“La centralidad esperará a que decante la situación de Cristina Kirchner. Lo que sí queremos mostrar es que el Gobierno sigue su agenda con normalidad”. La reflexión llegó de un importante colaborador de la Casa Rosada mientras afuera del edificio, en la Plaza de Mayo, se congregaban las multitudinarias columnas peronistas para demostrar su apoyo cerrado a la expresidenta luego de que quedara detenida con prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

El terremoto político que generó la ratificación de la condena a la exmandataria no solo puso un impasse obligado en torno a la elección de candidatos para los comicios de este año en el oficialismo y en la oposición, sino que también le sacó los reflectores de encima a un Gobierno que busca constantemente a dominar la agenda y generar conversación.

Hace más de 15 días que el foco está puesto en la figura de Cristina: primero con el anuncio de su candidatura fallida, luego con la resolución de la Corte Suprema que dejó firme su condena a prisión por seis años y, finalmente, con la aglutinación y movilización del peronismo en torno a su departamento en el barrio de Constitución. En el interin, Milei hizo una gira de diez días por Europa e Israel que lo mantuvo −junto con su hermana Karina− lejos de la escena doméstica.

En la Casa Rosada creen que es hora de retomar el normal funcionamiento de la gestión y recuperar la dinámica política. No de casualidad, hoy en Balcarce 50 se dieron dos movimientos en simultáneo a media mañana, antes de que comenzara el acto del PJ en la Plaza de Mayo: el vocero Manuel Adorni retomó sus conferencias de prensa después de tres semanas de ausencia (la última vez que habló fue el 29 de mayo) y tuvo lugar una reunión de “mesa política” en las oficinas del vicejefe de gabinete, Lisandro Catalán, en la planta baja del edificio.

El Presidente, en tanto, optó por transitar la jornada de movilización del peronismo en la quinta de Olivos, lejos de la concentración que tenía lugar en la Plaza de Mayo. Ayer estaba prevista una reunión de gabinete que finalmente no se celebró.

Desde que llegó al país, Milei solo se mostró con actividad local en un acto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para anunciar una reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) con el objetivo de que se focalice en la investigación de delitos complejos mediante la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), al estilo del FBI norteamericano.

Adorni, por su parte, hizo una serie de anuncios aplicando al dedillo el libreto libertario en busca del impacto. El vocero aseguró que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) detectó a un grupo de residentes rusos en la Argentina que “estarían realizando tareas sospechosas en favor de intereses geopolíticos de Rusia” y los vinculó a una operación global de Putin para manipular la opinión pública en diversos países.

Además, el portavoz retomó la agenda de achicamiento del Estado. Anunció la fusión de dos institutos (el Instituto Nacional del Agua y el Instituto de Previsión Sísmica) y la modificación del Régimen de Importaciones de productos científicos-tecnológicos. Con tono irónico, en tanto, anunció que se eliminó “el Registro Nacional de Viveros”.

En simultáneo, a la reunión de “mesa política” asistieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con su segundo, Catalán, que ofició de anfitrión.

Internas solapadas

Aunque hacia afuera el cónclave tuvo como objetivo exhibir “normalidad” en la dinámica oficialista, puertas adentro la cúpula de La Libertad Avanza (LLA) transita un período de extrema tensión. El vínculo entre los Menem (“Lule” y el titular de Diputados, Martín) y Santiago Caputo está en su peor momento. La relación viene muy erosionada por los tironeos constantes entre los jóvenes de Las Fuerzas del Cielo −que responden al asesor presidencial− y los armadores territoriales que responden a los Menem y al titular de LLA de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

La juventud “celestial” quiere representar al Gobierno en las urnas y apunta a la falta de “pureza” de los referentes territoriales y punteros que responden a Pareja, con un historial en otros espacios políticos. El “menemismo”, por su parte, tiene el control de la lapicera para el armado de las nóminas electorales por mandato de Karina Milei.

En los últimos días se sumó un condimento inesperado, una “guerra santa” entre bandos, cuando uno de los referentes de Las Fuerzas del Cielo, Lucas “Sagaz” Luna, publicó un tuit que apuntaba “no odiamos lo suficiente al islam” junto un video que mostraba, supuestamente, ataques de musulmanes a cristianos en Nigeria.

Sharif Menem, sobrino de Martín y −en los papeles− líder de la juventud nacional de La Libertad Avanza, reaccionó. “Borrá eso, pelotudo”, le exigió a Luna. La trifulca circuló varios días en el plano de la militancia digital pero escaló a otro nivel cuando intervinieron Martín Menem y el propio Caputo. El presidente de la Cámara de Diputados se refirió al episodio en una entrevista en el canal de streaming LACA. “Hay un nivel alto de desinformación o de falta de lectura; no hay que confundir nunca, pero nunca, terrorismo con religión”, dijo en alusión al episodio con Luna.

Una cuenta no reconocida pero atribuida por todo el sistema político a Caputo, @MileiLibertador, escribió: “El que te proponga diferenciar la religión del terrorismo, ese es el traidor”.

Desde el menemismo libertario comenzaron a advertir que el episodio echó por tierra la posibilidad de que Luna tenga chances de integrar las listas de la primera sección electoral (él milita en Tres de Febrero). De todas formas, en esa sección este año se eligen senadores provinciales, un cargo que exige una edad mínima de 30 años. Y Luna tendrá solo 29 para la fecha de la elección.

Este fue el clima en el que se volvieron a encontrar hoy en una mesa política Karina Milei, Santiago Caputo y “Lule” Menem. Martín (el más enojado con todo el episodio) no fue de la partida.

Lo que viene

Hacia adelante, más allá de la dinámica del cierre de listas que impondrá el propio calendario electoral, el Gobierno tiene dos asuntos de gestión pendientes para intentar reactivar su agenda. Por un lado, se espera que en los próximos días se publiquen entre 10 y 20 decretos para avanzar con la reducción de la estructura del Estado y la desregulación de diferentes áreas, un material impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La concreción de estos decretos está pendiente desde hace varias semanas, pero se dilató por la necesidad de sumar controles administrativos y jurídicos al trabajo que había elaborado Sturzenegger, que el último lunes se reunió con Milei en Olivos.

El Gobierno necesita oficializar estos decretos antes de que caduquen el próximo 8 de julio las facultades delegadas que le fueron otorgadas con la Ley Bases el año pasado.

Por otro lado, Francos y el Ministerio de Economía −en particular el secretario de Hacienda, Carlos Guberman− están estudiando el pedido que elevaron todos los gobernadores para que el Gobierno nutra de fondos a las provincias que vienen siendo impactadas por el ajuste fiscal.

Los mandatarios provinciales −que vienen reuniéndose en pleno en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y lograron unificar su reclamo ante el gobierno nacional− demandan que el Gobierno distribuya la recaudación del impuesto a los combustibles (que retiene en el surtidor pero luego no envía íntegramente a las provincias, pese a estar obligado por ley).

En esa cumbre, los mandatarios denunciaron que en 2024 Nación ejecutó menos del 50% del 28,5% de este tributo destinado al fideicomiso de infraestructura vial.

Los gobernadores también reclaman que se repartan los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con un criterio similar al de la coparticipación federal. El Gobierno activó ese reparto en 2025, pero el año pasado solo distribuyó el 7,3% del total de los $679.898 millones de ese fondo, que se nutre de la coparticipación de las provincias.

Una delegación de los gobernadores presentó ese reclamo ante Francos días atrás y obtuvo buena recepción en la Casa Rosada, que evaluó que el planteo de las provincias fue “razonable, bajo el entendimiento de que no se puede tocar el superávit fiscal”.

Ahora se espera que Guberman haga las cuentas para validar, o no, el pedido de los gobernadores. Los mandatarios provinciales tienen previsto volver a encontrarse en el CFI el próximo lunes. Pero Francos les sugirió que postergaran unos días el encuentro, con la expectativa de tener una respuesta del lado del Gobierno. Probablemente el cónclave federal se celebre igual, sin una solución sobre la mesa, pero aún así la gestión de Milei tiene perspectivas de llegar a un entendimiento en los días subsiguientes.

Un acuerdo con los gobernadores le permitiría a la gestión de Milei tomar un poco de oxígeno frente a un panorama político muy adverso en el Congreso, donde vienen avanzando proyectos incómodos para el Poder Ejecutivo, como la actualización de los haberes jubilatorios y la emergencia en discapacidad.