POLITICA
Constitucionalistas criticaron duramente las facultades otorgadas a la Policía Federal
El Gobierno oficializó una profunda reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), a través del decreto 383/2025, con el objetivo de reorientar la fuerza exclusivamente a la investigación de delitos federales y complejos. La medida implica la derogación del decreto-ley de 1958. Sin embargo, especialistas en derecho constitucional y penal cuestionaron con dureza tanto el contenido del nuevo estatuto como el procedimiento utilizado para aprobarlo.
El nuevo marco legal establece una estructura organizativa centrada en dos grandes departamentos –Investigaciones y Coordinación–, un rediseño de protocolos y jerarquías, y mayores atribuciones en inteligencia criminal y actividades de ciberpatrullaje en el ámbito digital. La Policía Federal dejará de intervenir en cuestiones de seguridad local en la ciudad de Buenos Aires y se centrará en delitos federales, en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
Pero mientras el Poder Ejecutivo promueve la reforma como una modernización necesaria y eficiente, varios constitucionalistas encendieron las alarmas sobre su legalidad y posibles efectos sobre los derechos individuales.
Para el doctor Andrés Gil Domínguez la norma es directamente inconstitucional. “El decreto delegado 383/2025, mediante el cual se aprueba el Estatuto de la Policía Federal es nulo de nulidad absoluta por desconocer las bases de delegación establecidas por la ley 27.742 [Ley Bases]”, aseguró el abogado constitucionalista. A su juicio, el Gobierno “está colegislando” y avanzando en un terreno vedado por la Constitución.
“Mediante esa norma, el Congreso solo habilitó la colegislación a efectos de reorganizar o reestructurar órganos de la administración central, pero bajo ningún punto de vista autorizó al Poder Ejecutivo a dictar normas generales restrictivas de los derechos de las personas”, señaló.
Gil Domínguez fue más allá: “Pasar de un decreto/ley de una dictadura a un decreto delegado de esta naturaleza es toda una declaración de identidad autoritaria y antidemocrática del presente gobierno”. Advirtió, así, sobre “perfilamientos en base a características personales” y “requisas sin orden judicial” y señaló que la Policía Federal podría convertirse en “una suerte de inteligencia aislada del sistema de inteligencia formal”. Y concluyó: “Esto es Venezuela”.
El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, también expresó reparos sobre el alcance del decreto. Aunque reconoció que se apoya en la Ley Bases, consideró que “es dudoso que esto sea una reorganización de dependencias administrativas, que es lo que permite la Ley Bases”, y que, en realidad, “al amparo de este permiso, avanzan más allá”.
Gil Lavedra cuestionó especialmente la habilitación para actuar sobre medios digitales y la ampliación de facultades de detención. “Los puntos que me parecen complicados son: ¿qué significa la prevención en los medios digitales? Dice que se protegen la libertad de género y la libertad de expresión, pero están patrullando las redes”, señaló.
También criticó la posibilidad de detenciones por averiguación de identidad: “Se parece a las viejas detenciones por antecedentes, cuando la persona está en actitud sospechosa. Es una habilitación para detenciones que pueden ser arbitrarias”.
Respecto de la función de “registrar y calificar a las personas” sospechadas de ciertas actividades, Gil Lavedra fue contundente: “¿Qué es esto? ¿Un registro de piqueteros? ¿De vendedores ambulantes? Me parece un paso atrás”.
Definió la reforma como “una restricción en materia de derechos” y sostuvo que “se otorgan a la policía facultades muy opinables jurídicamente que restringen derechos indebidamente”.
El constitucionalista Daniel Sabsay coincidió con los cuestionamientos jurídicos, aunque evaluó positivamente el objetivo de reorganizar la Policía Federal. “Lo primero que observé es que no se puede hacer por decreto, tiene que ser necesariamente por ley, porque es un tema absolutamente ligado a lo penal”, explicó. Según dijo, tanto las materias penales como fiscales “requieren, por nuestra Constitución, un principio de legalidad”.
Sabsay celebró la idea de un rediseño de la fuerza: “Me parece muy bien este reordenamiento. Es cierto que la Policía de la Ciudad ya está cumpliendo lo que hacía como policía local la Policía Federal. También es interesante que se cree una suerte de FBI argentino”. No obstante, volvió a marcar un límite: “Siempre que eso no sea utilizado para espiar a los adversarios y meterse en sus redes. Aparentemente estarían dadas todas las seguridades de que no, pero estamos en la Argentina, ¿no es cierto?”.
El constitucionalista Antonio María Hernández, que reside en Córdoba, calificó la reforma de “groseramente inconstitucional. Viola el artículo 99 inciso 3, es antirepublicano. Este gobierno se maneja por decreto”.
Espera que haya presentaciones ante la Justicia: “Estamos hablando de temas muy delicados que afectan a la libertad de las personas, que aumentan el control sobre distintos aspectos. Están avanzando con autorizaciones muy generales y no queda claro a qué autorizan”.
Hernández entiende que es “imprescindible” que el Congreso actúe. “ Hace falta una ley; esto ya no es un gobierno híper presidencialista, sino directamente anticonstitucional”.
El abogado Alejandro Carrió planteó objeciones jurídicas, al considerar que el decreto avanza sobre facultades que, según la Constitución, requieren de una ley del Congreso.
“Toda restricción a los derechos de las personas debe tener como fuente una ley del Congreso”, indicó. En ese sentido, recordó que la detención por averiguación de antecedentes ya fue regulada por una norma específica −la ley 23.950− que reemplazó al viejo decreto-ley 333 de 1958. “La capacidad de retener a una persona por hasta diez horas está prevista en la ley vigente, pero con los medios tecnológicos actuales ese plazo resulta excesivo”, señaló.
Carrió también advirtió sobre el uso de expresiones poco precisas en el estatuto, como la posibilidad de que la policía registre y califique a personas según las actividades que realizan. “Es un lenguaje ambiguo, sin definiciones claras, y con una fuente normativa que no es la adecuada”, explicó.
En cuanto al monitoreo de espacios digitales, observó que el decreto no establece qué autoridad fijará las pautas de actuación ni cuáles serán los límites. “Eso genera incertidumbre sobre qué puede considerarse como información privada y quién lo determinará”, dijo. Según el jurista, la falta de precisión y de respaldo legislativo “podría dar lugar a un planteo de inconstitucionalidad”.
Por su parte, el doctor Juan Del Sel, expresidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, también advirtió que un decreto no puede modificar el contenido de una ley. No obstante, observó que la mayoría de las modificaciones se fundamentan “en legislación actualmente en vigor”, como las referidas al Código Procesal y la detención durante diez horas por averiguación de antecedentes. Incluso, agregó, se permiten la requisa urgente sin orden judicial y el allanamiento cuando se dan determinadas características.
Como principal objeción, Del Sel marcó la norma que permite a la Policía Federal confeccionar registros de “personas que usualmente hacen actividades ilícitas”. Adelantó que cuando se presente un caso en ese sentido, seguramente se planteará la inconstitucionalidad. Respecto del ciberpatrullaje, estimó que “ya está permitido y no es novedoso”.
En tanto, el Club de la Igualdad-UCR expresó preocupación por el nuevo Estatuto, ya que “sin necesidad de autorización judicial permite hacer tareas de inteligencia en espacios públicos digitales, como redes sociales, con fines persecutorios y contrarios a la letra y espíritu de la Constitución Nacional y del Código Penal”, planteó la institución en un comunicado.
“El gobierno de Milei, presuntamente en aras de una proclamada libertad avanza antidemocráticamente y restringe cada vez más las libertades y garantías de un auténtico Estado de Derecho”, agregaron.
POLITICA
Tras criticar los festivales, Milei visita Jesús María mañana a la medianoche: evalúan la opción de que entre a caballo
CÓRDOBA.- El viernes será la noche más convocante del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. Con “El Chaqueño” Palavecino como figura estelar, las entradas se agotaron hace una semana. Habrá 30.000 personas. Ese es el contexto que eligió Javier Milei para asistir por primera vez como presidente a una fiesta popular masiva, a las que criticaba en el inicio de su gobierno porque reciben aportes de las arcas de las provincias.
Milei será el tercer Presidente en venir a Jesús María. Lo hicieron Néstor Kirchner, en 2006, y Mauricio Macri, en 2017 -los dos, cuando registraban alta popularidad-. Tuvieron una participación formal: saludo desde el escenario, entrega y recepción de reconocimientos y un rato en la platea para ver el espectáculo. Lo del libertario será distinto.
Ya el horario es inusual. Hasta el momento está previsto que llegue al estadio de la doma alrededor de la medianoche. Según la información que maneja Seguridad de Córdoba -que colabora con la custodia presidencial-, el avión llegará entre las 22 y las 23 al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, desde donde irá en helicóptero a Jesús María.
Su arribo, entonces, coincidirá con la hora a la que habitualmente se presenta “El Chaqueño”. El Presidente “disfruta” del contacto con la gente, según insisten a su alrededor, pero eso puede ser complicado por la logística del festival. En las actuaciones de Palavecino la pista central solo se habilita al público una vez que el cantante entró cabalgando.
“El Presidente podría aprovechar ese esquema e ingresar así, caminando o a caballo, como él prefiera -comentan desde la organización, que todavía no tiene detalles sobre qué quiere hacer Milei-. Atraviesa todo el campo hasta llegar al escenario y la zona de plateas, puede saludar y se lo ve desde todos lados.”
Hay que tener en cuenta que el público -unas 10.000 personas- que después sigue el espectáculo desde la pista, aguarda a los costados, detrás de un alambrado, hasta el momento de entrar. Cuando compran sus entradas, todos saben ya que esto es así.
Otra alternativa que podría utilizar Milei es la del “túnel elevado” con que cuenta el estadio, a donde hay bailarines habitualmente. Esa infraestructura está a la altura de los palenques y tiene buena visibilidad, desde allí podría saludar. También estudian como opción que el Presidente haga su ingreso en una camioneta.
En todos estos casos, el Presidente estará a cierta distancia del público. Para quedar cerca, deberá ir hacia los alambrados perimetrales. Teniendo en cuenta su perfil, nadie descarta que lo haga. Como es habitual, estará acompañado por su hermana, Karina Milei, y por Martín Menem, quienes estuvieron en todas las visitas de Milei a Córdoba. Esta vez, también viajaría el ministro Diego Santilli. La comitiva no será recibida por el gobernador Martín Llaryora, quien está de vacaciones hasta el lunes próximo y en esta edición -la número 60- no participó del festival.
A Milei lo esperarán y acompañarán los referentes y legisladores de La Libertad Avanza (LLA), encabezados por el jefe de la bancada oficialista de Diputados, Gabriel Bornoroni. El senador Luis Juez, aliado libertario, estará ausente con aviso, ya que está de vacaciones. Milei regresará a la ciudad de Buenos Aires después del festival. A las pocas horas, volará rumbo a Asunción del Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea.
De Jesús María fue intendente Luis Picat, quien asumió después como diputado nacional. Durante unos meses fue parte del grupo de “radicales con peluca” hasta que se sumó al bloque libertario.
“Es un honor recibir la visita del presidente de todos los argentinos”, señaló Juan López, titular de la comisión organizadora.
En marzo del año pasado “El Chaqueño” criticó la decisión del Gobierno nacional de eliminar el pago obligatorio a Sadaic. “Aunque tengamos ataques de todos lados, nuestra música siempre está”, dijo entonces en la entrega de un reconocimiento a su trayectoria en la Legislatura porteña. Ahora, afirmó que será “un gusto” conocer al Presidente. El viernes también estarán en el escenario El Loco Amato (cuarteto), Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.
En el inicio de su gestión, Milei criticó los apoyos del Estado a los festivales populares. El caso que tomó como emblema fue el Cosquín Rock, que también se realiza en esta provincia. Entonces, protagonizó un duro cruce con Llaryora, quien defendió la decisión de otorgar exenciones impositivas a estas fiestas, convencido de que terminan generando más recursos que los que se dejan de recaudar.
La provincia también colabora con el Festival de Jesús María. El costo de producción de este año se estima en $7000 millones y el cálculo es que “derrama” entre “cuatro y cuatro veces y media” ese dinero en la región.
No solo el Gobierno de Córdoba es sponsor, sino que también figuran la Agencia Córdoba Turismo, Epec (empresa eléctrica provincial), Bancor, Lotería y Caminos de las Sierras. Entre los organismos públicos que auspician están también el Banco Nación y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En la edición 2025, Llaryora anunció un aporte de unos $330 millones para el festival, además de acciones de turismo y seguridad. Este año el monto pasó de $330 millones a $500 millones.
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POLITICA
El fiscal pide investigar a Chiqui Tapia y Faroni como parte de una red que habría desviado millones de la AFA
La fiscalía le pidió al juez federal, Marcelo Aguinsky, investigar la existencia de una red internacional de intermediarios que operó entre 2021 y 2025 que habría canalizado más de US$300 millones de ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fuera del circuito bancario argentino.
Los involucrados son el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, la administradora de TourProdEnter LLC, Érica Gillette, vinculada al empresario, Javier Faroni, al jefe del área comercial y marketing de la AFA, Leandro Petersen, al controlante de Global FC LLC, Andrés Scornik, al operador financiero ligado a la AFA, socio de Odeoma Gestión, Marcelo Fabián Ramón Saracco, y al socio español de Odeoma Gestión SL, Melchor Amoedo Merlín.
Leé también: La Justicia citó a declarar a Javier Faroni, el empresario investigado por presuntos desvíos de fondos de la AFA en EE.UU.
Según la investigación hubo desvíos de fondos a empresas offshore y actividades privadas, entre ellos un giro de TourProdEnter por US$11.587 a Carbello SRL, dedicada a compra de caballos de salto, y giros de Faroni a Horses Services (transporte de caballos) y Equestrian (compra y venta de caballos).
La fiscalía pidió determinar la relación de las personas denunciadas con las sociedades nacionales e internacionales involucradas y habló de un “denominador común”, mientras que el juez considera que núcleo de la investigación es la AFA.
Los detalles de la ampliación de la denuncia por irregularidades con fondos de la AFA que involucra a Claudio “Chiqui” Tapia
Como anticipó TN la Coalición Cívica, que había hecho denuncias sobre la mansión de Pilar, volvió a presentarse en tribunales para pedir la ampliación de la investigación sobre “una red internacional de intermediarios financieros que operó entre 2021 y 2025, canalizando fuera del circuito bancario argentino más de US$ 300 millones de ingresos de la AFA, bajo el pretexto del ‘cepo cambiario’ y mediante mecanismos irregularmente onerosos (comisiones del 30% sobre los montos manejados)”.
Los denunciantes son Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, de la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió. Los dirigentes piden investigar los posibles delitos de lavado y administración fraudulenta.
Según la denuncia “la AFA recurrió al menos a seis empresas intermediarias o agentes comerciales en el exterior, a través de las cuales recaudó más de US$300 millones provenientes de patrocinadores y otras fuentes, para luego distribuir dichos fondos fuera del circuito legal”.
De acuerdo a la presentación de la CC “este mecanismo se habría implementado bajo la conducción del presidente de la AFA, Claudio Tapia, con la intervención directa de altos dirigentes de su entorno: el entonces director Comercial y de Marketing, Leandro Petersen, el tesorero Pablo Ariel Toviggino y su lugarteniente Juan Pablo Beacon –quien ocupó la dirección ejecutiva de la AFA–, aparecen señalados como organizadores que interactuaban con las empresas intermediarias y las firmas auspiciantes, manteniendo a estas últimas sin contacto directo con los intermediarios”.
AFA, Claudio Tapia, Javier Faroni
La Cámara Federal de Casación Penal desestimó el último recurso de la defensa y clausuró la posibilidad de modificar las condiciones de detención de Cristina Kirchner durante el receso de enero. Los jueces ratificaron que el planteo sobre la modalidad de arresto en el domicilio de Constitución carece de la urgencia necesaria para justificar la habilitación de la feria judicial.
La Sala de Feria de la Casación fundamentó su negativa en el incumplimiento de los requisitos exigidos para un tratamiento excepcional en enero. Los magistrados evaluaron que la defensa no aportó elementos objetivos que demostraran la urgencia del caso.
El voto de la mayoría, conformado por Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, resultó breve y contundente. El texto de la resolución sostiene: “Por no tratarse de un tema de feria conforme la Acordada Nº 07/09 (punto 6) de esta Cámara Federal de Casación Penal, en tanto la cuestión traída a estudio no se encuentra comprendida en el supuesto allí previsto ni el impugnante ha aportado argumentos concretos y objetivos que acrediten la urgencia del caso y justifiquen su tratamiento, devuélvanse las presentes actuaciones vía pase digital a la Secretaría General de esta Cámara para ser remitidas a la Sala que corresponda una vez finalizada la Feria Judicial. Sirva la presente de atenta nota de envío”.
Cristina Kirchner intentó un recurso de reposición para que el mismo tribunal revisara su fallo anterior. Ledesma y Yacobucci rechazaron la presentación in limine, sin dar lugar a trámite alguno.
La solicitud de la exmandataria apuntó a flexibilizar las reglas de su prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. Fuentes judiciales indicaron que la defensa pidió el retiro de la tobillera electrónica de monitoreo.
El reclamo incluyó la solicitud de que ciertos visitantes frecuentes, como el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena, ingresen sin necesidad de autorización judicial previa para cada encuentro. La defensa exigió también la eliminación de los cupos de visitas y el número de personas permitidas en cada reunión. Otro punto del pedido refirió al levantamiento de la restricción horaria impuesta para su permanencia en la terraza del inmueble.
La resolución original de la semana pasada contó con dos votos contra uno. La Sala de Feria se compuso en ese momento por Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky. Los dos primeros se opusieron a habilitar la feria, mientras que Borinsky votó en disidencia a favor de tratar el planteo.
El juez Borinsky argumentó en soledad que el caso ameritaba la intervención del tribunal durante el receso. Su voto expresó: “Se configura en el caso la previsión de la Acordada Nº7/09 de CFCP, en cuanto dispone que ‘se habilitará la feria cuando sea solicitado por alguna de las partes y se trate de un tema en el que esté en juego la libertad. Para las demás cuestiones, sólo se procederá su habilitación cuando los interesados acrediten la urgencia del caso y justifiquen su tratamiento”. En el fallo de este miércoles, que ratificó la negativa ante el recurso de reposición, solo firmaron Ledesma y Yacobucci.
Los recursos de la expresidenta se resolverán tras la finalización de la feria judicial en febrero y la Sala de Feria dejará de intervenir en el caso. El expediente pasará a la Sala IV, encargada habitual de los planteos de la exmandataria, e integrado por Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Fuentes judiciales recordaron que Barroetaveña y Hornos votaron en contra de solicitudes similares en instancias anteriores.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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