POLITICA
El Gobierno activó tareas de “perfilamiento” a manifestantes violentos en las marchas al Congreso

Agentes que responden al Ministerio de Seguridad nacional comenzaron a recabar información sobre los manifestantes que participan en las movilizaciones de los miércoles frente al Congreso tras catalogarlos como posibles “anarquistas K” que podrían afectar la “gobernabilidad democrática” y la “seguridad institucional”, confirmaron cuatro fuentes consultadas por por separado.
Las tareas de “perfilamiento” empezaron semanas atrás, cuando las movilizaciones de jubilados y agrupaciones políticas terminaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y episodios de violencia. La Casa Rosada decidió entonces que el ministerio que lidera Patricia Bullrich coordine más y mejor con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para prevenir nuevos incidentes, según una de las fuentes oficiales consultadas.
“Lo están haciendo, sí”, confirmó una segunda fuente oficial. “El primer paso es reunir información sobre los líderes de las marchas y algunos manifestantes recurrentes, y se recogen datos para el ‘perfilamiento’, además del análisis de fuentes abiertas y oficiales, como pueden ser redes sociales, servicios como Nosis o Migraciones, entre otras opciones, y que luego puede continuar con la búsqueda de datos menos accesibles”, agregó.
En la práctica, según las fuentes consultadas, existiría una división de tareas. “La Dirección de Inteligencia Criminal [del Ministerio de Seguridad] se encarga de anticipar potenciales conflictos y recabar datos sobre quiénes van a las marchas, y remite a la Dirección de Operaciones [de la SIDE] si se registran detenidos para que los analicen con mayor profundidad, por ejemplo, o si se registran incidentes”.
El punto de inflexión para el Gobierno, según coincidieron tres de los informantes ante las consultas de , se habría registrado en los días previos o posteriores a la marcha frente al Congreso del 12 de marzo pasado. Es decir, cuando el fotógrafo Pablo Grillo sufrió heridas gravísimas en su cabeza por el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno.
En los días que siguieron, el oficialismo aportó indicios sobre el desarrollo de tareas de inteligencia sobre manifestantes y protestas callejeras. El 18 de marzo, el asesor presidencial Santiago Caputo convocó a su despacho a la ministra Bullrich y a los números 1 y 3 de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, para coordinar el operativo de seguridad que desplegaría el Gobierno ante la siguiente marcha al Congreso.
La presencia de las autoridades de la SIDE en esa reunión alertó a las entidades que integran la llamada “Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia” (ICCSI), como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que enviaron una nota a las autoridades de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
“Nos alarma la participación de la Secretaría de Inteligencia en la coordinación de un operativo cuyo objetivo debería ser el asegurar las condiciones para que la manifestación se desarrolle de manera segura”, remarcó la ICCSI. “Históricamente el rol de los organismos de inteligencia en torno a la protesta social no respetó [los] límites [legales]: bajo el pretexto de la lucha contra el ‘terrorismo’ o hipótesis de ‘desestabilización’ o de ‘golpes de Estado’”.
La ministra Bullrich ofreció indicios de esas tareas de inteligencia en los días posteriores a la protesta que concluyó con Grillo en un hospital. La ministra sostuvo por televisión que el fotógrafo se encontraba “detenido”, que era un “militante kirchnerista” y que, según ella, “trabaja con Julián Álvarez en la Municipalidad de Lanús y antes estuvo en el Ministerio de Justicia cuando estaba Alberto Fernández”.
Álvarez desmintió los dichos de Bullrich esa misma noche, a través de la red social X. Precisó que Grillo no se encontraba detenido, sino internado en grave estado en el Hospital Ramos Mejía y que no trabajaba en la Municipalidad de Lanús. “Ninguna de las dos cosas es cierta”, aclaró en un posteo, en el que confirmó que conoce al joven de espacios de militancia.
El 4 de este mes, en tanto, Bullrich describió una supuesta metodología que manifestantes que calificó como “anarquistas y kirchneristas” habrían implementado contra las fuerzas federales a cargo del operativo de seguridad alrededor del Congreso.
“Recién estaba viendo que hay un informe de los grupos más violentos que se reúnen los miércoles. Tenemos imágenes terribles de cómo les pegan a las fuerzas. Estaba mirando una publicación que ellos mismos hacen, en la que dicen que van a ir con un alambre a la altura de las piernas para avanzar y hacer caer a las fuerzas. Un alambre para caminar y hacer caer al miembro de las fuerzas. Es un nivel de preparación y provocación muy fuerte”, comentó.
Sin embargo, Bullrich evitó brindar precisiones sobre qué fuerza de seguridad redactó ese “informe” sobre los “grupos más violentos” que protestarían frente al Congreso, ya fueran de raigambres “anarquistas” o “kirchneristas”. Tampoco presentó evidencias sobre ese supuesto “alambre a la altura de las piernas” que utilizarían esos manifestantes, aunque afirmó que los grupos que se movilizaran quedarían “identificados” ( procuró contactar a voceros del Ministerio de Seguridad sobre ese supuesto informe con datos sobre grupos “anarquistas” o “kirchneristas” y las tareas que desarrolla la Dirección de Inteligencia Criminal, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta).
Las declaraciones de la ministra Bullrich, de todos modos, remiten al Plan de Inteligencia Nacional (PIN) de la SIDE, un documento secreto de 170 páginas que entreabre la puerta a tareas de espionaje interno que podría recaer sobre periodistas, economistas, académicos y todo aquel que cuestione al presidente Javier Milei o al gobierno nacional, según reveló el domingo 25 de mayo pasado.
Ese mismo documento secreto también colocó como foco de interés de la SIDE a todos aquellos sujetos, extranjeros o locales, que puedan poner en riesgo la “gobernabilidad democrática” o la “seguridad institucional”. Entre ellos, aquellos que estén sospechados de incurrir en “actividades terroristas de raigambre anárquica”, sin mayores precisiones.
Una de las fuentes oficiales ahondó por esa senda argumental ante la consulta de . “Quiénes van a las marchas es tarea de la DNIC [por la Dirección de Inteligencia Criminal], y la SIDE se involucra cuando la cosa ya pasó a castaño oscuro, como cuando se registraron los incidentes dentro de [las instalaciones de la señal de cable] TN u otra cosa grave, para determinar si se está, por ejemplo, ante un atentado al orden constitucional”.
POLITICA
Cristina Kirchner busca evitar devolver US$ 55 millones al Estado declarándose insolvente

Cristina Kirchner busca eludir el pago de los US$ 55 millones que le exige la Justicia tras la condena en la causa Vialidad, declarándose “insolvente”. En agosto de 2016, apenas tres días después de ser procesada por direccionar contratos de obra pública a favor de Lázaro Báez, la entonces expresidenta transfirió la mayor parte de sus bienes a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
Mediante una “herencia anticipada”, Cristina cedió el 50% de los activos financieros, bienes muebles e inmuebles que le correspondían por la sucesión de Néstor Kirchner, sumando al 50% ya en manos de sus hijos. La maniobra le dejó apenas US$ 200.000 a su nombre. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N°2 estimó en US$ 500 millones el monto total a recuperar entre todos los condenados, de los cuales a Cristina le corresponderían unos 55 millones.
Tras la condena a Cristina, el Gobierno refuerza el plan para evitar un colapso cambiario
El fiscal Diego Luciani, junto con su colega Sergio Mola, evalúa denunciarla por insolvencia fraudulenta, un delito que castiga la ocultación o vaciamiento patrimonial para evitar responder ante obligaciones judiciales. Ambos fiscales ya pidieron que los bienes decomisados sean destinados a obras públicas como escuelas y hospitales.
Entre los bienes embargados a los condenados figuran 145 inmuebles, 42 autos, 2 embarcaciones, cuentas bancarias, participaciones societarias y hasta hoteles, como el Alto Calafate y Los Sauces, que quedaron en manos de los hijos de Cristina.
Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, comparó la causa Vialidad con el Juicio a las Juntas
Mariano Federici, ex titular de la Unidad de Información Financiera, sostuvo que parte de los activos “sustraídos permanece oculta” y otra fue transferida mediante “actos simulados” para escapar a eventuales decomisos. También advirtió que el patrimonio declarado por la expresidenta está “muy lejos de reflejar la verdadera magnitud de los fondos ilícitos obtenidos”.
Por su parte, el diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica) instó a los fiscales a avanzar con la denuncia penal por el vaciamiento, estrategia que, recordó, ya utilizó María Julia Alsogaray al declararse insolvente y evitar devolver dinero robado al Estado.
En la declaración patrimonial que Cristina presentó en enero ante la Oficina Anticorrupción, asegura tener bienes por $249 millones (unos US$ 200 mil): un departamento en Recoleta, un terreno en El Calafate, acciones en Mercado Libre, Apple y Vista Oil, y un Toyota Corolla.
El Gobierno considera “fuera de lugar” que Cristina Kirchner salga al balcón a saludar a sus militantes
El resto del patrimonio quedó en manos de sus hijos, quienes ahora poseen 25 inmuebles, acciones en las sociedades investigadas Hotesur y Los Sauces, y más de 5 millones de dólares en efectivo. Parte de esos fondos fueron hallados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco Galicia.
Mientras tanto, la Justicia avanza con el proceso de ejecución de sentencia, que incluirá el remate de los bienes ya embargados. Los fiscales solicitaron que los fondos recuperados se utilicen con fines sociales, recordando que “el dinero robado a través de la corrupción priva a los sectores más vulnerables de salud, educación y vivienda”.
El caso Vialidad ya tiene sentencia firme por parte de la Corte Suprema y es considerada una de las causas de corrupción más emblemáticas de los últimos años.
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POLITICA
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POLITICA
Pese a las críticas de La Cámpora, Kicillof ratifica las elecciones desdobladas tras la condena a Cristina Kirchner

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no unificará el calendario electoral pese a la presión que en las últimas horas volvió a ejercer un sector del peronismo, luego del fallo que condenó a la expresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública. Si bien hubo algunas insinuaciones que el tema podría reverse y que el gobernador daría marcha atrás con el desdoblamiento electoral anunciado el 7 de abril de este año, colaboradores del mandatario provincial confiaron a Infobae que no hay plan de modificar lo ya anunciado. Habrá dos elecciones en la provincia de Buenos Aires: el 7 de septiembre comicios provinciales y el 26 de octubre las legislativas en el orden nacional.
Luego de la ratificación que el máximo tribunal dispuso sobre la condena a Cristina Kirchner, en La Cámpora analizaron que durante el proceso previo, la expresidenta no recibió el respaldo político necesario. Las miradas apuntan al espacio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Uno de los argumentos que puso en agenda el cristinismo es que si el mandatario provincial definía no desdoblar la resolución del máximo tribunal podría haberse “estirado”, bajo el fundamento que la condena de se efectivizó ahora porque Cristina tenía definido ser candidata a diputada provincial por la Tercera sección electoral.
“Hubiera sido muy distinto si la provincia de Buenos Aires no hubiera desdoblado, ¿no? Estaríamos hablando esto recién en octubre con las candidaturas de todas las provincias, al mismo tiempo”, planteó este miércoles la senadora nacional por la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti. La dirigente es una de las voces con peso dentro de La Cámpora. Sus declaraciones fueron receptadas en La Plata.
Sagasti también expresó en declaraciones a Futurock que “al desdoblar, la provincia de Buenos Aires quedó descalzada y ella -CFK- quedó sola en esta batalla” y que “ahora se va a empezar a ver un movimiento bastante particular en la provincia de Buenos Aires, al no poder votar la gente a su principal candidata”.
La idea de que Kicillof podría retrotraer la decisión del desdoblamiento electoral también corrió con fuerza a partir de algunas entrevistas a funcionarios del gobierno de Kicillof. El propio gobernador dijo tras el fallo que “es otro país”.
“Obviamente, en este momento yo te diría que las elecciones son el día que son y te digo, estamos todos un poco conmovidos y shockeados por la situación. Sí, creo que hay una vocación importante de todos los sectores de ver cómo buscando una lista en común, era lo de lo que veníamos hablando”, plantaba en comunicación con Cenital.
La sobreinterpretación, sumado a distintos factores, hicieron su parte. “Hoy están lanzadas las desdobladas y ejecutándose el cronograma electoral”, agregan cerca del gobernador.
En el Gobierno provincial siguen con la organización de la jornada electoral del 7 de septiembre. Quien está al frente es el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
Días atrás, antes del fallo a CFK, el gobierno provincial anunciaba un convenio con el Correo Argentino. La intervención de la empresa estatal será para la prestación servicios logísticos y del recuento provisorio de votos para la elección de septiembre.
El Correo hará un relevamiento de locales de votación. En esa instancia se ocupará de verificar la capacidad y conectividad de las locaciones. Además, estará a cargo de la “logística integral” que incluye el traslado de padrones definitivos, la provisión y armado de cajas electorales, la provisión y distribución de viandas para delegados y autoridades de mesa, el despliegue anticipado de urnas y materiales, que será el sábado previo a la elección, con seguridad y trazabilidad.
También será su potestad la entrega de urnas a autoridades de mesa: desde las 7:30 del día electoral y el repliegue de urnas y material electoral para el recuento definitivo en conjunto con fuerzas de seguridad.
Asimismo, una vez finalizado el horario de escrutinio, la empresa estatal se hará cargo de la digitalización, transmisión de telegramas y recuento provisorio. El costo total, según el Gobierno bonaerense y que incluye logística, transmisión, escrutinio y viandas, es de $51.181.165.269.
Con el calendario electoral todavía en marcha, lo que resta ahora para el peronismo es encontrar —o no— una instancia de acuerdo electoral. Por lo pronto, el 9 de julio es la fecha pautada para la presentación de alianzas y el 19 de julio la oficialización de listas a diputados y senadores provinciales para las ocho secciones electorales.
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