POLITICA
La prisión de Cristina Kirchner: el Gobierno quiere que la ex presidenta sea notificada en su casa para que no haya marcha

El Gobierno y los dirigentes que aconsejan a Cristina Kirchner coinciden en un detalle sensible. Los dos sectores quieren que la ex presidenta cumpla prisión domiciliaria y sea notificada en su casa sin pasar por los tribunales de Comodoro Py. Al Ejecutivo le serviría para desactivar un escenario de conflicto con una marcha multitudinaria frente al juzgado. El kirchnerismo quiere garantizar que su líder cumpla su pena en su departamento y evitar imágenes que quieren evitar a toda costa. La última palabra la tiene el juez. En la mesa chica de la ex presidenta afirman que habrá una movilización masiva pase lo que pase.
“Se baraja como posibilidad que se le tomen los datos en su casa, pero no más que eso. Por ahora va a Comodoro Py. La decisión es judicial”, afirman en el Gobierno. En Tribunales no lo descartan, pero la decisión no está saldada. Más allá del contacto institucional, todas las partes niegan cualquier conversación formal o informal o injerencia en ese sentido.
En el Gobierno quieren evitar sugerencias explícitas que sean leídas ese sentido. Señalan las internas y hasta las vanidades que atraviesan a jueces y fiscales; en especial del Tribunal Oral Federal. En el ministerio de Seguridad, que además tiene a su cargo el servicio penitenciario, celebraron que el juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini que debe decidir sobre la prisión de CFK, suspendiera la licencia que se había pedido para irse de viaje. “Por suerte se quedó. Era una locura. Sería bastante razonable que no vaya a Py y no tengamos que comernos una movilización”, consignan altas fuentes de la administración mileísta.
El jefe de Gabinete Guillermo Francos explicitó la posición del Gobierno sobre el futuro donde la ex mandataria debería cumplir su pena de seis años de prisión. «Por muchas razones correspondería que le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria”, sostuvo el ministro coordinador en una entrevista con Radio Con Vos.
En la Rosada y en el ministerio de Seguridad opinan lo mismo. “No hay razón para no dársela. Tiene 70 años, es ex presidenta. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a escapar?”, razonan.
No es la única certeza que le gustaría tener a Patricia Bullrich, que suspendió un viaje a Washington para monitorear los operativos, como jefa de las fuerzas de seguridad federales y del servicio penitenciario. Además de la de Cristina, la ocupan las notificaciones de los otros ocho condenados, entre los que sobresale Lázaro Báez. Cuatro de ellos, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Vialidad Nelson Periotti y el ex funcionario de Vialidad santacruceño Raúl Pavesi, solicitaron -al igual que Cristina- cumplir sus respectivas penas en sus casas.
La ministra de Seguridad espera resoluciones sobre las condiciones de la eventual domiciliaria en el departamento donde vive CFK en la calle San José. Bullrich pretende tener normativas para ordenar la vigilancia en lo inmediato y de cara a los próximos años.
No solo preocupa al Gobierno el desafío que supone garantizar la seguridad en una locación incómoda por la cantidad de vecinos sumado a la sobreexposición de la ex presidenta, que sale permanentemente al balcón a saludar a sus seguidores. También hay alarma por las consecuencias de desplegar fuerzas federales frente a la militancia movilizada. “Es horrible para la seguridad”, sostiene en el Gobierno sobre el semipiso del barrio de Montserrat, donde vive la ex mandataria. En el entorno de la ex presidenta no barajan otra alternativa para su domiciliaria.
Aunque eligió presentarse el miércoles, Cristina tiene hasta el jueves a la mañana para asistir a los tribunales de Retiro. “Podría ir sorpresivamente y dejar a todos en banda, como hizo en otras oportunidades, pero no parece ser lo que vaya a ocurrir”, explican en el Ejecutivo.
Los cortes en diferentes accesos a la Capital desde que se conoció el fallo de la Corte Suprema amenazan con convertirse en un problema y en un desafío abierto a una de las políticas que el Gobierno defiende como un hito: el protocolo antipiquetes.
“Del otro lado están los que dicen defender a los trabajadores, pero les arruinan la vida cortando calles para defender a una condenada por corrupción. Frente al caos, respondemos con orden. Las autopistas todas liberadas”, escribió la ministra el jueves en X.
En el Ejecutivo hay quienes dudan de que el músculo de las fuerzas federales alcance para blindar tantos focos permanentes. Suponen que la Provincia y la Ciudad no serán tan activos para colaborar con el Gobierno.
Cerca de Bullrich relativizan esas versiones. Creen superadas las tensiones con la Ciudad desde la asunción del ministro de Seguridad Horacio Giménez, que participará del comando unificado previsto para la marcha del miércoles. El gobierno de Axel Kicillof -que recibe otra vez el fuego amigo constante de La Cámpora- colaboró con cuestiones puntuales, como la gestión para que la Selección llegara desde el predio que posee la AFA en Ezeiza a la cancha de River, el mismo martes en que la Corte ratificó la condena.
En el Gobierno no hay claridad sobre el efecto de una eventual notificación a CFK en su domicilio, si alcanzaría para evitar la manifestación a Comodoro Py. El peronismo sigue alerta para evitar el peor escenario y en la cúpula de La Cámpora garantizan que habrá marcha pase lo que pase.
Luego de reunir a intendentes en el Consejo del PJ, entre lunes y martes será el turno de los gobernadores del peronismo y de la CGT. Los máximos referentes de la central obrera ya dejaron saber que no convocará un paro para acompañar la movilización, a pesar de que Sergio Palazzo, de La Bancaria, y Pablo Moyano, de Camioneros -que el viernes se reunió con Cristina en su domicilio- pidieron que se convoque a un “cese de tareas”.
“No nos manejamos con rumores. Por lo tanto, estamos organizando la caravana masiva para acompañar a Cristina”, afirman en la mesa chica de la ex mandataria.
Cristina Kirchner,Patricia Bullrich,Guillermo Francos
POLITICA
Cristina Kirchner apelará ante la Corte Interamericana, pero sus chances son escasas: el desaire de la Corte, el caso Petro y la advertencia de Zaffaroni

Desde que la Corte Suprema dejó firme la sentencia contra Cristina Kirchner comenzó a correr el plazo de seis meses para que la expresidenta acuda con su caso ante la justicia internacional. Este domingo, el abogado de la expresidenta Alberto Beraldi confirmó que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Es tan grotesco lo que hizo la Corte que yo no tengo dudas de que hace falta un análisis serio, objetivo y responsable por parte de las instancias internacionales, que van a llegar a una solución contraria”, se envalentonó.
Días atrás, Gregorio Dalbón, otro abogado de la expresidenta, anticipó vía X que acudirá a la CIDH, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional (CPI).
La intervención de la CIDH está contemplada de manera explícita en un artículo del nuevo Código Penal, el 366, inciso f, que señala los motivos por los que podría revertirse una condena firme, como la que pesa sobre la dos veces presidenta en la causa Vialidad.
Sin embargo, las chances de que prospere un planteo ante ese tribunal son remotas, según deslizó días atrás Eugenio Zaffaroni, un jurista ideológicamente afín al kirchnerismo que fue miembro del tribunal por cuatro años. Además, no está clara la fuerza normativa de un eventual fallo en favor de la expresidenta y los antecedentes de la CIDH tampoco abren perspectivas alentadoras para la expresidenta.
En primer término, ese tribunal no está facultado, en principio, para revertir sentencias de tribunales nacionales. Su función es la de garantizar que los países que suscriben a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como Argentina, no violenten su contenido, cuyo acatamiento asumieron al adherirse al pacto. Su tarea, explican fuentes judiciales, es comparable a la que realiza la Corte Suprema respecto a la Constitución.
Sin embargo, de constatar que un caso particular presenta violaciones al Pacto de San José de Costa Rica -como también se conoce a la convención- la CIDH puede ordenar al Estado miembro que ponga en marcha alguna medida restaurativa para enmendar la garantía vulnerada. En principio, un Estado suscripto al pacto tendría escaso margen para desatender un fallo así.
La Argentina adhirió al pacto en 1984 -seis años después de que entrara en vigor- y con la reforma constitucional de 1994 le dio a los tratados internacionales una jerarquía superior a las leyes. Pese a ello, en una sentencia de 2018, estando ya vigente el nuevo código procesal, la Corte Suprema se negó a plegarse a lo resuelto por la CIDH.
En el marco de un caso sobre libertad de expresión, el tribunal internacional pedía revertir un fallo contra el periodista Jorge Fontevecchia que había sido avalado por la propia Corte Suprema en 2001. Es decir, la CIDH le pidió a la Corte que vaya contra su pronunciamiento.
No ocurrió. Por mayoría, el máximo tribunal resolvió que acatar la orden sería “transformar a [la Corte IDH] en una ‘cuarta instancia’”, lo que implicaría “un exceso de las obligaciones asumidas por Argentina”.
En ese sentido se expresaron Elena Highton de Nolasco, que dejó el cargo en 2021, y los tres ministros que conforman actualmente el máximo tribunal: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
El fallo quedó rodeado de cuestionamientos, avivados en parte por el voto en disidencia de Juan Carlos Maqueda: afirmó que el deber de cumplir con la CIDH era un principio básico del derecho. Maqueda dejó el cargo en diciembre del año pasado.
Existe otro fallo de la CIDH que sí puede encender alguna expectativa en la expresidenta y al mismo tiempo jugarle en contra. En 2012, el ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue destituido como alcalde de Bogotá −su cargo en aquel entonces− y sancionado por la Procuraduría General a 15 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Fue en el marco de una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el servicio de recolección de basura de la capital colombiana.
El caso llegó a la CIDH, que en 2018 falló en favor de Petro, luego de emitir cautelares en el mismo sentido. El tribunal sostuvo que los derechos políticos del mandatario fueron vulnerados (artículo 23 del pacto) porque fue un órgano administrativo el que instrumentó la sanción y no un “juez competente” a través de una condena. “La sanción de inhabilitación para ser elegido en un cargo de elección popular no puede ser impuesta sino a través de una condena penal en firme y no por la vía administrativa”, se lee en la sentencia. El juez Zaffaroni integró aquella Corte. En su voto, afirmó la existencia de una “persecución política y discriminación” contra Petro y denunció “lawfare”.
En el caso de Cristina Kirchner, no obstante, todos los “jueces competentes” involucrados en el proceso −más de una docena− fallaron en el mismo sentido. La expresidenta, así, tampoco podrá llevar ante el tribunal siquiera un voto de algún magistrado, puesto que no hubo ninguno que la encontrara inocente por el delito de fraude al Estado.
Otra sentencia de la CIDH −anterior al caso “Fontevecchia”− sí fue acatada a nivel local. Fue citada por el propio Maqueda en su disidencia de 2018. Se conoce como “Mohamed”, por el apellido del condenado, un colectivero que atropelló y mató a una señora, fue absuelto por un tribunal y condenado luego por otro.
Tuvo resonancias internacionales porque la apelación de Mohamed a esta segunda sentencia condenatoria fue desestimada, una decisión que incumplió con el estándar del “doble conforme”, es decir, la garantía de que una primera sentencia pueda ser recurrida.
El caso llegó a la CIDH, que resolvió en favor de Mohamed: sostuvo que, al no respetarse esta garantía, se había incurrido en una violación de sus derechos humanos.
Nada de esto ocurrió, sin embargo, con la expresidenta. Su procesamiento fue revisado por la Cámara Federal, que lo ratificó, y su sentencia, confirmada por la Cámara de Casación, creada en 1991 para cumplir con el estándar internacional del “doble conforme”. Y si bien su recurso extraordinario para acudir a la Corte fue rechazado, el máximo tribunal sí escuchó y contestó cada uno de los reclamos en su queja.
Por ejemplo, los ministros dijeron −a través del juez de Casación Gustavo Hornos− que las obras públicas elegidas para ser auditadas “no fueron arbitrarias ni antojadizas”, como alegaron las defensas, o que las conexiones entre jueces, fiscales y funcionarios aludidas, que buscaban probar una presunta conspiración, eran “conjeturas” que no alcanzaban a probar imparcialidad, además de que muchos de los más de 20 funcionarios que intervinieron en el proceso fueron designados durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.
En la escena internacional, surgió un planteo desde Bolivia sobre los derechos políticos cuando el expresidente Evo Morales, desafiando un referéndum adverso, buscó presentarse para un cuarto mandato, algo prohibido por la Constitución de su país.
En 2021, la Corte IDH emitió una opinión consultiva –una interpretación del Pacto de San José de Costa Rica− tras una solicitud especial del Gobierno de Colombia, por la que definió que la “reelección indefinida” −por la que Evo Morales todavía insiste− no era un derecho humano. En este caso, Zaffaroni también votó en disidencia: sostuvo que la CIDH no es competente para juzgar las formas de gobierno que adoptan los Estados.
Además de las dudas respecto al alcance de un eventual fallo, están los largos tiempos procesales del tribunal. El recorrido de los casos comienza en la Comisión Internacional del organismo que evalúa si amerita o no elevar el caso a la Corte. Ese proceso es muy largo, según dijo Zaffaroni en declaraciones a Radio 10. “No va a servir para nada”, anticipó, antes de que se conociera el fallo. Y añadió: “Tiene que pasar por la Comisión y la Comisión Interamericana demora años en resolver. De modo que no, en el sistema interamericano la cosa no funciona”.
POLITICA
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POLITICA
En sintonía con LLA, los senadores del PRO también rechazaron el aumento salarial que generó polémica

Los senadores del PRO rechazaron aumentarse el sueldo, en medio de la polémica que generó el aumento de la dieta parlamentaria, cuyos haberes están enganchados a los de los empleados legislativos. Lo hicieron a través la nota fue presentada a la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel.
“En un contexto donde millones de argentinos hacen un esfuerzo enorme, creemos que la dirigencia debe estar a la altura y dar el ejemplo con señales claras de compromiso con la realidad del país”, indicaron los legisladores a través de un comunicado.
La polémica surgió luego de que se conociera que los senadores percibirán más de 9,5 millones de pesos argentinos (aproximadamente USD 10.000) el mes próximo, tras la actualización de sus dietas.
Villarruel optó por desvincularse de la controversia y firmó el decreto 344/25, que habilitó la adecuación de los salarios, pero dejó en manos de cada senador la posibilidad de aceptar o rechazar el aumento. Así, al igual que el PRO, La Libertad Avanza ya anunció que rechazará el incremento.
“A nosotros nos votaron para devolver a la Argentina al sendero de la grandeza y, para ello, los primeros que tenemos que poner el hombro somos los funcionarios y legisladores”, afirmaron los legisladores libertarios en el comunicado oficial.
A su vez, los senadores del bloque Provincias Unidas presentaron un proyecto para donar al Garrahan el aumento de sus dietas. La iniciativa establece que la donación será voluntaria y que los recursos se utilizarán para la compra de insumos y equipamiento.
El sistema de enganche salarial fue reactivado en abril de 2024, cuando oficialismo y oposición acordaron en secreto un nuevo esquema y lo aprobaron en el recinto. Desde entonces, los haberes de los senadores se componen de 2.500 módulos —la misma referencia utilizada para los empleados del Congreso—, un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos extra por desarraigo. Con la actualización del valor del módulo a $2.376,04, el monto total a percibir supera los $9,5 millones en bruto. Solo cuatro senadores no reciben el adicional por desarraigo.
En abril de 2024, los legisladores también sumaron una dieta adicional a las 12 existentes, con el argumento de “compensar” el aguinaldo. La única excepción fue Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación al ingresar a la Cámara alta.
Durante el segundo semestre de 2024, tras una nueva paritaria, los senadores decidieron congelar sus haberes hasta el 31 de diciembre de ese año. Al finalizar ese plazo, la responsabilidad de una nueva decisión recayó sobre Villarruel, quien extendió el congelamiento hasta el 31 de marzo, advirtiendo que sería la última vez que tomaría una medida de ese tipo y que, en adelante, la resolución debería surgir de los propios bloques en una sesión.
En su momento, el propio presidente Javier Milei cuestionó el aumento salarial de los senadores. En 2024, señaló: “Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre (2023). No hubo aumento de sueldo para Ministros, Secretarios o Subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. ¿Por qué? Porque esta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos».
“Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias”, planteó.
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