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POLITICA

CFK condenada, la incomodidad de un gobierno con recursos limitados y la olla de presión del kirchnerismo

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“No queremos joderla”, fue el mensaje que los operadores del Gobierno le hicieron llegar al entorno de Cristina Kirchner horas después de que la Corte Suprema rechazara la queja, ratificara la condena a seis años de prisión y la inhabilitara de por vida para ejercer cargos públicos. El aviso, breve pero clarificador, expuso en privado lo que más tarde ratificaría Guillermo Francos, que pidió que no se montara “un show” y se respetara “la intimidad” de la ex presidenta. “Nosotros pretendemos competir electoralmente contra el populismo”, completó ayer el jefe de ministros. El mensaje subterráneo y las declaraciones públicas tal vez expliquen por qué, para la magnitud de los acontecimientos, los festejos oficiales hayan sido tan módicos para un espacio, como La Libertad Avanza, que no conoce la moderación.

“No es un tema con el que estemos especialmente cómodos. Esto es un cisne negro, básicamente porque tenemos control cero de la situación”, abundaría más tarde un operador de Casa Rosada. Un empresario afín al Ejecutivo que participó de la campaña libertaria, y que cruzó unos mensajes de WhatsApp con el Presidente durante su gira europea, está convencido de que Javier Milei se embarcó hacia Italia, Israel y España durante tantos días -más de 10, el viaje más extenso desde que asumió el gobierno- para estar lo más lejos posible al momento en que la Justicia ratificara la condena de CFK. Milei ni siquiera pudo festejar, como hubiera deseado, el índice de inflación del jueves, del 1,5%, la cifra más baja en cinco años, una excelente noticia, en medio de un programa económico que empieza a mostrar algunas nítidas señales de alerta, que no pudo ser capitalizada. Según un relevamiento de la consultora Ad hoc, en los últimos siete días el término “inflación” no se posicionó entre los más destacados en la conversación digital en torno al presidente.

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El Gobierno sabía que los tiempos en la Corte habían empezado a acelerarse. En el Instituto Patria habían fijado en un principio el martes 17, es decir el próximo, como fecha clave, pero la previa al martes 10 exhibió serios síntomas de que algo decisivo comenzaba a tramarse. Milei partió a Roma el viernes 5, en medio de una batería de especulaciones.

La decisión de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti expuso a un gobierno que, hasta ahora, demostró tener una influencia prácticamente nula sobre la Justicia. Tal vez no por decisión propia. “No tengo ningún mérito. Al ser el primer presidente que no interfiere en la Justicia, los resultados están a la vista”, dijo Milei en estos días desde Israel. Buscó diferenciarse así de Mauricio Macri, que ya había perfeccionado un sistema bien aceitado durante sus ocho años de jefe de Gobierno en la capital cuando desembarcó en la Presidencia, en el 2015. Implementó entonces la denominada “mesa judicial” para analizar y ejecutar las decisiones en ese rubro, liderada por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, un asesor muy cercano que volvió al país hace algunos meses, procedente de Uruguay, después de más de tres años prófugo de la Justicia argentina. En septiembre del 2018, cuando Lorenzetti perdió la votación interna y Rosenkrantz asumió la presidencia del máximo tribunal -una maniobra propiciada por el Ejecutivo-, Rodríguez Simón festejó a los saltos en el primer piso de Casa Rosada, de manera literal.

Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti

Cuando Milei asumió el gobierno, y Macri todavía era más optimista que ahora respecto a las negociaciones con el Presidente, el jefe del PRO presionó para designar a ex funcionarios de su riñón en puestos claves del área de Justicia -por ejemplo, en la representación del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura-, pero todos los pedidos fueron rechazados. El encargado de trasladar la negativa fue Santiago Caputo, el asesor que, por ahora, más coqueteó con ese mundillo. Sebastián Amerio, mucho más que un viceministro de Justicia, le responde de manera directa. Según el informe de Ad hoc, la conversación digital sobre la condena a Cristina Kirchner llegó a las 2,7 millones de menciones, y superó incluso al caso $LIBRA, con 2,5 millones. El relevamiento arroja, además, un dato curioso que abona las teorías K respecto a la figura de Macri: el ex presidente volvió a reaparecer en la escena digital, emparentado con el fallo de la Corte, con niveles de mención similares a la derrota del PRO del 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires.

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A diferencia de La Libertad Avanza, la cúpula del PRO sí festejó con mucho más énfasis la resolución cortesana, excusados por el aporte de material y la insistencia con la que el gobierno macrista siguió los expedientes judiciales. Entre los argumentos del recurso de queja, la defensa de la expresidenta aludió a la “imparcialidad” de los funcionarios que visitaron decenas de veces a Macri en Olivos y en Casa Rosada. La Corte rechazó los argumentos: en el fallo se refirió como “meras conjeturas” a los argumentos de la defensa.

Cerca de la dirigencia macrista más encumbrada se preguntaron ante este medio si, de todos modos, no sería este gobierno, y no el PRO, el que, al final, capitalizaría la detención de Cristina Kirchner. “Mauricio lo debe ver con cierta envidia: él no la pudo meter presa. Es algo que quería el electorado, y ahora saben que fue condenada con este gobierno”, respondió, en voz alta, un colaborador oficial.

Ya con agenda fija en Buenos Aires, Macri está otra vez preocupado por el futuro del PRO y por la letra chica de los acuerdos que los dirigentes logren forzar en la provincia de Buenos Aires. Entabló, en ese sentido, una ronda de consultas con colaboradores de su confianza y hasta con especialistas. A alguno de ellos le preguntó, hace poco, si había diferencia numérica con o sin él de candidato. ¿Analiza presentarse en octubre? En su entorno juran que es lo último que querría.

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Javier Milei y Mauricio Macri (Prensa Senado)

Ser o no ser. La muy prudente celebración libertaria evidencia no solo que el Gobierno apostaba a competir en septiembre con Cristina Kirchner en la tercera sección del Gran Buenos Aires, sino que esclarece -¿principio de revelación?- por qué la Casa Rosada intentó hasta último momento, en el Congreso, que eso suceda. Primero, con las negociaciones, finalmente fallidas, por la ampliación de la Corte. “Si la política pensara desde su posición individual, seguramente hubiese convenido poner dos jueces y hacer algún tipo de acuerdo. Pero si ese fuese el razonamiento, estuvo muy bien lo que hicimos, no funciona así”, dijo el miércoles en Infobae en vivo Juan Martín Mena, ministro de Justicia de Axel Kicillof pero uno de los principales consejeros legales de la ex presidenta. En el sistema político dan cuenta de que, en los últimos años, el kirchnerismo se encerró en su propia estrategia judicial. Y desoyó el auxilio legal ofrecido por dirigentes muy encumbrados del peronismo, y algunos operadores con conexiones muy aceitadas con los tribunales.

Una vez que naufragaron las negociaciones en el Senado, el Gobierno entabló entonces una serie de tratativas para aplazar el debate, también en la Cámara alta, por el proyecto de Ficha Limpia. A cambio, el kirchnerismo se comprometió a no convocar a las comisiones por el caso $LIBRA a Karina Milei. El resultado es conocido.

Cuando el Parlamento se quedó este año sin herramientas para correr de la discusión electoral a la ex presidenta, un sector del círculo rojo político, judicial y empresario presionó para forzar en la Justicia lo que no resolvió la política. El rechazo a la queja presentado por CFK empezó a acelerarse tras el anuncio de su candidatura, el lunes 2.

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Para Milei, pero particularmente para Caputo, su principal estratega, la Corte le hizo perder al Gobierno una oportunidad más que atractiva de enfrentarse electoramente con la jefa del PJ en el distrito más populoso del conurbano: “Es una oportunidad perdida, era muy divertido, no teníamos nada para perder, al contrario”, se lamenta ahora un asesor libertario.

Sin la ex presidenta en la cancha, la competencia en la sección más peronista del Gran Buenos Aires perdió cierta fascinación. En el laboratorio de LLA se analiza ahora presentar una oferta más competitiva en la primera sección -se piensa desde Diego Santilli hasta Diego Valenzuela-, para sacar una buena ventaja y compensar la tercera.

Al Gobierno, sin embargo, le urge ahora el corto plazo: la resolución de la prisión, seguramente domiciliaria, de Cristina Kirchner, en un rubro, el judicial, en el que el Ejecutivo controla, con suerte, algunos resortes.

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MIlitantes de La Cámpora

El mensaje para no “joderla” a la expresidenta enviado al kirchnerismo también fue trasladado por el Gobierno a los tribunales de Comodoro Py. La encargada de transmitirlo fue Patricia Bullrich -¿hubo otros emisarios más informales?-, que entabló conversaciones protocolares con el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, a cargo de la ejecución de la pena, que deberá definir el futuro carcelario de Cristina Kirchner.

La jefa del PJ eligió su departamento de San Cristóbal, en una esquina como San José y Humberto Primo que en estos días se vio convulsionada por un aluvión de fanáticos y dirigentes que cambiaron la fisonomía del barrio, de clase media porteña. CFK se decidió por ese piso, que cuenta solo con un par de balcones como única conexión con el aire libre, para no perder centralidad geográfica: si hubiera querido correrse de la escena, se habría inclinado por El Calafate. La cercanía con su hija Florencia, que tiene su domicilio en las inmediaciones de Parque Lezama, también fue clave.

El Gobierno, por el contrario, habría querido alejar a la ex presidenta lo más posible de la zona urbana.

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En la Casa Rosada hay temor ante posibles desbordes callejeros. La intrusión en los estudios de TN y Canal 13 de la última semana alertaron a las autoridades. Por eso pidieron, por canales formales e informales, evitar cualquier puesta en escena con ribetes de espectáculo, como aquella imagen humillante del ex vicepresidente Amado Boudou, esposado, en pijama, en su departamento de Puerto Madero.

El Gobierno sabe que el kirchnerismo es una olla a presión y que, al menos en lo inmediato, y con Cristina Kirchner condenada y presa, el peronismo es capaz de esconder hasta sus internas más feroces.

Cristina Kirchner y Javier Milei

La marcha del miércoles, en torno a la ejecución de la prisión de CFK, está prevista que sea multitudinaria. Por su casa desfilaron desde Pablo Moyano -fuera de escena desde hace tiempo- y la izquierda hasta el gobernador Ricardo Quintela, antes distanciado. El PJ congregó a todos los sectores del peronismo bonaerense, desde Juan Grabois y Sergio Massa hasta Emilio Pérsico y Guillermo Moreno.

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Como Gorini, que canceló un viaje familiar, la ministra de Seguridad también se quedará en Buenos Aires esta semana. Planeaba salir de gira por Estados Unidos.

“Se abrió una puerta que puede ser muy difícil de cerrar”, opinó un alto dirigente de La Cámpora. En la organización fundada y liderada por Máximo Kirchner dicen que los ánimos están muy alterados, que el miércoles puede ser un día bisagra y que, puertas adentro, empezaron a primar algunas de las voces más radicalizadas. “Esto es día a día: sabemos cómo empezó, no cómo termina”, advirtieron.

Es un escenario que el Gobierno sabe que puede salirse de su cause, y que está lejos de controlarlo. En la administración libertaria también son conscientes de que Cristina Kirchner fuera del juego electoral era un reclamo recurrente de “los mercados” y de buena parte del círculo rojo empresario, pero que, por ahora, las reacciones no fueron las esperadas. Las elecciones de octubre pueden ser un buen termómetro. El antecedente de Macri tampoco ayuda demasiado: ganó cómodamente el 2017, pero perdió de manera estrepitosa en el 2019.

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Crime,South America / Central America,Government / Politics,BUENOS AIRES

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Siete diputados libertarios viajaron a China y visitaron el Partido Comunista

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En pleno receso legislativo, una comitiva de siete diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) y uno de Pro viajaron a China entre el 8 y el 14 de enero. Según la diputada Juliana Santillán, que encabezó el grupo, los pasajes fueron cubiertos por el Departamento de Relaciones Exteriores de China. El objetivo del viaje, informaron los participantes, fue fortalecer el intercambio comercial con el país asiático.

Santillan tiene a su cargo el Grupo de Amistad Parlamentaria (GAP) con China. Desde su despacho se coordinó la visita y se gestionó el itinerario.

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Fueron parte de la comitiva los legisladores libertarios Fernanda Araujo, Mariano Campero, Emmanuel Bianchetti, Guillermo Montenegro, Álvaro Martínez y Cecilia Ibáñez. También Martín Ardohain, de Pro.

Según informaron, se reunieron con empresas chinas con el objetivo de profundizar el intercambio comercial. Sobre todo en materia de exportación de productos argentinos como carne, pollo y granos. “Esto es muy importante. Va a incidir en la balanza comercial”, señaló un integrante de la comitiva.

La polémica se dio en torno a cómo se había financiado el viaje. Mientras que se acusó a la Cámara de Diputados de costear los pasajes y la estadía en China de los legisladores, en el despacho de Martín Menem lo negaron con contundencia y aseguraron que fue “una invitación”.

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La gestión fue secreta porque hubo muchas operaciones y para no generar ninguna rispidez entre países”, explicó uno de los diputados viajeros.

Es que Javier Milei sostiene un vínculo muy fluido con los Estados Unidos de Donald Trump, quien lo asistió con fondos cuando el tipo de cambio local amenazaba con dispararse, antes de las elecciones nacionales. Estados Unidos mira con recelo los acercamientos de China a la región.

Noticia en desarrollo

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receso legislativo,pic.twitter.com/AKGoDLsiLs,January 15, 2026,Conforme a

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POLITICA

El Gobierno estudia un reclamo de los gobernadores para avanzar en las negociaciones por la reforma laboral

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Después de un corto período de descanso, la cúpula del Gobierno de Javier Milei retomó por estos días la actividad política con la finalidad principal de poder conseguir los votos para aprobar la reforma laboral.

En ese contexto es que se enmarcan las primeras reuniones entre el ministro del Interior, Diego Santilli, con diferentes gobernadores de la oposición dialoguista, a los fines de recabar las demandas de las provincias y devolver una contrapropuesta que satisfaga a las partes y permita la aprobación en ambas cámaras del Congreso.

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El funcionario libertario viajó esta mañana a la provincia de Mendoza a reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo. Más tarde partirá rumbo a San Juan, donde lo espera el mandatario Marcelo Orrego. Ambos tienen una visión positiva del proyecto de ley que impulsan desde la Casa Rosada, pero tienen consideraciones particulares sobre ciertos artículos y pedidos propios de sus provincias que condicionan sus votos.

En su recepción a Santilli, Cornejo le va a hacer saber a Santilli que tiene diferencias respecto de uno de los puntos impositivos que hacen a la reforma laboral. Este es un reclamo común con más de seis gobernadores que pudo contactar Infobae.

Es que el proyecto que envió el oficialismo al Senado propone modificar la escala para el pago del impuesto a las Ganancias de las sociedades. Para los Tramos 2 y 3, se pretende pasar de una alícuota del 30% a 27% y 35% al 31,5% respectivamente.

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Diego Santilli se reunirá con Alfredo Cornejo

¿En qué impacta esto a las arcas provinciales? En que la baja de la alícuota impacta en una menor recaudación de ese impuesto, el cual es coparticipable. En caso de prosperar, redundaría en una reducción del monto total que luego se reparte entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un cálculo que recibieron diversos mandatarios calcula que el beneficio fiscal se concentra en solo 144 grandes empresas e implica un 0,3% del PIB.

Así como otras provincias, Mendoza le pedirá al Gobierno que costee al menos temporalmente esa rebaja y posponer el costo impositivo para el 2027. “Vamos a ver la posibilidad de que se posponga, que se haga cargo el Gobierno Nacional de la rebaja impositiva solo en el año 2026 y que se pase para el 2027 o 2028″, indicó una fuente provincial al tanto de las conversaciones.

Todo lo que tenga que ver con asuntos con implicancia fiscal hace que merme la influencia que puede tener la Mesa Política, que se reunirá mañana en Casa Rosada para evaluar las opciones a proponerle al Ministerio de Economía y al mismísimo Presidente, que se involucra en todos los asuntos que refieran a la planificación económica.

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El cónclave que se dará mañana estará encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y asistirán la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que hace de enlace político y técnico entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Por las circunstancias y la relevancia del caso, el dato clave es que quien estará mañana será el ministro de Economía, Luis Caputo.

Y es que dos fuentes que integran esa mesa chica confesaron a Infobae que están pensando en proponer algún tipo de compensación o alivio a las provincias para que puedan apoyar el proyecto de reforma laboral. “Se va a trabajar en algo parecido a eso. Mañana vamos a definir”, afirmó uno de ellos.

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Un informe reciente de la consultora Politikon Chaco indicó que los recursos nacionales de coparticipación cayeron 0,2% durante el tercer trimestre del 2025, llegando a totalizar unos $36 billones.

Luis Caputo participará de la reunión (Foto: Adrián Escandar)

Aunque la Casa Rosada estudia ceder en estas negociaciones con una medida de alivio temporal para las provincias, Milei y su equipo más cercano consideran que Nación ya realizó el ajuste necesario para asegurarse el déficit cero, el pilar más importante de todo el programa económico que tiene hoy en día el oficialismo. “Ese objetivo no se va a mover y todo lo que hagamos va a ser respetando el superávit que tenemos hoy en día”, marcó una fuente inobjetable.

Lo que repiten en los despachos oficiales es que ahora es el turno de que las provincias se ajusten. “Ellos repiten que ya no pueden ajustarse más. Es porque todavía no purgaron curros que tienen”, repiten. En el oficialismo buscarán que el torniquete económico siga posándose con otras medidas indirectas sobre las provincias.

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Se trata de un juego complicado para ambas partes. A pesar de haber incrementado sustancialmente la cantidad de bancas que tienen en ambas cámaras, La Libertad Avanza sigue dependiendo de los votos que tienen los gobernadores: sean en bloques o monobloques provinciales o con sus bancas que están insertas en espacios más grandes (como es el caso de la UCR, Provincias Unidas o votos puntuales dentro de Unión por la Patria), pero que no se mueven por adhesión partidaria, sino por las negociaciones que el respectivo gobernador tiene con la Nación. Asimismo, la mayoría de las provincias se encuentran en un punto de extrema sensibilidad de caja, por lo que también buscan colaborar con el Gobierno para tener transferencias (directas o indirectas) adicionales.

Por caso, Cornejo pedirá esta mañana por la reanudación de tres rutas nacionales que están inconclusas en la Provincia: los tramos de la Ruta 40 Mendoza/San Juan y Mendoza/Neuquén y los mantenimientos sobre la Ruta Internacional 7 que sirve de corredor hacia Chile. Más tarde, Orrego se enfocará en pedirle al Gobierno que se trate cuanto antes la Ley de Glaciares, la cual tiene una gran implicancia en aquellos territorios donde la minería es una actividad de peso.

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La Justicia investiga transacciones con criptomonedas en el caso de Sur Finanzas

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El juez federal Luis Armella abrió un nuevo capítulo en la causa que revisa la actividad de la financiera Sur Finanzas, en el que investiga transferencias con criptomonedas por parte de la firma de Ariel Vallejo, ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Fuentes judiciales indicaron que las medidas tramitan bajo reserva, pero dijeron que incluyen informes patrimoniales y pedidos a organismos internacionales.

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Por estas horas, en la causa se revisa todo el material recabado en los operativos. Esta semana, el juez ordenó analizar el contenido de 14 celulares de los celulares secuestrados, sobre los cuales ya se hizo una extracción forense, incluido el de Vallejo.

De toda la documentación que la Justicia tiene entre sus manos, llamó la atención de los investigadores información relativa a una transferencia en particular, realizada en criptomonedas, mediante la cual se ejecutó la venta de un jugador de fútbol al exterior. La paga de esa operación no entró al país. Así lo informaron a fuentes del caso, que no revelaron de qué jugador se trata.

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, entregando un premio

Ahora, los investigadores buscan establecer si existieron otros contratos celebrados bajo esta modalidad y determinar posibles irregularidades en el manejo del dinero. “Se está intentando chequear si la operatoria se replicó en otros casos”, explicó una fuente del caso.

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La causa se inició por operaciones realizadas con la financiera por el club Banfield, pero se fue ensanchando hasta abarcar una veintena de instituciones deportivas ligadas a la financiera y también a la AFA.

En agosto de 2022, Banfield se convirtió en el primer club del fútbol argentino en ejecutar una operación con activos digitales como moneda de pago cuando le vendió al Sao Paulo de Brasil a Giuliano Galoppo, hoy en River. La operación se realizó a través de la plataforma mexicana Bitso y con el activo USD Coin (USDC), que corre aparejado al dólar.

Celulares

Por pedido de la fiscal Cecilia Incardona, el juez dispuso analizar el contenido de 14 de los celulares secuestrados hasta el momento.

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El análisis, en manos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), es “global”, dijeron las fuentes; es decir, no se llevará a cabo ningún filtrado con palabras clave.

Entre los aparatos se encuentra el del propio Vallejo, que lo entregó voluntariamente, junto con su clave.

En paralelo a este expediente, se tramita el que se abrió con la denuncia del Gobierno por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $19.000 millones. Esta otra causa tramita en el juzgado de Federico Villena, por decisión de la Cámara.

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la financiera Sur Finanzas,Conforme a

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