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POLITICA

Marcha federal universitaria: cómo será la convocatoria y dónde se realizará la movilización

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Este jueves 26 de junio, el sistema universitario nacional protagonizará una jornada federal de movilización en todas las ciudades donde funcionan universidades públicas, con el objetivo de exigir la aprobación de una Ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), se enmarca en un contexto de recortes presupuestarios y crisis salarial.

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La medida contempla una serie de actividades que se desarrollarán a lo largo del día en cada sede universitaria del país, en simultáneo con un paro docente nacional de 48 horas, que se extenderá también al viernes 27. El reclamo central gira en torno a un proyecto de ley que fue presentado el pasado 28 de mayo ante el Congreso de la Nación, y que busca garantizar el funcionamiento del sistema universitario y científico argentino.

Durante la jornada del jueves, además, se espera reunir un millón de firmas en apoyo a la iniciativa legislativa, tanto de forma presencial como a través del sitio del CIN.

Los principales gremios docentes se sumaron al paro universitario con reclamos salariales y de financiamiento

En la posibilidad de resolver el problema universitario está en juego el futuro de la Nación”, declaró Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), durante una conferencia de prensa realizada el lunes. El dirigente explicó que las universidades enfrentan un “desfasaje entre los incrementos y la inflación en el presupuesto que recibimos para funcionar”, lo que complica tanto la operatividad diaria como los salarios docentes y no docentes.

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Además, detalló que no hubo respuestas respecto de obras paralizadas, pedidos de actualización de becas estudiantiles y que la situación del sistema científico “es muy grave, porque prácticamente todo el financiamiento está cortado”.

En ese contexto, Alpa reclamó “salarios dignos” para los trabajadores del sistema, actualización de las becas para estudiantes y la asignación de “recursos mínimos e indispensables” para garantizar el funcionamiento institucional. “Todas esas respuestas están en la ley, por eso pedimos su aprobación urgente”, sostuvo.

La movilización contará con expresiones públicas en diversas provincias. Desde Conadu adelantaron que la medida de fuerza tiene como eje la recuperación del poder adquisitivo, el aumento de las becas estudiantiles, el financiamiento para ciencia y tecnología, y la asignación de presupuesto suficiente para el funcionamiento de las universidades nacionales. En tanto, Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, señaló que los salarios docentes universitarios perdieron un 35% de su poder adquisitivo en el último año y medio.

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La movilización del jueves 26 de junio se realizará en simultáneo con un paro de 48 horas en las universidades

En la ciudad de Buenos Aires, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) anunció su adhesión al paro nacional y comunicó que la jornada comenzará con un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas, a las 10 de la mañana del jueves. Luego habrá una convocatoria a Plaza Houssay para marchar hasta el Palacio Pizzurno, donde está la Secretaría de Educación de la Nación.

A su vez, en Rosario, Córdoba y La Plata, se prevén marchas de antorchas, como parte de las manifestaciones locales que buscan visibilizar el reclamo.

Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y vicepresidente del CIN, también expresó su preocupación y convocó a la ciudadanía a participar. “Este jueves 26, en cada ciudad en la que haya una universidad pública, durante toda la jornada habrá actividades de diverso tipo para promover su defensa, para solicitar que se apruebe la ley”, explicó. En esa línea, pidió que la sociedad se sume a la campaña “Un millón de firmas por la universidad pública” como forma de respaldo al proyecto.

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Desde la representación estudiantil, Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, planteó que la responsabilidad ahora recae sobre los legisladores. “Ahora la pelota la tienen los diputados y las diputadas, que son ni más ni menos que los representantes de los pueblos de las provincias, y muchos de ellos egresados de la universidad pública”, afirmó.

Carvalho remarcó la necesidad de una participación masiva durante la jornada del jueves: “Este jueves tenemos que ser miles en todo el país, acompañando el millón de firmas que tenemos que alcanzar, para que toda la sociedad entienda que la universidad tiene que ser una prioridad”.

La campaña un millón de firmas busca respaldar el proyecto de ley presentado el 28 de mayo en el Congreso (REUTERS/Agustin Marcarian)

Las organizaciones que impulsan la jornada señalaron que el reclamo también está dirigido a que los diputados nacionales otorguen quórum en la sesión especial prevista para el 2 de julio, con el fin de que las comisiones correspondientes emitan un dictamen favorable sobre el proyecto de ley presentado por el CIN.

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La norma, que ya había sido aprobada por el Congreso en 2023, fue posteriormente vetada por el presidente Javier Milei.

Durante la movilización, las consignas girarán en torno a los ejes de salario, presupuesto y becas, en un intento por recuperar las condiciones mínimas necesarias para el sostenimiento del sistema universitario público.

La jornada buscará instalar nuevamente el debate en el Congreso y recuperar la centralidad del financiamiento educativo en la agenda parlamentaria.

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Las reglas que fija la ley para un juicio en ausencia

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El juicio en ausencia, como el ordenado en la causa AMIA, es un juicio oral similar al que afronta cualquier acusado, con fiscal, testigos que declararan frente al tribunal, análisis de distintas pruebas, alegatos y un veredicto. Sin imputado no hay indagatoria y esa es la diferencia central.

Aunque no esté presente, el acusado no pierde su derecho de defensa. Por eso, el primer paso consiste en notificar “al defensor y, en su caso, a los familiares o allegados del imputado” de la decisión judicial de continuar con el proceso en ausencia.

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No cualquier juicio puede hacerse en ausencia. Es solo para determinados delitos graves previstos por la ley.

“Si el imputado declarado ausente no tuviere defensor, el juez le designará uno de oficio”, dice el Código Procesal Penal, que prevé que en cualquier etapa del proceso el imputado pueda “designar un defensor de su confianza”. Será entonces el abogado defensor quien ejerza los derechos que las leyes le confieren a los acusados.

Para que el juicio en ausencia sea válido debe ser “registrado por medios audiovisuales”. Y tanto esos registros como los elementos de prueba ofrecidos “deberán ser resguardados hasta la culminación definitiva del juicio” y preservados por 100 años.

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Un juicio que comenzó “en ausencia” puede dejar de serlo. La ley prevé expresamente que el imputado está habilitado a presentarse durante la realización del debate y “tendrá derecho a ser oído”.

Moshen Rabbani, principal imputado iraní en la causa por el atentado a la AMIA

Una vez que se dictó la sentencia condenatoria, también podrá presentarse -dentro de los 10 días- y solicitar la realización de un nuevo juicio, siempre que acredite que no se enteró del proceso en su contra o que se enteró pero tuvo un “grave y legítimo impedimento” para asistir.

Además, el condenado podrá interponer un recurso de revisión contra la sentencia firme, siempre que existan “hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, demuestren que el hecho no existió, que el condenado no es responsable, que su participación en el hecho fue distinta de la establecida en la sentencia, que el hecho encuadra en una norma penal más favorable o que la pena impuesta no está justificada”.

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El condenado tendrá derecho, además, a todos los recursos que le corresponderían en un juicio común, que podrán ser intentados por su defensor.

El juicio en ausencia es ley desde marzo de este año. Lo promovió el Gobierno y desde un primer momento fue pensado como una forma de avanzar con el proceso por el atentado a la AMIA.

El juicio en ausencia procederá únicamente contra un imputado que está rebelde y, conociendo la existencia del proceso en su contra, no se presenta en los tribunales, dice la ley. También, si se libró una orden de captura pero pasaron cuatro meses y no se lo encontró, o si fracasó el pedido de extradición.

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El juicio en ausencia está previsto para delitos graves como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión, la desaparición forzada de personas, la tortura y el terrorismo.



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El Gobierno celebró la decisión de realizar el juicio en ausencia a los acusados por el atentado a la AMIA

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El Gobierno festejó la decisión de la Justicia de que 10 acusados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 sean juzgados en ausencia. Se trata de una resolución del juez federal Daniel Rafecas a raíz de un pedido de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI AMIA).

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó en sus redes: “Los terroristas acusados del atentado a la AMIA podrán ser juzgados. Gracias a la Ley de Juicio en Ausencia que impulsamos, la Justicia ahora tiene las herramientas para juzgar a los acusados por el atentado en la AMIA, en el que asesinaron a 85 argentinos”.

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Leé también: Milei busca contener la interna de Santiago Caputo con Martín y Eduardo “Lule” Menem para evitar que impacte en el armado electoral

Noticia que está siendo actualizada.-

Gobierno, AMIA

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Cuándo es el día del empleado público

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El calendario de junio marca una jornada especial para los trabajadores estatales en la Argentina. Esta fecha implicó históricamente una pausa en las actividades cotidianas de la administración. Este año el panorama presenta una alteración significativa, producto de una decisión del Ejecutivo nacional.

El Día del Trabajador del Estado se celebra cada 27 de junio. La elección de la fecha rememora la aprobación del Convenio Nº 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1978, que recomienda a los países miembros la negociación colectiva y el derecho de sindicalizarse para los trabajadores del sector público.

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Gran parte de los agentes estatales que no tendrán el asueto del Día del Empleado Público son parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE)Leandro Mastronicola/ATE

La Ley 26.876, sancionada por el Congreso de la Nación el 3 de julio de 2013, estableció oficialmente esta efeméride. Hasta la reciente modificación, la ley disponía que esta fecha se considerara como un día de descanso para los empleados de la administración pública nacional.

Este año la jornada no implicará un cese de actividades para los empleados públicos nacionales. El Gobierno nacional anunció este miércoles, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, la eliminación del asueto correspondiente a esta fecha. La comunicación se produjo a solo dos días de la conmemoración, prevista para este viernes.

La medida se formalizará mediante un decreto que derogará la normativa vigente que establecía este día como no laborable. Adorni justificó la decisión en la conferencia de prensa habitual: “El Estado no es un lugar donde deban tomarse un sabático o privilegio que el trabajador del sector privado carece”.

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Manuel Adorni anticipó la eliminación del asueto por el Día del Trabajador del Estado

Como consecuencia directa del anuncio oficial, todas las dependencias de la administración pública a nivel nacional permanecerán abiertas y operativas el próximo viernes 27 de junio. Esto incluye ministerios, secretarías, subsecretarías y organismos descentralizados y autónomos.

Entidades como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la Corte Suprema de Justicia, defensorías, comisiones, agencias e institutos que dependen del Estado nacional mantendrán su funcionamiento habitual.

Los organismos públicos funcionarán con normalidad este 27 de junio[e]MARTIN ZABALA – XinHua

La decisión gubernamental generó una rápida respuesta desde el sector sindical. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), uno de los gremios más críticos con la administración actual, calificaron la medida como un “acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático”.

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Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, expresó en redes sociales: “EN LA ARGENTINA NO EXISTEN LOS EMPERADORES, MILEI!! El único que goza de privilegios del Estado sos vos @madorni, cara dura. Llenaste la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios”.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se mostró crítico frente al anuncio del GobiernoNicolás Suárez

Durante la misma conferencia de prensa del miércoles, Adorni realizó otros anuncios que reflejan la línea de gestión. Criticó la administración anterior de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y de Malena Galmarini en AYSA. Señaló que la obra del Sistema Riachuelo, que según Massa finalizaría un gobierno peronista, la concluyó la actual administración.

El portavoz también informó sobre cambios en los subsidios para clubes de barrio y de pueblo. Indicó que se realizará una “revalidación de la inscripción” para percibir esos beneficios. El objetivo es evitar que se destinen a “clubes de élite” que, según el Gobierno, no los necesitan.

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Adorni también anunció cambios en el régimen de subsidios para clubes de barrioHernan Zenteno – /Hernan Zenteno

Consultado sobre el reciente aumento del desempleo, Adorni lo calificó como una “suba marginal”. Atribuyó este incremento a una mayor cantidad de personas que buscan trabajo, lo que eleva la tasa de participación en el mercado laboral a niveles récord, cercanos al 48%. “Cuando ese mercado es más amplio, la creación de empleo no se ve reflejada en el índice de desocupados”, explicó.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.


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