Hay cientos de chats, pero también información valiosa que aporta la ubicación de cada llamada, y los entrecruzamientos de todas la comunicaciones para saber con quiénes hablaban los imputados. La información surge de más de 15 celulares secuestrados por la Justicia en las tres causas abiertas contra el juez federal Marcelo Bailaque, que esta semana quedó a un paso del juicio político. El teléfono del magistrado es el más importante aunque todavía no se pudo abrir. Ya están bajo análisis el celular de un secretario del juzgado, y otros tres aparatos secuestrados al ex jefe de la ex AFIP de Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, un persona clave en la trama.

Los teléfonos, secuestrados en su mayoría en la causa por la supuesta extorsión a dos empresarios, fueron abiertos por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), un organismo que depende del Ministerio Público Fiscal, y el contenido ahora está siendo analizado por los fiscales que intervienen en las investigaciones.

“No es sólo análisis de los chats, también hay entrecruzamiento de llamadas, GPS, y ubicaciones, es un análisis más global”, explicó una fuente de la investigación.

Son más de 15 teléfonos. El más importante es el de Bailaque, secuestrado en noviembre del año pasado, durante un allanamiento en su juzgado, a cargo de la Gendarmería, aunque todavía no se logró abrir, pudo saber este medio de fuentes judiciales. En ese operativo también se llevaron el celular de su secretario letrado, Gustavo Guazzaroni.

En el listado también aparecen los teléfonos del empresario Guillermo Whpei, del abogado y contador Omar Rizzo, de Román Scattolon (de la dirección General Aduanera Hidrovía de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero), y de otros funcionarios de la ex AFIP.

“El teléfono de Whpei no aporta demasiado: la mayoría de los mensajes están borrados y no se encontraron conversaciones con Bailaque”, asegura una fuente con acceso al expediente. Sin embargo, los fiscales encontraron decenas de llamados con el juez.

Whpei es un empresario poderoso de Rosario. La acusación en su contra es por su vínculo estrecho con el juez federal. Los fiscales que intervienen en las causas lo acusan de haber participado en una maniobra para extorsionar a dos financistas. Pero también está imputado por utilizar esa influencia para direccionar $1.000 millones hacia una entidad financiera que preside.

La causa de la extorsión a los financistas se potenció a partir del testimonio del ex titular de ARCA de Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna, quien se arrepintió ante la Justicia y entregó varias propiedades.

Según ese testimonio, la maniobra comenzó en 2019, tras una reunión en la casa de Bailaque, en la que también estuvo el empresario Whpei y un periodista. El primer paso fue una “investigación” administrativa en la ex AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. Con ese material, se hizo una denuncia anónima para que intervenga el juzgado de Bailaque. El objetivo final era pedirles dinero a los empresarios a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo.

Vaudagna reconoció que los financistas terminaron pagando 160 mil dólares, en varias cuotas.

El rol de Whpei habría sido clave porque hizo de intermediario con los financistas. La primera reunión, según el testimonio del arrepentido y de los propios empresarios, había tenido lugar en octubre de 2019, en las oficinas de Whpei, en Sarmiento al 700, en el centro de Rosario.

Whpei también está acusado de haber influenciado en la decisión de Bailaque de transferir fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, de los hermanos Whpei.

Concretamente, los fiscales le imputan haber desplegado “maniobras” para lograr determinar al interventor judicial de la cooperativa y a Bailaque para que promuevan el desbloqueo de los fondos entre febrero de 2020 y abril de 2021. En total fueron 1.000 millones de pesos. “La decisión del juez estuvo precedida de un pedido del interventor y los fondos no fueron todos a la misma mutual”, destacó una fuente de la defensa de Whpei.

El empresario fue detenido en un primer momento pero luego se le otorgó la domiciliaria porque está a cargo de una hija discapacitada.

Bailaque tiene otra causa por presuntas maniobras dilatorias en favor del capo narco Esteban Alvarado y su ex esposa Rosa Natalí Capuano, con quienes habría tenido una conexión a través del contador Gabriel Mizzau.

El teléfono del contador se abrió hace tiempo. Los mensajes y las comunicaciones fueron una prueba clave. De hecho, se determinó que tenía más de 800 llamados con la ex mujer de Alvarado.

Al momento de la imputación, los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari le atribuyeron a Bailaque no haberse excusado al intervenir en una causa contra Alvarado que estaba en su despacho desde 2013. Concretamente, lo acusaron de haber demorado escuchas telefónicas a Natalí Capuano, quien estaba como responsable de una de las empresas mencionadas.

Los fiscales vienen trabajando junto a los titulares de la Procelac, Diego Velasco, y de la Procunar, Diego Iglesias, quienes intervinieron activamente del proceso.

“No tengo ni tuve ningún tipo de vinculo de modo directo ni a través de un tercero, amigo o no, con narcotraficante alguno. Jamás he tenido trato alguno para favorecer a personas investigadas por narcotráfico, inconcebible además en esta ciudad que ha sido golpeada en mayor medida por el contexto de violencia en relación al mundo del tráfico ilícito de estupefacientes”, sostuvo Bailaque en su defensa ante el Consejo de la Magistratura.

El juez no logró conmover a los consejeros. Por unanimidad, esta semana la Comisión de Acusación votó la apertura de un Jury y la suspensión del magistrado. “Se encuentra debidamente acreditado y configurado el mal desempeño del magistrado Bailaque, por obrar con falta de integridad, de transparencia, de imparcialidad, de probidad y de decoro, que les es exigida a los magistrados de la Nación, en perjuicio del sistema de justicia y erosionando así la confianza pública en el sistema judicial”, opinó el diputado Alvaro González, que encabezó la investigación, antes de la votación.

El juicio político quedó en manos del plenario del Consejo de la Magistratura. Para avanzar se necesitan los dos tercios de los integrantes. El proceso se interrumpirá si el Gobierno acepta la renuncia de Bailaque. Según pudo saber este medio, hay un debate interno si se debe aprobar o rechazar la renuncia.

La investigación penal avanza por otro camino. “Lo que queda ahora, una vez analizada la prueba, es presentar la acusación para ir a juicio”, resumió uno de los fiscales involucrados. Para eso, el contenido de los teléfonos puede ser determinante.

El proceso contra Bailaque expuso las bondades del sistema acusatorio, que en dos meses comenzaría a implementarse en Comodoro Py. Las audiencias son orales y el proceso avanza a otra velocidad.

En la audiencia donde los fiscales expusieron la imputación contra el juez federal se conocieron varios mensajes encontrados en un celular de Vaudagna. Ahora los fiscales analizan el contenido de otros tres celulares secuestrados al ex funcionario de ARCA en octubre del año pasado.

Las pericias no terminaron. Esta semana se abrirán cuatro pen drive y una computadora.