Una exfuncionaria del Gobierno de Gildo Insfrán en Formosa denunció en los medios de comunicación y ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a un integrante del Gabinete provincial por un presunto acoso sexual e institucional.

Se trata de Silvia Tarantini, exdirectora del Registro de Personas Jurídicas de la provincia, quien asegura que el ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, la sometió a un acoso sistemático durante buena parte de los 14 años que trabajó bajo sus órdenes.

El poderoso funcionario provincial le propinó a Tarantini, entre otros aprietes, insinuaciones sexuales a cambio de cargos legislativos o ascensos en la jerarquía del gobierno de Insfrán, según relató la mujer a .

“La relación siempre fue tensa, de mucha presión, de mucho acoso laboral y también de acoso sexual. Al principio, de manera velada: piropos, insinuaciones, como para ver si yo me enganchaba en algo. Yo me quedaba callada, bajaba la cabeza, no decía nada. Era mi jefe”, afirmó.

“En algunas oportunidades me insinuó que si yo tenía algo íntimo con él, si era un poquito más cariñosa… me dijo: ‘si vos sos un poquito más cariñosa conmigo, yo te puedo… vos podés ser la próxima subsecretaria’”, reconstruye Tarantini. “En otra ocasión me ofreció ser diputada provincial, y en otra, diputada nacional”, agregó.

intentó comunicarse con el ministro González, con la secretaría de prensa de la provincia y con otras figuras del gabinete, pero al momento no obtuvo respuestas. Tampoco hubo pronunciamientos por parte del Gobierno respecto a la acusación, que Tarantini amplió en Radio Uno de Formosa.

La denuncia fue anterior, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Sabrina Ajmechet, aprovechando una visita de un comité a la provincia, del que también formó parte la diputada Lilia Lemoine.

Por el momento, Tarantini asegura que no iniciará acciones legales, al menos no en Formosa, cuya Justicia considera “cooptada”. Sin embargo, no descarta hacerlo más adelante, con pruebas que mantiene a resguardo en una escribanía fuera de la provincia.

“Quiero resguardar mi integridad física y psicológica, pero sobre todo la física, tanto mía como la de mi familia y mi entorno, y también mis bienes, porque la represalia va a ser desmedida. Yo los conozco. La Policía de Formosa responde al ministro de Gobierno, justamente quien era mi jefe”, sostiene.

Tarantini trabajó durante 30 años en el Gobierno provincial. Según relata, su relación con González siempre fue tensa, pero la presión para desplazarla del cargo creció cuando él se convirtió en ministro.

Asegura que el respaldo político de Insfrán la sostuvo en el cargo durante años. Ese apoyo comenzó a resquebrajarse cuando insinuó que iría a la Justicia a presentar una denuncia. En diciembre de 2019, el ministro González le comunicó que “el gobernador había aceptado su renuncia”, tras presentarla junto a otros funcionarios, como es habitual frente a un cambio de Gobierno, explica.

“Tuve una crisis hipertensiva, estuve internada, sufrí un ACV; todo eso está documentado. Me dejó una incapacidad permanente: soy hipertensa de por vida, estoy medicada y me afectó el oído derecho. Tengo una incapacidad severa, uso audífonos y padezco una disminución auditiva del 70%”, detalla.

La provincia de Formosa enfrenta elecciones de medio término el 29 de junio. Se renovarán 15 de las 30 bancas en la Legislatura. La nueva conformación tendrá la tarea de poner en marcha la reforma constitucional con la que Insfrán, que gobierna la provincia de manera ininterrumpida hace 30 años, aspira a un noveno mandato.

Tarantini eligió dar a conocer su historia ahora porque la semana pasada cumplió los 30 años “de servicio” para la jubilación, un momento que estaba “esperando con ansias” para hacer público el caso, según cuenta. Coincidió con la visita de la comisión de Derechos Humanos y aprovechó para volcar allí su testimonio.

Como exfuncionaria, Tarantini describe un entramado de agresiones y presiones por parte de figuras cercanas al poder en Formosa y sostiene que los abusos en la provincia son “estructurales”, aunque reconoce que son pocos quienes se animan a denunciarlos públicamente.

Además, afirma que durante su gestión en el Registro de Personas Jurídicas se le prohibía otorgar personerías a entidades que no fueran “compañeras” y que la obligaban a participar en maniobras de “fraude electoral”.

“Ellos tienen tomado todo. No lo digo porque lo escuché, lo digo porque formé parte”, dijo ante la comisión de Derechos Humanos.

El Gobierno ve difícil que pueda apurar en Diputados el debate por el proyecto de ley de «Principio de Inocencia Fiscal», mediante el cual busca incentivar el uso de los dólares del colchón. La llave para destrabar esta situación no serían sólo los gobernadores, sino que necesita sumar el apoyo de los sectores más díscolos de la oposición.

Por ahora, en el oficialismo no se arriesgan  a convocar al plenario de comisiones para arrancar con el tratamiento de la propuesta, pero se ilusionan con la posibilidad de abrir la discusión en la última semana de junio.

«Está difícil el Congreso y las comisiones. Queremos ser prudentes pero la intención es convocar lo antes posible», le dijo a Clarín un operador libertario sobre la propuesta enviada por el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, para atraer parte de los más de US$ 250.000 millones que están por fuera del sistema financiero.

Los aliados más optimistas tampoco alientan la posibilidad de que el debate en comisión comience la próxima semana y dejan abierta la posibilidad de convocar a una reunión informativa entre el 24 y 26 de este mes.

Cuando en la Casa Rosada pensaban que con la adhesión de 14 provincias al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias ya tenían medio proyecto aprobado, en Diputados se abrió la caja de Pandora.

La propuesta ya fue girada a las comisiones de Presupuesto, Legislación Penal y Legislación General, que son controladas por el oficialismo. En las dos últimas, el oficialismo tendría los avales para sacar el dictamen de mayoría, pero en la encabezada por José Luis Espert a los libertarios no le dan los números.

La comisión de Presupuesto está integrada por 49 diputados y para tener el despacho de mayoría se requiere de la mitad más uno, es decir, 25 avales. En un primer conteo, La Libertad Avanza tiene 6 firmas propias y las de sus aliados del PRO (7), la UCR (3), MID (2), la Liga del Interior (1), Innovación Federal (2) y Producción y Trabajo (1). Es decir, hasta aquí cuenta con el apoyo de 22 miembros.

Enfrente, Unión por la Patria, que viene unificado después de que la Corte Suprema ratificara la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, posee 20 firmas y el Frente de Izquierda cuenta con 1 voto para el rechazo de la propuesta de «Toto» Caputo.

Ante este escenario, Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, junto a Eduardo «Lule» Menem, el asesor más cercano a Karina Milei, y Santiago Caputo, deben buscar las 3 firmas que le faltan en Encuentro Federal, la bancada que lidera Miguel Angel Pichetto; Democracia para Siempre, que responde a Facundo Manes y Martín Lousteau; y la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

Los radicales díscolos tienen 3 representantes, pero sólo Jorge Rizzotti, que responde al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, puede ser permeable a la presión del Gobierno. Mientras que en el caso de Encuentro, la atención puede estar puesta en cómo se mueva el cordobés Ignacio García Aresca, que pertenece a la línea del gobernador Martín Llaryora.

Vale recordar que este espacio tiene una propuesta similar a la impulsada por el Ejecutivo que fue elaborada por Oscar Agost Carreño y Ricardo López Murphy y que obtuvo dictamen sin disidencias. Sin embargo, nunca llegó al recinto a pesar de que había un preacuerdo con un sector del oficialismo para que la iniciativa sea tratada a cambio de los votos para la aprobación de la ley Antimafia.

La otra opción que tiene el oficialismo para avanzar con el proyecto sería el aval de Paula Oliveto de la Coalición Cívica. En el espacio de Lilita Carrió reclaman por la falta de aprobación del Presupuesto y si bien entienden que la propuesta enviada desde el Ejecutivo busca actualizar los montos del Régimen Penal Tributario, hay una reforma al Procedimiento Tributario que no convence.

En el recinto, el oficialismo tampoco tendría garantizado los votos, pero obviamente en ese escenario comenzarán a intervenir los gobernadores que le dieron un guiño al Gobierno con la firma a un acuerdo para la transferencia de información financiera. El convenio ya lo firmaron Chaco, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y San Luis.

Por ahora, Jorge Macri (CABA) no definió su posición y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) quiere cambios en la propuesta para que no afecte a la industria de su provincia. Axel Kicillof (Buenos Aires) se niega a sumarse al Régimen Simplificado de Ganancias y amenaza con cobrarles los impuestos a quienes saquen los dólares del colchón.