POLITICA
Leandro Zdero endurece su postura y tensa el conflicto con organizaciones sociales en Chaco
En medio de crecientes protestas por la suspensión de beneficios sociales, el gobernador chaqueño Leandro Zdero profundizó su enfrentamiento con organizaciones piqueteras y reafirmó su política de recortes con un mensaje directo: “Conmigo se terminó el curro de las becas para punteros políticos”.
Las declaraciones del mandatario se produjeron tras una manifestación encabezada por unas 90 personas en General Vedia, donde militantes de la Corriente Clasista Combativa (CCC) y la Federación Nacional Campesina (FNC) cortaron el acceso a la localidad, reclamando por la suspensión de la Renta Mínima Progresiva y la interrupción en la entrega de alimentos del Plan Ñachec.
Durante una entrevista radial con el periodista Julio Wajcman, Zdero se mostró intransigente: “El que no trabaja no va a cobrar. Estoy dispuesto a gobernar para la gente que quiere salir adelante, no para los vagos. Acá se cortaron los privilegios”, disparó, en una frase que deja en claro el eje de su estrategia de gobierno.
Recortes y tensiones
El gobierno provincial viene ejecutando un proceso de depuración de programas sociales que ha despertado fuertes críticas desde sectores populares. Según la administración de Zdero, el objetivo es “ordenar los recursos” y garantizar que las ayudas lleguen “a quienes realmente lo necesitan”. Sin embargo, desde las organizaciones denuncian un vaciamiento de políticas sociales en barrios vulnerables y una criminalización del reclamo.
Zdero fue más allá y apuntó directamente contra los referentes de movimientos sociales, a quienes acusó de operar con fines partidarios: “Hay organizaciones que están molestas porque se les acabó el negocio de las becas que usaban para sostener a sus agrupaciones. Yo no vine a gobernar para ellos, vine a gobernar para el chaqueño que trabaja”, afirmó.
La dureza del discurso oficial no es nueva, pero sí marca una profundización en el conflicto. “No vengan con apretadas. El pacto es con la gente de bien, no con quienes disfrazan política de solidaridad y viven de jorobarle la vida al chaqueño que labura”, sentenció Zdero.
El trasfondo político
Desde las organizaciones sociales advierten que la eliminación de programas como la Renta Mínima Progresiva y la falta de distribución de alimentos profundizan la pobreza y el malestar en zonas rurales y periurbanas. En ese marco, anticipan nuevas protestas si no hay respuestas concretas.
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Diego Santilli, primer candidato a diputado nacional por el frente electoral entre La Libertad Avanza y el PRO, intentó despegarse de la polémica alrededor de lo que dijo su compañera de lista, la exBrigada Cola Karen Reichardt, sobre los votantes del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, a quienes asoció a una “enfermedad mental” al votar a políticos de ese espacio político.
Al respecto, el actual legislador nacional del PRO consideró que dicha expresión le pareció “desafortunada“, a lo que agregó: “Yo no estoy de acuerdo“, en un acto que apunta a marcar distancia de la polémica instalada por la exPlayboy.
Karen Reichardt sostuvo que el electorado opositor a La Libertad Avanza sufre una “enfermedad mental”
El candidato, no obstante, trató de evitar la centralidad de los dichos de su compañera para concentrarse en los ejes de la campaña libertaria.
En diálogo con Radio Mitre, dijo que “la gente quiere tener trabajo formal, quiere salir de la informalidad, quiere seguridad y no volver a la inflación que nos devastó“. En este sentido, Santilli subrayó que la campaña se concentra en soluciones concretas y no en polémicas verbales.
Santilli resaltó, sobre la inseguridad, que el 83% del delito en PBA ocurre en 25 municipios, además de Gran Mar del Plata y Gran Bahía Blanca, y remarcó la necesidad de políticas públicas contundentes para estas áreas: “Obviamente son los más densamente poblados, pero podemos implementar una política de seguridad que funcione”, dijo.
Persuadir antes que dividir
Al volver al tema de Karen Reichardt, algo que el dirigente del PRO no pudo evitar, este adoptó un tono conciliador, pero firme: “No comparto la forma en que lo dijo. Es importante que como espacio demos un mensaje coherente y centrado en propuestas, no en insultos o descalificaciones hacia quienes piensan distintos“, señaló, en aras de centrar el discurso en persuadir a los votantes y no en agregar nuevas divisiones a las ya existentes.
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La maquinaria que sustentará las elecciones del domingo 26 generó un gasto consolidado en contrataciones de por lo menos $230.328.617.245,02. Este monto se desprende de los procesos de contratación directa y licitaciones públicas llevadas a cabo por la Dirección Nacional Electoral, incluido el convenio firmado con el Correo Argentino por la gestión del escrutinio provisorio, el software de transmisión de actas y la impresión de la boleta única de papel. Todos esos contratos fueron revisados por y no incluyen las transferencias por financiamiento partidario o gastos de la Justicia.
La columna vertebral de todo el proceso electoral es el servicio integral de logística, transmisión y procesamiento de datos, cuya responsabilidad recayó en la empresa con participación estatal. El documento contractual estableció un monto total de $223.006.385.830, lo que cubre el traslado y la seguridad del material electoral a lo largo y ancho del país, los softwares necesarios para el escrutinio provisorio y la transmisión de datos, que este año se juntaron en una única licitación ganada (como es habitual) por la empresa española Indra.
La contratación de servicios de transmisión y escrutinio costó $21.169.492.302 (US$17.644.331 a tipo de cambio de $1.199,79 al momento determinado por la administración pública). Según fuentes oficiales, el escrutinio provisorio de 2023 se valora hoy en $31.517.841.651, aplicando un IPC de 472,90% al costo original de $5.501.456.040. Por su parte, la transmisión de telegramas de 2019 costó $61.252.352, cantidad que, al ajustarse con 4.056,46% de IPC, alcanza $2.545.930.001 hoy. La suma de los valores de 2023 y 2019, actualizada, asciende a $34.063.771.652, por lo que aseguran que el monto de compra de 2025 genera un ahorro de $12.894.279.350, o unos US$10.747.114 y un 37,85% de reducción del gasto.
La impresión de la Boleta Única Electoral (BUE), por unas 44 millones de papeletas, fue adjudicada por el Correo Argentino a cinco empresas o Uniones Transitorias de Empresas (UTEs) a través de una Licitación Privada N° 040RC00518, con un presupuesto que rondó los $40.000 millones.
La mayor parte del negocio, equivalente al 34% de la impresión total, fue adjudicada a la unión de Boldt Impresores con Instituto de Publicaciones y Estadísticas (Ipesa), quienes se encargarán de distritos clave como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Pampa y el 40% de la provincia de Buenos Aires.
En segundo lugar, Artes Gráficas del Litoral obtuvo el 27% de la contratación, dedicándose al 60% restante de la provincia de Buenos Aires, además de Jujuy, Formosa, La Rioja y Santa Cruz. El reparto continuó con Su Papel en UTE con Ramón Chozas SA, que se hizo con el 15% de la impresión, cubriendo las boletas de Entre Ríos, Salta, Chaco, Río Negro, Neuquén y Santiago del Estero, mientras que DP Argentina se adjudicó el equivalente al 14% del padrón en provincias como Tucumán, Misiones, Corrientes, San Juan, Chubut, San Luis y Catamarca. Finalmente, Kollor Press SA (KMP) obtuvo el 7% de la masa total de papeletas, destinadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El material de cartonería, fundamental para la disposición de los espacios de votación, se dividió en dos licitaciones públicas, con adjudicaciones por más de US$3.500 millones. El primer contrato fue la Adquisición de Urnas de Cartón Descartables (Proceso 81-0007-LPU25). La adjudicación total recayó en la firma Melenzane S.A, por un valor de $1.249.458.000,00 Peso Argentino.
El segundo contrato en esta categoría fue una novedad: la adquisición de cabinas y elementos de cartón, destinado a la provisión de elementos de cartón corrugado necesarios para conformar los cuartos oscuros, que ya no serán las aulas, sino estos biombos. Este contrato fue ganado por SELLOS ONLINE SRL por $1.924.347.600, al que se sumó posteriormente una ampliación contractual perfeccionada el 26 de agosto de 2025, por $384.869.520. El monto total para las cabinas de cartón, por lo tanto, ascendió a $2.309.217.120. Desde el Gobierno aseguran que esta compra se amortizará con la recuperación de los materiales para futuros comicios.
La compra de los insumos básicos para que las autoridades de mesa puedan operar durante la jornada electoral se canalizó a través de la Adquisición de elementos de escritura. En esto, también, se debió ampliar la cantidad de conjuntos de útiles a comprar debido a que las lapiceras serán el medio de votación de los ciudadanos. Se requirieron 205.000 kits con distintos elementos. Al igual que en el rubro anterior, el contrato fue adjudicado de forma total a un único proveedor, siendo la ganadora nuevamente la empresa Sellos Online SRL, por $3.110.365.500.
El rubro de papelería fina, específicamente la Adquisición de sobres de votación (Proceso 81-0006-LPU25), resultó en la distribución de la provisión entre varios oferentes, sumando un total de $425.308.500. Los bienes requeridos incluían desde sobres de papel obra de 127 X 174 mm, hasta sobres con membrete y sobres tipo bolsa de distintos tamaños (27 X 36 Cm y 20,5 X 28 Cm). Los tres proveedores adjudicatarios, con sus respectivos montos contractuales, fueron:
1. Arcángel Maggio SA, con un monto de $274.858.500.
2. Grupo Convertidor Papelero SRL, con una adjudicación de $126.000.000.
3. Félix A. Medoro S.A con un contrato por $24.450.000.
Finalmente, el proceso de licitación para el Servicio de impresión, embalaje y traslado de diversos materiales de imprenta abarcó una gama de materiales gráficos y formularios, tuvo una inversión total de $227.882.295,02. Este servicio incluyó la impresión de 420.500 afiches, folletos trípticos y dípticos en papel ilustración, cuadernillos impresos, formularios continuos y no continuos, carteles para puertas, y credenciales impresas en material plástico. La complejidad de la impresión requirió que los oferentes demostraran antecedentes de trabajos de “gran volumen y en corto tiempo de realización” en los últimos cinco años.
Los proveedores que resultaron ganadores en este rubro fueron dos entidades principales:
1. La Imprenta del Congreso de , que obtuvo un contrato original por $199.342.755,02.
2. Arcángel Maggio SA, que, además de los sobres, perfeccionó un contrato original por $21.140.400 y una ampliación por 7.399.140,00, por una suma total de $28.539.540.
Camila Dolabjian,Conforme a
POLITICA
El Gobierno realizó el simulacro general del recuento de votos para las elecciones del 26 de octubre
El Gobierno realizó hoy el simulacro general de transmisión, recuento y difusión de resultados electorales, de cara a los comicios del 26 de octubre, que estarán marcados por la primera vez que habrá Boleta Única de Papel (BUP). Del ensayo participaron 1.100 digitadores en dos sedes del Correo Argentino, fiscales partidarios y funcionarios nacionales.
En el simulacro se testearon los procesos de transmisión de los telegramas que surgirán de las mesas de votación, como así también el recuento y la consolidación de los resultados. El proceso comenzó a las 8 y concluyó pasadas las 12. El domingo electoral, de acuerdo a la normativa vigente, los resultados oficiales podrían darse a partir de las 21, confirmó la titular de la DINE, Luz Landívar.
El Ministerio del Interior informó que con el simulacro se buscó verificar “la organización y operatividad logística vinculada a la transmisión de telegramas, el funcionamiento de los procesos, equipamientos, sistemas y conectividad asociados a la digitalización y transmisión de telegramas”.
Además, se indicó que durante la jornada se transmitieron 110.000 telegramas desde los 24 distritos electorales, alcanzando un volumen operativo equivalente al de una elección real. El ensayo buscó reproducir las condiciones reales del día de la elección, imitando la curva de transmisión de esos telegramas.
Es importante recordar que, el domingo próximo, 35.987.634 personas estarán habilitadas para votar en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, distribuidas en 17.530 locales de votación. Se elegirán 127 diputados y 24 senadores, aunque en cuatro distritos también habrá elecciones locales. En Mendoza, Catamarca y La Rioja se votarán cargos legislativos provinciales, al igual que en Santiago del Estero, que también elegirá gobernador.
Landívar admitió que, debido a que el 26 de octubre será la primera vez que se utiliza la BUP, podría haber alguna demora marginal para el recuento y por eso pidió “paciencia”, en caso de que pueda haber algún retraso. De todos modos, ratificó que la intención es que los primeros resultados oficiales se difundan a las 21, mientras se define si se aplica como criterio algún porcentaje mínimo de escrutinio para dar a conocer los primeros datos.
La titular de la Dirección Nacional Electoral también confirmó que en esta oportunidad se previó la transmisión desde 14.370 establecimientos con conectividad, mientras que en 2023 fueron 10.400. Y agregó que se sumaron 953 centros de soporte del Correo para alguna eventualidad y para transmitir desde lugares que no cuentan con conectividad.
Durante el simulacro, las autoridades y funcionarios nacionales mostraron cómo trabajan los digitadores, que están encargados de recibir los telegramas en una pantalla, cargarlos a la base de datos que consolida los resultados de cada uno de los 24 distritos del país.
“El simulacro general constituye una instancia clave de preparación para las elecciones legislativas. Permite verificar el funcionamiento integral de la infraestructura tecnológica, la coordinación logística y la respuesta operativa de los equipos, asegurando que el proceso electoral se desarrolle con altos estándares de transparencia, precisión y eficiencia”, explicó el Ministerio del Interior.
Este año, la Boleta Única de Papel tendrá su estreno en los comicios en las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Si bien los expertos estiman que el voto es más simple para cada elector -que solo reciben una boleta y un bolígrafo, marcan su elección y doblan y la ingresan en la urna- las autoridades no descartan que pueda haber alguna dificultad en el recuento en cada mesa.
El Gobierno defendió su implementación porque “previene el robo y la falsificación de boletas, es impresa y distribuida por el Poder Ejecutivo, garantizando transparencia en el uso de fondos públicos, y reduce la cantidad de fiscales necesarios”.
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