Tras formar parte del reclamo por mayores fondos a la Casa Rosada, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, suspendió desde el 1° de julio toda actualización salarial para funcionarios políticos de la provincia.

La medida excluye a los empleados públicos del escalafón provincial y abarca a los cargos principales de la administración central, los organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado.

“La situación económica de la provincia sigue siendo muy delicada”, advirtió Frigerio. El mandatario mencionó la caída en la coparticipación federal, la baja recaudación propia y la falta de transferencias de Nación, además del peso de la deuda pública heredada, como factores clave del deterioro fiscal.

El decreto invita a los poderes Legislativo y Judicial a sumarse a la iniciativa. En ese sentido, el bloque de senadores de Juntos por el Cambio respaldó públicamente la decisión. “Adherimos plenamente a la suspensión de actualizaciones salariales y dietas para senadores y funcionarios”, indicaron en un comunicado.

El decreto establece que el Ministerio de Hacienda y Finanzas podrá modificar o levantar la medida si la situación fiscal mejora.

No es la única provincia que ajusta. En Santa Cruz, en el último acuerdo paritario del sector de la salud que se firmó el jueves pasado, se dejó de lado la “cláusula gatillo” que aumentaba los salarios a la par de la inflación. Fue reemplazada por una suma fija mensual.

En Chaco, el último aumento fue en marzo. La provincia redujo un 30% los viáticos en la administración pública. Fue una medida firmada el 18 de junio fundamentada en la necesidad de racionalizar el gasto y optimizar el uso de los recursos . Lo hizo el gobernador Leandro Zdero mediante el Decreto 1008/25, que establece una nueva escala de viáticos para empleados públicos. La motosierra, en Chaco, pasó también por la suspensión de contratos que venían de la gestión anterior.

En Río Negro los aumentos también tuvieron la forma de sumas fijas. Este viernes se abonará un bono de 40.000 pesos y en julio están previstas sumas fijas, de carácter permanente, de 30.000, 35.000 y 40.000 pesos según la categoría. En agosto serán de 20.000, 25.000 y 30.000 pesos.

En Misiones se otorgó un3 por ciento de aumento a los empleados públicos en mayo. Se había prometido convocar a los gremios a negociar otro incremento en junio. Pero el mes termina y el llamado aún no llegó.

Los gobernadores vienen escalando sus reclamos en medio de las dificultades financieras que enfrentan sus provincias.

Esta semana, los 24 mandatarios provinciales en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) se mostraron unidos en su reclamo.

No es la primera vez que desde las provincias suenan los pedidos para que el Gobierno sea más generoso en el reparto de los recursos que son coparticipables pero que retiene la Nación. Las transferencias automáticas por coparticipación se derrumbaron: según datos del Ministerio de Economía, las provincias debieron afrontar durante mayo una caída real del 23,8% en promedio con respecto al mismo mes del año anterior.

La réplica de Guillermo Francos, jefe de Gabinete, no tardó en llegar. “Los gobernadores siempre quieren más plata; tratamos de encontrar algún camino para responderles y que no tenga impacto en las cuentas. Pero no hay ninguna posibilidad de que el presidente (Javier) Milei y el ministro (Luis) Caputo cedan un ápice en el superávit fiscal. Podrán venir los 24 gobernadores a plantearnos…Y cualquier ley que quiera alterar eso será vetada”, avisó.

El Gobierno nacional desvinculó a la jefa de la sección El Bolsón de PAMI y suspendió por 29 días a los trabajadores de la misma oficina, que el pasado 18 de junio no abrieron las puertas del lugar en repudio a la confirmación de la condena a Cristina Kirchner.

En el comunicado del organismo presidido por Esteban Leguízamo se consignó que se tuvieron en cuenta para la decisión la “política de transparencia y responsabilidad”. Y agregaron que no se tolerará “el uso político partidario de recursos públicos ni el abandono de las funciones de la administración pública”.

También detallaron que, pese a las suspensiones de los trabajadores involucrados, se garantizará el servicio para los 3700 afiliados de PAMI en esa seccional.

El caso comenzó a investigarse internamente la semana pasada. Fue luego de que las autoridades del PAMI a nivel nacional tuvieran conocimiento de lo sucedido, el último miércoles 18.

Ese día, mientras el kirchnerismo convocaba a marchar a Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Kirchner por la condena por corrupción, en El Bolsón, la sede de PAMI no abrió las puertas del local. Eso pese a que los empleados estaban en su interior y que los afiliados se acercaron para ser atendidos, lo que no lograron en ningún casos, según fuentes gubernamentales.

Al malestar de las autoridades nacionales se sumó que ese día fue extremadamente frío en la ciudad patagónica y los afiliados estuvieron a la intemperie esperando en vano ser atendidos, según reconstruyeron desde el PAMI a .

“Gente mayor que llegó al lugar y no fue atendida en todo el día; fue un desastre”, dijeron fuentes al tanto del expediente interno que se abrió en la obra social de los jubilados.

El punto buscó ser refutado desde ATE donde afirmaron que se montó una guardia mínima para atender urgencias. “Tenemos pruebas de que ese día hubo atención al público; en ningún momento se dejó de atender; ATE llevó adelante una acción en todo el país y en cada uno de los organismos estatales nacionales se garantizaron las guardias mínimas; La Libertad Avanza está usando de manera política esta situación”, dijo Rodrigo Vicente, trabajador de PAMI y secretario general de ATE y de la CTA Autónoma Río Negro.

En diálogo con , Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, aseguró que “se trata de un operativo de prensa de La Libertad Avanza (LLA) en Río Negro”.

Aguiar afirmó que los trabajadores de la delegación de PAMI en El Bolsón “manifestaron completa adhesión, es decir, una acatamiento del 100%, al paro convocado por ATE durante esa jornada en defensa de la democracia y para exigir el juicio político a los miembros de la Corte Suprema”.