POLITICA
La justicia evalúa concederle a Cristina Kirchner prisión domiciliaria con reducidas restricciones

La Justicia evalúa por estas horas concederle la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner con un régimen de reducidas restricciones, que incluyen la posibilidad de que se exprese mediante sus redes sociales o streaming, y que siga saliendo al balcón de su casa como hasta ahora, confiaron a fuentes de los tribunales cercanas al caso. Estas condiciones son clave para determinar qué tipo de actividad podría seguir desarrollando desde su detención.
No está nada decidido y la última palabra la tendrán los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del tribunal que impuso la condena, que firman en conjunto cualquier medida relacionada con la ejecución de la pena.
Los magistrados les pidieron a los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola que hagan un dictamen y opinen si corresponde otorgar o no esos beneficios.
Los fiscales tienen plazo hasta el martes para opinar si apoyan o se oponen a que se le conceda la posibilidad de que Cristina Kirchner queda presa en su casa.
También deben opinar sobre el pedido de arresto domiciliario del extitular de Vialidad Nelson Periotti, el del exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavesi y el del exsecretario de obras Públicas José López.
López, condenado por otras causas por sus bienes, ya que fue descubierto con 9 millones de dólares que pretendía esconder en un convento, quiere quedarse en Río Gallegos y puso a su mujer María Amalia Díaz como garante. El martes le harán un estudio médico, y luego se verá la conclusión.
Periotti alegó cuestiones de edad y de salud, al igual que Pavessi, y López adujo razones de salud mental. Como aún no se ordenaron estudios médicos, se ampliaron los plazos para que los fiscales dictaminen en estos casos.
Periotti de 80 años, quiere quedarse en su casa de San Isidro y Pavessi, de 74 en Mar del Plata.
La disposición del Código es que la condena se cumple en prisión. La excepción es que en determinadas circunstancias previstas se puede modificar esta situación.
El otorgamiento de la prisión domiciliaria no es automático. Es una modalidad de ejecución de la pena que se puede otorgar por edad (mas de 70 años), por problemas de salud que no se puedan tratar adecuadamente en un instituto penitenciario o razones familiares, por ejemplo una madre con hijos menores a su cargo.
Es una facultad del juez, que puede o no concederla. No está obligado a hacerlo.
Los fiscales están considerando establecer una serie de limitaciones en caso de dictaminen que precede la domiciliaria, pero en principio se enfrentan con el desafío de que no hay precedentes de casos parecidos. Es todo novedoso.
Están evaluando alternativas. Las razones esgrimidas por Cristina Kirchner para no estar en prisión son su seguridad, porque dijo que intramuros su vida corre peligro. Su abogado Alberto Beraldi pidió que se considere que ya sufrió un intento de homicidio, y también lo justificó a partir de su edad, ya que tiene 72 años.
Dijo que si la encierran en un penal “se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”.
Aludió Beraldi a las “Reglas de Mandela”, por el expresidente de Sudáfrica que estuvo 27 años preso, y que son reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Ellas prohíben “el aislamiento indefinido o prolongado”.
Para evaluar el tema de la seguridad los fiscales accedieron finalmente a los lugares que propuso el Ministerio de Seguridad para alojar a la expresidenta hasta tanto se decida si se le otorga o no la prisión domiciliaria y están evaluándolos según esta variable.
Luego está la evaluación posterior del lugar que ofreció Cristina Kirchner para cumplir la condena, su piso de San José 1111 en Constitución.
Si bien un equipo de asistentes sociales hizo un estudio ambiental del departamento y lo consideró apto para que viva, no hubo un análisis desde el punto de vista de la seguridad y el impacto en el entorno, dijeron fuentes de los tribunales.
Cuando los fiscales se pronuncien, el martes y Cristina Kirchner se presente el miércoles en Comodoro PY 2002, los jueces evaluarán si conceden o no la domiciliaria.
Por estas horas prima la idea de que la principal limitación es la libertad ambulatoria. No puede salir el departamento, excepto con un permiso, para atender, por ejemplo, cuestiones de salud.
Se analiza que no pueden restringir su acceso a Internet, a un celular o limitar su capacidad de expresarse por redes sociales o por streaming, sin violar su derecho a expresarse.
Además el delito por el que fue condenada no está vinculado con el uso de internet o esas redes, como ocurre por ejemplo con los casos pedófilos o personas que hacen ciberfraudes.
Diferente es la cuestión de las visitas, donde se analiza si corresponde poner un límite en cuanto a la cantidad de personas.
Otro asunto es la presencia policial en el departamento. Acá se conjugan la ley penitenciaria que señala que el control de los presos en prisión domiciliaria corresponde a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) con la custodia policial de los expresidentes.
El control de los presos en prisión domiciliaria no lo hacen policías o penitenciarios, sino que se realiza de manera electrónica con una tobillera. No hay presos con arresto domiciliario que sean vigilados por policías o penitenciarios parados en la puerta de su casa para que no se profuguen.
Con respecto al tema de seguridad, en los tribunales evaluaron que sería muy improbable que pudieran limitar el acceso de la expresidenta al balcón de su departamento, como hasta ahora. Ya que es dentro de su domicilio y sería una medida de control imposible.
“Nada está normado, es una situación inédita y hasta ahora las decisiones que se tomaron fueron a partir de antecedentes”, dijo un juez que suele tratar estos asuntos y que es ajeno a este caso.
Si el tribunal entiende que el departamento de Constitución puede ser apto para cumplir el arresto, pero a su vez representar un problema para el barrio o la circulación en la ciudad, puede pedir a la condenada que ofrezca otra alternativa. Ya ha ocurrido en otros casos, donde por ejemplo los condenados por drogas, por ejemplo vivían junto a un colegio.
Hay antecedentes de personas que violaron las condiciones del arresto domiciliario y terminaron presos, como Alberto Samid, que antes de que le coloquen una tobillera electrónica, se escapó a una parrilla a comer un asado y fue denunciado en redes sociales por otros comensales.
O se dieron otros casos, como el de un militar condenado por delitos de lesa humanidad, al que se le colocó una tobillera para que alerte si dejaba su casa, pero se le permitió salir a caminar alrededor de la manzana, porque su médico le indicó que debía desplazarse y tener actividad física.
O el caso de Leonardo Fariña, que estaba en libertad con una tobillera electrónica, con un amplio rango de desplazamiento permitido desde su casa en Buenos Aires. Eran unos 100 kilómetros, porque alegó que debía controlar a sus padres que estaban enfermos y vivían en La Plata.
Pero la policía lo sorprendió con un bolso con dinero cuando allanó una financiera por lavado de dinero y lo dejaron preso otra vez.
Con lo que la condiciones del régimen de prisión domiciliaria varía en cada caso es responsabilidad del juez de ejecución penal poner una serie de limitaciones que luego la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) puedan controlar.
POLITICA
Paro de controladores: el Gobierno amenaza con denuncias judiciales, multas “millonarias” y sanciones

El gobierno de Javier Milei advirtió que podrá realizar denuncias y aplicar sanciones y multas millonarias ante el paro que encabezan los controladores aéreos, que desde el último viernes afecta a todos los aeropuertos del país. Este martes, el gremio que los nuclea, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), cumple su tercera jornada de medidas de fuerza en dos turnos: de 7 a 10 y de 14 a 17. Lo mismo había ocurrido el viernes y el domingo.
El cronograma de protestas seguirá este jueves 28 de agosto (de 13 a 16 y de 19 a 22) y el sábado 30 en los mismos horarios.
Antes de que arrancaran las medidas de este martes, la Casa Rosada recordó que los servicios de navegación aérea son un “servicio esencial establecido por ley” y exigió que se respete el mínimo de operación del 45%. Para controlar su cumplimiento, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dispuso inspectores en todas las terminales.
“En caso de constatar incumplimientos, la autoridad aeronáutica podrá labrar actas de infracción a la empresa y definir las sanciones aplicables la normativa vigente, que podrán ser multas económicas o una eventual inhabilitación de la concesión», avisaron y añadieron: “Asimismo la ANAC, en su carácter de autoridad aeronáutica, podrá labrar actas de infracción a los titulares de licencias, es decir, a los controladores, por eventuales incumplimientos, transgresiones o por conductas que pudieran afectar la seguridad operacional».
Según cálculos oficiales, los paros que encabeza la Atepsa, liderada por Paola Barrita, ya provocaron más de 170 vuelos cancelados y más de 250 reprogramados en los últimos días, con más de 44.000 pasajeros afectados.
En tanto, desde el Gobierno dijeron que por estas horas analizan también hasta vías administrativas y legales para actuar contra el gremio.
“La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) evalúa realizar denuncias formales para activar sanciones económicas. Considera reclamos por daños económicos, reservándose acciones judiciales ante la afectación al sistema aerocomercial. Se podrían llevar adelante multas millonarias por el impacto operativo y financiero de las medidas gremiales, que afectan la conectividad y la seguridad aérea», indicaron.
Además precisaron que, más allá de ANAC, EANA también trabaja por estas horas en el monitoreo “legal y operativo activo” del paro, “reservándose el derecho de avanzar con medidas legales adicionales, si persiste el incumplimiento”.
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POLITICA
Comenzó el nuevo paro de controladores aéreos: hay más de 15 mil pasajeros afectados

Luego de un viernes y domingo de protestas, este martes arranco una nueva jornada de paro en los aeropuertos del país que afecta a uno 15 mil pasajeros.
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que nuclea a los Controladores de Tránsito Aéreo, arrancaró el viernes cinco jornadas de paro en distintos horarios que afecta a cientos de vuelos en todos los aeropuertos del país.
Su primera medida de fuerza comenzó este viernes 22 de agosto, a las 13 horas y se extendió hasta las 16; y luego de 19 a 22. Lo mismo sucedió el domingo.
Por el paro de controladores aéreos, hubo más de 16 mil pasajeros afectados
Según indicaron desde la empresa estatal Aerolíneas Argentinas (AA) afecta a miles de ususarios por los retrasos en los vuelos y las reprogramaciones.
El reclamo es por el fracaso de las negociaciones salariales con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
Desde Casa Rosada señalan que están afectando “un servicio esencial garantizado por ley y las operaciones del sistema aeronáutico” y rechazaron la medida.
De acuerdo a lo detallado por ATEPSA, se verán afectados exclusivamente los despegues, pero se espera que las demoras y reprogramaciones se acumulen.
Las restricciones no alcanzan a vuelos en emergencia, ni a aeronaves afectadas a servicios sanitarios, humanitarios, de Estado o de búsqueda y salvamento.
El cronograma de paros
- Martes 26: de 7 a 10 y de 14 a 17.
- Jueves 28: de 13 a 16.
- Sábado 30: de 13 a 16 y de 19 a 22.
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POLITICA
En el kirchnerismo sorprendió la acusación del Gobierno por las coimas y hay dudas sobre el impacto electoral

Como nunca antes había sucedido desde que arrancó el gobierno de Javier Milei, en el kirchnerismo hay tranquilidad y expectativa en el medio de la campaña electoral bonaerense. El escándalo de los audios y los pedidos de coimas revelados por el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo rompió el escenario político electoral y puso el eje de discusión en un tema que afecta al gobierno nacional. La interna peronista de mil capítulos quedó relegada.
En las últimas horas, Martín y Lule Menem, que quedaron salpicados por las acusaciones del ex funcionario nacional, apuntaron al kirchnerismo, al que acusaron de montar “una operación” en contra del Gobierno, para perjudicar al oficialismo a dos semanas de las elecciones bonaerenses.
En una salida coordinada al público, la Casa Rosada apuntó contra la oposición por los audios, de los cuales desmienten su contenido, pero no su veracidad. Es decir, nadie hasta acá ha desmentido la existencia de los audios, pero los Menem dijeron que lo que Spagnuolo dice, no es real. En la estrategia de defensa, la reacción a la crisis política fue enmarcar el debate público en el proceso electoral de la provincia de Buenos Aires.
“No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo”, fue el planteo que hizo Eduardo “Lule” Menem en el comunicado publicado ayer, seis días después de que se conocieran los audios.
“Es una monumental operación a dos semanas de una de las elecciones más importantes en la Provincia de Buenos Aires. A fin de año o en octubre probablemente jubilemos una parte de la política y eso genera tensiones”, sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en una entrevista brindada a A24. Los dos pusieron la elección en el medio y a la fuerza política que lideran los Kirchner como implicada.
En el kirchnerismo se mostraron sorprendidos por la acusación hacia ellos y consideraron que no tienen ningún sustento. “No se entiende bien qué están diciendo. Es un funcionario del Gobierno denunciando coimas y retornos. Salvo que Spagnuolo sea kirchnerista y no lo sepamos”, aseguraron, con una fuerte carga de ironía, cerca de la ex presidenta Cristina Kirchner.
En La Plata el planteo fue similar. “Nosotros no robamos, ni hacemos operaciones”, sentenció un importante funcionario del gobierno de Axel Kicillof. Y agregó: “La gente está muy triste y enojada con el Gobierno”, en referencia a lo que perciben de la ciudadanía durante las recorridas de gestión y campaña de los últimos días.
En el mundo K no terminan de entender cómo el Gobierno los quiso empujar al centro de la escena, sin ningún argumento o prueba que vincule a lo sucedido con algún dirigente del espacio. “Las explicaciones las tiene que dar el mileísmo, no el kirchnerismo. Spagnuolo era parte del gobierno nacional, no de la oposición”, indicó un dirigente K a Infobae.
Después de la defensa de los Menem, entró en acción el presidente Javier Milei. Durante un acto de Corporación América, en el que estuvo con su hermana Karina, no se refirió directamente a los audios y anudó su intervención a lo sucedido la semana pasada en el Congreso, donde la oposición revirtió el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad en la Cámara de Diputados y aprobó en el Senado la ley la Emergencia Pediátrica para financiar el Hospital Garrahan.
Allí el jefe de Estado acusó a los “orcos del Congreso”, en referencia a la oposición, de “querer romper el programa económico” y aseguró que buscan “romper el país”. En esa línea discursiva, agregó: “Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años, ¿creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses?”. Así, al igual que los Menem, vinculó las elecciones del 7 de septiembre con el caso Spagnuolo.
Justamente es el tema económico el que en el mundo K creen que tiene impacto real en el Gobierno, de cara a las próximas elecciones. Mucho más que lo que la gente pueda percibir, entender o interpretar sobre el escándalo de los audios. “El gran problema es lo económico, más allá de lo escandaloso del hecho”, explicó un funcionario bonaerense. En La Plata piensan la dificultad mayor es que “la gente no llega a fin de mes” y advierten que por ahí pasa la preocupación central de la mayoría. Encierran el caso Spagnuolo en una cuestión política de la que no tienen real dimensión sobre cómo puede afectar el acompañamiento de la gente a Milei.
En el kirchnerismo consideran que la acusación sobre ellos no tiene ningún sustento, que es falsa y que la respuesta a lo que está sucediendo la tiene que dar el gobierno nacional. “Todos los involucrados, sacando la droguería (Suizo), son parte del Gobierno”, indicaron, al tiempo que se preguntaron: “¿Por qué echaron a Spagnuolo si la culpa es del kirchnerismo? Es una acusación bastante rara. Sin ningún tipo de fundamento“.
Durante las últimas horas, el gobernador Axel Kicillof dio una serie de entrevistas en las que recalcó la cercanía de Spagnuolo con el Presidente de la Nación. “Si el audio es verdad, si se prueba su pertenencia, cosa que parece convalidada porque lo echaron a este hombre, lo que describe es tremendo, un escándalo de una magnitud que yo no recuerdo con tanta precisión, con tanta cercanía, un tipo que no se puede negar su vínculo directo con el presidente Milei. Creo que es el que más veces fue a la Casa Rosada y a Olivos. Es carne y uña”, sostuvo.
“Todo indica que se operan entre ellos. Hay múltiples denuncias informales sobre el rol de Karina como recaudadora. El relato parece ser bastante verosímil sobre el lugar que ocupa Karina. Están desesperados y ya no saben qué decir“, explicó un legislador bonaerense de Fuerza Patria.
El kirchnerismo pretende no embarrarse en la discusión a la que lo quiere llevar el gobierno nacional. Mucho menos a dos semanas de las elecciones. Además, argumentan que no se pueden defender de una acusación sin sustento, sin claridad, sin contenido concreto. Al mismo tiempo, dudan de que el impacto sobre la elección sea alto, aunque advierten que el caso de supuesta corrupción es mucho más fácil de interpretar para la gente que el de la criptomoneda Libra.
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