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POLITICA

Constitucionalistas criticaron duramente las facultades otorgadas a la Policía Federal

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El Gobierno oficializó una profunda reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), a través del decreto 383/2025, con el objetivo de reorientar la fuerza exclusivamente a la investigación de delitos federales y complejos. La medida implica la derogación del decreto-ley de 1958. Sin embargo, especialistas en derecho constitucional y penal cuestionaron con dureza tanto el contenido del nuevo estatuto como el procedimiento utilizado para aprobarlo.

El nuevo marco legal establece una estructura organizativa centrada en dos grandes departamentos –Investigaciones y Coordinación–, un rediseño de protocolos y jerarquías, y mayores atribuciones en inteligencia criminal y actividades de ciberpatrullaje en el ámbito digital. La Policía Federal dejará de intervenir en cuestiones de seguridad local en la ciudad de Buenos Aires y se centrará en delitos federales, en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

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Pero mientras el Poder Ejecutivo promueve la reforma como una modernización necesaria y eficiente, varios constitucionalistas encendieron las alarmas sobre su legalidad y posibles efectos sobre los derechos individuales.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez

Para el doctor Andrés Gil Domínguez la norma es directamente inconstitucional. “El decreto delegado 383/2025, mediante el cual se aprueba el Estatuto de la Policía Federal es nulo de nulidad absoluta por desconocer las bases de delegación establecidas por la ley 27.742 [Ley Bases]”, aseguró el abogado constitucionalista. A su juicio, el Gobierno “está colegislando” y avanzando en un terreno vedado por la Constitución.

“Mediante esa norma, el Congreso solo habilitó la colegislación a efectos de reorganizar o reestructurar órganos de la administración central, pero bajo ningún punto de vista autorizó al Poder Ejecutivo a dictar normas generales restrictivas de los derechos de las personas”, señaló.

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Gil Domínguez fue más allá: “Pasar de un decreto/ley de una dictadura a un decreto delegado de esta naturaleza es toda una declaración de identidad autoritaria y antidemocrática del presente gobierno”. Advirtió, así, sobre “perfilamientos en base a características personales” y “requisas sin orden judicial” y señaló que la Policía Federal podría convertirse en “una suerte de inteligencia aislada del sistema de inteligencia formal”. Y concluyó: “Esto es Venezuela”.

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, también expresó reparos sobre el alcance del decreto. Aunque reconoció que se apoya en la Ley Bases, consideró que “es dudoso que esto sea una reorganización de dependencias administrativas, que es lo que permite la Ley Bases”, y que, en realidad, “al amparo de este permiso, avanzan más allá”.

Gil Lavedra cuestionó especialmente la habilitación para actuar sobre medios digitales y la ampliación de facultades de detención.  “Los puntos que me parecen complicados son: ¿qué significa la prevención en los medios digitales? Dice que se protegen la libertad de género y la libertad de expresión, pero están patrullando las redes”, señaló.

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También criticó la posibilidad de detenciones por averiguación de identidad: “Se parece a las viejas detenciones por antecedentes, cuando la persona está en actitud sospechosa. Es una habilitación para detenciones que pueden ser arbitrarias”.

Ricardo Gil LavedraSantiago Filipuzzi –

Respecto de la función de “registrar y calificar a las personas” sospechadas de ciertas actividades, Gil Lavedra fue contundente: “¿Qué es esto? ¿Un registro de piqueteros? ¿De vendedores ambulantes? Me parece un paso atrás”.

Definió la reforma como “una restricción en materia de derechos” y sostuvo que “se otorgan a la policía facultades muy opinables jurídicamente que restringen derechos indebidamente”.

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El constitucionalista Daniel Sabsay coincidió con los cuestionamientos jurídicos, aunque evaluó positivamente el objetivo de reorganizar la Policía Federal. “Lo primero que observé es que no se puede hacer por decreto, tiene que ser necesariamente por ley, porque es un tema absolutamente ligado a lo penal”, explicó. Según dijo, tanto las materias penales como fiscales “requieren, por nuestra Constitución, un principio de legalidad”.

Sabsay celebró la idea de un rediseño de la fuerza: “Me parece muy bien este reordenamiento. Es cierto que la Policía de la Ciudad ya está cumpliendo lo que hacía como policía local la Policía Federal. También es interesante que se cree una suerte de FBI argentino”. No obstante, volvió a marcar un límite: “Siempre que eso no sea utilizado para espiar a los adversarios y meterse en sus redes. Aparentemente estarían dadas todas las seguridades de que no, pero estamos en la Argentina, ¿no es cierto?”.

El constitucionalista Antonio María Hernández, que reside en Córdoba, calificó la reforma de “groseramente inconstitucional. Viola el artículo 99 inciso 3, es antirepublicano. Este gobierno se maneja por decreto”.

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Espera que haya presentaciones ante la Justicia: “Estamos hablando de temas muy delicados que afectan a la libertad de las personas, que aumentan el control sobre distintos aspectos. Están avanzando con autorizaciones muy generales y no queda claro a qué autorizan”.

Hernández entiende que es “imprescindible” que el Congreso actúe. “ Hace falta una ley; esto ya no es un gobierno híper presidencialista, sino directamente anticonstitucional”.

El abogado Alejandro Carrió planteó objeciones jurídicas, al considerar que el decreto avanza sobre facultades que, según la Constitución, requieren de una ley del Congreso.

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“Toda restricción a los derechos de las personas debe tener como fuente una ley del Congreso”, indicó. En ese sentido, recordó que la detención por averiguación de antecedentes ya fue regulada por una norma específica −la ley 23.950− que reemplazó al viejo decreto-ley 333 de 1958. “La capacidad de retener a una persona por hasta diez horas está prevista en la ley vigente, pero con los medios tecnológicos actuales ese plazo resulta excesivo”, señaló.

Carrió también advirtió sobre el uso de expresiones poco precisas en el estatuto, como la posibilidad de que la policía registre y califique a personas según las actividades que realizan. “Es un lenguaje ambiguo, sin definiciones claras, y con una fuente normativa que no es la adecuada”, explicó.

En cuanto al monitoreo de espacios digitales, observó que el decreto no establece qué autoridad fijará las pautas de actuación ni cuáles serán los límites. “Eso genera incertidumbre sobre qué puede considerarse como información privada y quién lo determinará”, dijo. Según el jurista, la falta de precisión y de respaldo legislativo “podría dar lugar a un planteo de inconstitucionalidad”.

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Por su parte, el doctor Juan Del Sel, expresidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, también advirtió que un decreto no puede modificar el contenido de una ley. No obstante, observó que la mayoría de las modificaciones se fundamentan “en legislación actualmente en vigor”, como las referidas al Código Procesal y la detención durante diez horas por averiguación de antecedentes. Incluso, agregó, se permiten la requisa urgente sin orden judicial y el allanamiento cuando se dan determinadas características.

Como principal objeción, Del Sel marcó la norma que permite a la Policía Federal confeccionar registros de “personas que usualmente hacen actividades ilícitas”. Adelantó que cuando se presente un caso en ese sentido, seguramente se planteará la inconstitucionalidad. Respecto del ciberpatrullaje, estimó que “ya está permitido y no es novedoso”.

En tanto, el Club de la Igualdad-UCR expresó preocupación por el nuevo Estatuto, ya que “sin necesidad de autorización judicial permite hacer tareas de inteligencia en espacios públicos digitales, como redes sociales, con fines persecutorios y contrarios a la letra y espíritu de la Constitución Nacional y del Código Penal”, planteó la institución en un comunicado.

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“El gobierno de Milei, presuntamente en aras de una proclamada libertad avanza antidemocráticamente y restringe cada vez más las libertades y garantías de un auténtico Estado de Derecho”, agregaron.



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Polémica por un viaje de diputados de La Libertad Avanza a China

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La diputada libertaria Juliana Santillán realizó un viaje a China durante la primera quincena de enero. Lo hizo junto a un grupo de legisladores del bloque de La Libertad Avanza y de otros bloques socios del oficialismo en la Cámara de Diputados.

El viaje, que no fue anunciado por las autoridades del bloque ni por la propia diputada oriunda de Mar del Plata, se conoció por la publicación en la red social X de un video en donde se la observa a la legisladora en pleno vuelo conversando con el diputado de origen radical que fue líder del grupo denominado radicales con peluca y que hoy milita en el bloque de LLA, Mariano Campero.

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El viaje de varios diputados entre los primeros días de enero hasta el 14 del mismo mes generó polémica por los gastos que representa en medio del debate público sobre el ajuste que lleva adelante la administración de Javier Milei y generó el repudio en redes sociales respecto de quién había costeado el mismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negó que el viaje se haya realizado con fondos públicos. Santillán hizo lo propio aunque dejó varias dudas porque en un posteo en la red social X dijo que “los pasajes fueron cubiertos por el departamento de relaciones exteriores de China” y agregó: “No hubo viáticos de la cámara de Diputados”. Sin embargo, en la línea siguiente, la legisladora dijo que “cada diputado pagó sus gastos, no le salió un solo peso a los argentinos”.

Según explicó Santillán a las horas de haber regresado del viaje, fue “una invitación generada por el departamento de asuntos exteriores de China“. Durante el viaje visitaron “varias provincias” y se reunieron con empresas privadas, señalando a COFCO, Guangdong: Distrito internacional Liede, Shenzhen: Huawei, Mindray, Skyworth.

La comitiva que viajó a China

Pero la controversia también gira en torno no solo a los costos del viaje sino a la representación. En noviembre pasado ya había viajado una delegación del Grupo Parlamentario de Amistad, pero en este caso fue una representación multipartidaria. La comitiva estuvo encabezada por la presidenta del GPA, diputada Juliana Santillán (La Libertad Avanza), y los diputados Damián Arabia (PRO), Martín Ardohain (PRO), Juan Marino (Unión por la Patria), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Julia Strada (Unión por la Patria), Natalia Sarapura (UCR) y Yolanda Vega (Innovación Federal).

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Sin embargo, a poco más de un mes de diferencia entre ese viaje y este último, la representación de Diputados solo estuvo dada por legisladores del bloque de La Libertad Avanza. La propia Santillán señaló que fue como parte del Grupo Parlamentario de Amistad con China el cual preside. Sin embargo, esa presidencia “cayó” con el cambio de la conformación de la Cámara el pasado 10 de diciembre y, además, solo fueron el GPA está conformado por 44 legisladores con representatividad de todas las fuerzas políticas y al viaje solo fueron libertarios o socios parlamentarios.

Según las imágenes que subió a las redes la libertaria de la visita a la República Popular de China participaron además de Santillán y Campero, el pampeano del PRO Martín Ardohain y su compañero de bloque Emmanuel Bianchetti, los libertario Alvaro Martínez, Guillermo Montenegro y María Cecilia Ibañez. Y hubo una particularidad, en las imágenes se observa la presencia de María Fernanda Araujo; ex diputada de LLA que había asumido en lugar de la vicepresidenta Victoria Villarruel y que no formó parte del Grupo Parlamentario de Amistad con la República Popular de China.

Desde la oposición también surgieron las críticas al viaje. “No hubo ningún tipo de aviso del viaje, lo hicieron todo desde las sombras”, dijo una legisladora que forma parte del Grupo Parlamentario. “Lo grave es que había un compromiso de tratar temas importantes con China en los proyectos que están frenados como Atucha, las represas del sur, los trenes; pero ellos se van de viaje a hacer no sé qué”, agregó la legisladora.

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POLITICA

Gustavo Sáenz propuso a dos exfuncionarios para renovar la Corte de Salta y abrió un conflicto con LLA

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El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, avanzó con un proceso de renovación de la Corte Suprema local y postuló a Martín Ignacio Plaza y Jorge Martín Diez Villa para ocupar dos lugares vacantes en el Máximo Tribunal. Con pasado en la gestión del mandatario peronista, ambos tendrán un rol clave en caso de que Sáenz busque otra vez la relección, una alternativa que ya empezaron a agitar desde el oficialismo local. En La Libertad Avanza (LLA) rechazan las candidaturas y reclaman por la independencia del Poder Judicial.

Sáenz es uno de los gobernadores que se mueven como aliados de Javier Milei en el Congreso. De hecho, logró colocar a Pamela Calletti como representante de la Auditoría General de la Nación (AGN) tras un acuerdo con Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, que desató la furia de Cristian Ritondo (Pro).

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La postulación de ambos abogados se oficializó el lunes pasado a través de los decretos 9/2025 y 10/2025 publicados en el Boletín Oficial provincial. Según consigna en ambos textos, Plaza asumiría en reemplazo del juez Ernesto Samsón -cuyo mandato concluyó el pasado 29 de noviembre- y Diez Villa, de Guillermo Catalano, que dejó el tribunal el 3 de diciembre.

Ahora, con su postulación oficializada y conforme lo establecido en la Ley 8311, el Gobierno deberá publicar los antecedentes de ambos candidatos y tanto la ciudadanía como entidades colegiadas y organizaciones de la sociedad civil podrán remitir observaciones o impugnaciones a su nombramiento en un plazo máximo de 15 días hábiles. Luego, se discutirán las designaciones en el Senado, donde el oficialismo pisa fuerte: 22 de 23 legisladores responden a Sáenz.

Gustavo Sáenz celebra el resultado de la última elección provincial de mayo, en la que logró quedarse con 11 de las 12 bancas en juego en el Senado

La banca restante pertenece al Roque Cornejo, legislador por la capital de La Libertad Avanza. Referentes del partido de Javier Milei rechazan la postulación de Plaza y Diez Villa por su cercanía con el gobernador. “Estamos en contra de que funcionarios que han participado de una manera u otra del Ejecutivo o del gobierno provincial, formen parte de un poder independiente como lo debe ser la Corte sobre todo, cabeza del Poder Judicial”, indicó a la senadora nacional por Salta Emilia Orozco (LLA).

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Sucede que ambos candidatos han integrado la gestión de Sáenz -que ostenta la gobernación desde 2019- en los últimos años. Según consta en el Boletín Oficial de la provincia, el 11 de diciembre de 2023, Plaza fue designado como delegado de la Casa de Salta en la Capital Federal, un cargo por el que percibía -según consigna en el decreto 66/2023- “remuneración de Ministro”. Anteriormente, en agosto de 2022, se había convocado al letrado para que integrase la Comisión para la Modernización del Sistema de Justicia de Salta, una entidad creada para la discusión de modificaciones a los Códigos de Procedimiento de la provincia.

Diez Villa, en tanto, es el actual Defensor General de Salta, cargo para el que fue designado en agosto de 2022, y desde abril de 2023 ejerce también como vicepresidente el Consejo de la Magistratura provincial, el organismo que se encarga de la selección y remoción de magistrados inferiores.

En el partido de Milei también reclaman por la reducción de la Corte, ampliada en dos oportunidades: originalmente contaba con cinco miembros, pero Juan Manuel Urtubey sumó otros dos jueces y Sáenz la terminó de llevar a nueve. “Debe quedar en cinco miembros por una cuestión económica y de funcionamiento más rápido”, sostuvo Orozco.

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Y agregó: “Quedó demostrado que tener nueve jueces en la Corte en nada benefició a los salteños, solo sirvió para resguardarse el gobernador de turno con designaciones afines”.

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Emilia OrozcoCaptura de Video

Los reclamos por la falta de autonomía del Poder Judicial en la provincia cobran especial relevancia ante la posibilidad de que Sáenz decida competir en 2027 por un nuevo mandato al frente de la gobernación. En caso de confirmarse su candidatura, será la Corte local la que deba expedirse sobre su legalidad.

El dirigente peronista llegó por primera vez a la gobernación en 2019 y fue reelecto en 2023 con el 47,51% de los votos. En 2021, durante su primer mandado, impulsó una reforma constitucional que, entre otros cambios, limitó las reelecciones del Ejecutivo provincial.

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El texto aprobado establece que el gobernador y vicegobernador “pueden ser reelegidos o sucederse recíprocamente en los citados cargos por un solo período consecutivo”. Anteriormente -a instancias de una reforma previa impulsada en 2003 durante la administración de Juan Carlos Romero- la Constitución habilitaba un máximo de tres mandatos consecutivos.

Como ya cuenta dos mandatos en su haber, según la última enmienda aprobada, Sáenz no estaría habilitado para volver a competir en los comicios de 2027. Hay, sin embargo, distintas interpretaciones respecto de cuándo comienza a regir el nuevo texto y, por tanto, cuál debe ser considerado como primer mandato del peronista.

El gobernador por la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, podría presentarse para un tercer mandato al frente de la provincia en 2027Captura de Pantalla

Dado que el texto actualizado fue aprobado a mitad de su primera gestión, hay quienes, como el exministro de Justicia, Rodolfo Barra, argumentan que no puede aplicarse una ley retroactivamente y que el mandato actual (2023-2027) debe ser contabilizarse como si fuera el primero. En otros sectores, en cambio, incluyen en el cálculo su primera incursión al frente de la provincia (2019-2013). Es una diferencia de criterio que podría terminar de dirimirse en el Máximo Tribunal.

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Dirigentes del oficialismo promueven la candidatura de Sáenz para 2027. “La postura se mantiene firma y seguimos con la misma mirada y la misma tesitura de que el gobernador tiene que encarar un período más”, dijo Marcelo Moisés, jefe comunal de Apolinario Saravia y presidente del Foro de Intendentes de Salta, en diálogo con la prensa local. intentó contactar a Sáenz para consultarle sobre la posibilidad de que se presente para un tercer mandato, pero al cierre de esta nota, no había recibido respuesta.


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“Mis respetos al Tren de Aragua”: el video que complica al venezolano detenido en Corrientes por sus vínculos con el narco

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El venezolano capturado el 20 de diciembre en el puerto de la localidad correntina de Puerto de Ituzaingó está cada vez más complicado. Un video publicado en sus redes sociales, al que tuvo acceso Infobae, confirma su relación con el Tren de Aragua. El cartel criminal fue declarado organización terrorista por los Estados Unidos y otros países.

El individuo, cuyas iniciales corresponden al nombre de José Félix Peñalver Veliz, dejó en la grabación un mensaje claro. “Mis respetos al Tren, a los que quedan vivos, que son serios. Ellos tienen que tener claro quiénes son las personas serias”.

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Soy yo. ¿Saben quién soy yo?”, agregó en tono desafiante. “Me ven la cara”, acotó. En el rostro quedan expuestos algunos tatuajes identitarios. Por ellos y otros que tiene en el cuerpo, fue vinculado al Tren de Aragua en los EEUU y expulsado de ese país en 2025.

El registro fue incorporado a la causa. Allí, Peñalver Veliz dejó “un saludo a mi gente en Venezuela, en mi barrio, los que me vieron crecer, andar por la pista”. Luego, lo extendió a “mis convives (personas con las que cohabitó o compartió parte de su existencia) que quedan vivos”.

“Me quiero desahogar ahorita”, añadió en la grabación. Este otro mensaje estaba dirigido a los “brujitas”, que “cayeron presos y ya se la creen que son malandros”. “Eso es mentira. Mis respetos a la gente seria en el malandreo”, agregó.

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En el tramo final del video, dedicó un mensaje a los que “son brujas”. “Cayeron y ya creen que matan gente, que son malandros”. La filmación se corta. El posteo tiene un texto anexo: fue hecho “para los que me quieran más o me odien más”.

Cómo fue el traslado

El grupo Albatros llegó el miércoles a Corrientes. En horas de la tarde, Peñalver Veliz fue llevado en medio de un fuerte operativo al aeropuerto. Allí lo cargaron en un avión de la Prefectura. Descendió en San Fernando y fue trasladado a Marcos Paz. Se trata de una unidad penal de máxima seguridad.

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Durante todo el trayecto, el venezolano estuvo esposado, con casco y chaleco antibalas. En los tramos en los que subió y descendió del avión, permaneció rodeado por miembros del grupo Albatros que portaban escudos y armas largas. En San Fernando le cambiaron la ropa. Le pusieron prendas similares a las del personal de Prefectura para que no sea identificable.

Desde el aeropuerto a Marcos Paz lo realizó a bordo de una unidad blindada escoltada por una camioneta y varias motocicletas de la fuerza. El Ministerio de Seguridad de la Nación registró todo el operativo. En el posteo, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva indicó: “Argentina no es refugio de delincuentes. El que las hace, las paga”.

Cuál será el futuro del venezolano

Peñalver Veliz permanecerá detenido con prisión preventiva hasta el 26 de febrero por orden del juez federal de Corrientes, Gustavo Fresneda. El 23 de diciembre, tres días después de su detención en el Puerto de Ituzaingó, Migraciones dispuso su expulsión del país y le prohibió -con carácter permanente- el reingreso. Mientras este trámite se sustancia, estará preso.

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La pesquisa en Argentina contra el venezolano está a cargo de la fiscal del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, Tamara Pourcel. Colaboran con ella los auxiliares fiscales Juan Martín Mariño Fages y Nicolás Marquevich. En estos momentos, siguen reuniendo información sobre el acusado, sus intenciones y sus vínculos

Peñalver Veliz tiene un prontuario frondoso. Era integrante del Ejército venezolano, pero desertó de su país en 2017. Era tropa de la Compañía 4208 EMEA (Empaque, Mantenimiento y Entrega Aérea). Se trata de una unidad encargada del entrenamiento y apoyo logístico para operaciones aéreas y paracaidismo. Está ubicada en el Estado Aragua, y forma parte de la estructura de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista.

En su tierra natal, registraba antecedentes policiales por los delitos de “homicidio intencional”, ocurrido en agosto de 2013, y por “porte, detención u ocultación de arma”, en enero de 2012.

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El juez federal Gustavo Fresneda ordenó prisión preventiva para Peñalver Veliz hasta el 26 de febrero, mientras se tramita su expulsión

Según dijo, circuló siempre de manera ilegal por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. En Estados Unidos lo arrestaron el 16 de junio de 2024 luego de que se comprobara que carecía de documentación que habilitara su permanencia. A las autoridades norteamericanas les dijo que ingresó a través de la frontera con México. Se le secuestró un cuchillo.

Cuando le hicieron los chequeos médicos de rigor, advirtieron que tenía una bala alojada en su abdomen y 20 cicatrices compatibles con heridas de arma blanca. También se determinó que el hombre tenía un pedido de arresto por parte de las autoridades judiciales del municipio de Peel, en la ciudad canadiense de Ontario. No se había presentado en distintas causas que se le seguían por los delitos de lesiones con arma blanca agravadas por el vínculo y amenazas.

Las autoridades estadounidenses lo relacionaron con el Tren de Aragua y lo expulsaron el 25 de enero de 2025.

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