Antes de concederle la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner, en contra del pedido de los fiscales que habían solicitado que fuera encarcelada por su condena en la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N°2 tuvo en cuenta un informe socioambiental que describió las condiciones en las que vive la expresidenta en su departamento de Constitución.

Ese estudio, realizado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal del Poder Judicial, describió que Cristina Kirchner vive sola en ese departamento, que no está cobrando su jubilación como expresidenta ni la pensión que recibía por Néstor Kirchner, por lo cual se sostiene económicamente por sus ahorros, y que cuenta con la cobertura de salud más completa de la prepaga OSDE.

“Cristina Elisabet Fernández de Kirchner tiene setenta y dos años de edad, reside sola en el departamento en cuestión ubicado en el barrio de Constitución de esta ciudad desde el año 2022″, comienza el resumen del informe que recibieron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

Allí también se explica que la expresidenta se mudó a ese departamento “por haber sufrido un atentado en la puerta de su anterior domicilio”, en relación al piso en Recoleta, frente al cual intentaron asesinarla en septiembre de 2022.

El departamento actual, sobre la calle San José, está embargado por la Justicia y forma parte de los activos que podrían ser decomisados de Los Sauces, una de las empresas más importantes de los Kirchner y que le da nombre a otra de las causas que enfrenta la expresidenta, Hotesur y Los Sauces, donde se investigan los presuntos retornos que, en forma de alquileres, la familia Kirchner recibía de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, a cambio de las contrataciones que obtenían del Estado. El departamento fue utilizado en el pasado por Florencia Kirchner y su hija.

“El inmueble, de propiedad familiar, se encuentra emplazado en una zona urbana de fácil accesibilidad, en buen estado de conservación, y cuenta con todos los servicios”, agrega el informe sobre la propiedad.

Los funcionarios judiciales señalaron en el documento que la expresidenta “no posee ingresos regulares previsionales (asignación especial y pensión), motivo por el cual se encuentra en juicio con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)”.

Como contó , Cristina Kirchner tuvo acceso a la doble jubilación y pensión presidencial hasta noviembre de 2024, cuando percibió en mano (luego de los descuentos) $21.828.203,92, monto equivalente a 89 haberes mínimos netos de ese mes. La cifra en bruto ascendió a $35.255.297,73.

Pero las prestaciones incluían adicionales que sumaban casi $6 millones, en concepto de residencia en zona austral, porque CFK vivía y vive en la ciudad de Buenos Aires hace años, pero tenía domicilio declarado en Santa Cruz. Por la percepción de ese plus, la Anses presentó el año pasado una demanda penal contra la exfuncionaria “por presuntos delitos de estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica”.

El informe indicó que, sin esos ingresos, la expresidenta informó que “solventa sus gastos mediante ahorros”. La última vez que presentó una declaración jurada, Cristina Kirchner informó un patrimonio total de $249 millones repartidos entre cuatro cajas de ahorro, un plazo fijo, acciones en distintas empresas y un auto, entre otros bienes. Actualizada por inflación, la cifra alcanzaría los $606 millones. No contempla, claro está, la cesión que hizo de casi todos sus bienes, en 2016, a Máximo y Florencia Kirchner.

El informe señala que la expresidenta “goza de buena salud” y que tiene cobertura médica con el plan 510 de OSDE. Se trata del servicio más completo que ofrece la prepaga. “Toma medicación porque tiene dificultades en uno de sus oídos, y Levotiroxina porque en el año 2011 le extirparon la glándula tiroides”, añade el documento al que accedieron los jueces.

Por último, el estudio se enfoca en el círculo familia de Cristina Kirchner. “Cuenta con vínculos familiares estrechos (hijos, nietos y hermana), todos con contacto frecuente”, explica, y deja constancia de que Máximo Kirchner fue propuesto por su madre como “fiador” responsable en caso de que le concedan la prisión domiciliaria, como finalmente hizo el tribunal.

“Finalmente, el informe concluye que la vivienda es apta para el cumplimiento de una eventual detención domiciliaria, sin observaciones negativas en cuanto al entorno, condiciones habitacionales ni aspectos personales o familiares”, se cierra el resumen.

Además del estudio socioambiental, los jueces del TOF2 recibieron un informe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que desaconsejó expresamente que se le conceda la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner en ese departamento del barrio de Constitución.

“La ejecución de una condena penal bajo modalidad domiciliaria en el inmueble de la calle San José 1111 (…) conllevaría una interrupción grave, constante e indeterminada de los servicios públicos a cargo de esta jurisdicción, comprometiendo estándares mínimos de higiene urbana, mantenimiento del espacio público y salubridad ambiental”, advirtió el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi.

Para llegar a esa conclusión, la Ciudad tomó en cuenta los hechos que sucedieron en esa zona desde que el martes pasado la Corte Suprema confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.

A continuación, los cinco ejes que destacó la Ciudad:

1. Obstrucción de los servicios de recolección de residuos. La presencia permanente de vallas, móviles policiales y aglomeraciones de personas en torno al inmueble en cuestión impide el ingreso habitual de los camiones recolectores en el horario y trazado previsto para el servicio. Dicha situación interrumpe el cumplimiento de frecuencias establecidas y genera acumulación de residuos domiciliarios en veredas, lo que compromete las condiciones de salubridad ambiental del entorno inmediato. Ante esta situación y la aglomeración de personas, el GCBA debe readaptar el servicio destinando más recursos de lo habitual, incluyendo dos camiones compactadores, dos flushers, 20 barrenderos y 8 cargadores.

2. Imposibilidad de ejecución de tareas de mantenimiento urbano. Las tareas programadas de barrido mecánico, vaciado de cestos papeleros y mantenimiento de mobiliario urbano se ven impedidas por la imposibilidad de acceso de las cuadrillas, debido al vallado perimetral y a la concentración de personas en la vía pública. Las interrupciones constantes de los trabajos generan deterioro del entorno urbano y percepción de abandono por parte de la comunidad barrial

3. Riesgos operativos y conflictos con trabajadores. El despliegue de tareas de limpieza y mantenimiento en entornos con manifestaciones activas y presencia policial genera riesgos concretos para el personal operativo (técnicos, choferes, auxiliares de calle), quienes se ven expuestos a situaciones de tensión o posibles confrontaciones. Esta circunstancia ha motivado la necesidad de suspender preventivamente intervenciones nocturnas, lo que repercute en la calidad del servicio.

4. Afectación al cronograma de poda y control del arbolado. Durante los meses de invierno, se ejecuta en la zona un plan de poda estacional del arbolado urbano, que requiere el ingreso de camiones, plataformas elevadoras y equipos de trabajo a los frentes de vereda. La imposibilidad de acceder a la cuadra en condiciones seguras conlleva la postergación de estas tareas, lo que podría derivar en riesgos por caída de ramas, obstrucción de luminarias y afectación de cableado aéreo.

5. Saturación y uso anómalo del espacio público. La ocupación continua de veredas y calzadas por manifestantes, prensa y vallados genera un uso anómalo y sostenido del espacio público, impidiendo su destino natural para la circulación de peatones, descanso urbano, acceso a frentes y continuidad de recorridos escolares o barriales. Esto afecta negativamente a vecinos, estudiantes y trabajadores que transitan por la zona, produciendo condiciones de inseguridad física y deterioro en la calidad del ambiente urbano. Además, se requiere asignar personal permanente del equipo de orden público para garantizar el uso correcto del espacio público, lo que implica despriorizar otras tareas que también deben realizarse.