados, es muy probable que sea ratificado con 2/3 de los votos, una señal para Milei de que no podrá vetarlo. Tendría una cuádruple derrota en el tema jubilados, que para el FMI es el papel de tornasol para medir la sustentabilidad del gobierno.

Javier Milei,Cristina Kirchner,Axel Kicillof,Corte Suprema de Justicia

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