Hay una guerra desatada entre dos de las figuras de más peso en Bioceres, una de las joyas del mundo biotecnológico local, que prometía ser un unicornio y ahora está desmembrada y atravesando una fuerte crisis cuyo impacto y consecuencias aún no están del todo claros.

En el centro de la disputa, que presenta denuncias cruzadas y fuertes acusaciones económicas, se encuentran Federico Trucco, el histórico CEO y fundador de la empresa, y Juan Sartori, un millonario uruguayo, que fue senador y precandidato presidencial en su país, y se convirtió en accionista el año pasado.

En medio de un entramado societario complejo, con “varias Bioceres” que convivieron en un momento bajo el paraguas de la misma empresa holding, una novedad de los últimos días fue que una de ellas, Bioceres S.A., había pedido la quiebra.

Ayer por la noche, esa empresa quebrada emitió un comunicado detallando que llegó a una situación de “profundo deterioro económico y financiero” registrada al cierre de sus estados financieros al 30 de junio de 2025, por la gestión del ex CEO, Federico Trucco. Desde la compañía, que hoy está en manos de Sartori, remarcaron que la presentación fue una medida “razonable e ineludible”. Así, se hizo evidente el fuerte conflicto que existe entre la administración actual y la anterior.

Desde la compañía aseguran que la firma, nacida en 2001 como un emprendimiento de productores agropecuarios que apostaron por la tecnología en el sector, y que llegó a convertirse en un ejemplo para startups que buscaban acceder al mercado de capitales, terminó bajo “un esquema de concentración absoluta de poder decisorio” en la figura de Trucco.

Según el comunicado, “los números del desmanejo del Sr. Trucco hablan por sí mismos y son concluyentes: al cierre del ejercicio 2025 finalizado el 30 de junio de 2025, la Sociedad registró pérdidas por aproximadamente 157 mil millones de pesos (equivalentes a aproximadamente 170–180 millones de dólares al tipo de cambio de cierre)”. En comparación, la pérdida del ejercicio anterior ascendía a $6.000 millones de pesos (alrededor de 130,3 millones de dólares).

La empresa quebrada detalló que el auditor externo, Price Waterhouse Coopers (PwC), emitió un informe con abstención de opinión, destacando un patrimonio neto negativo de 156.526.180.076 pesos (aproximadamente 170 millones de dólares) y la existencia de “incertidumbres significativas” respecto de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en marcha. Bioceres S.A. afirma que esta cifra “es el resultado patrimonial de una estrategia financiera ejecutada bajo una conducción centralizada que asumió niveles de riesgo extraordinarios”.

En tal sentido, la compañía afirmó que durante los años en los que se tomaron las decisiones financieras que llevaron al deterioro patrimonial, “la conducción quedó, en los hechos, centralizada bajo la órbita directa de Trucco”.

En concreto, Sartori alegó que las acciones de Trucco tuvieron como consecuencia directa “la pérdida de activos netos estimados en aproximadamente 295 millones de dólares, equivalente a más de 270.000 millones de pesos, junto con el agravamiento de la exposición financiera del grupo”.

Además, el documento difundido asevera que las operaciones más relevantes —incluyendo emisión de pagarés bursátiles, endeudamiento a cancelarse en menos de 30 días, otorgamiento de garantías, adquisición de acciones de BIOX y negociaciones con acreedores— “fueron definidas y ejecutadas en el ámbito de su autoridad ejecutiva”.

BIOX es otra de las empresa del entramado societario: está en poder de Trucco, quien es su CEO, y cotiza en Wall Street.

Sobre el final del comunicado, Bioceres S.A. alegó que “la magnitud del deterioro patrimonial no admite reinterpretaciones retrospectivas. Frente a la imposibilidad objetiva de atender obligaciones exigibles, consecuencia directa del deterioro patrimonial, la solicitud de quiebra no fue una opción estratégica sino una medida necesaria para encauzar la situación dentro del marco legal vigente”.

Finalmente, la empresa informó que “ratifica su compromiso con la transparencia y con el esclarecimiento integral de los hechos en sede judicial, donde deberán evaluarse las decisiones adoptadas y sus efectos patrimoniales sobre la base de documentación auditada y verificable”.

“No puede creer ese comunicado. Usan el logo de una empresa que mandaron a la quiebra”, resumió un allegado a Trucco en diálogo con Infobae.

El histórico CEO de Bioceres y actual CEO de Biox convocó a Sartori –que ya tenía vínculos con el negocio– como accionista, en momento de crisis, a mediados de 2025. Lo hizo ingresando al holding, Bioceres S.A., en el que había varias empresas. El uruguayo tomó el control, ordenó defaultear pagarés y comenzó una negociación hostil con los acreedores, de acuerdo a lo que manifiestan cerca del exdirectivo.

“Después quiso quedarse con Biox, la empresa que cotiza en Wall Street. Hizo una oferta hostil, pero no pudo sacar a Trucco. No aprobó la gestión de Trucco, quien fue a la Justicia este año. La Justicia le dio la razón y Sartori empezó a rematar acciones de BIOX a perdida: perdió unos 20 millones de dólares. La acción cayó de USD 2 a 0,60 centavos. Cuando Sartorio entró al grupo como accionistas, en julio pasado, la acción valía USD 7 dólares. Vaciaron una sociedad”, relató una fuente cercana a Trucco.

Según pudo saber este medio, el ejecutivo analiza iniciar acciones judiciales contra Sartori y su histórica directora de legales. En tanto, el empresario uruguayo hoy tiene Bioceres S.A. y Moolec, que es su controlante y que reportó un ahorro ante la SEC de USD 95 millones por mandar a la quiebra a la primera.

Antes de la difusión del comunicado vinculado al accionista nacido en Uruguay, el ala fundadora de la empresa, vinculada a Federico Truco, hizo público un texto titulado “Otra vez, otro intento de extorsión: Grupo de directores y fundadores de Bioceres denuncian una nueva maniobra de presión” en el que cuestionaron el “nuevo intento de extorsión por parte de Juan Sartori”.

A propósito de la quiebra, los fundadores y directivos de la compañía original rechazaron “la caracterización que intenta presentar la situación como una disputa entre accionistas en igualdad de condiciones” durante la última asamblea de accionistas. «Se trata de un acto unipersonal del nuevo accionista, Juan Sartori, utilizado como herramienta de presión contra quienes condujeron la empresa y trabajaron activamente para evitar su quiebra”, argumentaron.

Además, alertaron que la presentación de insolvencia propuesta por Sartori intenta “torcer la medida cautelar dictada por la Justicia a favor de uno de los directores, desnaturalizando el alcance de una resolución judicial vigente mediante acciones de presión societaria”. A la vez, acusaron al accionista de optar “por una estrategia de confrontación en lugar de buscar un proceso de reestructuración ordenado y responsable”.

La empresa santafesina fue durante años uno de los mayores referentes de la biotecnología agrícola en Argentina, llegando a alcanzar una valuación cercana a la de un unicornio y posicionándose como la esperanza local en el sector. Actualmente, sin embargo, su acción en Wall Street se encuentra por debajo de un dólar, en medio de una transformación profunda de su modelo de negocios y en un contexto económico adverso tanto a nivel nacional como internacional.

Bioceres Crop Solutions (BIOX), que opera en el Nasdaq, llegó a cotizar a 6,55 dólares por acción a principios de febrero de 2025. Doce meses después, y en medio de la guerra interna, sus acciones rondan los 0,56 dólares, lo que representa una caída de 91,5 por ciento. Esta situación la ubica en la categoría de penny stocks y la expone a la posibilidad de ser retirada del mercado estadounidense.

La crisis bursátil se reflejó también en la estructura local del grupo. A principios de 2026, Bioceres S.A.—la sociedad argentina con sede en Rosario, fundada en 2001 y origen de BIOX—solicitó la apertura de un concurso de acreedores por una deuda impaga de aproximadamente 39 millones de dólares.

El proceso se inició tras el incumplimiento del pago de pagarés bursátiles por más de USD 5 millones, en un escenario marcado por el deterioro de los flujos de fondos y activos financieros de la compañía. Aunque en la actualidad Biox y Bioceres S.A. mantienen operaciones separadas, la sociedad argentina había sido controlante hasta la reestructuración societaria que tuvo lugar a mediados del año pasado. Durante su último año fiscal, la firma registró ingresos por USD 335,3 millones, una baja del 28% respecto al ciclo anterior, como resultado de la menor demanda local y la disminución de ventas de la tecnología HB4, semillas resistentes a la sequía.

El presidente Javier Milei logró sancionar finalmente la ley de reforma laboral y alcanzó así uno de los mayores hitos de su gestión, por la importancia central que le otorgó al tema en el marco de este mandato y también por la velocidad que le imprimió al debate del Congreso con el fin de poner en marcha, a partir de marzo, cambios sensibles en indemnizaciones, salarios, vacaciones y otros aspectos de la relación entre empleados y empleadores.

La ley de «modernización laboral» -como la bautizó el Gobierno- fue aprobada por el Senado con 42 votos a favor 28 en contra y dos abstenciones, de los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia. El rechazo fue de la bancada peronista y los tres de Convicción Federal. Al igual que en ocasiones anteriores, el ministro del Interior, Diego Santilli, se instaló en el palacio para seguir de cerca la sesión y asegurarse de que todo marchara de acuerdo al plan del oficialismo.

La Libertad Avanza logró así retener el apoyo que le habían dado la UCR, el PRO y, sobre todo, los bloques que responden a gobernadores en el primer debate. Y es que para llegar a la sanción de la ley el Gobierno tuvo que poner el tema a votación en tres ocasiones y conceder, en ese trayecto, más de 50 modificaciones sobre el texto original para asegurarse la mayoría.

El Senado ya había le había dado media sanción en la madrugada del 12 de febrero y para conseguir esa victoria el ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo que aceptar que se sacara del proyecto un artículo que reducía las alícuotas del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas por la presión de los gobernadores, que verían una caída fuerte en la recaudación de sus provincias.

Al pasar a la Cámara de Diputados, LLA se vio forzado a eliminar también el polémico artículo que fijaba recortes salariales en casos de licencia por enfermedad de hasta el 50% frente a la enorme controversia que generó en la opinión pública y el rechazo que adelantaron todos sus aliados. Esa modificación obligó a devolver el tema Cámara de origen tras la votación del 19 de febrero.

La reforma laboral es ley: Milei logró el mayor hito de su gestión, pero la pulseada sigue

Ese pase de una Cámara a la otra generó que el Senado no tuviera oportunidad de hacer más modificaciones. La votación debía definir si se insistía con la redacción original -que contemplaba el polémico artículo sobre las licencias- o si aceptaba el texto como llegó de Diputados. Lógicamente, el oficialismo fue por la segunda opción.

A diferencia de la ocasión anterior, esta vez el debate estuvo dominado por el kirchnerismo, que intentó estirar la sesión lo máximo posible y recargó sus críticas al proyecto, al que varios de los senadores calificaron como «escalvista» o «flexibilizador», a la vez que cuestionaron una vez más la forma en la que LLA llevó adelante la tarea parlamentaria.

Ciertamente, Milei logró un tratamiento verdaderamente «exprés» para una ley con más de 200 artículos. Si bien la iniciativa tuvo dictamen de comisiones por primera vez en diciembre, la jefa del bloque LLA, Patricia Bullrich, convenció a la Casa Rosada de esperar a febrero para construir una mayoría sólida y, finalmente, el oficialismo consiguió resumir el debate y aprobar la reforma en menos de un mes.

El Presidente planteó el cambio de la legislación como uno de los pilares de su gestión desde el inicio, con el argumento de que era necesario para «terminar con la industria del juicio» y reducir la alta informalidad del mercado laboral (cerca del 40%). No obstante, tuvo que esperar a ganar las elecciones de medio término -un objetivo que llegó a estar en duda- para contar con más diputados y senadores propios y sumar aliados, de esos que siempre se acercan al calor del triunfo.

Con la ley sancionada, se pondrá a prueba su efectividad para reducir la litigiosidad y especialmente para hacer crecer el trabajo registrado, aunque a Milei le espera una continuidad de la pulseada. Tras las protestas de distintos sindicatos y agrupaciones en las puertas del Congreso, la puja se trasladará ahora a la Justicia, donde la CGT y otras agrupaciones presentarán un planteo de inconstitucionalidad.

¿Por qué la reforma laboral se puede judicializar?: la estrategia de la CGT

La CGT y otras organizaciones gremiales descartaron realizar un nuevo paro general como el que llevaron a cabo durante la sesión de Diputados pero decidieron movilizarse el próximo lunes a los tribunales de la calle Talcahuano (sede de la Corte Suprema) y presentar un planteo de inconstitucionalidad.

Los popes de la central gremial consiguieron que el Gobierno no elimine los aportes sindicales y el «aporte solidario» obligatorio por dos años -un plazo que igualmente los preocupa porque implica una fecha de vencimiento para su principal fuente de financiación- pero objetan en términos jurídicos otros puntos de la ley.

Entre los temas que están en la mira de los gremios se encuentran la limitación del derecho a huelga y la extensión de la jornada laboral máxima permitida de 8 a 12 horas diarias. En tanto, el kirchnerismo también prevé judicializar el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para indemnizaciones, que se financiará con los aportes que hasta ahora iban a la ANSES.

Ese punto les genera desconfianza porque la administración estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y los fondos podrán buscar rendimientos en la Bolsa de Valores. Los senadores del kirchnerismo advierten que será un nuevo esquema de AFJP y lo califican como «un curro».

Pero lo que abre el mayor margen para una eventual judicialización es el «gris» que existe respecto del impacto de la nueva ley en quienes ya tienen un empleo registrado. El Gobierno aseguró que los cambios aplicarán solo para «los nuevos trabajos» pero el peronismo advierte que esa aclaración no figura en el texto. Una forma de evitar una eventual litigiosidad por esa falta de precisión sería introducir la aclaración en la reglamentación de la ley, a cargo del Poder Ejecutivo.

Los cambios en indemnizaciones, salarios y vacaciones que impone la reforma laboral

En cualquier caso, se prevé que el Presidente promulgue la ley rápidamente por la importancia que le asignó al tema. En rigor, con la aprobación del Senado quedó lista para publicarse en el Boletín Oficial el próximo lunes. Además, Milei resaltará el triunfo político que implica el avance de la reforma laboral en el discurso que dará el domingo por la noche en el Congreso para inaugurar el nuevo período de sesiones ordinarias, más allá de la pelea judicial que se avecina.

De esta forma, el Gobierno tiene previsto poner en vigor lo más rápido posible los cambios que establece la nueva ley, cuyos puntos principales son:

Fin de la llamada «industria del juicio»: la nueva norma redefine la «mejor remuneración» para el cálculo de las indemnizaciones al tomar solo el haber mensual, normal y habitual, sin conceptos como aguinaldo, vacaciones o premios. Con esto, el Gobierno pretende eliminar la discrecionalidad de las sentencias y alentar el empleo registrado.

Indemnizaciones: Se mantiene el pago de un mes de sueldo por año trabajado como base, con un tope de tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable. Además de dejar de considerar para el cálculo los conceptos de pago no mensuales, las indemnizaciones se actualizarán por IPC más un 3% anual. Las grandes empresas podrán abonarlas en 6 cuotas y las pymes en 12.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Los empleadores podrán constituir este fondo para el pago de indemnizaciones futuras. Serán administrados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y se financiarán con una parte de los aportes del salario que hoy van a la ANSES. Ese aporte será de 1% mensual en el caso de las grandes empresas y de 2,5% mensual para las MiPyMEs.

Prelación de los convenios colectivos: se establece que un convenio interno de empresa una provincia prevalece por sobre un convenio general del sector en ámbito nacional.

Salarios «dinámicos»: Si bien el concepto no está expresado de esa forma, el texto de la nueva ley establece que se podrán atar sueldos y aumentos a la productividad personal, un esquema que podrá adoptarse mediante acuerdos paritarios regionales, por actividad o por empresa. Además, la ley habilita a cobrar en dólares en caso de que así lo acuerden las partes.

Jornada laboral y banco de horas: La Ley de Contrato de Trabajo establecía que la jornada máxima en 8 horas diarias, mientras que con la nueva normativa el límite se extiende a 12 horas, con 12 de descanso. A la vez, en lugar del pago de horas extraordinarias los empleadores podrán disponer de un banco de horas para compensarlas con períodos de descanso (francos o jornadas reducidas). No obstante, la posibilidad de pago tradicional no se elimina.

Vacaciones: Se tomará el período que va desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril y se habilita acordar el período vacacional fuera de la temporada de verano, así como el fraccionamiento, con un mínimo 7 días.

Contribuciones patronales: En línea con la meta de promover el empleo registrado, la ley ofrece descuentos en las contribuciones patronales por hasta 4 años para nuevas contrataciones, condonación de multas y pagos en cuotas, como parte del Régimen de Incentivo para Formalización Laboral.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA): El registro ante ARCA será suficiente para la contratación formal de un empleado. No podrán exigirse requisitos extra por otras autoridades.

Derecho a huelga: La reforma fijó porcentajes mínimos de prestación de tareas durante las huelgas para mantener el funcionamiento, según el tipo de actividad. En servicios «esenciales» (salud, educación, transporte y telecomunicaciones) deberán asegurar una cobertura del 75%. En los servicios «trascendentales» (Producción industrial, logística, finanzas, energía) será del 50%.

Cuota sindical: Los gremios consiguieron que el Gobierno mantenga el pago compulsivo en lugar de que sea opcional, como establecía el proyecto original, pero con un tope del 2% del salario mensual y por dos años.

Aportes solidarios: Los aportes de los empleadores no socios de las cámaras empresarias, así como los de los empleados no afiliados a los sindicatos seguirán siendo obligatorios por un plazo de dos años.

El debate de los senadores, con las críticas del peronismo en el centro de la escena

La discusión estuvo dominada prácticamente en su totalidad por los senadores del bloque Justicialista, dado que los libertarios y sus aliados buscaron -a la inversa del peronismo- acortar lo máximo posible la sesión, no solo por el interés en aprobar la ley sino también porque el tema ya fue discutido dos veces en la Cámara alta.

Bullrich fue casi la única voz por parte del oficialismo en defensa del proyecto. En el cierre del debate, la jefa de la bancada de LLA aseguró que con esta ley «los trabajadores van a ser más libres porque van a poder tener convenios en su lugar de trabajo o en su provincia».

«Endurecerse, odiar al empresario, combatir al capital, todo esto ha generado una realidad en la que el trabajador cada vez estuvo más abandonado», remarcó la presidenta de la bancada libertaria. «Se crea empleo si protegemos a las empresas, no si las destruimos, si bajamos impuestos laborales, no si los subimos. Se crea empleo si contratar no es una aventura imposible como es hoy (…) Más juicios, menos trabajo».

En tanto, el peronismo recargó las advertencias sobre la posible «inconstitucionalidad» de la ley. Por caso, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, advirtió que «el FAL es abiertamente inconstitucional» porque «vulnera el artículo 14 bis de la Constitución» al crear «un fondo que libera de la obligación al empleador, entonces esto rompe el principio protectorio».

A su turno, el pampeano Daniel Bensusán apuntó: «¿Desde cuándo se van a aplicar los efectos de esta ley en caso de aprobarse? Nuestro sistema constitucional es claro y protege los derechos del trabajador con los principios de progresividad y de no regresividad. El Estado no tiene permitido reformar leyes que hagan retroceder derechos labores».

Su compañero de bancada Mariano Recalde también apuntó contra la gestión de los fondos de asistencia laboral y reiteró una advertencia que ya había lanzado en el debate anterior: «Donde toquen un peso, los vamos a meter presos. Vamos a hacer la denuncia, vamos a esperar la sentencia y van a ir presos».

De todas formas, el Gobierno cumplió el objetivo que se había trazado desde diciembre y logró aprobar la ley de reforma laboral en los tiempos que pretendía, con un debate que llevó menos de un mes entre el Senado y la Cámara de Diputados. Con una seguidilla de victorias parlamentarias, Javier Milei consiguió el último motivo que esperaba para presentarse el próximo domingo ante el Congreso con un discurso que anticipará más reformas y tono triunfal.

El mercado automotor argentino vive días de gran intensidad. Por un lado, con buenas noticias provenientes de los acuerdos de intercambio comercial cerrados con Estados Unidos y la Unión Europea, que permitirán importar autos de ambos orígenes con beneficios arancelarios, y de la eliminación del impuesto interno, ya sea en marzo a partir de abril dependiendo de la fecha de publicación en el Boletín Oficial, por la cual una porción del mercado tendrá una baja impositiva que permitirá mejorar los precios para los usuarios.

Pero como toda moneda tiene dos caras, hay también una situación menos favorable para los actores, tanto fabricantes como importadores y concesionarios, y que es una notoria retracción de las ventas de vehículos 0 km que pasó disimulada en enero, pero se acentuó fuertemente en febrero, con una caída estimada en un 25 por ciento.

Ese escenario no es nuevo ni sorpresivo para las marcas, que ante los cambios de regulaciones ya empezaron a trazar planes. Algunos tienen decisiones concretas que se aplicarán inmediatamente, pero otros esperarán a la reglamentación de ambos programas para aplicar cambios a los precios. Así, algunas automotrices aplicarán bajas de precios según el ítem que aplique desde el próximo lunes y otras quizás lo hagan un mes después.

La eliminación del impuesto interno, que se hizo famoso como “impuesto al lujo”, permitirá que los autos y SUV que hoy cuestan más de $121 millones dejen de tributar el 18% que se aplica desde febrero de 2025 (antes era del 35% con un impacto del 53% efectivo), con lo que ahora podrán bajar a un valor cercano a los $103 millones Aunque en esos casos probablemente el precio sea un poco más alto, ya que varias marcas los tenían “pisados” para no pasarse del límite que los obligaba a tributar.

Si bien cada marca tendrá su propia política comercial que comunicarán una vez promulgada la ley, presumiblemente a partir del lunes próximo, en general habrá una baja entre el 12 y el 15 por ciento.

Sin embargo, hace pocos días, Stellantis dio el primer paso adelantándose a la eliminación de internos, y decidió bajar el precio del DS7 E-Tense, el modelo híbrido enchufable del C-SUV de lujo francés, que pasó de USD 90.000 a USD 72.000, una baja del 20 por ciento.

El resto de las marcas trabajan en sus estrategias con distintos enfoques. “Algunos modelos tendrán una baja mayor y otros una menor. En promedio estaremos aplicando una reducción de precio del 12%”, aseguraron desde una importadora oficial premium este viernes.

“La reducción de impuestos se verá reflejada en los precios a nuestros clientes. Próximamente, con la promulgación de la medida, informaremos los precios de los modelos afectados por el impuesto interno”, señalaron desde Toyota Argentina este viernes, confirmando que habrá una baja en los modelos de la propia marca y también de Lexus.

Otros empresarios del sector insinúan que la baja será lineal, un 18% a cada modelo que estaba alcanzado por el impuesto. “No se debería especular con una pequeña diferencia. La gente tiene que saber que si el impuesto desaparece y era del 18%, la baja también debe acompañar ese porcentaje”, aseguraron a Infobae pidiendo reserva de la marca por “cuestiones estratégicas”.

Aunque falta la reglamentación que se hará efectiva en marzo, el acuerdo con Estados Unidos ya se aprobó, con lo cual el cupo de 10.000 vehículos anuales de cualquier tecnología de propulsión que se encuadren en el acuerdo, podrían nacionalizarse también en abril sin pagar el 35% de arancel.

Sin embargo, del mismo modo que Mercedes-Benz se adelantó con una reducción de precios cercana al 10% para los vehículos que hoy pagan impuestos internos y dejarán de tributarlo cuando se sancione la reforma laboral, Ford también reaccionó rápidamente.

Apenas empezó a frenarse la venta de Ford F150 tras conocerse la noticia del inminente acuerdo comercial con Estados Unidos, bajando desde diciembre el precio de las tres versiones de la pick-up full size que se importan desde Norteamérica en 10.000 dólares.

Lo que resulta interesante en este nuevo escenario, y por lo que se mencionó el acuerdo con Estados Unidos en la apertura de este artículo, es que hay fabricantes que tienen productos que vienen de Estados Unidos y que estaban alcanzados por ambos tributos: el impuesto interno y el arancel extrazona.

Ocurre con varios modelos de Mercedes-Benz como marca Premium, pero también con marcas generalistas como Stellantis, Ford y General Motors. Como se sabe, las pick-ups no pagan el impuesto al lujo por ser vehículos comerciales destinados a la producción, pero los autos y SUV sí pagan ese impuesto.

De ese modo, Stellantis vende en Argentina los Jeep Wrangler (USD 119.000 y USD 126.000 en sus dos versiones) y Jeep Grand Cherokee (USD 133.700) con ese 18% de impuesto adicional; Ford tiene el Bronco Badlands (USD 100.000), y los Ford Mustang GT (USD 90.000) y Mustang Dark Horse (USD 97.000); y Chevrolet tenía planeado importar el Blazer EV pero decidió no hacerlo hasta que no se elimine el impuesto interno porque de otro modo debía vender un C-SUV eléctrico a un precio demasiado elevado, cercano a los USD 80.000.

De hecho, con la intención de comercializarlo en Argentina si esta eliminación del impuesto se concreta, este verano presentaron en su stand de la Costa Atlántica el D-SUV Chevrolet Tahoe, que en Estados Unidos tiene un precio de venta cercano a los USD 70.000 dependiendo de la versión.