La agencia de calificación de riesgo crediticio Moody’s anunció este viernes que mantuvo la calificación soberana de Francia en Aa3 (deuda de buena calidad), evitando así la rebaja de nota que se preveía tras las decisiones recientes de Standard & Poor’s (S&P) y Fitch. Sin embargo, la agencia modificó la perspectiva del país de “estable” a “negativa”, advirtiendo sobre los crecientes riesgos relacionados con la estabilidad política y la gobernanza en el país europeo.

A través de un comunicado, Moody’s justificó el cambio en la perspectiva citando el “riesgo incrementado de que la fragmentación del panorama político del país siga perjudicando el funcionamiento de las instituciones legislativas francesas”. La agencia señaló que la persistente inestabilidad política podría limitar la capacidad del Gobierno para abordar desafíos clave como el déficit fiscal elevado, el crecimiento de la deuda pública y el aumento de los costes de financiación, lo que aumentaría la probabilidad de un deterioro más rápido de los principales indicadores fiscales.

En las últimas semanas, tanto S&P como Fitch optaron por rebajar la calificación de la deuda soberana de Francia. Fitch degradó su nota en septiembre, disminuyéndola de AA- a A+, mientras que S&P siguió el mismo camino hace una semana, reduciendo la puntuación desde AA-/A-1+ hasta A+/A-1.

A diferencia de esas acciones, Moody’s explicó que mantiene la nota en Aa3 debido a la “significativa fortaleza económica de Francia” y la robustez de su economía, así como al hecho de que cuenta con instituciones públicas competentes, aunque bajo presión.

La agencia advirtió que la fragmentación política podría favorecer una “reversión duradera de las disposiciones clave de las reformas estructurales adoptadas anteriormente, en particular la reforma de las pensiones de 2023”, cuya suspensión fue tramitada recientemente por el primer ministro Sébastien Lecornu tras alcanzar un acuerdo con la oposición socialista. Moody’s alertó de que una paralización prolongada de dicha reforma agravaría los problemas fiscales y afectaría negativamente la tasa de crecimiento potencial.

En relación a la calificación, la agencia consideró que la solidez de los balances de los hogares y empresas, así como la estabilidad bancaria, contribuyen a la resiliencia macroeconómica de Francia y su capacidad para absorber crisis financieras. No obstante, prevé un debilitamiento progresivo de la asequibilidad de la deuda a medida que la refinanciación se produzca a tipos de interés más elevados, partiendo aún de niveles considerados sólidos.

La publicación de este análisis de Moody’s coincidió con el inicio de los debates en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de presupuesto para 2026, liderado por Lecornu. El gobierno, que carece de mayorías claras, enfrenta la necesidad de negociar apoyos tanto a la derecha como a la izquierda para sacar adelante la ley presupuestaria que debe afrontar el elevado déficit previsto de 5,4% del PIB para 2025 y el compromiso de reducirlo por debajo del 3% en 2029.

Según enfatizó el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, en sus redes sociales, la decisión de Moody’s “demuestra la necesidad de construir un camino hacia un compromiso presupuestario”. Lescure reafirmó que el Ejecutivo mantiene el objetivo de reducir gradualmente el déficit, preservando el crecimiento económico.

En los debates parlamentarios, mientras el Gobierno busca apoyos necesarios, los socialistas han condicionado su aval al presupuesto a medidas como el aumento de impuestos para los sectores más ricos, tras haber logrado la suspensión de la reforma de las pensiones como parte del acuerdo para evitar mociones de censura. La supervivencia del actual Ejecutivo depende en gran medida de la aprobación de estos presupuestos y de la capacidad para consolidar alianzas en un Parlamento profundamente dividido.

En la actualidad, la deuda pública francesa ronda los 3,4 billones de euros, equivalente al 115,6% del PIB, situando a la segunda economía de la Unión Europea bajo una presión notable tanto desde los mercados como desde los organismos internacionales de análisis crediticio.

(Con información de AFP y EFE)

Virginia attorney general candidate Jay Jones faced new political fallout Friday after a report revealed his wife had donated to the Minnesota Freedom Fund, a controversial bail organization that used millions to spring violent offenders, including accused rapists and murderers, from jail.

In May 2020, during unrest in Minneapolis after George Floyd’s death, Mavis Jones posted on Twitter: «I just donated to the Minnesota Freedom Fund,» linking to the group’s donation page and urging others to do the same. The account has since gone private.

The revelation, first reported by The Washington Free Beacon, comes as Jones, a Democrat, trails Republican incumbent Jason Miyares in a tightening race for Virginia’s top law enforcement post. The state’s attorney general oversees state-level prosecutions and police oversight.

JAY JONES TEXT SCANDAL SPARKS DONATION SURGE AS GOP GROUP POURS MILLIONS MORE INTO VA RACE

The Minnesota Freedom Fund, promoted at the time by several progressive figures, including Sen. Kamala Harris, raised more than $41 million during the 2020 protests, pledging to support demonstrators arrested during clashes with police. 

But a FOX 9 investigation later found the group spent most of its money bailing out defendants accused of serious violent crimes rather than low-level protest offenses.

Among those bailed out was Christopher Boswell, a twice-convicted rapist facing new kidnapping and assault charges who was freed after the fund posted $350,000 in cash bail.

The group also paid $100,000 to release Darnika Floyd, who was charged with second-degree murder, and $75,000 for Jaleel Stallings, who allegedly fired at a Minneapolis SWAT team before being acquitted at trial.

Greg Lewin, then the fund’s interim executive director, told FOX 9 that same year, «The last time we were down there, the clerk said, ‘We hate it when you bail out these sex offenders.’ I often don’t even look at a charge when I bail someone out.»

JONES AND MIYARES CLASH OVER MURDER TEXTS AS DEM REPEATEDLY INVOKES TRUMP AT HEATED, HIGH-STAKES DEBATE

Darnika Floyd, charged with second-degree murder, was released after the Minnesota Freedom Fund posted $100,000 bail in 2020. (Minnesota Department of Corrections)

In one case, the fund posted bail for George Howard, a career criminal later charged with fatally shooting a man in a Minneapolis road rage incident just weeks after his release.

The news adds to a string of controversies for Jones, 35, who has already apologized for violent text messages directed at Republican leaders. In one exchange, he wrote that then–House Speaker Todd Gilbert gets «two bullets to the head» and that Gilbert’s wife Jennifer should «watch her children die.»

Mavis Jones, wife of scandal-plagued Virginia AG candidate Jay Jones, D-Va., eportedly posted about her support of the Minnesota Freedom Fund in 2020, which bailed out accused murderers and rapists. (Jay Jones via X)

Court records also show Jones was convicted of reckless driving in 2022 for traveling 116 mph on a Virginia highway. He was fined $1,500 and ordered to perform 1,000 hours of community service, but a state ethics review is examining whether hours spent volunteering for his own political committee should count toward the sentence.

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The latest controversy gives Miyares and Republicans new fodder in the closing weeks of the campaign. A Trafalgar Group poll released Oct. 17 found Miyares leading 49.5% to 44.6%, a reversal from earlier surveys that had Jones up six points before the text scandal broke.

As of Friday, Mavis Jones has set her X account to private.

The Minnesota Freedom Fund and the Jay Jones campaign did not immediately respond to Fox News Digital’s request for comment.

Como anunciaba meses atrás la Comisión Europea, el 2025 puede ser el año del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Casi 25 años después de las primeras negociaciones, la cumbre europea de este jueves emitió un atisbo de fumata blanca. Tras la reunión, el jefe del gobierno alemán, el democristiano Friedrich Merz, aseguró por sorpresa que los 27 dirigentes habían hecho un voto informal sobre el acuerdo y que el resultado había sido unánime a favor de una rápida ratificación.

En los últimos meses la Comisión Europea sopesó presentar el texto a los ministros de Comercio. Francia se resistía a aprobarlo, pero las semanas fueron pasando y en verano quedó claro que París iba a tener muy difícil reunir los votos necesarios para lograr una minoría de bloqueo.

La diplomacia española, que ha estado durante las dos últimas décadas apoyando el pacto sin importar quién gobernara en Madrid, no quiso echar las campanas al vuelo porque este jueves todavía veía resistencias.

También quiso frenar Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, el organismo que reúne a los jefes de Estado o de gobierno. El portugués, ex primer ministro, dijo que no se había votado. De hecho, los líderes no votan acuerdos comerciales, algo que queda para ministros o incluso embajadores.

Costa dijo en conferencia de prensa que no hubo ni voto, pero sí que había “pedido a los líderes que dieran a sus embajadores la orden de resolver los problemas técnicos que quedan en las traducciones para que se pueda firmar a tiempo”.

Pero las declaraciones de Merz, que respaldaron diplomáticos de varios países explicando que no había habido un voto formal sino una discusión en la que sí se mostró esa unanimidad a favor del pacto, muestran que las reticencias son menores y salvables.

El paso alemán, ya con todo a favor del acuerdo y con solo Francia, entre los grandes europeos, con reticencias, acelera el proceso. La cumbre cerró con el presidente francés Emmanuel Macron echando el freno y diciendo que no estaba todo cerrado, pero sin desmentir a Merz y asegurando que las cesiones hechas a los sectores agropecuarios europeos eran adecuadas.

Si los ministros votan en las próximas semanas (no tienen por qué ser los de Comercio, vale cualquier reunión de ministros europeos de cualquier ramo) y el texto sale adelante, el Parlamento Europeo podría tener que ratificarlo antes de finales de año y se abre la fecha del 19 de diciembre para su ratificación definitiva, tras casi 25 años.

Javi López, vicepresidente del Parlamento Europeo, de la familia socialdemócrata catalana, aseguró a Clarín que, aunque justa, la votación saldría adelante por una ventaja de entre 30 y 50 votos (la Cámara tiene 705). Es la misma diferencia que permitió hace un año revalidar en su cargo a Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

La firma podrían hacerla incluso los embajadores de los 27 ante la Unión Europea, bajando incluso así un poco más el peso político de la decisión, y de paso sacándola también de las tapas de los medios.

Fuentes diplomáticas de tres países del bloque, dos favorables al acuerdo y uno contrario, aseguraron estos días a Clarín que sí está todo hecho, pero que Macron (y algunos primeros ministros de países menores donde el acuerdo sigue viéndose como un peligro para sus sectores agropecuarios) necesita un poco más de tiempo para vender el acuerdo a su clase política.

Mercosur sigue siendo una de las niñas de los ojos bonitos de los europeos, sobre todo tras el advenimiento de la segunda administración Trump y su guerra arancelaria. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur sería el mayor acuerdo comercial del planeta por el volumen de intercambios y por la población que reúnen los dos bloques.

Europa sabe que llega tarde, pero aún quiere fijar sus banderas en los países del Mercosur, porque se juega decenas de miles de millones de euros en inversiones y porque China le ha ido comiendo partes de ese mercado en las últimas dos décadas.

Precisamente contra China se van endureciendo los europeos. Si China no estaba oficialmente entre los debates de esta cumbre, sí lo estuvo en las reuniones y en las declaraciones finales.

Hay dudas sobre cómo reaccionar ante una China que impone ahora restricciones a la exportación de tierras raras que la industria europea necesita como el aire. Por eso el propio Macron pidió el jueves que la Comisión Europea utilice por primera vez el mecanismo que llama “instrumento anti-coerción” si China no cede y realmente bloquea esas exportaciones.