POLITICA
Círculo rojo: Hidrovía auditada, versiones post octubre en el Gabinete y cierres provinciales

Unos meses después de que el Gobierno diera de baja el concurso por la hidrovía, y denunciara a la empresa DEME, de origen belga, que buscó frenar el proceso con una serie de denuncias judiciales -se sigue en los tribunales de Defensa de la Competencia-, el Poder Ejecutivo volvió a la carga para intentar avanzar, hacia el último trimestre del año, en un nuevo llamado a licitación para la vía que se utiliza para transportar el 80% de los bienes exportados de la Argentina.
Después de una intensísima disputa público y privada, con altísimos intereses cruzados entre el gobierno y Mauricio Macri, y de que desde el propio Ejecutivo se acusara al ex presidente de orquestar una “operación sin precedentes desde equipos técnicos que fueron parte de su gobierno”, la Casa Rosada reeditó una ronda de consultas con mesas sectoriales y con visitas a todas las provincias involucradas, con una novedad: por primera vez desde que la administración libertaria tuvo que bajar el fallido proceso licitatorio, habrá una auditoría externa a cargo de la UNCTAD, la oficina de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo que ya había firmado un contrato con la anterior gestión de Cambiemos para supervisar el procedimiento que, tanto antes como ahora, es seguido con especial atención por actores de peso del establishment local, detrás de un negocio mega millonario.
En el Gobierno dicen que la instrucción de Javier Milei fue justamente atar el proceso a una revisión internacional como el caso de la ONU, pero lo cierto es que en Casa Rosada reconocen que fue el PRO el que “metió ruido” en la licitación, es decir, que fueron el propio Macri y parte de su entorno los encargados de poner la lupa en un procedimiento que fue cuestionado y que el Ejecutivo no tuvo margen para no darlo de baja.
La licitación está a cargo de Iñaki Arreseygor, de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, un funcionario técnico que ya había trabajado para el PRO, que está abocado casi a tiempo completo al proceso: sus colaboradores explicaron que, una vez que se cayó el pliego, en febrero pasado, se incorporaron “técnicos del PRO” y que “la idea es convocar a audiencia pública” hacia octubre, una vez que finalicen la ronda de consultas que ya fueron supervisadas, en reuniones recientes, por técnicos españoles de la UNCTAD que viajaron especialmente para la ocasión. “El pliego que salga va a estar auditado”, opinaron desde el Gobierno. Desde la cúpula del PRO sigue la desconfianza.
Es que la licitación por la hidrovía, a cargo de Puertos y concesionada actualmente por la empresa Jan de Nul, con fuertes vínculos locales, se presentó a la luz del día como la primera gran disputa entre La Libertad Avanza y el PRO cuando la relación entre Milei y Macri empezó a crujir. “Mauricio, por décima vez: no te vamos a dar la hidrovía”, se escribió en noviembre del año pasado en la cuenta de X de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación de Santiago Caputo, que tiene una influencia directa sobre Arreseygor. El posteo se publicó después de que se cayera por primera vez el proyecto de Ficha Limpia en Diputados y el vínculo entre el ex presidente y el “triángulo de hierro” empezara a mostrar serias señales de quiebre.
Octubre, ¿y después? Serias son las disputas que se libran en el territorio bonaerense entre el sector de Caputo y el bando de Karina Milei, representado en la figura de Sebastián Pareja, el armador provincial de la secretaria General que se complementa, a nivel nacional, con la familia Menem como sus principales operadores.
Condenada y presa Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, el Gobierno diseña su estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires con una premisa: la lapicera para las listas seccionales de septiembre tendrá a la hermana presidencial como su única dueña, y se especula con que la influencia de Caputo, el consultor estrella, sea algo menos relevante sin la ex presidenta en el campo de juego electoral.
En ese contexto, las alquimias electorales para septiembre y octubre, y el acuerdo entre el Gobierno y el PRO en territorio provincial, tendrían un impacto directo en el gabinete libertario, que casi seguro sufrirá modificaciones después de las elecciones. No solo por los funcionarios-candidatos, sino porque puertas adentro del Ejecutivo reconocen que la administración libertaria necesitará más temprano que tarde una refrescada. Desde las propias Fuerzas del Cielo son conscientes de que la gestión empezó a mostrar señales de fatiga, y que la narrativa ya no entusiasma como hace algunos meses atrás.
En ese sentido, ya se empiezan a especular con algunos nombres. Uno de ellos es el de Luis “Toto” Caputo: en Economía comenzaron a trascender versiones para después de las elecciones de octubre para “el mejor ministro de la historia”. Dentro de la ARCA lanzaron, en paralelo, a Juan Pazo como virtual reemplazo, aunque cerca del funcionario desmintieron categóricamente cualquier tipo de destino, más allá del reconocimiento a todo tipo de especulaciones.
Cualquier modificación en el Gabinete estará relacionada, además, con la decisión que el triángulo de hierro vaya a tomar en virtud de la habilitación, o no, de potenciales candidaturas testimoniales. Es un debate desatado alrededor de Patricia Bullrich, que tiene todos los boletos para subirse en octubre como postulante a senadora por la ciudad de Buenos Aires: la ministra debe definir de manera paralela si tiene o no intenciones de intentar un camino hacia la Jefatura de Gobierno en el 2027, y aprovecharse de la debacle del PRO en la casa matriz.
En ese hipotético plano, se menciona a Alejandra Monteoliva, la secretaria de Seguridad, de su riñón, como posible reemplazo de Bullrich. En ese listado anotan, en tanto, al intendente Diego Valenzuela, el compañero de facultad de Milei, asiduo visitante de Olivos. Algunos aportaron el nombre de Cristian Ritondo, actor principal de las negociaciones LLA-PRO en territorio bonaerense, pero el puesto no sería ahora del interés del diputado. En cambio, a Guillermo Montenegro, de Mar del Plata, casi seguro cabeza de lista de la quinta sección electoral de una alianza violeta, le tienta volver a vivir a la capital, y tener una oportunidad en el Gabinete, en ese caso en Justicia si es que los Milei deciden desprenderse de los servicios de Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, de la escudería de Caputo, acepta a un peso pesado como el intendente.
Las negociaciones en territorio provincial no se circunscriben solo a LLA y el PRO: el radicalismo también presiona para tener influencia. Y hay movimientos también en el peronismo no K. El miércoles, por lo pronto, podría haber una foto entre el intendente Julio Zamora, de Tigre, y un grupo de jefes comunales de la UCR. ¿Zamora podría encabezar una boleta referenciada en Facundo Manes en la primera sección electoral en septiembre? Podría ser. El diputado neurocientífico armaría una puesta en escena esta misma semana en La Plata con el cordobés Juan Schiaretti.
En simultáneo, en el seno del Gobierno, existen todavía trascendidos alrededor de Manuel Adorni, legislador electo porteño, a pesar de que las posibilidades de que asuma su banca en diciembre siguen siendo altísimas. Al vocero presidencial, sin embargo, podrían guardarle para después de que desembarque en la Legislatura un puesto de muchísima más relevancia que el actual en el gabinete. Al menos eso es lo que se comenta en usinas porteñas.
Es una incógnita aún el caso de Luis Petri, sobre quien también se especuló, porque el ministro de Defensa, que acumuló tensiones con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, prefiere mantener la atracción pública del gabinete nacional y no recalar otra vez en el Congreso, para tener que pelear por la vidriera junto a 257 diputados.
Last dance, ¿next dance? De Mendoza a Corrientes, próxima a elegir gobernador en las elecciones del 31 de agosto, una de las dos provincias -la otra es Santiago del Estero- que eligen sucesor provincial en este calendario. No se sabe cuántos bailes más habrá en los próximos tiempos en el balcón de San José 1111, esquina Humberto Primo, en Constitución, pero el de Corrientes del 7 de junio pasado, 72 horas antes de que la Corte Suprema rechazara el recurso de queja de los abogados y confirmara la prisión a seis años y la inhabilitación perpetua, fue su last dance en un acto público proselitista, en ese caso para apuntalar al candidato Martín Ascúa, al que visitó solo por unas horas: del aeropuerto, viajó 130 kilómetros por tierra hasta el anfiteatro de Paso de los Libres donde se hizo la presentación y, apenas terminado el acto, otros 130 kilómetros de vuelta para embarcarse por aire otra vez hacia Buenos Aires.
Los organizadores, como ya se publicó en esta sección, soñaban con tener a Cristina Kirchner en al menos otras dos oportunidades, en una provincia en la que registra buenas mediciones, de cara a las elecciones del 31 de agosto, para tratar de forzar una segunda vuelta y llegar al 7 de septiembre bonaerense con envión hasta que la Corte hizo trizas esa estrategia de campaña.
Abocados al rediseño de la campaña, en el peronismo se espera, sin embargo, por la negociación entre el gobernador Gustavo Valdés y la Casa Rosada, a un par de semanas del cierre de alianzas. Lo último que se sabe es que Eduardo “Lule” Menem, que habla en nombre de “El Jefe”, le transmitió a Valdés como definición casi inamovible que LLA no está dispuesta a ir como aliada si la decisión final es postular a Juan Pablo, el hermano de Valdés, como se prevé con un alto grado de certeza. “Si eso pasa, y hoy pareciera ser así, no cerramos y vamos solos por afuera”, opinaron fuentes libertarias.
Es una estrategia audaz porque el Gobierno podría correr el riesgo, en ese contexto, de salir tercero. Por el contrario, la Casa Rosada ofreció acordar un postulante común -aún se ilusiona el senador radical Eduardo “Peteco” Vischi, un eterno soñador, también el diputado Lisandro Almirón, y nunca pierde las esperanzas el remero Carlos “Camau” Espínola-. Sigue el humo negro.
Tampoco hubo, hasta ahora, humo blanco en otras provincias, como Entre Ríos, los pagos de Rogelio Frigerio, que trabaja para alcanzar un acuerdo con los libertarios para octubre, en un distrito que además renueva sus tres senadores. La renovación de la Cámara alta posiciona a Entre Ríos en un selecto grupo junto a otras siete provincias, porque, en paralelo, el PJ acaba de cerrar listas internas con una particularidad: encabezados por Adán “Beto” Bahl para el Senado, y Guillermo Michel para Diputados, los peronistas negociaron con los intendentes y todos los sectores del PJ entrerriano listas de unidad. En realidad, con casi todos los sectores: no hubo lugar para La Cámpora.
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POLITICA
La ONU advirtió sobre la carencia de estadísticas confiables de discapacidad en Argentina

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que Argentina enfrenta serias dificultades para contar con información confiable sobre personas con discapacidad, una situación que limita la implementación de políticas públicas inclusivas y efectivas. El alerta se dio a conocer a través de un informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), que analiza la calidad de las estadísticas en la región y propone mejoras para la recolección de datos.
Según la especialista Sabrina Juran, asesora en población y desarrollo del Unfpa, “la visibilidad estadística de las personas con discapacidad es un elemento fundamental para el diseño de políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades y la inclusión plena en la sociedad”. En este sentido, el informe subraya que la falta de información robusta dificulta comprender la magnitud real del fenómeno y las barreras que enfrentan quienes viven con alguna discapacidad.
Uno de los principales problemas señalados por el estudio es la forma en que se realizó el Censo Nacional de Población 2022. A diferencia de censos anteriores, no se incluyó directamente la pregunta sobre discapacidad, sino que se utilizaron términos como “limitaciones” o “dificultades”. Esta decisión, según el informe, impide tener cifras exactas sobre cuántas personas en Argentina presentan algún tipo de discapacidad, dificultando la comparación con datos internacionales y locales anteriores.
En 2010, el censo había revelado que aproximadamente el 12,9% de la población argentina tenía algún tipo de discapacidad. Tomando esta referencia y los estándares internacionales, se estima que actualmente más de seis millones de argentinos podrían estar afectados por alguna condición de discapacidad, aunque la ausencia de datos recientes y confiables genera incertidumbre.
El informe también señala que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de 2022 únicamente registró la cantidad de personas con discapacidad en los hogares, sin indagar en sus características, necesidades específicas o barreras para el acceso a derechos básicos como educación, empleo y salud. La falta de armonización metodológica entre censos y encuestas limita la posibilidad de elaborar políticas públicas que respondan a la realidad de esta población.
Entre las recomendaciones del estudio se incluyen la adopción de las pautas del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad (GW), que sugieren la inclusión de preguntas con respuestas graduadas, permitiendo medir la intensidad de las limitaciones funcionales. Asimismo, se destaca la necesidad de involucrar a organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y difusión de los cuestionarios, y de capacitar a los encuestadores para garantizar un proceso respetuoso y accesible para todos.
El documento resalta el ejemplo de Chile, que implementó las recomendaciones del GW en su Censo 2024 y en la Encuesta CASEN 2022, captando la diversidad de limitaciones en seis dominios: visión, audición, movilidad, cognición, autocuidado y comunicación. Este enfoque integral permitió no solo contar a las personas con discapacidad, sino también conocer las barreras sociales y culturales que enfrentan, sirviendo de referente para la región.
En Argentina, la situación actual ha generado tensión entre el Estado, prestadores y familias de personas con discapacidad. Diversas agrupaciones anunciaron nuevas movilizaciones frente al Congreso, reclamando la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la asignación de fondos adecuados para garantizar derechos básicos y programas de inclusión.
El informe concluye que, mientras persista un enfoque parcial o basado únicamente en limitaciones individuales, la planificación de políticas seguirá siendo incompleta. La información estadística confiable no solo permite diseñar programas más eficientes, sino que también fortalece la visibilidad y el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos.
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POLITICA
Senado: el Gobierno se enfrenta a una sesión con derrotas en emergencia pediátrica y presupuesto universitario

El Gobierno libertario se prepara para enfrentar, en caso de ser confirmada en las próximas 48 horas, una sesión con dos potenciales derrotas de difícil digestión para la Casa Rosada: un conglomerado senatorial opositor y en plena campaña electoral rechazará -Diputados ya lo hizo- este jueves los vetos que Javier Milei aplicó a las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año -hospital Garrahan como emblema- y que blinda el presupuesto de universidades públicas.
Al tratarse de vetos, quienes impulsan la reanudación de las normas precisarán dos tercios para incluir a ambas sobre tablas -no fueron dictaminadas- y, sobre todo, para votar. Esto no será un problema. En la Cámara alta, los textos fueron sancionados por amplio margen el 21 de agosto pasado: el primero obtuvo 62 adhesiones, mientras que el segundo logró 58 avales, sobre un pleno de 72 integrantes.
En dicho encuentro, el proyecto sobre el Garrahan fue rechazado por los siete legisladores libertarios -ya se cuenta aquí al formoseño Francisco Paoltroni– y macrista violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), mientras que la votación marcó dos ausencias: el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y el jefe del PRO en el Senado, el aliado circunstancial del oficialismo Alfredo De Ángeli (Entre Ríos).
Dicha situación no se repitió para universidades, pese a haberse realizado en la misma sesión. En esa definición, Romero y las macristas Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) prefirieron abstenerse, mientras que los diez votos negativos fueron los siete del oficialismo más Rivero, la radical -filo violeta por Patricia Bullrich– Carolina Losada (Santa Fe) y el misionero Martín Goerling (Pro-Misiones). De Ángeli evadió de nuevo la exposición y fue el único ausente.
Garrahan
Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
Universidades
El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.
Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.
Además, ante una eventual reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.
Definiciones
Se espera que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, convoque a los jefes de bloque de la oposición y el oficialismo para determinar, en la reunión de Labor Parlamentaria -martes por la tarde, en principio-, el temario para el eventual convite del jueves.
A los vetos se añadiría el pliego que prorroga, por cinco años, el trabajo de de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, provincia de Misiones ,Mirta Delia Tyden, que se dictaminó el jueves pasado en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda la legisladora larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires).
Como sucedió en otras ocasiones, hay iniciativas ya despachadas y con diversos pedidos realizados por la radical -aunque tributa en Provincias Unidas- Edith Terenzi (Chubut) que, de a poco, se suman para avanzar en el recinto.
Tampoco hay que olvidar lo que el titular del Frente de Todos, José Mayans, planteó en la última sesión: “Estamos charlando con los presidentes de las distintas bancadas. También tenemos conversaciones con diputados, y vamos a declarar el sistema nuclear argentino como un bien público, estratégico, no enajenable, por lo que representa el sistema nuclear argentino”. Hasta anoche, no había novedad alguna.
Al margen de todo lo que ocurrirá en el recinto, el Senado estará cargado de comisiones entre mañana y el miércoles, con proyectos que no pudieron discutirse días atrás por faltazos de varias bancadas opositoras. Sí piensan asistir cuando aparezca un ramillete de interpelaciones a funcionarios libertarios. Ocurrirá pasado mañana.
POLITICA
Patricia Bullrich habló en clave electoral y cuestionó al Congreso: “Discutieron proyectos que van contra el Gobierno”

La ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora por La Libertad Avanza en Capital Federal, Patricia Bullrich, habló en clave electoral y resaltó la importancia de fortalecer el vínculo con Mauricio Macri, luego de los inesperados resultados de las elecciones legislativas de septiembre en la Provincia de Buenos Aires y el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos de Javier Milei. Todo esto impulsó al oficialismo a reorganizar la gestión y el rumbo de la campaña. A su vez, cuestionó duramente a los legisladores por votar proyectos que van en contra del programa económico del Gobierno.
“Nosotros estamos yendo juntos en una cantidad importante de Provincias. Acá, en la ciudad de Buenos Aires, estamos yendo juntos cuando en el mes de mayo se fue separado”, dijo, remarcando las intenciones que desde el Gobierno vienen mostrando, y cuestionó: “Qué sentido tiene competir si podemos ir juntos“. Esta no sería la primera vez que la ex integrante del PRO insiste con retomar el diálogo con el titular del partido amarillo y unificar fuerzas, después del batacazo de agosto en el que LLA quedó en tercer lugar. “Será cuestión de restablecerlo” indicó, y recordó que “estamos en el mismo comité de campaña con los representantes del PRO que están en la Capital Federal, y además todos nosotros venimos de ahí, así que nos sentimos parte, tenemos la misma forma de pensar, tenemos la misma mirada”.
El primer paso lo dio el propio presidente Javier Milei durante la noche del domingo, cuando intercambió algunos mensajes con el líder del PRO, tal como pudo saber Infobae.
Además, reconoció que en la última campaña hubo un error estratégico: “Quizás cometimos el error de nacionalizarla, de no mantenerla como mantuvimos otras de las elecciones locales”. “Entramos en un juego que no teníamos que haber entrado”, definió.
La funcionaria defendió las medidas adoptadas luego del resultado electoral de septiembre en la provincia de Buenos Aires, en donde Fuerza Patria ganó en la mayor parte de los municipios. “Tomamos al toro por las astas, se tomaron medidas y creo que logramos demostrar que con medidas correctas, logramos parar lo que se quería hacer, que era una sangría, que el país vuelva a una sangría”, manifestó. En este sentido, Bullrich se mostró optimista para la competencia electoral del próximo mes. “Lo evitamos porque tenemos fundamentos sólidos, porque tenemos aliados sólidos. Así que hoy estamos, creo, que para dar una batalla electoral que para nosotros va a ser importante”, dijo. “Ganar esta elección para la Libertad Avanza – PRO, en este caso, en todo el país, es una fortaleza para los próximos dos años”, añadió.
“Las cosas que se pueden hacer si trabajamos mirando hacia el futuro y mirando lo que el país puede ser, y no tratando todo el tiempo de ponerle un palo en la rueda del Gobierno, la verdad es que es impresionante”, sostuvo al referirse a la decisión que adoptaron desde la Casa Rosada cuando anunciaron hace una semana que las retenciones en cero para granos se mantendrían hasta el 31 de octubre o hasta que se agote el cupo de USD 7.000 millones establecido, —tras el apoyo de Estados Unidos—, lo que finalmente sucedió.
Luego, aprovechó la oportunidad para cuestionar el resultado de las últimas sesiones en el Congreso. “¿Se discutió el régimen penal juvenil?, ¿Se discutieron los proyectos que había que discutir para mejorar la seguridad en Argentina?, no; no se discutió nada. Se discutieron todos proyectos que tenían como objetivo destruir las bases fundamentales del programa económico del Gobierno», señaló la ministra de Seguridad Nacional, y añadió: “El Gobierno estaba y está bajo fuego en el Congreso“.
En diálogo con LN+, la funcionaria también se refirió al triple femicidio de Florencio Varela, en donde Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron víctimas de un brutal asesinato que incluyó torturas y la transmisión en vivo del momento de la masacre. Las chicas, todas menores de 21 años, estuvieron cinco días desaparecidas.
“Sin duda fue un crimen mafioso perpetrado por una organización que no estaba dentro de lo que puede ser el radar de las organizaciones que se persiguen, que se las busca de manera permanente, se las desarma, se las desestructura”, explicó e indicó que el principal sospechoso, conocido como “Pequeño J.”, de nacionalidad peruana y veinte años, no había sido detectado previamente por las autoridades. “No estaba ni en el radar de la provincia de Buenos Aires, ni en el de la Ciudad, ni en el radar nacional. Por eso se demoró en encontrar su nombre. Ahora se sabe quién es”, subrayó.
No obstante, la funcionaria apuntó contra el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el titular de la cartera de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, a quienes acusó de “politizar” el crimen, para eludir responsabilidades institucionales. “Que ellos lo politicen no quiere decir que uno haga exactamente lo mismo que hacen, que es tratar de hacer es sacarse el problema de encima”.
Aseguró que desde la cartera que dirige acompañaron a sus pares en la Provincia. “Estuvimos en la frontera trabajando y ahí hay un detenido, y también tenemos algunas hipótesis. Hemos alertado, por supuesto, a todas las policías del país. También la Policía de Jujuy ha estado trabajando con mucha profesionalidad”, señaló. En una conversación que mantuvo con el fiscal de la causa, remarcó la necesidad de que implementen la Ley Antimafia porque es el objeto legal que la hará que todos los responsables tengan la “máxima condena”, desde el que miró por un video o por un Instagram el asesinato y no avisó hasta los mismos responsables.
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