POLITICA
La Iglesia dice que el Estado se retiró de los barrios populares y advierte que ello «abre paso al avance del narcotráfico»
La Iglesia denunció “con preocupación y dolor” lo que considera “la retirada del Estado” de las villas y barrios populares, porque “abre paso al avance del narcotráfico, que ocupa ese lugar vacío y se convierte en una suerte de ‘Estado paralelo’”. A la vez que les pidió a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que apoyen con los recursos a quienes trabajan en el terreno previniendo las adicciones y asistiendo a los adictos.
En una declaración con motivo de la Jornada Mundial contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se cumplirá este miércoles, la Conferencia Episcopal destaca la labor de la Iglesia con organizaciones de la sociedad civil en esta problemática. Y advierte que “desfinanciar sus obras, demorar la ayuda o relegarlas a la buena voluntad de voluntarios agotados, es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”.
Una de las principales preocupaciones de la Iglesia es que el gobierno haya desfinanciado al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) -fruto de un amplio consenso en el Congreso durante la presidencia de Mauricio Macri- que llevaba adelante obras como cloacas y luz eléctrica segura a las villas y barrios populares de todo el país, más allá de que valoran el aumento del monto de la AUH y la Tarjeta Alimentar
“La Iglesia en la Argentina reafirma su compromiso en la lucha contra el flagelo del narcotráfico y el consumo de drogas, una herida profunda en el corazón de tantos jóvenes, muchos de ellos en situaciones de extrema pobreza”, comienza diciendo el pronunciamiento del organismo que agrupa a todos los obispos del país. Añade que “esta realidad nos duele y nos interpela: ¡No podemos naturalizarla!”.
Puntualiza que “desde hace años, comunidades eclesiales de todo el país (parroquias, capillas, Hogares de Cristo, Centros Barriales, Cáritas, Fazendas de la Esperanza y otras obras donde se comparte el trabajo con organizaciones de la sociedad civil), acompañan de manera silenciosa, cercana y constante a quienes han caído en la adicción y buscan una salida”.
“Pero vemos con preocupación y dolor -afirma- que la retirada del Estado de esos ámbitos abre paso al avance del narcotráfico, que ocupa ese lugar vacío y se convierte en una suerte de «Estado paralelo», donde los narcos ofrecen a los jóvenes una vida corta pero aparentemente mejor, y esto a cambio de su dignidad, su libertad y, muchas veces, su vida”.
Puntualiza que “la prevención y la educación son pilares irremplazables en esta lucha, concretados en espacios de contención, escucha y formación. Por eso es urgente y necesario que las autoridades nacionales, provinciales y municipales, reconozcan y sostengan el trabajo que ya se realiza en el territorio, aportando los recursos necesarios para potenciarlo y ampliarlo”.
“Sin una presencia constante del Estado y el compromiso de toda la sociedad en la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes, estaremos siempre corriendo detrás del problema”, advierte.
En ese sentido, señala que “no se puede seguir esperando que quienes acompañan a los jóvenes más rotos lo hagan sin recursos. La entrega gratuita de tantos voluntarios es muy valiosa, pero debe ser complementada con equipos que puedan dedicarse a tiempo completo, y eso requiere financiamiento”.
Subraya que “allí donde hay una comunidad que acoge y contiene, hay posibilidad de renacer. La recuperación no es un camino solitario: se sostiene en vínculos, en el abrazo de una red fraterna, en la pertenencia. Por eso es fundamental cuidar y fortalecer estas comunidades que salvan vidas todos los días”.
“Sin el compromiso económico del Estado, esta ardua tarea no se sostiene. Y si esta tarea cae, no habrá quien reciba a los que tocan fondo buscando una segunda oportunidad”, asevera.
Los obispos hacen una interpelación: “A quienes tienen responsabilidades de gobierno, les pedimos: ¡Escuchen el clamor de los que luchan por salir del consumo! ¡Vean el dolor de familias y comunidades que están destrozadas por este flagelo!”.
“Finalmente, queremos reiterar nuestra gratitud a todos los que trabajan cada día, con fe y esperanza, por rescatar a hermanos y hermanas del consumo de drogas. No están solos. En sus gestos cotidianos de amor y servicio se encarna el Evangelio”, reconocen.
Concluyen con un mensaje a los adictos: “Especialmente, queremos decirles a quienes están atravesados por este drama de la drogadependencia, que como Iglesia no nos resignamos a perderlos”.
“Porque creemos en Cristo, confiamos en la fuerza transformadora del amor, del encuentro y de la comunidad. No se desanimen. Pidan ayuda. No dejen de llamar a la puerta de todos cuantos queremos ayudarlos”, finalizan.
Iglesia Católica,Adicciones
La media sanción del proyecto de reforma laboral pemite que, ahora, el tratamiento parlamentario se lleve a cabo en la Cámara de Diputados y quienes deseen saber si hay paro de la CGT este jueves 19 de febrero, tendrán la respuesta de acuerdo a la decisión que tome el Congreso para la fecha de debate.
La central obrera determinó que hará una huelga general sin movilización, en coincidencia con el día de tratamiento de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo. Esto puede ser el jueves 19 de febrero, o en su defecto el miércoles 25 de febrero.
Las chances de que haya paro de la CGT este jueves 19 de febrero son concretas, ya que el oficialismo en Diputados pretende que el tratamiento sea rápido y cuanto antes. De acuerdo a la información que trascendió en la últimas horas, los libertarios intentarán asegurar el quorum en el recinto y convocar a la sesión el jueves 19.
La idea del oficialismo es que se firme el dictamen de comisión el miércoles y poder llevar a cabo el tratamiento legislativo el jueves.
El avance de la reforma laboral depende, ahora, de las soluciones que se propongan al esquema de reducción de remuneraciones en caso de enfermedad o accidente del trabajador. Este punto es el que mayor objeciones generó en los distintos bloques, aunque se suman otros cuestionamientos desde la oposición.
En el caso de que no se reúnan los avales esta semana, es probable que la sesión se pase al miércoles 25 de febrero, en cualquier caso, el plan del Gobierno es que se obtenga la aprobación antes de fin de mes.
La medida de protesta que anunció la CGT ya cuenta con el apoyo de diferentes gremios, incluso algunos de ellos ya habían dado su aval antes de la media sanción del proyecto.
Se sumarán al paro general: la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, gremio que aglutina a los maquinistas de trenes y es conducido por Omar Maturano.
Además, está garantizado el apoyo de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), dirigida por Juan Carlos Schmid, que nuclea a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.
La CGT convoca a que la UTA (Unión Tranviarios Automotor) se pliegue a la protesta y no haya servicio de colectivos, lo que redunda en un impacto mayor del reclamo sindical. Sin embargo, el gremio que comanda Roberto Fernández se encuentra bajo conciliación obligatoria que rige desde las 00:00 horas del 11 de febrero y establece un período de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios”.
Este es el cuarto paro que la central obrera realiza durante la gestión de Javier Milei.
Entre los focos más importantes que generan resistencia se encuentra el artículo por el cual, ante enfermedades o accidentes no vinculados a la actividad laboral, el trabajador dejaría de percibir automáticamente el salario completo, como prevé la normativa vigente. En su lugar, cobraría el 75% si se tratara de, por ejemplo, una enfermedad, y el 50% cuando derivara de una conducta voluntaria.
Otro rechazo se encuadra en el financiamiento de las indemnizaciones por despido y la derogación de media decena de estatutos profesionales.
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POLITICA
Desde su internación en Punta del Este, Alberto Samid criticó a Nación y Provincia: «No me dieron pelota con el avión sanitario»
El empresario y dirigente peronista Alberto Samid se refirió a su estado de salud y apuntó contra autoridades bonaerenses y nacionales por la falta de respuesta ante su pedido de traslado sanitario.
Desde el Sanatorio Cantegril de Punta del Este, donde permanece internado, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó duramente a funcionarios por no haber gestionado el operativo para regresar al país.
Leé también: Internaron a Alberto Samid en Uruguay: su familia pide un avión sanitario para trasladarlo a Buenos Aires
“Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, PAGANDO YO LOS GASTOS porque contraje un virus uruguayo que no saben qué es. Entonces tengo que ir rápido a mi país a atenderme con mis médicos. Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos”, posteó.
Y finalizó: “Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido… pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono.”
El mensaje, fechado “Sanatorio Cantegril 17-2-26” y firmado como “ALBERTO JOSÉ SAMID”, se suma al pedido público que había realizado su familia para concretar el traslado en avión sanitario hacia Buenos Aires.
Marisa Scarafía, su esposa, publicó un comunicado en las redes del excandidato a diputado donde informó sobre su estado de salud.
Por qué internaron a Alberto Samid en Punta del Este
“Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien que es, pero es muy peligroso ya que tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”, explicó la mujer en un comunicado.
Tras ello, contó que el empresario conocido como el “Rey de la carne” necesita ser trasladado a Buenos Aires en avión sanitario e hizo una solicitud a las autoridades bonaerenses. “Le pido encarecidamente al señor gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, insistió.
Alberto Samid, Punta del Este
Bajo presión interna y cuestionada por haber negociado con el Gobierno tras bambalinas, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió activar un paro general sin movilización para el día en que se trate el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. El debate legislativo podría ser este jueves o el miércoles 25 de febrero.
Sería la cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei y la misma tendría la adhesión total de los gremios del transporte. La medida significa un endurecimiento en la estrategia sindical, que hasta ahora apostaba a introducir más cambios en la iniciativa libertaria mediante el diálogo entre algunos dirigentes y representantes del Gobierno.
La contundencia de la medida de fuerza reside en la participación de la Unión Tranviaria Automotor (UTA). El sindicato de los colectiveros mantuvo una postura cautelosa en las últimas semanas. Roberto Fernández evitó declaraciones públicas recientes, pero sus allegados confirmaron la adhesión al plan nacional de la central obrera. Desde el gremio sostuvieron: “Somos una entidad confederada, por lo cual si la cúpula decreta una medida vamos a adherir”.
El antecedente del paro previo genera preocupación en la dirigencia gremial. En el mes de abril de 2025, el servicio de colectivos funcionó con normalidad debido a una conciliación obligatoria estatal. Esta situación debilitó el impacto de la huelga en la región metropolitana en aquella oportunidad. La adhesión plena de los choferes resulta vital para asegurar que la protesta paralice efectivamente los centros urbanos y las zonas industriales.
La estrategia de no marchar hacia el Congreso generó tensiones con otros sectores del gremialismo. El Frente de Sindicatos Unidos, con base en la sede de la UOM sobre la calle Alsina, anunció una movilización independiente para el mismo día del debate.
Este bloque cuenta con el apoyo de los trabajadores estatales de ATE, los Aceiteros y las dos ramas de la CTA. Pablo Moyano respalda esta postura activa frente al Congreso.
Los dirigentes del triunvirato central prefieren un perfil bajo para evitar el desgaste público y los choques con la policía. Un integrante del consejo directivo reconoció: “No existe el clima social para una protesta masiva pese a los cambios que la reforma laboral ocasiona”.
Los desmanes ocurridos el miércoles pasado durante el choque entre manifestantes de izquierda y las fuerzas federales influyeron en la decisión final de la cúpula cegetista.
Marcelo Pasciuto, director del grupo DOTA, manifestó este martes en diálogo con LN+ que “hasta el momento el sindicato de colectiveros y la UCRA no nos notificaron de ningún paro: todo lo que sabemos es a través de los medios”.
“Nosotros controlamos 68 líneas de colectivos en el AMBA, pero hasta el momento no tenemos una confirmación oficial”, insistió.
La CGT definió un cese de actividades por 24 horas sin desplazamiento de columnas para la jornada en que la Cámara de Diputados analice el proyecto de ley de la reforma laboral: la fecha probable del tratamiento legislativo oscila entre este jueves 19 y el miércoles 25 de febrero.
En caso de que se termine de confirmar, el apoyo de los sindicatos del transporte garantiza un alcance total en la paralización de los servicios urbanos y de larga distancia durante toda la jornada de protesta.
¿Hay paro de la CGT este jueves 19 de febrero?
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