POLITICA
El Gobierno eliminará el fondo fiduciario que financia el gas y planea otorgar subsidios directos a usuarios

El Gobierno eliminará el Fondo Fiduciario para el Subsidio a los Consumos Residenciales de Gas Natural para profundizar la reforma energética. Forma parte de la reestructuración del esquema de subsidios que está realizando el Ejecutivo, en su búsqueda de administrar los fondos de forma directa con los beneficiarios y definir su distribución con base en los ingresos de cada hogar.
Es por eso que la Casa Rosada apunta a establecer un sistema subsidiario que no financie el costo del gas con transferencias a las distribuidoras, sino que se aplique directo a los beneficiarios de forma progresiva con fondos del Tesoro. “La idea es que se haga de forma ordenada y que permita determinar quién necesita el subsidio y quién no”, expresan en Nación.
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El fideicomiso se creó en 2002 por el artículo 75 de la Ley 25.565 con la finalidad de financiar compensaciones tarifarias que las distribuidoras zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario perciban por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales. Lo mismo aplica para la venta de cilindros y garrafas, entre otros. Se planteó para las regiones de la Patagonia y la Puna y en 2021 se amplió a usuarios vulnerables de otras zonas.
El fondo se sustenta con un recargo que se cobra a usuarios de gas natural -este año creció del 5,44% al 6,2%, pero puede llegar a 7,5%- que se aplica sobre el precio del producto en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Registró en 2024 ingresos por $322.210 millones y gastos por $377.021 millones en transferencias al sector privado.
El Gobierno ya le recortó los subsidios energéticos a más de 130.000 usuarios del régimen de Zona Fría tras detectar que contaban con dos o más medidores registrados en el esquema que otorga un descuento de 50% en la factura de gas. Nación les redujo el beneficio a 30% a través de una resolución en el Boletín Oficial.
El Ejecutivo también le quitó los beneficios energéticos a 15.500 usuarios de Puerto Madero y de barrios cerrados, y tiene previsto extender la medida de exclusión de los subsidios a todas las zonas de altos ingresos del resto del país. Es por eso que el oficialismo busca coordinar el proceso con las provincias.
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El fondo fiduciario que subsidia el gas es el único que el Gobierno fijó no eliminar en el escrito técnico del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$20.000 millones. Ante esto, el oficialismo argumenta que “el subsidio se va a mantener” y que “lo que cambia en principio es que los fondos van a salir del Tesoro”.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, prorrogó hasta el 9 de julio de 2026 el decreto 465 de 2024, que habilitó la reestructuración de los regímenes de subsidios de energía para “asegurar una transición que permita trasladar a los usuarios los costos reales de la energía, promover la eficiencia energética y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo indispensable de energía”.
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En sintonía con LLA, los senadores del PRO también rechazaron el aumento salarial que generó polémica

Los senadores del PRO rechazaron aumentarse el sueldo, en medio de la polémica que generó el aumento de la dieta parlamentaria, cuyos haberes están enganchados a los de los empleados legislativos. Lo hicieron a través la nota fue presentada a la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel.
“En un contexto donde millones de argentinos hacen un esfuerzo enorme, creemos que la dirigencia debe estar a la altura y dar el ejemplo con señales claras de compromiso con la realidad del país”, indicaron los legisladores a través de un comunicado.
La polémica surgió luego de que se conociera que los senadores percibirán más de 9,5 millones de pesos argentinos (aproximadamente USD 10.000) el mes próximo, tras la actualización de sus dietas.
Villarruel optó por desvincularse de la controversia y firmó el decreto 344/25, que habilitó la adecuación de los salarios, pero dejó en manos de cada senador la posibilidad de aceptar o rechazar el aumento. Así, al igual que el PRO, La Libertad Avanza ya anunció que rechazará el incremento.
“A nosotros nos votaron para devolver a la Argentina al sendero de la grandeza y, para ello, los primeros que tenemos que poner el hombro somos los funcionarios y legisladores”, afirmaron los legisladores libertarios en el comunicado oficial.
A su vez, los senadores del bloque Provincias Unidas presentaron un proyecto para donar al Garrahan el aumento de sus dietas. La iniciativa establece que la donación será voluntaria y que los recursos se utilizarán para la compra de insumos y equipamiento.
El sistema de enganche salarial fue reactivado en abril de 2024, cuando oficialismo y oposición acordaron en secreto un nuevo esquema y lo aprobaron en el recinto. Desde entonces, los haberes de los senadores se componen de 2.500 módulos —la misma referencia utilizada para los empleados del Congreso—, un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos extra por desarraigo. Con la actualización del valor del módulo a $2.376,04, el monto total a percibir supera los $9,5 millones en bruto. Solo cuatro senadores no reciben el adicional por desarraigo.
En abril de 2024, los legisladores también sumaron una dieta adicional a las 12 existentes, con el argumento de “compensar” el aguinaldo. La única excepción fue Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación al ingresar a la Cámara alta.
Durante el segundo semestre de 2024, tras una nueva paritaria, los senadores decidieron congelar sus haberes hasta el 31 de diciembre de ese año. Al finalizar ese plazo, la responsabilidad de una nueva decisión recayó sobre Villarruel, quien extendió el congelamiento hasta el 31 de marzo, advirtiendo que sería la última vez que tomaría una medida de ese tipo y que, en adelante, la resolución debería surgir de los propios bloques en una sesión.
En su momento, el propio presidente Javier Milei cuestionó el aumento salarial de los senadores. En 2024, señaló: “Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre (2023). No hubo aumento de sueldo para Ministros, Secretarios o Subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. ¿Por qué? Porque esta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos».
“Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias”, planteó.
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El fallo contra Cristina genera mayor apoyo que rechazo y se observa como un detonante de conflictos
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner por el caso Vialidad cosecha más apoyos que rechazos, según estimó la consultora Opina Argentina en una encuesta que puso en marcha el mismo día en que se conoció la decisión del máximo tribunal.
El 55% de los encuestados por la consultora respondió que está de acuerdo con “el fallo que deja firme la condena por corrupción sobre Cristina Kirchner”; el 43% dijo estar en desacuerdo, y un 2% optó por no contestar afirmar que no tiene “opinión formada”.
El estudio incluye un análisis según la orientación del voto en el que se concluyó que están de acuerdo con la condena el 96% de los votantes de Juntos por el Cambio, el 88% de los que eligieron a La Libertad Avanza, y solo el 5% de los que apoyaron en las urnas a Unión por la Patria.
Por fuera de la determinación de la Corte en sí, los números para Cristina Kirchner son más negativos. El 57% la consideró “culpable” de hechos de corrupción, “más allá del fallo”. Un 37% indicó que es “inocente”. El 6% de los encuestados eligieron no contestar.
Para la mayoría, la prisión confirmada para la expresidenta puede derivar en consecuencias negativas. Ante la consulta “¿Usted cree que el fallo que condena a Cristina Kirchner va a generar conflictos sociales importantes?“, el 52% respondió que sí; el 41%, que no, y el 7% no contestó.
Las consecuencias para al Gobierno, estimaron los encuestados, serán neutras. Un 46% consideró que el fallo “ni beneficia ni perjudica” a la administración del presidente Javier Milei. Un 28% opinó que es beneficioso y un 22%, que es perjudicial para el Gobierno. El 4% escogió la opción “No sabe o no tiene opinión formada”.
El estudio se realizó los días 10 (cuando se conoció el fallo de la Corte) y 11 de junio, entre 2020 casos de todo el país, y tiene un margen de error de +/- 2,1%.
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CFK condenada, la incomodidad de un gobierno con recursos limitados y la olla de presión del kirchnerismo
“No queremos joderla”, fue el mensaje que los operadores del Gobierno le hicieron llegar al entorno de Cristina Kirchner horas después de que la Corte Suprema rechazara la queja, ratificara la condena a seis años de prisión y la inhabilitara de por vida para ejercer cargos públicos. El aviso, breve pero clarificador, expuso en privado lo que más tarde ratificaría Guillermo Francos, que pidió que no se montara “un show” y se respetara “la intimidad” de la ex presidenta. “Nosotros pretendemos competir electoralmente contra el populismo”, completó ayer el jefe de ministros. El mensaje subterráneo y las declaraciones públicas tal vez expliquen por qué, para la magnitud de los acontecimientos, los festejos oficiales hayan sido tan módicos para un espacio, como La Libertad Avanza, que no conoce la moderación.
“No es un tema con el que estemos especialmente cómodos. Esto es un cisne negro, básicamente porque tenemos control cero de la situación”, abundaría más tarde un operador de Casa Rosada. Un empresario afín al Ejecutivo que participó de la campaña libertaria, y que cruzó unos mensajes de WhatsApp con el Presidente durante su gira europea, está convencido de que Javier Milei se embarcó hacia Italia, Israel y España durante tantos días -más de 10, el viaje más extenso desde que asumió el gobierno- para estar lo más lejos posible al momento en que la Justicia ratificara la condena de CFK. Milei ni siquiera pudo festejar, como hubiera deseado, el índice de inflación del jueves, del 1,5%, la cifra más baja en cinco años, una excelente noticia, en medio de un programa económico que empieza a mostrar algunas nítidas señales de alerta, que no pudo ser capitalizada. Según un relevamiento de la consultora Ad hoc, en los últimos siete días el término “inflación” no se posicionó entre los más destacados en la conversación digital en torno al presidente.
El Gobierno sabía que los tiempos en la Corte habían empezado a acelerarse. En el Instituto Patria habían fijado en un principio el martes 17, es decir el próximo, como fecha clave, pero la previa al martes 10 exhibió serios síntomas de que algo decisivo comenzaba a tramarse. Milei partió a Roma el viernes 5, en medio de una batería de especulaciones.
La decisión de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti expuso a un gobierno que, hasta ahora, demostró tener una influencia prácticamente nula sobre la Justicia. Tal vez no por decisión propia. “No tengo ningún mérito. Al ser el primer presidente que no interfiere en la Justicia, los resultados están a la vista”, dijo Milei en estos días desde Israel. Buscó diferenciarse así de Mauricio Macri, que ya había perfeccionado un sistema bien aceitado durante sus ocho años de jefe de Gobierno en la capital cuando desembarcó en la Presidencia, en el 2015. Implementó entonces la denominada “mesa judicial” para analizar y ejecutar las decisiones en ese rubro, liderada por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, un asesor muy cercano que volvió al país hace algunos meses, procedente de Uruguay, después de más de tres años prófugo de la Justicia argentina. En septiembre del 2018, cuando Lorenzetti perdió la votación interna y Rosenkrantz asumió la presidencia del máximo tribunal -una maniobra propiciada por el Ejecutivo-, Rodríguez Simón festejó a los saltos en el primer piso de Casa Rosada, de manera literal.
Cuando Milei asumió el gobierno, y Macri todavía era más optimista que ahora respecto a las negociaciones con el Presidente, el jefe del PRO presionó para designar a ex funcionarios de su riñón en puestos claves del área de Justicia -por ejemplo, en la representación del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura-, pero todos los pedidos fueron rechazados. El encargado de trasladar la negativa fue Santiago Caputo, el asesor que, por ahora, más coqueteó con ese mundillo. Sebastián Amerio, mucho más que un viceministro de Justicia, le responde de manera directa. Según el informe de Ad hoc, la conversación digital sobre la condena a Cristina Kirchner llegó a las 2,7 millones de menciones, y superó incluso al caso $LIBRA, con 2,5 millones. El relevamiento arroja, además, un dato curioso que abona las teorías K respecto a la figura de Macri: el ex presidente volvió a reaparecer en la escena digital, emparentado con el fallo de la Corte, con niveles de mención similares a la derrota del PRO del 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires.
A diferencia de La Libertad Avanza, la cúpula del PRO sí festejó con mucho más énfasis la resolución cortesana, excusados por el aporte de material y la insistencia con la que el gobierno macrista siguió los expedientes judiciales. Entre los argumentos del recurso de queja, la defensa de la expresidenta aludió a la “imparcialidad” de los funcionarios que visitaron decenas de veces a Macri en Olivos y en Casa Rosada. La Corte rechazó los argumentos: en el fallo se refirió como “meras conjeturas” a los argumentos de la defensa.
Cerca de la dirigencia macrista más encumbrada se preguntaron ante este medio si, de todos modos, no sería este gobierno, y no el PRO, el que, al final, capitalizaría la detención de Cristina Kirchner. “Mauricio lo debe ver con cierta envidia: él no la pudo meter presa. Es algo que quería el electorado, y ahora saben que fue condenada con este gobierno”, respondió, en voz alta, un colaborador oficial.
Ya con agenda fija en Buenos Aires, Macri está otra vez preocupado por el futuro del PRO y por la letra chica de los acuerdos que los dirigentes logren forzar en la provincia de Buenos Aires. Entabló, en ese sentido, una ronda de consultas con colaboradores de su confianza y hasta con especialistas. A alguno de ellos le preguntó, hace poco, si había diferencia numérica con o sin él de candidato. ¿Analiza presentarse en octubre? En su entorno juran que es lo último que querría.
Ser o no ser. La muy prudente celebración libertaria evidencia no solo que el Gobierno apostaba a competir en septiembre con Cristina Kirchner en la tercera sección del Gran Buenos Aires, sino que esclarece -¿principio de revelación?- por qué la Casa Rosada intentó hasta último momento, en el Congreso, que eso suceda. Primero, con las negociaciones, finalmente fallidas, por la ampliación de la Corte. “Si la política pensara desde su posición individual, seguramente hubiese convenido poner dos jueces y hacer algún tipo de acuerdo. Pero si ese fuese el razonamiento, estuvo muy bien lo que hicimos, no funciona así”, dijo el miércoles en Infobae en vivo Juan Martín Mena, ministro de Justicia de Axel Kicillof pero uno de los principales consejeros legales de la ex presidenta. En el sistema político dan cuenta de que, en los últimos años, el kirchnerismo se encerró en su propia estrategia judicial. Y desoyó el auxilio legal ofrecido por dirigentes muy encumbrados del peronismo, y algunos operadores con conexiones muy aceitadas con los tribunales.
Una vez que naufragaron las negociaciones en el Senado, el Gobierno entabló entonces una serie de tratativas para aplazar el debate, también en la Cámara alta, por el proyecto de Ficha Limpia. A cambio, el kirchnerismo se comprometió a no convocar a las comisiones por el caso $LIBRA a Karina Milei. El resultado es conocido.
Cuando el Parlamento se quedó este año sin herramientas para correr de la discusión electoral a la ex presidenta, un sector del círculo rojo político, judicial y empresario presionó para forzar en la Justicia lo que no resolvió la política. El rechazo a la queja presentado por CFK empezó a acelerarse tras el anuncio de su candidatura, el lunes 2.
Para Milei, pero particularmente para Caputo, su principal estratega, la Corte le hizo perder al Gobierno una oportunidad más que atractiva de enfrentarse electoramente con la jefa del PJ en el distrito más populoso del conurbano: “Es una oportunidad perdida, era muy divertido, no teníamos nada para perder, al contrario”, se lamenta ahora un asesor libertario.
Sin la ex presidenta en la cancha, la competencia en la sección más peronista del Gran Buenos Aires perdió cierta fascinación. En el laboratorio de LLA se analiza ahora presentar una oferta más competitiva en la primera sección -se piensa desde Diego Santilli hasta Diego Valenzuela-, para sacar una buena ventaja y compensar la tercera.
Al Gobierno, sin embargo, le urge ahora el corto plazo: la resolución de la prisión, seguramente domiciliaria, de Cristina Kirchner, en un rubro, el judicial, en el que el Ejecutivo controla, con suerte, algunos resortes.
El mensaje para no “joderla” a la expresidenta enviado al kirchnerismo también fue trasladado por el Gobierno a los tribunales de Comodoro Py. La encargada de transmitirlo fue Patricia Bullrich -¿hubo otros emisarios más informales?-, que entabló conversaciones protocolares con el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, a cargo de la ejecución de la pena, que deberá definir el futuro carcelario de Cristina Kirchner.
La jefa del PJ eligió su departamento de San Cristóbal, en una esquina como San José y Humberto Primo que en estos días se vio convulsionada por un aluvión de fanáticos y dirigentes que cambiaron la fisonomía del barrio, de clase media porteña. CFK se decidió por ese piso, que cuenta solo con un par de balcones como única conexión con el aire libre, para no perder centralidad geográfica: si hubiera querido correrse de la escena, se habría inclinado por El Calafate. La cercanía con su hija Florencia, que tiene su domicilio en las inmediaciones de Parque Lezama, también fue clave.
El Gobierno, por el contrario, habría querido alejar a la ex presidenta lo más posible de la zona urbana.
En la Casa Rosada hay temor ante posibles desbordes callejeros. La intrusión en los estudios de TN y Canal 13 de la última semana alertaron a las autoridades. Por eso pidieron, por canales formales e informales, evitar cualquier puesta en escena con ribetes de espectáculo, como aquella imagen humillante del ex vicepresidente Amado Boudou, esposado, en pijama, en su departamento de Puerto Madero.
El Gobierno sabe que el kirchnerismo es una olla a presión y que, al menos en lo inmediato, y con Cristina Kirchner condenada y presa, el peronismo es capaz de esconder hasta sus internas más feroces.
La marcha del miércoles, en torno a la ejecución de la prisión de CFK, está prevista que sea multitudinaria. Por su casa desfilaron desde Pablo Moyano -fuera de escena desde hace tiempo- y la izquierda hasta el gobernador Ricardo Quintela, antes distanciado. El PJ congregó a todos los sectores del peronismo bonaerense, desde Juan Grabois y Sergio Massa hasta Emilio Pérsico y Guillermo Moreno.
Como Gorini, que canceló un viaje familiar, la ministra de Seguridad también se quedará en Buenos Aires esta semana. Planeaba salir de gira por Estados Unidos.
“Se abrió una puerta que puede ser muy difícil de cerrar”, opinó un alto dirigente de La Cámpora. En la organización fundada y liderada por Máximo Kirchner dicen que los ánimos están muy alterados, que el miércoles puede ser un día bisagra y que, puertas adentro, empezaron a primar algunas de las voces más radicalizadas. “Esto es día a día: sabemos cómo empezó, no cómo termina”, advirtieron.
Es un escenario que el Gobierno sabe que puede salirse de su cause, y que está lejos de controlarlo. En la administración libertaria también son conscientes de que Cristina Kirchner fuera del juego electoral era un reclamo recurrente de “los mercados” y de buena parte del círculo rojo empresario, pero que, por ahora, las reacciones no fueron las esperadas. Las elecciones de octubre pueden ser un buen termómetro. El antecedente de Macri tampoco ayuda demasiado: ganó cómodamente el 2017, pero perdió de manera estrepitosa en el 2019.
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