POLITICA
Con críticas al Gobierno, Cristina Kirchner puso en marcha un relato carcelario que pone a prueba a Kicillof y al PJ

Cristina Kirchner repitió la dirección no una, sino hasta media docena de veces la última semana. ”¿Cómo están? Yo aquí, en San José 1111, firme y tranquila”. ”¿Me escuchan? Soy yo, Cristina, estoy acá en San José 1111”. ”¿Cómo están todos? Bueno, de San José 1111 a Parque Lezama”.
La ex presidenta ya lo decidió: no está dispuesta a resignar su cuota de poder. No quiere que San José 1111 sea el encierro de su liderazgo, el final de un ciclo que en la última década y media la tuvo como protagonista central del sistema político. Cristina Kirchner decidió transformar la condena por Vialidad, los seis años de prisión y la inhabilitación perpetua en la construcción de un nuevo relato domiciliario, inédito en la historia contemporánea del país, mediante el cual intentará retener la conducción de un peronismo al que pone a prueba desde San José 1111, esquina Humberto Primo, el departamento de Constitución en el que cumple condena, desde el que dispara audios con consignas épicas y críticas cada vez más serias sobre el rumbo del gobierno.
“Cristina deberá decidir qué quiere. Pero por lo que se vio en la plaza del miércoles pareciera ser el punto de partida”, aseguró un dirigente que la frecuenta seguido y que la visitó en el departamento de San José, la nueva sede que reemplazó obligadamente a las oficinas del Instituto Patria. La frecuencia y la calidad de las visitas de las próximas semanas -la ex mandataria pidió en estas horas mayor flexibilidad a la Justicia después de que la habilitaran a salir al famoso balcón- servirán como primer termómetro de la vigencia de su liderazgo, por fuera de sus abogados y familiares, y de dirigentes cercanísimas como Mayra Mendoza o Teresa García, tal vez las dos mujeres de mayor confianza por estas horas.
En las usinas más cristinistas existe una atracción recurrente con Lula da Silva, que podría visitarla próximamente en la calle San José, y que volvió a la presidencia de Brasil después de casi 600 días de cárcel a través de un acuerdo amplísimo. Pero el experimento “Cristina libre”, la versión local de Lula, presenta en principio una serie de diferencias sustanciales con el caso de la expresidenta. Encarcelado por corrupción en abril del 2018 por supuestos desvíos de dinero de contratos entre Petrobras y la constructora OAS que habrían terminado en la compra de un departamento en Guarujá, Lula fue excarcelado en noviembre del 2019 por el Supremo Tribunal Federal. A diferencia de Cristina Kirchner, el presidente de Brasil todavía contaba con recursos abiertos en la corte de ese país. En junio del 2021, por siete votos contra cuatro, el STF determinó que el juez Sergio Moro no había sido imparcial, que el proceso había sido fraudulento, y anuló la investigación. Un año y medio después asumió otra vez la presidencia.
CFK conoce sus limitaciones judiciales. Ya no le quedan recursos en la Corte Suprema. La defensa de sus abogados alegó en reiteradas oportunidades, y lo plasmó en el recurso de queja, la supuesta parcialidad por parte de los jueces que la investigaron y que visitaron en reiteradas oportunidades a Mauricio Macri en Olivos, y una serie de deficiencias técnicas. El rechazo de hace dos martes del Tribunal al recurso de queja fue implacable, y la ex presidenta ya no tiene ninguna instancia de revisión. Para peor, hacia fines del año pasado, en diciembre, la Corte había resuelto otras causas sensibles como Hotesur y Los Sauces, y en noviembre debería empezar el juicio por la causa de los cuadernos, por la que se procesó a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita junto a empresarios y ex funcionarios, más allá de que en el mundillo judicial reconocen errores procesales significativos durante la instrucción.
La resolución de la Corte por Vialidad y los reiterados traspiés de la expresidenta en los tribunales exhiben la otra faceta del declive del proyecto K que ahora CFK busca rediscutir desde la resistencia carcelaria de San José 1111: la pérdida de poder en un área, como la Justicia, en la que los Kirchner tuvieron un amplio predominio.
En el Poder Judicial insisten en que la defensa técnica de Cristina Kirchner en Vialidad no fue la más adecuada. Y que los mensajeros políticos de ese rubro tampoco acertaron en la vinculación. Mencionan particularmente a Eduardo “Wado” de Pedro, también a Gerónimo Ustarroz. Distinto fue, dicen, Juan Martín Mena, al que le reconocen otro “seniority”. El kirchnerismo dejó de tener, además, operadores judiciales influyentes como en las épocas doradas del proyecto, hasta que la situación se desmadró por completo: durante el gobierno de Alberto Fernández, la expresidenta ordenó ejecutar un juicio político a los jueces de la Corte, y pidió correr del ministerio a Marcela Losardo, que era del riñón del entonces presidente y que había acumulado con los años una relación aceitada con la corporación judicial. Lo reemplazó Martín Soria, que no hizo más que cosechar enemigos.
Las negociaciones recientes con el gobierno de Javier Milei por la ampliación de la Corte terminaron por sellar la suerte de la ex jefa de Estado.
PJ a prueba. El miércoles, en una Plaza de Mayo colmada, Cristina Kirchner inauguró no solo su nueva etapa, con la que intentará retener su conducción, sino además un nuevo sistema de comunicación, a través de audios, con el que buscará darle cierta épica a su reclusión.

El miércoles primero, este viernes de nuevo en su mensaje a los militantes que se reunieron en Parque Lezama, la expresidenta agravó sus críticas al Gobierno, particularmente por el rumbo del programa económico: “Esto se cae”, reiteró en ambas apariciones. Pasó de “alquiler de dólares” a “consumo de dólares como un drogadicto”. En los últimos días, CFK superó por primera vez a Javier Milei en el volumen de la conversación digital.
Más allá del discurso de barricada, CFK está convencida de que, tarde o temprano, la economía dejará de ser, para el oficialismo, un atractivo del programa de gobierno. El viernes mencionó la tasa del desempleo publicada por el INDEC el día anterior, que en el Gran Buenos Aires trepó hasta más del 9% en el primer trimestre del año. Es el territorio en el que el relato carcelario de la expresidenta tiene su mayor nivel de penetración. En paralelo, el consumo muestra señales dispares de repunte, con un amesetamiento en la recuperación de los salarios reales. “La recuperación del consumo es heterogénea, hay luces amarillas en el tablero”, señaló un economista que es fuente de consulta de inversores. El retraso del tipo de cambio aparece también como un desafío para el equipo económico, mientras incentiva la salida de dólares a través del turismo. Un dirigente que volvió hace algunos días de Europa lo definió de la siguiente manera: “Allá parece Disney para nosotros”. Cristina Kirchner olfatea, aunque sea para después de las elecciones, una corrección del tipo de cambio. Por eso no suelta la figura de Luis “Toto” Caputo.
En ese contexto, el peronismo quedó eclipsado en estos días por la centralidad conseguida por Cristina Kirchner desde su departamento de San José 1111, en medio de un proceso de renovación que, por el momento, está lejísimos de ser exitoso. “Hay que ver qué pasa con esta sindicatura, y quién se queda con la quiebra”, graficó un intendente del PJ de la provincia de Buenos Aires.
Los gobernadores, con excepción de algunos como Ricardo Quintela, que se atrevió a fotografiarse con la ex presidenta en el departamento de Constitución, se sienten ajenos a la prisión de CFK. Peor aún: esperan que se disipe el humo posterior al fallo de la Corte, mientras varios de ellos fijan las condiciones electorales en sus distritos con el gobierno nacional de cara a octubre. Ver a la ex presidenta fuera de juego es, para muchos de ellos, un sueño hecho realidad. Lo que alguna vez imaginó Juan Manzur, durante la administración de Macri, cuando anunció en el 2017 que ella ya había cumplido “su ciclo político”.
El miércoles, en la inauguración de la nueva etapa cristinista, la Plaza de Mayo exhibió una postal de la interna peronista. La CGT no movilizó, algunos intendentes del Gran Buenos Aires apenas dieron el presente y la mayoría de los gobernadores directamente se quedaron en sus provincias. El acto sirvió, además, para desnudar que la disputa con Axel Kicillof sigue en un nivel de tensión tan alto como antes de la resolución de la Corte: solo se mantuvo en stand-by desde las horas previas al fallo y hasta el pasado miércoles. Kicillof volvió a mostrar su malestar con la conducción cristinista, en especial con la cúpula de La Cámpora ejercida por Máximo Kirchner, cuando eligió hacer su ingreso a Plaza de Mayo desde una de las diagonales mientras ella le hablaba a los manifestantes desde su departamento. ¿Hubo también cortocircuitos previos vinculados con la posible disposición de un escenario que al final no se utilizó?

“Solidaridad sí, generosidad no”. El gobernador bonaerense enfrenta un dilema: cómo encarnar la renovación con Cristina Kirchner presa, según el ex ministro, por un sistema judicial que utilizó mecanismos de “lawfare”. Así lo denunció de manera sistemática desde el 2023 hasta esta parte.
Ahora, el gobernador quiere liderar al peronismo de la provincia de Buenos Aires con su antigua jefa presa y condenada, “proscripta” según sus propias palabras, para apuntalar su proyecto presidencial del 2027, del que ya dijo puertas adentro que, si no es exitoso, no tendría problema en volver a la facultad a dar clases y dedicarse a la academia.
Una diferencia decisiva con el jefe de La Cámpora, que en estos últimos días dio serios indicios del rol que pretende encarnar de ahora en más: repentinamente fascinado por la prensa, se sentó por primera vez en un estudio de televisión, dio una extensa entrevista radial, brindó una conferencia a medios internacionales, y coqueteó con una eventual candidatura en reemplazo de su madre, un posicionamiento político y de presión al gobernador que tiene más de estrategia que de realidad.
“Está es la última elección en la que CFK va a tener injerencia en la provincia de Buenos Aires”, opinó un intendente de la primera sección electoral que hace equilibrio entre las partes. Un desafío también para Sergio Massa, que volvió a revalidar su alianza con la ex presidenta, y que empieza a cranear su futuro. En estos días aparecieron pintadas en la zona norte del conurbano con la consigna “Massa vuelve”.
Desde el fallo de la Corte, Kicillof reunió varias veces al grupo de intendentes que lo sigue. “Hay que actuar con solidaridad y generosidad”, planteó el gobernador. La respuesta de los jefes comunales fue sintetizado por uno de ellos, de un distrito importante de la tercera sección, que dijo en La Plata: “Solidaridad con la compañera toda, generosidad ninguna”.

“Seguimos igual”, insistieron desde el kicillofismo después del acto de Plaza de Mayo.
La ex presidenta definió que puertas afuera de San José 1111 será su hijo Máximo el encargado de negociar por ellos en la mesa de debate del peronismo provincial. Es una apuesta fuerte porque el jefe de La Cámpora, fuera de ese núcleo, mantiene un altísimo nivel de resistencia entre los intendentes del conurbano que ahora trabajan para Kicillof.
Es un desafío para todos, aunque mucho más significativo para la ex presidenta, en términos políticos pero también personales. Desde esta semana está encerrada en su departamento, usa tobillera electrónica y tiene restricciones en sus visitas. Está convencida de que la historia la puso en ese lugar, y que tiene que trabajar para dar vuelta lo que a todas luces pareciera ser un final de ciclo a toda orquesta. Por eso en el kirchnerismo no cayó para nada bien que Kicillof se desentendiera cuando le preguntaron si estaría dispuesto a indultarla en caso de ser presidente. A diferencia de Lula en Brasil, pareciera ser, por el momento, el único camino.
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Sueños Compartidos: Sergio Massa declaró como testigo y admitió que hubo incumplimientos en las obras

Sergio Massa admitió ante el Tribunal Oral Federal 5 que hubo incumplimientos en los convenios firmados con la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales en Tigre, lo que llevó a discontinuar las obras.
El exministro de Economía, que declaró como testigo durante unos 30 minutos en el juicio por el programa “Sueños Compartidos”, aseguró que el municipio no radicó denuncias penales y que terminó las obras con fondos propios tras el corte de los pagos nacionales.
Según Massa, Tigre firmó tres convenios con las Madres para la construcción de viviendas sociales. El exfuncionario aclaró que no los firmó personalmente porque en 2009 pidió licencia como intendente para asumir como jefe de Gabinete nacional y quien los rubricó fue el entonces intendente interino, Julio Zamora. Al regresar a la intendencia, Massa suscribió un nuevo acuerdo para la edificación de un salón de usos múltiples en una lechería del barrio San Pablo que asiste a niños.
El excandidato a presidente destacó que las obras “tuvieron un impacto positivo” en la comunidad, pero insistió en que los incumplimientos obligaron al municipio a discontinuarlas. “Las obras las termina el municipio con fondos propios porque Nación discontinuó los pagos”, explicó ante el tribunal.
Massa relató que se reunió en dos oportunidades con Sergio Schoklender, presidente de la Fundación y uno de los principales imputados en la causa junto a su hermano Pablo, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas, José López. La primera reunión fue para que Schoklender se presentara formalmente y la segunda por dificultades con una secretaria municipal.
El juicio oral, que se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py, investiga la presunta administración fraudulenta de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales en todo el país. Entre marzo de 2008 y junio de 2011, la Fundación Madres de Plaza de Mayo, presidida por Hebe de Bonafini, fallecida en noviembre de 2022, recibió del Estado nacional 748 millones de pesos.
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La acusación sostiene que 206 millones fueron desviados y no se destinaron a las obras previstas. La causa incluye convenios firmados en distintas provincias y municipios, como la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Almirante Brown, Ezeiza, Bariloche y Rosario.
La declaración de Massa se suma a las de otros dirigentes políticos ya citados, como el exjefe de Gobierno porteño Mauricio Macri y el actual intendente de Tigre, Julio Zamora. Todavía quedan pendientes las testimoniales de Gerardo Zamora, Jorge Capitanich y Malena Galmarini, entre otros.
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Tensión en la causa por contaminación hídrica: el juez pide que el fiscal de Estado bonerense se abstenga de “amenazas”

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Manuel Adorni: “Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, utilizó la conferencia de prensa de este miércoles para hablar sobre la polémica que se desató luego del viaje con su esposa a Punta del Este en un avión privado y la compra de una casa en un country en Exaltación de la Cruz. “No tengo nada que esconder”, dijo y aclaró que su patrimonio fue construido durante su actividad privada, previo a su llegada a la Casa Rosada.
El funcionario leyó su discurso al inicio de la conferencia donde aclaró que no puede hablar de algunos puntos que forman parte de la investigación judicial. “Trabajé 25 años en el sector privado, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno”, dijo y agregó: “Ningún otro Gobierno sostuvo la vara tan alta como este, ni bajó tanto el gasto público. Un ministro gana la mitad de lo que ganaban con Alberto Fernández”.
“No somos lo mismo que gestiones anteriores y la gente lo sabe. No olvidamos que un secretario de Obras Públicas que revoleaba bolsos con plata”, recordó.
Antes de iniciar la conferencia de prensa, Adorni compartió foto con parte del Gabinete, entre ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo; de Salud, Mario Lugones; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el canciller, Pablo Quirno. “Gran equipo, contra todo. Fin”, agregó. Esos mismos funcionarios estuvieron presentes en la sala escuchando el discurso junto a secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo.
“Se dedicaron a limar a cada uno de los ministros desde el primer día. Hay algunos ministros que, según los medios, ya llevan más de 20 renuncias y despidos. Una nueva a cada mes. Conmigo hicieron exactamente lo mismo y acá estamos. Este fin de semana me inventaron una mansión en Martínez de 1 millón de dólares, que me visitó un ex agente de la SIDE y que tengo información secreta con la que extorsiono al Presidente y a la secretaria general de la Presidencia”, denunció.
Consultado por la adquisición de varias propiedades y dónde vive, respondió: “Vivo en Caballito. El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”. “Con respecto a la casa de Martínez, es parte de toda la operación política y mediática que se armó para dañar al Gobierno. No es contra mí, es contra el Gobierno”, aseguró.
También respondió preguntas sobre su viaje a Punta del Este, donde hay sospechas por el pago del avión privado: “El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje”.
Ante las consultas sobre la modalidad de pago, evitó dar detalles y marcó límites: “No tengo por qué explicar una transacción privada. Si la Justicia me lo pregunta, presentaré la documentación correspondiente”.
En el intercambio con periodistas, el funcionario también cuestionó las acusaciones sobre su situación patrimonial. “Vos no sos juez, sos periodista. Yo hago lo que quiero con mi dinero, ganado legítimamente”, respondió.
Además, rechazó las críticas sobre su declaración jurada y sostuvo: “Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado. Lo demás son conjeturas”.
Al final, volvió a insistir en su postura frente a las denuncias y evitó ampliar información sensible: “De los temas en los que consideramos que opinar puede interferir en la Justicia, no lo vamos a hacer”. Y concluyó: “Está todo impecable”.
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