Este jueves 26 de junio, el sistema universitario nacional protagonizará una jornada federal de movilización en todas las ciudades donde funcionan universidades públicas, con el objetivo de exigir la aprobación de una Ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), se enmarca en un contexto de recortes presupuestarios y crisis salarial.

La medida contempla una serie de actividades que se desarrollarán a lo largo del día en cada sede universitaria del país, en simultáneo con un paro docente nacional de 48 horas, que se extenderá también al viernes 27. El reclamo central gira en torno a un proyecto de ley que fue presentado el pasado 28 de mayo ante el Congreso de la Nación, y que busca garantizar el funcionamiento del sistema universitario y científico argentino.

Durante la jornada del jueves, además, se espera reunir un millón de firmas en apoyo a la iniciativa legislativa, tanto de forma presencial como a través del sitio del CIN.

“En la posibilidad de resolver el problema universitario está en juego el futuro de la Nación”, declaró Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), durante una conferencia de prensa realizada el lunes. El dirigente explicó que las universidades enfrentan un “desfasaje entre los incrementos y la inflación en el presupuesto que recibimos para funcionar”, lo que complica tanto la operatividad diaria como los salarios docentes y no docentes.

Además, detalló que no hubo respuestas respecto de obras paralizadas, pedidos de actualización de becas estudiantiles y que la situación del sistema científico “es muy grave, porque prácticamente todo el financiamiento está cortado”.

En ese contexto, Alpa reclamó “salarios dignos” para los trabajadores del sistema, actualización de las becas para estudiantes y la asignación de “recursos mínimos e indispensables” para garantizar el funcionamiento institucional. “Todas esas respuestas están en la ley, por eso pedimos su aprobación urgente”, sostuvo.

La movilización contará con expresiones públicas en diversas provincias. Desde Conadu adelantaron que la medida de fuerza tiene como eje la recuperación del poder adquisitivo, el aumento de las becas estudiantiles, el financiamiento para ciencia y tecnología, y la asignación de presupuesto suficiente para el funcionamiento de las universidades nacionales. En tanto, Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, señaló que los salarios docentes universitarios perdieron un 35% de su poder adquisitivo en el último año y medio.

En la ciudad de Buenos Aires, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) anunció su adhesión al paro nacional y comunicó que la jornada comenzará con un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas, a las 10 de la mañana del jueves. Luego habrá una convocatoria a Plaza Houssay para marchar hasta el Palacio Pizzurno, donde está la Secretaría de Educación de la Nación.

A su vez, en Rosario, Córdoba y La Plata, se prevén marchas de antorchas, como parte de las manifestaciones locales que buscan visibilizar el reclamo.

Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y vicepresidente del CIN, también expresó su preocupación y convocó a la ciudadanía a participar. “Este jueves 26, en cada ciudad en la que haya una universidad pública, durante toda la jornada habrá actividades de diverso tipo para promover su defensa, para solicitar que se apruebe la ley”, explicó. En esa línea, pidió que la sociedad se sume a la campaña “Un millón de firmas por la universidad pública” como forma de respaldo al proyecto.

Desde la representación estudiantil, Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, planteó que la responsabilidad ahora recae sobre los legisladores. “Ahora la pelota la tienen los diputados y las diputadas, que son ni más ni menos que los representantes de los pueblos de las provincias, y muchos de ellos egresados de la universidad pública”, afirmó.

Carvalho remarcó la necesidad de una participación masiva durante la jornada del jueves: “Este jueves tenemos que ser miles en todo el país, acompañando el millón de firmas que tenemos que alcanzar, para que toda la sociedad entienda que la universidad tiene que ser una prioridad”.

Las organizaciones que impulsan la jornada señalaron que el reclamo también está dirigido a que los diputados nacionales otorguen quórum en la sesión especial prevista para el 2 de julio, con el fin de que las comisiones correspondientes emitan un dictamen favorable sobre el proyecto de ley presentado por el CIN.

La norma, que ya había sido aprobada por el Congreso en 2023, fue posteriormente vetada por el presidente Javier Milei.

Durante la movilización, las consignas girarán en torno a los ejes de salario, presupuesto y becas, en un intento por recuperar las condiciones mínimas necesarias para el sostenimiento del sistema universitario público.

La jornada buscará instalar nuevamente el debate en el Congreso y recuperar la centralidad del financiamiento educativo en la agenda parlamentaria.