POLITICA
Gasto social: la “motosierra” pegó fuerte en programas de empleo y educación
CÓRDOBA.- Mientras el gobierno nacional avanza en la revisión de pensiones por discapacidad y prepara un decreto para desregular las coberturas, el balance del primer año muestra que hizo el mayor ajuste del gasto social desde 2002, aunque con impacto heterogéneo. Si bien en los debates en general se pone el acento en los recortes a los jubilados, el mayor se dio en el segmento de jóvenes y adultos, especialmente en los planes de empleo y de inserción educativa.
En cambio, mejoró fuerte la inversión en niñez. La caída total del gasto social en términos reales fue del 14% interanual.
Los datos se desprenden de un trabajo de Andrés Schipani, Lara Forlino y María Victoria Anauati para el think tank Fundar al que accedió .
En síntesis, el ajuste se concentró en la reducción del nivel de beneficios, con lo que se mantiene una tendencia que se viene dando, de “forma sistemática” desde 2015, con la excepción de los programas para niños.
En diálogo con , Schipani explica que en programas de empleo la tendencia a la baja viene desde hace tiempo: “Entre 2011 y 2019 cayeron 80% en términos reales los fondos que se les daban y, salvo el año 2020 por la pandemia, continuó. La Argentina destina 0,03% de su producto a este segmento, cuando países más liberales alcanzan 0,25% y los más intervencionistas, 0,5%. Es cierto que los existentes tenían problemas de diseño, pero es clave repensarlos porque el rol del Estado en la transición de la informalidad a la formalidad. No solo es una situación problemática para los trabajadores irregulares sino para el sistema de jubilaciones que necesita de aportantes en blanco porque, como está, es insostenible”.
Respecto de 2023, en términos relativos, mientras el gasto social en adultos mayores cayó 9,3%, el destinado a jóvenes y adultos se desmoronó 39,8%. Cuatro de cada diez pesos que iban a ese segmento se cortaron. Por ejemplo, las becas Progresar o el Potenciar Trabajo (sucedido por Volver al Trabajo y Acompañamiento Social).
En el caso del Progresar, los fondos se redujeron 63,3% en 2024 por una combinación de caída de beneficios (30,7% menos) y beneficiarios (36,8% menos). Ya entre 2021 y 2023, con Alberto Fernández, el nivel de beneficios había perdido 27,9%.
Con la lupa puesta en la evolución con respecto a 2023, el ajuste más fuerte es en los programas de subsidios a la promoción o preservación del empleo formal (-81% en términos reales).
“Esta situación se da en un contexto donde los jóvenes perdieron la expectativa de ascenso social. Hay estudios que revelan que la escalera de mejora social para los grupos más vulnerables está rota”, reflexiona Schipani.
En el caso de las jubilaciones, mientras que en la gestión anterior las más bajas caían menos que las de quienes cobraban la mínima, hoy ocurre lo contrario: los pasivos que no reciben bonos (que están congelados desde febrero del 2024) registran mayores aumentos. Schipani plantea que “se debe terminar con esos extras, hay que establecer un mínimo y que se ajusta por la fórmula que se decida”.
La elección libertaria de los rubros en los que se ajusta o se expande la política social “se asemeja” a la de la gestión de Mauricio Macri. Lo que cambia es la magnitud del recorte. La “motosierra” de Milei es “tres veces mayor” a la de Macri y la mejora para los más chicos, “más que duplicó” la de Juntos por el Cambio.
Los niños, mejor
El aumento del nivel de beneficios de la AUH en el 2024 fue del 47,48% en términos reales (promedio 2024 versus promedio 2023) y del 99,78% entre noviembre de 2023 (último mes completo de Alberto Fernández) y el mismo mes del año pasado. La mejora logra revertir la caída de la inversión en AUH y en la Tarjeta Alimentar en los últimos meses de la administración kirchnerista. Entre 2021 y 2023, la baja combinada en estos programas fue del 20,28% en términos reales (y del 15,2% entre 2022 y 2023). En cambio, el año pasado el incremento fue del 16%.
El reporte precisa que subieron más los recursos destinados a AUH (40,7%) que los asignados a políticas sociales para niños en su conjunto, 13,8%. La diferencia la explica, básicamente, la reducción en los beneficios reales de la Tarjeta Alimentar, aun cuando se amplió el límite de edad para cobrarla 14 a 17 años, con lo que son más los beneficiarios. Las alzas estuvieron por debajo de la inflación, así que su capacidad de compra cayó 15,23% en promedio.
Los autores del trabajo destacan que el aumento de la AUH implicó un “incremento muy importante en términos de la protección social para los niños de sectores vulnerables”. La asignación junto a la tarjeta pasó de cubrir 65% de la canasta básica alimentaria para un adulto en noviembre del 2023 al 99% en febrero último.
En el caso del sistema de protección de la discapacidad, hay un Nomenclador Único de Discapacidad (NUD) por el que Nación fija las tarifas de los servicios a facturar. La consultora Idesa muestra que, tomando como base 2017 (antes de la aceleración inflacionaria) en diciembre del 2020 el valor real del nomenclador era 37% inferior; en el 2022 se recuperó y quedó 23% abajo y el pasado abril terminó con un retraso de 50%.
Es decir, los montos que se pagan a quienes suministran las prestaciones por discapacidad tuvieron una actualización muy por debajo de la inflación y a esa licuación “la terminan pagando las familias con negación de servicios y/o gasto de bolsillo”.
Para Idesa el origen del problema es el “exceso de oportunismo. Por un lado, se establecen derechos definidos de manera amplia, ambigua, con límites indeterminados y gratuitos. Por el otro, se delega su suministro y financiamiento a entidades privadas (obras sociales y prepagas) o a las provincias. Como el esquema resulta financieramente inconsistente, se apela a compensar los excesos de consumo de servicios con la licuación del nomenclador con la inflación”.
POLITICA
El Consejo Directivo del Hospital Garrahan renunció al aumento del 61% aprobado por el Gobierno
El Consejo Directivo del Hospital Garrahan, compuesto por la presidenta Mariel Sánchez, César Avellaneda, Jorge Menehem y Oscar Pérez, informó mediante comunicado que “en línea con las medidas de eficiencia que caracterizan a esta gestión desistimos de percibir el incremento salarial del 61% anunciado el día 4 de noviembre del corriente año para todo el personal del Hospital”.
El aumento salarial, autorizado por el Gobierno nacional, será retroactivo al mes de octubre y se aplicará al personal del Garrahan, luego de que la entidad lo calificara como “un aumento salarial histórico”.
LAS AUTORIDADES DEL GARRAHAN DECIDIERON NO INCLUIRSE EN EL INCREMENTO SALARIAL
En un gesto de responsabilidad, los miembros del Consejo de Administración y el Director Médico decidieron no percibir el incremento salarial del 61% anunciado para todo el personal del Hospital.…
— Mario Lugones (@Mariolugones_ar) November 5, 2025
El comunicado del hospital también señalaba que los bonos mensuales fijos que ya percibía el personal —$350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el personal asistencial— se sumaban al incremento del 61%.
En paralelo, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, publicó en sus redes sociales: “Desde el principio de nuestra gestión, nos propusimos ordenar el sistema de salud con austeridad y seriedad. En el Garrahan, ese camino nos permitió alcanzar el déficit cero”.
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El gobierno del presidente Javier Milei en los dos años que lleva no tuvo presupuesto. En parte, porque la oposición no quería aprobarle y, otro poco, porque el Gobierno no quería forzarlo, porque le era más cómodo seguir así, ya que el Presidente tiene la facultad de firmar un decreto y prorrogar el último presupuesto aprobado.
Por estos motivos, se llegó a la situación excéntrica y extravagante de que Milei gobernó dos años con el último presupuesto aprobado por el expresidente Alberto Fernández y el exministro de Economía Sergio Massa. Por supuesto que no solo lo hizo con ese presupuesto, porque también tiene facultades para saltear las partidas.
Es conveniente que el país tenga un presupuesto. Todos los países serios lo tienen. Este indica claramente cómo el Estado va a conseguir los ingresos de dinero y los recursos, y cómo los va a gastar.
Este martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda aprobó el presupuesto. Ahora tendrá que tratarlo el plenario de la Cámara de Diputados y luego el Senado. Pero tal y como están las cosas, no será este Congreso el que lo apruebe, sino el que asuma el 10 de diciembre, con una relación de fuerzas mucho mejor para el Presidente porque acaba de ganar la elección legislativa.
Ese Congreso que viene va a tener que hacer reformas profundas y estructurales si quiere realmente cambiar este país, que viene de fracaso en fracaso.
Este miércoles eligieron a la nueva conducción de la CGT, un nuevo triunvirato. Y el mensaje que circuló antes y durante la reunión fue que se iban a oponer a la reforma laboral. No quieren que nada cambie. Quieren que sigan vigentes las relaciones y las condiciones laborales que se fijaron hace 50 y 60 años.
Ese país, de hace 50 y 60 años atrás, ya no existe. Y el mundo en el que se movía tampoco es el mismo. Hay problemas serios: más del 40% de los trabajadores trabajan en negro. Es decir, es gente que no recibe beneficios sociales, no hace aportes previsionales, no podrá jubilarse y si lo hace cobrará la mínima, que no sirve para nada. También se perjudica la Anses, porque al trabajar en negro, no hacen el aporte para pagarle mejores jubilaciones a los que están jubilados.
¿Alguien escuchó alguna vez a la CGT hablar de los trabajadores en negro? Nunca. Porque si lo hacen lo primero que tendrían que hacer es pedir una reforma laboral y no la quieren pedir.
La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué casi la mitad de los trabajadores trabajan en negro? Y la respuesta es simple: las cargas del trabajador en blanco son enormes para una empresa, para una pyme y para un particular.
No quieren tocar nada, porque temen que al abrir la caja de Pandora se toquen los privilegios de ellos. Acá estamos trabajando en un país de trabajadores pobres y dirigentes sindicales ricos.
Hubo varios presidentes, ninguno peronista, que intentaron hacer reformas laborales: Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa, Mauricio Macri. Todos fracasaron. Y no pudieron completarlo por la oposición terminante, ciega y transigente de los dirigentes gremiales.
Tal vez la desproporcionada influencia de los dirigentes gremiales en el país es lo que ha terminado provocando una economía decadente. Y esto la sociedad no lo ignora.
En los últimos años los dirigentes sindicales figuran entre los más impopulares del país, los que la sociedad menos confía. ¿Les importa a ellos? No, porque lo que necesitan es controlar las estructuras que los convierten en poderosos y ricos.
Otras de las reformas profundas y estructurales que se deberá hacer es la previsional, para que haya mejores ingresos y salarios para los jubilados. Alguna fórmula debe haber. Hay millones de jubilados, pero ninguno cobra lo que debe. Salvo en sectores de privilegio.
Y la otra reforma es la tributaria, porque este es un país con una carga impositiva enorme. Creo que es el segundo en el mundo con este nivel de carga y sin ninguna contraprestación del Estado seria y eficiente. La seguridad sabemos cómo está, la salud tiene sus problemas, la educación es buena siempre y cuando no haya huelgas.
El presidente Milei en su campaña electoral prometió bajar los impuestos, pero hasta ahora no los bajó. Pero esas son las reformas en donde el jefe de Estado debería poner especial atención, porque son las que van a cambiar el país.
Bajar la inflación y eliminar el déficit fue muy importante, pero son cosas que viene un gobierno distinto y la sola firma del nuevo presidente lo puede cambiar. Esto, si es aprobado por el Congreso, va a ser mucho más difícil.
La aprobación en el Congreso necesita de dos condiciones: un gobierno con vocación de diálogo y acuerdo y una oposición razonable, no toda, con vocación de acordar. Son las únicas dos condiciones.
Por otro lado, este jueves empieza el megajuicio por la Causa Cuadernos, que tiene más de 150 imputados entre exfuncionarios y empresarios muy importantes. Y ese megajuicio es posible porque el periodista Diego Cabot hizo la primera investigación.
Cuando los mileístas o los simpatizantes del mileísmo hablan alegremente de los periodistas ensobrados, sin hacer excepciones, se olvidan que hay periodistas como Diego Cabot que puso en riesgo su seguridad personal y la de su familia para revelar una verdad.
Este jueves empieza un juicio histórico, que desgraciadamente va a ser lento. Pero ese juicio histórico es posible porque existió la investigación de un periodista.
aprobó el presupuesto,nueva conducción de la CGT,megajuicio por la Causa Cuadernos,Joaquín Morales Solá,Javier Milei,CGT,LN+,,Conforme a,,¿20 o 21 integrantes? Patricia Bullrich encabezó su primera reunión como jefa designada de la bancada de LLA en el Senado,,El juicio por los cuadernos. Gils Carbó reaparece como defensora de uno de los empresarios kirchneristas acusados,,Pese a la derrota electoral. Kicillof reivindicó el “No al ALCA” de hace 20 años y llamó a construir una “alternativa política” para 2027,Javier Milei,,Acto oficial. Milei le tomó juramento a Adorni como nuevo jefe de Gabinete,,»El fútbol tiene fecha de caducidad». Messi, figura en el foro empresarial de Miami: le entregaron la llave de la ciudad y se quebró,,Milei viaja a Miami. Qué se sabe del American Business Forum, el foro que reúne a los más poderosos e influyentes del mundo en Miami
POLITICA
Un bloque de legisladores bonaerenses pidió declarar la emergencia agropecuaria por los campos inundados en PBA
El drama que se vive en la provincia de Buenos Aires sigue creciendo para los productores agropecuarios tras las intensas lluvias que afectaron a gran parte del territorio durante los últimos días. Ahora, desde la Legislatura bonaerense presentaron un proyecto para declarar la emergencia agropecuaria en el centro y este.
De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, en las últimas horas, las primeras estimaciones que hicieron desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) tras el temporal del lunes afectó a más de cinco millones de hectáreas.
“Hay algunas zonas que están inundadas, otras que no tenés piso, no podés entrar, no tenés camino. Estamos hablando de cinco millones de hectáreas hoy y no sé si no me quedo corto“, explicó Pablo Ginestet, secretario de la entidad.
Ahora, tras la noticia de las inundaciones, los senadores bonaerenses Carlos Kikuchi, Sergio Raúl Vargas y Paola Ventura, del bloque Unión y Libertad, presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia agropecuaria en el centro y oeste de la Provincia de Buenos Aires.
Según el proyecto que se presentó, proponen el alivio fiscal y medidas urgentes de protección para los productores, incluyendo condonación de deudas del Impuesto Inmobiliario Rural, eximición del pago hasta abril de 2026, suspensión de juicios de cobro y prórroga en vencimientos tributarios para todos aquellos que se encuentran en emergencia.
La iniciativa apunta a que se dispongan medidas para los partidos de Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Casares, 9 de Julio, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Bolivar, Daireaux, Guamini, Salliqueló, Tres Lomas, Adolfo Alsina, General Viamonte, General Villegas, Lincoln, Olavarria, Tapalqué, Urdampilleta, Saladillo, Las Flores, Bragado, 25 de Mayo y Roque Perez.
En ese sentido, tras las primeras estimaciones, desde la CARBAP remarcaron que se perdió «parte de la soja que se tenía que haber cosechado entre abril y mayo». “Todo lo que era trigo se perdió porque no se pudo sembrar. No va a haber en toda esa zona”, agregó.
Y continuó: “Mucho de lo que se sembró se terminó perdiendo porque la superficie inundada fue aumentando, sobre todo en agosto. Y a su vez, lo que está en duda es cuánto de la gruesa se va a poder sembrar, de maíz de primera, que se siembra en septiembre y octubre”.
Justamente, los senadores sostuvieron que “esta situación ha generado un impacto económico y social negativo que compromete no solo a los productores rurales, sino también a las economías regionales que dependen directa o indirectamente de la actividad agropecuaria”.
De hecho, crece el temor entre los productores debido a las pérdidas que pueden generar estas inundaciones para el próximo año.
“Este año no solo que no se pudo cumplir con los compromisos a tiempo, tampoco se pudo sembrar ni continuar con las cadenas productivas de este año, que son los resultados que esperábamos tener el próximo año”, describió Erica Moro, secretaria de la Sociedad Rural de Carlos Casares en el Canal Rural.
Y añadió: “El problema es superficies anegadas, baja producción, compromisos impagos, falta de dinero y, sobre todo, a esto le tenemos que sumar la falta de atención de las autoridades. Necesitamos que tomen conciencia y nos vengan a ayudar. Que al menos nos vengan a visitar para que vean la gravedad del problema, que no estamos exagerando en nada”.
La respuesta desde PBA y el Gobierno Nacional
Por un lado, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) dispuso beneficios de exención y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural para campos afectados por graves inundaciones en 19 distritos bonaerenses durante 2025.
Los distritos beneficiados son Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, Nueve de Julio, Puan, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo e Hipólito Yrigoyen, todos formalmente reconocidos en situación de emergencia o desastre agropecuario.
En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la conformación de un Comité de Emergencia para coordinar la respuesta y adelantó que el gobierno nacional movilizará recursos a las zonas más perjudicadas.
“Esto es un desorden, lo tiene que ordenar la provincia de Buenos Aires, como no lo está haciendo, no sabemos quién se hace cargo”, declaró Bullrich en conferencia de prensa este miércoles. La funcionaria expuso que la magnitud de las lluvias no tiene precedentes en la región y marcó diferencias con la gestión del ejecutivo bonaerense, al remarcar que los anegamientos no fueron debidamente contenidos.
“Nosotros nos vamos a hacer cargo de esta emergencia. Pero la autoridad del agua tiene que ser una autoridad y ordenar los cauces”, enfatizó. Para la funcionaria, la falta de coordinación y la ausencia de una gestión integral a nivel provincial profundizaron los problemas logísticos y de asistencia para los damnificados
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