ECONOMIA
Reapertura y «blanqueamiento» de La Salada: cuántos millones podría recaudar el Estado con su formalización

Hace unas semanas, la Justicia ordenó el cierre temporal de La Salada, la reconocida feria de Ingeniero Budge (en Lomas de Zamora), debido a una serie de denuncias de lavado de dinero y evasión fiscal. Esa investigación dio con la detención de Jorge Castillo, más conocido como el «Rey de La Salada», junto a otros administradores de los predios de Urkupiña, Ocean y Punta Mogote.
La presentación judicial llegó a la fiscal Cecilia Incardona, quien terminó dando con una red de 89 sociedades y más de 160 personas vinculadas a actividades ilícitas que incluían contrabando, bienes sin justificar, y venta de productos falsificados. Según informó esta misma, los predios de la feria generaron ingresos no declarados por más de $30.000 millones, entre el 2021 y 2025, lo que motivó la ejecución de allanamientos y la incautación de bienes, incluyendo autos y motos de alta gama.
Del otro lado de los administradores de negocios posiblemente turbios, este cierre también afectó a unos 48 mil feriantes, lo que desembocó en varias manifestaciones por parte de trabajadores que dependen de La Salada para vivir.
Luego de casi un mes sin funcionar, una orden judicial habilitó a la feria a reabrir sus puertas para que pueda garantizar «el desarrollo comercial y laboral lícito». «La feria retomará sus actividades comerciales. Recordamos a todos nuevamente el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales, comerciales, y la prohibición de la venta de indumentaria en violación a la ley de marcas», se pudo leer en redes en el comunicado oficial que divulgaron las autoridades de Urkupiña.
Tal como lo plantearon en ese escrito en redes, la reapertura, supervisada por el juez federal Luis Armella, introdujo medidas de formalización como la bancarización obligatoria, el registro de bienes, y la constancia impresa de suscripción ante el ARCA en cada puesto, entre otros.
Con este blanqueamiento, ¿cuánto podría ingresar al país con su formalización? Para dar con esa respuesta es importante destacar las dos caras de la feria: la primera, su historia que data desde 1992, cuando poco a poco comenzó a convertirse en un centro neurálgico de la industria textil, donde se comercializa todo tipo de prendas, accesorios y hasta tecnología. Con ello, miles de trabajadores, muchos de ellos inmigrantes bolivianos, peruanos y paraguayos, comenzaron a montar actividades de confección y venta de productos, hasta la logística y el mantenimiento de los predios.
Y la segunda es que, con tan imponente feria montada, también empresarios de otros países vecinos de la industria de la indumentaria comenzaron a arribar a zona sur, gastando miles de millones al año para abastecerse. Pero, gran parte de esa actividad operó históricamente en la informalidad, con pagos en efectivo y, claro, sin facturación, lo que terminó privando al Estado de percibir cuantiosas sumas de ingresos fiscales.
La Salada en números: trabajadores en negro y alquileres de puestos
Por eso, la gran pregunta es: en cuánto se traducirá todo este movimiento. La formalización de La Salada podrían generar ingresos fiscales sustanciales. Según datos judiciales, la feria generó más de $30.000 millones entre 2021 y este año, con $26.827 millones provenientes de Punta Mogotes, $10.435 millones de Urkupiña y $450 millones de Ocean. Si las ventas anuales, estimadas en $7.500 millones, se gravaran con el IVA del 21%, el Estado podría recaudar aproximadamente $1.575 millones anuales. Además, la inscripción de los feriantes en el régimen de Ingresos Brutos, con una tasa promedio del 4%, añadiría unos $300 millones al año.
Pero el impacto no se limita solo a las ventas directas. La feria emplea directa e indirectamente a unas 150.000 personas, las que -en su gran mayoría- trabajan en negro. Poner en blanco a, al menos, la mitad de esos trabajadores, con un salario mínimo estimado en $300.000, generaría aportes previsionales y sociales del 28% por cada uno de ellos, lo que se traduce en $84.000 por año. Es decir, un estimado de $6.300 millones anuales.
A esto se le suma los alquileres de los 48.000 puestos actuales, con un costo promedio de $75.000, podrían generar hasta $43.200 millones por año, que van directamente a los administradores. Pero, si estos ingresos se declaran formalmente, el impuesto a las Ganancias, con una tasa promedio del 30%, podrían aportar hasta $12.960 millones por año al Estado.
Claro que esta estimación considera que gran parte de esos trabajadores y empleadores cumplirá con las exigencias que ahora dictó la Justicia, pero todo dependerá de la efectividad de los controles y la adaptación de los feriantes.
Asimismo, también debe tenerse en cuenta que la imposibilidad de estos comerciantes de vender productos «truchos» podría reducir dramáticamente el volumen de sus ventas, afectando los ingresos de estos y, en consecuencia, la recaudación fiscal. Por eso, aunque el impacto económico exacto es incierto, las estimaciones develan que la formalización de La Salada podría generar ingresos de más de $21.000 millones por año.
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ECONOMIA
Cuánto cobraba un trabajador de Fate con 30 años de antigüedad antes del anuncio del cierre de la empresa

El anuncio del cierre definitivo de la planta de Fate en San Fernando puso fin a 80 años de historia industrial y dejó sin empleo a 920 trabajadores. La decisión de la familia Madanes Quintanilla, propietaria de la firma, se dio a conocer en un contexto de crisis sectorial, pero también reveló una realidad interna de estancamiento salarial que afectaba especialmente a los operarios con mayor trayectoria. Para aquellos que dedicaron más de tres décadas a la producción de neumáticos, el final de la actividad no solo representa la pérdida de su fuente de sustento, sino el cierre de un ciclo marcado por el deterioro de sus ingresos y de su salud física.
Un operario con 32 años de antigüedad en la fábrica percibía, al momento del anuncio del cierre, un salario neto mensual de $1,7 millones. Si bien el monto se sitúa por encima del promedio de otras actividades industriales, los propios trabajadores denuncian que la cifra ocultaba una parálisis de más de un año en las negociaciones colectivas. Según el testimonio de Jorge Ayala, trabajador de la planta con tres décadas de servicio, el valor promedio que la fábrica pagaba por hora era de 6.800 pesos. “Hace 14 meses que no se aumentaban los salarios”, aseguró Ayala.
Este estancamiento de los haberes durante más de un año ocurrió en un periodo de alta inflación, lo que licuó el poder adquisitivo de los trabajadores. El salario comenzó a resultar insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los empleados. “El salario cubre las cosas, pero como no teníamos aumento desde hacía 14 meses, se complicaba mucho. Algunos de mis compañeros estaban haciendo Uber para incrementar los ingresos”, relató el trabajador de Fate, durante una entrevista para Infobae en Vivo.
La degradación de los ingresos fue acompañada por una creciente incertidumbre laboral que se cristalizó el 26 de enero de 2026, cuando el personal inició su periodo de vacaciones. “Salimos de vacaciones pensando en que volvíamos a trabajar. Estando de vacaciones me llegó el anuncio por correo privado electrónico. Yo pensé: ‘Bueno, será una suspensión’, que quizás se podría prever, pero esta situación no se imaginaba”, explicó Ayala. La noticia del cierre definitivo llegó de manera abrupta, a pesar de que la producción venía registrando bajas sostenidas en los meses previos. “Para mí, como para muchos trabajadores, no quiero pasar a ser un muerto social. Quiero tener los recursos para vivir. El laburo ordena la vida”, manifestó Ayala.
El cierre de 2026 es el desenlace de una crisis estructural que la empresa arrastraba desde hacía años. La cronología de este declive muestra tres hitos fundamentales. El primero se remonta a marzo de 2019, cuando Fate solicitó su primer Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), argumentando una situación “gravísima” por la caída del consumo y las altas tasas de interés. En aquel entonces, la planta contaba con 2.000 trabajadores.
El segundo momento crítico ocurrió en julio de 2024. Tras la reducción de aranceles a la importación de neumáticos dispuesta por el Gobierno —que bajaron del 35% al 16%—, la empresa volvió a presentar un PPC. En mayo de ese año, Fate ya había despedido a 97 operarios, citando una “sostenida pérdida de competitividad exportadora” y una brecha de costos “insalvable” respecto a los productos extranjeros, particularmente los provenientes de China. La dirección de la firma señalaba entonces factores como la “abusiva sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias y elevada conflictividad gremial” como los principales obstáculos para la producción.

Finalmente, el tercer hito fue la clausura definitiva comunicada esta semana. Según fuentes allegadas a la empresa, el ingreso masivo de cubiertas importadas —que alcanzó récords de 860.000 unidades mensuales en 2025— terminó por desplazar a la fabricación nacional. La gerencia de Fate sostuvo que el costo de producir un neumático en Argentina se volvió significativamente superior al valor de los productos importados, lo que llevó a la liquidación de activos y al despido de la totalidad de la nómina.
Tras el anuncio del cierre, la empresa aseguró que indemnizará a todo el personal conforme a la ley vigente. No obstante, el impacto social en la zona de San Fernando es profundo.
A pesar de la decisión del Directorio, los trabajadores mantienen la expectativa de una posible reapertura bajo otras condiciones o mediante la intervención política. “Estoy convencido de que Fate reabre con nosotros. Hoy, la exigencia es que tengo que hacer hasta lo último para recuperar mi puesto de trabajo. Yo quiero trabajar, al igual que mis 900 compañeros”, concluyó Ayala.
Por el momento, la planta permanece cerrada y el mercado local se encamina a ser abastecido íntegramente por productos importados, marcando el fin de la mayor fabricante de capitales nacionales en el sector del neumático.
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ECONOMIA
Se triplicó el nivel de morosidad de las familias con los bancos: más del 9% tiene deudas

El sistema financiero argentino cerró 2025 con un fuerte deterioro en la calidad de su cartera de créditos, traccionado principalmente por el segmento de hogares. De acuerdo con el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ratio de irregularidad de las familias escaló al 9,3% en diciembre, más del triple del 2,5% registrado en el mismo mes de 2024.
El salto en la mora de los hogares fue el principal motor del deterioro sistémico. El ratio de irregularidad del crédito total al sector privado cerró el año en 5,5%, frente al 1,6% observado al cierre de 2024, lo que confirma un cambio de tendencia en la segunda mitad del año.
Fuerte disparidad entre empresas y familias
La dinámica fue muy distinta según el tipo de deudor. Mientras la irregularidad en financiaciones a hogares llegó al 9,3%, en el segmento corporativo se ubicó en 2,5% al cierre de 2025. Si bien las empresas también registraron un aumento interanual -desde el 0,8% de diciembre de 2024-, la magnitud fue considerablemente menor.
Dentro del crédito a familias, el deterioro se concentró en préstamos personales y prendarios, líneas típicamente asociadas al consumo. En el ámbito empresarial, el aumento de la mora se vinculó principalmente a compañías del comercio y de la producción primaria.
El ratio de irregularidad del crédito, según el segmento
Pese al aumento de la cartera irregular, el crédito al sector privado siguió ganando espacio en los balances. A diciembre, el financiamiento a empresas y familias representó el 43,9% del activo total del sistema, 8,6 puntos porcentuales más que un año antes. Este proceso de mayor peso del crédito privado se dio en detrimento del financiamiento al sector público, que redujo su participación al 27,8%.
El incremento de la mora impactó directamente en los ratios de cobertura. El previsionamiento total del sistema representó el 93% del saldo irregular al cierre de 2025, muy por debajo del 168,4% registrado a fines de 2024.
Sin embargo, al analizar las previsiones sobre el total de crédito al sector privado, el indicador subió del 2,6% al 5,2% en el mismo período. Es decir, aunque la cobertura específica frente a la cartera irregular se redujo, el sistema incrementó las reservas en relación con la masa total prestada, anticipando un escenario de mayor riesgo crediticio.
Expansión del crédito y depósitos
Durante 2025, el financiamiento en pesos al sector privado creció 27,4% en términos reales. Las líneas con garantía real fueron las más dinámicas, especialmente los créditos hipotecarios. Solo en diciembre se registraron casi 3.000 nuevas altas, y el año cerró con aproximadamente 43.700 nuevos deudores en ese segmento. El total de deudores hipotecarios alcanzó los 179.500, un 20,6% más que en 2024.
En cuanto al fondeo, los depósitos del sector privado en pesos aumentaron 7,7% real, impulsados por colocaciones a plazo, que crecieron 15,8%. En moneda extranjera, los depósitos avanzaron 17,7% a lo largo del año.
A pesar del deterioro crediticio, el sistema mantuvo niveles de solvencia elevados. La integración de capital se ubicó en el 28,6% de los activos ponderados por riesgo (APR), mientras que el exceso de capital sobre la exigencia mínima regulatoria alcanzó el 253%.
En materia de rentabilidad, el sistema cerró con resultados positivos, aunque menores a los de 2024. El retorno sobre activos (ROA) fue del 1%, y el retorno sobre patrimonio (ROE), del 4,4%. Según el BCRA, la caída respecto al año anterior respondió a un menor margen financiero real y al aumento de los cargos por incobrabilidad derivados de la suba de la mora.
Por último, la liquidez en pesos —considerando disponibilidades y títulos públicos aplicados a efectivo mínimo— se ubicó en el 32,9% de los depósitos, 2,9 puntos porcentuales menos que en diciembre de 2024.
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ECONOMIA
El Banco Central compró USD 2.400 millones en 2026 y las reservas tocaron un máximo en más de cuatro años

En medio de la estabilidad cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró comprar divisas en 33 ruedas consecutivas tanto dentro como fuera del mercado de cambios, luego de adquirir USD 167 millones este viernes. Desde principios de 2026, la entidad sumó más de USD 2.400 millones, lo que representa poco más del 24% de la meta anual de acumulación de reservas.
En este período, el BCRA compró un total de USD 2.412 millones en el marco de la “fase 4” del programa económico. Estas adquisiciones se financiaron mediante la emisión de pesos sin esterilización, lo que mantiene la liquidez y limita presiones sobre las tasas. Posteriormente, el Tesoro absorbe parte de esos pesos a través de colocaciones de deuda interna.
Las reservas internacionales se sitúan actualmente en USD 46.261 millones, tras un alza diaria de 1.348 millones de dólares. Se trata de un máximo desde agosto de 2021. Las compras del Central y la revaluación de monedas que integran las tenencias internacionales explican parte de esa suba. El monto restante corresponde a fondos por USD 800 millones de Santa Fe que se transfirieron desde el Banco Santander de Nueva York hacia el banco provincial y agente financiero del distrito. Fuentes de la gobernación aclararon que los depósitos, cuyo origen se remonta a una colocación de deuda en los mercados internacionales a comienzos de diciembre de 2025, siguen en dólares y se utilizarán para obras públicas, sobre todo para la organización de los Juegos Sudamericanos.
El flujo de divisas hacia el Banco Central proviene tanto de la liquidación de exportaciones agroindustriales como de la emisión de deuda corporativa. Se prevé que nuevas colocaciones del sector privado aumenten la disponibilidad de dólares. PwC estimó que durante 2025 empresas argentinas emitieron deuda por más de 20.000 millones de dólares, lo que ayudó a mantener la estabilidad cambiaria del año pasado.
Las proyecciones oficiales para 2026 contemplan compras netas de divisas en un rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que el proceso de acumulación de reservas dependerá del avance de la remonetización y del flujo de divisas. Hasta el momento, la entidad superó el 24% de su meta anual.
El BCRA fijó un límite diario del 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios para sus compras, como mecanismo para resguardar la estabilidad cambiaria. En algunas ocasiones, este tope se excedió por operaciones que, según fuentes privadas, no pasaron por el circuito mayorista tradicional.
La entidad explicó que puede comprar divisas fuera del mercado mayorista mediante acuerdos directos con empresas o instituciones, una herramienta que le permite evitar distorsiones en el funcionamiento del mercado de cambios.
- 5 de enero: USD 21 millones
- 6 de enero: USD 83 millones
- 7 de enero: USD 9 millones
- 8 de enero: USD 62 millones
- 9 de enero: USD 43 millones
- 12 de enero: USD 55 millones
- 13 de enero: USD 55 millones
- 14 de enero: USD 187 millones
- 15 de enero: USD 47 millones
- 16 de enero: USD 125 millones
- 19 de enero: USD 21 millones
- 20 de enero: USD 8 millones
- 21 de enero: USD 107 millones
- 22 de enero: USD 80 millones
- 23 de enero: USD 75 millones
- 26 de enero: USD 39 millones
- 27 de enero: USD 32 millones
- 28 de enero: USD 33 millones
- 29 de enero: USD 52 millones
- 30 de enero: USD 23 millones
- 2 de febrero: USD 39 millones
- 3 de febrero: USD 57 millones
- 4 de febrero: USD 44 millones
- 5 de febrero: USD 126 millones
- 6 de febrero: USD 51 millones
- 9 de febrero: USD 176 millones
- 10 de febrero: USD 42 millones
- 11 de febrero: USD 214 millones
- 12 de febrero: USD 141 millones
- 13 de febrero: USD 42 millones
- 18 de febrero: USD 80 millones
- 19 de febrero: USD 76 millones
- 20 de febrero: USD 167 millones
El dólar mayorista profundizó su descenso este viernes, acompañado por un volumen operado de USD 475,7 millones en el segmento de contado, lo que permitió al Banco Central continuar comprando divisas sin modificar la tendencia de precios.
La cotización cerró en $1.376, con una caída de 13 pesos o 0,9% en la jornada, alcanzando su valor más bajo desde el 14 de octubre. Durante febrero, el tipo de cambio oficial perdió 71 pesos, equivalente a una baja de 4,9%, y desde el inicio de 2026 acumula un retroceso de 79 pesos o 5,4%.
En la última semana, el dólar mayorista cedió 23,50 pesos, una baja de 1,7%. El valor actual se ubica 219,93 pesos o 16% por debajo del tope de la banda cambiaria fijado por el BCRA en $1.595,93, ampliando la brecha al nivel más alto desde el 4 de julio de 2025.
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