La Cámara de Diputados se apresta a instalar un récord: en apenas una semana, 18.000 personas y asociaciones civiles se anotaron para participar de las audiencias públicas convocadas para debatir la reforma de la ley de Glaciares, iniciativa que desata un interés tal que incluso supera al que en su momento despertó la ley de despenalización del aborto, que convocó en total a 800 expositores.

Ante esta avalancha de pedidos de participación, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y sus pares Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas) solicitaron hoy, mediante nota remitida a las autoridades de la Cámara baja, que se amplíe la convocatoria y la duración de las audiencia públicas. En principio, éstas fueron programadas para el 25 y 26 de este mes: la primera jornada de manera presencial y la segunda, de carácter federal, con la modalidad virtual.

El oficialismo sospecha que semejante cantidad de solicitudes de participación tiene como objetivo demorar la aprobación de la reforma, la cual ya tiene media sanción del Senado. Si bien la semana pasada accedió, a pedido de la oposición, a convocar a audiencias públicas para cumplir con las normas y tratados internacionales vigentes -y, así, evitar una posterior judicialización de la norma-, lo cierto es que no parece dispuesto, a priori, a modificar el cronograma previsto. Su intención es llevar la iniciativa al recinto después de Semana Santa.

La oposición pide más tiempo de debate en las comisiones.

“Entendemos que las condiciones actualmente previstas para la audiencia pública no satisfacen el ejercicio efectivo del derecho a la participación pública reconocido por el Acuerdo de Escazú -advirtió el diputado Ferraro-. En consecuencia, solicitamos que se adopten las medidas necesarias para ampliar la convocatoria y la duración de la audiencia pública, de modo tal que las personas inscriptas puedan participar efectivamente del proceso deliberativo”.

El legislador señaló que limitar el acceso a la palabra de un número reducido de expositores “no solo restringe el ejercicio del derecho a la participación, sino que también empobrece la deliberación democrática” y advirtió que “un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización”.

En el oficialismo no disimulan su inquietud ante esta situación. No descartan convocar la semana próxima a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales para encauzar el debate sin alterar el cronograma ya previsto.

“Queremos garantizar a todos la participación en este debate, pero con 18.000 personas y asociaciones ya anotadas no hay foro ni capacidad posible para llevar adelante una audiencia pública”, indicó un legislador libertario, quien no descartó que se trate de una maniobra para “sabotear” el tratamiento de la reforma.

La reforma de ley vigente es impulsada por el Poder Ejecutivo y cuenta con el apoyo de los gobernadores de las provincias cordilleranas. Son ellos los que apuran la sanción de la ley ya que ésta les conferiría potestades como autoridad de aplicación para delimitar qué territorios glaciares y periglaciares cumplen funciones de reserva de agua estratégica. En aquellos territorios donde la autoridad de aplicación compruebe que no cumplen esta función, la provincia podrá habilitar la realización de proyectos productivos, entre ellos, mineros.

En la vereda contraria, los sectores ambientalistas cuestionan la iniciativa por su impacto ambiental, sobre todo en la afectación de las cuencas hídricas.

El subsecretario de Culto. Agustín Caulo, fue recibido este martes por la conducción del Episcopado, que preside el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, durante la reunión de la comisión permanente del organismo, que reúne a una veintena de obispos de todo el país.

Fuentes del Episcopado indicaron que el funcionario “pasó a saludar y se puso a disposición de los obispos”, en función de la tarea que desarrolla la Secretaría de Culto de la Nación. Expresaron, además, que no se abordó una posible audiencia de los obispos con el presidente Javier Milei.

La reunión fue interpretada como un paso destinado a distender las tensiones entre el Gobierno y la Iglesia, marcada por recientes distanciamientos, que se reflejaron en los críticos pronunciamientos por la persistencia de los niveles de pobreza y la reforma del régimen penal juvenil, que cristalizó la baja de la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años.

La visita de Caulo a la sede episcopal l tuvo lugar tres semanas después de la visita de monseñor Colombo al canciller Pablo Quirno, quien días antes le había entregado en mano al papa León XIV una invitación del presidente Milei para invitarlo a viajar a la Argentina.

Durante la reunión de la Conferencia Episcopal, que se extendió durante dos jornadas, los obispos rezaron especialmente por la paz en el mundo, en medio de las tensiones por la guerra en Medio Oriente y en rechazo del camino de la violencia. Por otra parte, los obispos resolvieron celebrar una misa en la basílica de Luján el próximo 21 de abril, para recordar al Papa Francisco, en el primer aniversario de su muerte. Se hará dentro de la semana en la que se desarrollará la asamblea plenaria del Episcopado, por lo que se espera que todos los obispos del país participen de la celebración.

Además, la conducción del Episcopado propuso que el domingo siguiente -26 de abril- se lleven adelante iniciativas y celebraciones que “ayuden a vivir una memoria agradecida por la vida y el ministerio del papa Francisco, renovando el compromiso con su legado y sus enseñanzas”.

Acompañaron a Colombo en la reunión con el subsecretario Caulo, quien quedó a cargo del área que hasta diciembre último condujo el actual diputado bonaerense Nahuel Sotelo, los integrantes de la comisión ejecutiva: el cardenal Ángel Rossi (arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero), monseñor César Daniel Fernández (obispo de Jujuy y vicepresidente segundo) y monseñor Raúl Pizarro (obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal).

En tanto, finalizada la reunión de la comisión permanente de los obispos, monseñor Colombo recibió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien solicitó la audiencia.

Kicillof concurrió acompañado por el director de Cultos de la provincia, Juan Ignacio Torreiro. El presidente del Episcopado los recibió junto con monseñor Pizarro.

El gobierno bonaerense informó que en el encuentro se conversó sobre los problemas sociales y económicos que atraviesa el país y que Kicillof y Colombo coincidieron en “la necesidad de profundizar las políticas que promuevan la inclusión de los jóvenes y adolescentes”.

Recordaron, además, el legado de Francisco y expresaron su preocupación por el avance de discursos que pregonan el individualismo.

En los últimos dos días, los obispos compartieron un “intercambio pastoral sobre la vida de la Iglesia en las distintas diócesis del país, a partir de los informes presentados por los delegados de las regiones pastorales, que reflejan los encuentros y reflexiones realizados en los primeros meses del año”, se informó a la prensa.

Estuvo presente en la reunión de la comisión permanente monseñor Daniele Liessi, encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica, sede que desde enero pasado se encuentra vacante, ante el traslado del nuncio Miroslav Adamczyk a Albania.

En las deliberaciones de la comisión permanente del Episcopado, los obispos continuaron la reflexión sobre la reforma de los estatutos de la Conferencia Episcopal Argentina, y confirmaron que que entre el 23 y el 25 de mayo se realizará en Córdoba el 5° Encuentro Nacional de Grupos Misioneros, con el lema “En comunión, somos misión”.