POLITICA
Preocupa a los libertarios la ofensiva de los gobernadores por el reparto de los recursos
La postal de unidad que exhibieron ayer los 24 mandatarios provinciales en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) provocó escozor en el oficialismo. “Si los gobernadores pasan de la amenaza a la acción y avanzan en el Congreso con una ley para coparticipar más recursos a las provincias, no habrá veto posible que lo impida”, admiten en la cúpula libertaria de la Cámara de Diputados. No obstante, enseguida relativizan el peligro. “Ver para creer”, deslizan.
No es la primera vez que desde las provincias suenan los reclamos para que el Gobierno abra la billetera y sea más generoso en el reparto de los recursos que son coparticipables pero que retiene la Nación. Un grupo de gobernadores aliados de Pro y la UCR metieron presión el año pasado cuando se discutió el presupuesto 2025, a lo que el oficialismo respondió con el cierre intempestivo del debate en el Congreso. Acto seguido prorrogó por segunda vez consecutiva el presupuesto 2023 y calló las protestas de los gobernadores amigos con promesas de fondos discrecionales para sus provincias para el nuevo año.
Ya pasaron seis meses y el reparto desde la Nación estuvo lejos de cumplir las expectativas. Con el agravante de que las transferencias automáticas por coparticipación se derrumbaron: según datos del Ministerio de Economía, las provincias debieron afrontar durante mayo una caída real del 23,8% en promedio con respecto al mismo mes del año anterior. En el caso de los estados de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) y la ciudad de Buenos Aires, entre otros, la merma trepó a más del 25%.
Ante esta situación de escasez, los 24 mandatarios provinciales decidieron estrechar filas y, en una inédita demostración de fuerza (es la primera vez que “halcones” y “palomas” se muestran juntos en el CFI) le enviaron un aviso al Gobierno con un borrador de proyecto de ley que, de aprobarse, pegaría en la línea de flotación del superávit fiscal que ostenta el Ministerio de Economía.
La iniciativa en cuestión tiene dos ejes. Por un lado, se propone eliminar los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos para que esos recursos, que están destinados a planes de infraestructura para el transporte y obras hídricas en el interior del país, sean administrados directamente por las provincias “según las prioridades que cada una defina”.
El otro eje tiene que ver con el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que fue creado por la ley de coparticipación para asistir a las provincias en situaciones de emergencia. Dicho fondo se nutre con un porcentaje de la recaudación de impuestos nacionales, como el impuesto a las ganancias y bienes personales, y es administrado por el Ministerio del Interior. El problema es que los sucesivos gobiernos nacionales –incluso el actual- han repartido poco y nada ese fondo millonario entre las provincias y acapara para sí buena parte de lo recaudado.
Los gobernadores pretenden que, de ahora en más, los ATN se distribuyan entre la Nación y las provincias de acuerdo a la coparticipación primaria y secundaria. Advirtieron que el gobierno de Javier Milei solo distribuyó el 8% de esos recursos que, en definitiva, son coparticipables.
Estos planteos no son nuevos para la Casa Rosada. Son los mismos que escucharon el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, cuando se intentó llegar a un acuerdo para aprobar el presupuesto 2025, a fines del año pasado. Las negociaciones se frustraron, la ley no prosperó y los gobernadores, hoy más necesitados de fondos, decidieron volver a la carga.
Como en aquella oportunidad, la respuesta de Guberman y Catalán –que acudieron a la cumbre de los gobernadores- tampoco fue satisfactoria.
“El gobierno nacional trajo una propuesta que consiste, a grandes rasgos, en repartir un poquito lo recaudado del impuesto a los combustibles y que las provincias nos hagamos cargo de todas las rutas nacionales. Respecto de los ATN su oferta fue muy mezquina: solo ofrece repartir $140.000 millones, cuando sabemos que el fondo que recauda lo duplica”, contó a uno de los mandatarios presentes.
Finalizada la reunión con los funcionarios, los gobernadores resolvieron redoblar la presión. “Si el Gobierno no ofrece una propuesta superadora, en un par de semanas vamos a presentar formalmente nuestro proyecto de ley en el Senado”, indicó la fuente.
La réplica de Guillermo Francos, jefe de Gabinete, no tardó en llegar. “Los gobernadores siempre quieren más plata; tratamos de encontrar algún camino para responderles y que no tenga impacto en las cuentas. Pero no hay ninguna posibilidad de que el presidente (Javier) Milei y el ministro (Luis) Caputo cedan un ápice en el superávit fiscal. Podrán venir los 24 gobernadores a plantearnos…Y cualquier ley que quiera alterar eso será vetada”, avisó.
Habrá que ver si la sangre llega al río. Por de pronto, en el oficialismo parlamentario se encendieron las señales de alarma. “Si no hay acuerdo y avanza la ley, será muy difícil resistir el veto: ni siquiera nuestros aliados más incondicionales nos van a respaldar”, dramatizan en la cúpula libertaria.
El interrogante es si en esta oportunidad, a diferencia de lo que sucedió con el frustrado debate del presupuesto 2025, los mandatarios provinciales se atreverán a mover sus alfiles en el Congreso para asestarle un golpe al gobierno de Milei. Máxime cuando el presidente lidera en imagen positiva en buena parte de sus territorios y no pocos gobernadores aliados buscan un acuerdo electoral con los libertarios.
“Es verdad que hasta ahora Milei ha tenido a los gobernadores en un puño, pero la situación fiscal en muchas provincias está al borde del ahogo. Los gobernadores dialoguistas están cansados de tantas promesas incumplidas. Esta vez la presión se va a hacer sentir si el gobierno nacional se mantiene intransigente”, señalan desde el CFI.
actualidad política, cristina kirchner condenada, balcón, 190625
Un video publicado en la red social X, de la streamer española Shuuy (@Shuuy_live), se viralizó en las últimas horas por un mensaje dirigido a los argentinos en relación con el gobierno de Javier Milei.
En el clip, la creadora de contenido —quien en su perfil indica que transmite en vivo desde Barcelona, España— expresa su apoyo al rumbo político del país y plantea que le gustaría ver un liderazgo similar en su tierra. “Quiero un Milei en España”, afirma en el video.
“Quiero un @JMilei en España; argentinos por favor no cambiéis el rumbo, sois ejemplo para el mundo, antes lo erais para mal, hoy para mejor, darle una lección a todos los zurdos de mierda, se lo merecen y os lo merecéis”. @Shuuy_live , youtuber española (ex zurda) sin complejos. pic.twitter.com/1zXJDVOsTi
— _DON_ BAIRES_⭐️⭐️⭐️ (@DonDrPr_4ever) March 7, 2026
Durante su intervención también envía un mensaje dirigido a los ciudadanos argentinos. “Argentinos, por favor no cambiéis el rumbo”, sostiene en el fragmento que comenzó a circular en redes sociales.
En el mismo video agrega otra reflexión sobre la gestión del mandatario argentino: “Está haciendo lo que tiene que hacer”. El clip fue difundido en X y comenzó a ser replicado por distintos usuarios en las últimas horas, incluso por el mismo presidente Javier Milei.
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España,Javier Milei,Redes Sociales,Shuuy
POLITICA
Tras la muerte por extorsión de un soldado, impulsan un proyecto para prohibir celulares en las cárceles bonaerenses
El diputado bonaerense de La Libertad Avanza Oscar Liberman presentó un proyecto de ley para prohibir los teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa fue elaborada con la colaboración de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Azul, Carlos Pagliere (hijo).
La propuesta fue denominada “Ley Rodrigo”, en referencia al soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó en la Quinta de Olivos luego de una extorsión que, según la investigación judicial, se organizó desde la cárcel bonaerense de Magdalena.
El proyecto modifica la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense y plantea que las personas privadas de la libertad no puedan tener celulares ni dispositivos electrónicos capaces de conectarse a redes de telefonía móvil o transmisión de datos.
El texto establece que la comunicación telefónica de los internos deberá realizarse únicamente a través de equipos provistos y supervisados por el Servicio Penitenciario. Además, fija un límite diario para esos contactos.
“La comunicación telefónica se realizará exclusivamente a través de los medios fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario. El tiempo de comunicación por interno quedará limitado a un máximo de dos horas diarias, y en ningún caso los dispositivos móviles podrán estar a su libre disposición”, indica el proyecto.
También dispone que cada detenido podrá comunicarse únicamente con un listado de hasta cinco personas previamente registradas. Según la iniciativa, el Servicio Penitenciario deberá supervisar esos contactos “para garantizar la seguridad del establecimiento y la protección del orden público y de las víctimas”.
Entre los cambios previstos, el proyecto declara la caducidad del “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” aprobado durante la pandemia mediante la Resolución N° 47688/20, que había flexibilizado el uso de dispositivos personales dentro de las unidades penitenciarias.
En los fundamentos, Liberman sostuvo que la regulación vigente debe adecuarse a las exigencias actuales de seguridad pública.
“El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que las cárceles serán sanas y limpias ‘para seguridad y no para castigo de los reos’. Este mandato implica no sólo la prohibición de tratos crueles, sino también la obligación estatal de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo”, expresó.
El legislador afirmó además que el proyecto apunta a restablecer condiciones de control sobre las comunicaciones dentro de los establecimientos penitenciarios. En ese sentido, sostuvo que la normativa “tiene por finalidad adecuar el régimen de comunicaciones de las personas privadas de libertad a las exigencias actuales de seguridad pública, protección de las víctimas y adecuado funcionamiento del sistema penitenciario”.
La iniciativa también establece la instalación obligatoria de sistemas de inhibición o bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores de alojamiento de los internos. Según el texto, esos mecanismos deberán implementarse de forma progresiva y sin interferir con comunicaciones institucionales o de emergencia.
El proyecto dispone además que el uso de inhibidores deberá complementarse con medidas de control permanentes. Entre ellas menciona requisas periódicas en celdas y pabellones, controles tecnológicos para detectar dispositivos electrónicos y acciones preventivas destinadas a evitar el ingreso de elementos prohibidos.
En las disposiciones transitorias, la iniciativa fija un procedimiento para retirar los teléfonos que actualmente poseen los internos. Dentro de los diez días hábiles de promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense deberá notificar a los detenidos para que entreguen voluntariamente los dispositivos en un plazo de 24 horas.
La norma establece que los teléfonos registrados podrán ser retirados por familiares o allegados del interno luego de seis meses. En cambio, aquellos equipos que no estén declarados deberán ser destruidos en un acto público ante escribano.
Si los dispositivos no son entregados voluntariamente, el proyecto ordena realizar requisas en celdas y espacios comunes para secuestrar los teléfonos y aplicar sanciones a los responsables.
Arroyo Salgado dictó recientemente la prisión preventiva para siete personas acusadas de integrar una organización criminal que operaba desde cárceles bonaerenses y que, según la investigación, habría participado en la extorsión al soldado Rodrigo Gómez. La causa sostiene que las maniobras se realizaban mediante comunicaciones telefónicas desde el interior de las unidades penitenciarias.
El apoyo del intendente de San Isidro
En paralelo, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, presentó un pedido formal y urgente ante la Justicia Provincial para que deje sin efecto la autorización que permite, desde el Gobierno de Alberto Fernandez, el uso de teléfonos celulares en las unidades penitenciarias bonaerenses.
En una carta dirigida al Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Lanús argumenta que esta medida fue una disposición excepcional y temporal, adoptada durante la pandemia por el DNU 297/20 y sus prórrogas, cuya vigencia ya finalizó hace tiempo.
“No podemos permitir que personas condenadas por delitos sigan operando y comandando nuevos desde la cárcel”, enfatizó el intendente.
El escrito detalla que, a pesar del cese de la emergencia sanitaria, los detenidos continúan utilizando dispositivos de telefonía celular de manera indiscriminada y sin control efectivo. Esto facilita la planificación y ejecución de delitos desde el interior de los penales, agravando los niveles de inseguridad en el conurbano bonaerense, incluido el distrito de San Isidro.
Rodrigo Andrés Gómez,Quinta de Olivos,Granaderos
En el lanzamiento de la alianza regional Escudo de las Américas en Miami, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó públicamente su respaldo al presidente Javier Milei.
El nuevo apoyo público de Trump a Milei refuerza la relación bilateral y proyecta a Argentina como un socio estratégico de Estados Unidos en América Latina. Según el discurso brindado en Miami, el respaldo de Trump se da en el contexto de una coalición regional aunque con la ausencia de países como Brasil y México.
El exmandatario estadounidense dijo que su apoyo tuvo impacto en la carrera electoral de Milei y lo señaló entre los líderes preferidos en la cumbre, al afirmar: “Estaba unos puntos abajo y subió como un cohete”.
Durante el acto de presentación de la Coalición Anticártel de las Américas, Trump agradeció la presencia de más de 17 delegaciones nacionales y elogió la decisión de los líderes que participaron en la nueva alianza. Subrayó la importancia de este bloque para combatir el avance de los cárteles y las redes criminales en la región.
“Quiero agradecer a los miembros de la coalición, la mayoría de los cuales son amigos míos. Algunos los conocí recién, pero la mayoría son amigos, muchos de los cuales apoyé. Ellos tomaron ese respaldo y ganaron en grande”.
El expresidente destacó a Milei entre los presentes y reiteró que aquellos a quienes ha respaldado en el pasado lograron victorias significativas. Entre bromas, Trump señaló desde el escenario: “No he tenido un mal respaldo todavía, ¿cierto?”, y a continuación, mencionó la rápida recuperación de Milei en las encuestas electorales: “Estaba unos puntos abajo y subió como un cohete, ¿verdad? En Argentina”.
Junto al presidente argentino, Trump también reconoció a los mandatarios de El Salvador, Paraguay, Ecuador y Panamá, al hacer especial mención a Nayib Bukele, Santiago Peña y Daniel Noboa por la confianza y los vínculos construidos con Estados Unidos en el marco de la alianza regional.
Apoyo previo de Trump a Milei y contexto internacional
En la Junta de la Paz celebrada en Washington en febrero, Trump ya había subrayado su apoyo a Milei ante líderes internacionales. Allí, el líder republicano recordó que su historial de respaldo a candidatos ha sido positivo tanto en Estados Unidos como en el extranjero.
Durante ese foro internacional, orientado a la reconstrucción de Gaza, Trump declaró sobre Milei: “Yo lo apoyé, lo respaldé. No se supone que deba respaldar a personas, pero respaldo cuando me cae bien alguien”. Añadió que el presidente argentino “estaba un poco atrás en las encuestas” antes de las elecciones legislativas de 2025, pero, a su juicio gracias al respaldo, “terminó ganando por goleada”.
El apoyo del gobierno estadounidense sitúa a Argentina en una posición relevante dentro de la agenda diplomática y militar de la Casa Blanca. Junto con El Salvador y Paraguay, Argentina es uno de los tres países latinoamericanos que forman parte de la Junta de la Paz, un foro impulsado por Estados Unidos y enfocado en la reconstrucción de Gaza.
Durante la Junta en febrero, Trump anunció ayudas internacionales por 7.000 millones de dólares. Argentina, sin embargo, no realizará un aporte monetario, sino que podría contribuir con su “experiencia militar” en zonas de conflicto, diferenciando su papel del de otros países que sí ofrecerán financiación directa. Esta conducta destaca la orientación eminentemente estadounidense del foro, con una participación latinoamericana selecta y la exclusión de actores europeos y asiáticos relevantes.
International,Relations,Diplomacy / Foreign Policy,North America
VIDEO | “Quiero un Milei en España”: el mensaje viral de una streamer de Barcelona
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