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Escándalo cripto: la comisión de Diputados no avanza en la investigación y el Gobierno la quiere cerrar

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El Gobierno con sus aliados juegan a fondo en la Cámara de Diputados para cerrar la comisión investigadora del escándalo cripto que involucra a Javier Milei mientras la oposición prepara un jugada desesperada para volver a arrancar casi desde punto cero mientras congela la opción de convocar a la comisión de Juicio Político para determinar la responsabilidad del Presidente en una presunta estafa.

En este escenario, Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, cuenta los días para ponerle el candado al intento del kirchnerismo junto a los radicales díscolos de Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y la izquierda por avanzar con la investigación del caso del memecoin Libra, que alcanzó un importante pico para luego caer provocando pérdidas millonarias.

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El riojano entiende que la comisión quedó conformada el 30 de abril, cuando se convocó la reunión constitutiva y la votación terminó empatada con 14 miembros de la oposición y 14 del oficialismo más sus aliados del PRO y la UCR, son Sabrina Selva propuesta por el kirchnerismo y Gabriel Bornoroni postulado por La Libertad Avanza para presidirla.

Con el receso invernal por llegar, Menem espera que se cumplan los 90 días que tenía la comisión para emitir el informe. Sin que haya avances en los intentos por convocar al Presidente, su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y otros miembros del gabinete, el caso podría naufragar.

Sin embargo, la oposición tiene otra interpretación y considera que el plazo para la elaboración del informe aún no comenzó a correr porque no se designaron a las autoridades. Para destrabar la discusión se encolumnarían detrás de una propuesta impulsada por Maximiliano Ferraro, que tiene el acompañamiento de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre.

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La iniciativa, que tendrá que pasar nuevamente por comisión y el recinto, modifica tres artículos vinculados con el procedimiento para elegir las autoridades de la comisión, el mecanismo para destrabar empates y el plazo de funcionamiento de la investigadora. Para avanzar con la jugada, los K junto a la oposición díscola pedirá en la sesión convocada para el próximo 2 de julio que se emplace el tratamiento en comisión.

Lo cierto es que Ferraro y Mónica Frade, los dos representantes del espacio que responde a Elisa Carrió, dejaron este miércoles la audiencia de la comisión investigadora, que volvió a ser coordinada por el secretario parlamentario Adrián Pagán, quien responde a Menem. Los lilitos denunciaron presuntas irregularidades en el funcionamiento de la comisión al no tener asignadas sus autoridades, ni haber definido su reglamento.

Sin embargo, el principal enojo de Ferraro y Frade estuvo vinculado con la ausencia de los tres citados por la Coalición Cívica. Se trata de Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy, quienes fueron señalados como los principales responsables del lanzamiento de la criptomoneda.

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«Decidimos no convalidar una puesta en escena que desvirtúa el objeto votado por la Cámara de Diputados: investigar las responsabilidades políticas y administrativas del Gobierno y sus funcionarios en el escándalo de la criptomoneda Libra» expresó Ferraro.

Por su parte, la massista Sabrina Selva cargó contra el Gobierno al acusarlo de querer bloquear la comisión investigadora y se quejó porque, además, de no concurrir Javier y Karina Milei, tampoco lo hicieron los dos funcionarios a cargo de la investigación. Se trata de María Florencia Zicavo y Alejandro Melik, quienes cerraron la investigación de la Oficina Anticorrupción y de la unidad de investigación (UTI) a cargo.

Nicolás Massot apuntó contra Milei en la reunión de la comisión investigadora. Foto: Federico López Claro.

Por su parte, Nicolás Massot, de Encuentro Federal, le apuntó directamente a Javier Milei. «Acá no hay malicia. A mi me encantaría que el Presidente de la Nación se constituya como denunciante y que denuncie al que lo estafó. Porque acá o se es estafador o se es estafado, no hay tercera posición», planteó el legislador durante la reunión informativa de este miércoles.

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Desde el oficialismo, el libertario Nicolás Mayoraz negó que hubiera existido una estafa en el caso Libra y acusó a las personas que se presentan como damnificadas de «especular con un juicio porque en el negocio nos le ha ido bien».

Entre los convocados para la audiencia informativa figuraban, entre otros, Sergio Daniel Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien no se presentó en el Congreso y envió una carta a los diputados negando todo vínculo con el caso y remarcando que ya declaró ante la justicia. Morales figuraba entre los investigados por la Justicia federal y tenía antecedentes de consultas sobre incompatibilidades e intereses en el sector fintech y blockchain.

Durante la reunión expusieron periodistas y especialistas quienes trataron explicar cómo funciona el sistema cripto pero también para establecer los vínculos entre funcionarios del Gobierno y las empresas o personas asociadas al proyecto, como KIP Protocol (que tiene como CEO a Julián Peh), Kelsier Ventures (de Mark Hayden Davis) y Tech Forum SRL (con Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy).

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También se dejó sentado que se pidió el congelamiento de los fondos vinculados a las billeteras donde se detectó que recibieron criptoactivos de $LIBRA y también lo pidió la justicia de Estados Unidos, donde hay 57 millones de dólares congelados.

Uno de los testimonios de mayor impacto lo dio Martín Romeo, uno de los damnificados por la presunta estafa que invirtió US$ 2.000 luego de ver el mensaje de Javier Milei promocionando a la criptomoneda Libra.

Ante la comisión, Romeo dijo representar a más de 200 damnificados, pero aclaró que hay 75 mil inversores que resultaron perjudicados con la maniobra. «Fue una estafa con un relato épico», dijo el joven para agregar que «el 86% de la persona perdieron el dinero en 5 horas». También apuntó que Milei no hace la denuncia ante la justicia porque «tiene miedo de lo que digan Davis, Terrones Godoy y Novelli.

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Las reglas que fija la ley para un juicio en ausencia

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El juicio en ausencia, como el ordenado en la causa AMIA, es un juicio oral similar al que afronta cualquier acusado, con fiscal, testigos que declararan frente al tribunal, análisis de distintas pruebas, alegatos y un veredicto. Sin imputado no hay indagatoria y esa es la diferencia central.

Aunque no esté presente, el acusado no pierde su derecho de defensa. Por eso, el primer paso consiste en notificar “al defensor y, en su caso, a los familiares o allegados del imputado” de la decisión judicial de continuar con el proceso en ausencia.

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No cualquier juicio puede hacerse en ausencia. Es solo para determinados delitos graves previstos por la ley.

“Si el imputado declarado ausente no tuviere defensor, el juez le designará uno de oficio”, dice el Código Procesal Penal, que prevé que en cualquier etapa del proceso el imputado pueda “designar un defensor de su confianza”. Será entonces el abogado defensor quien ejerza los derechos que las leyes le confieren a los acusados.

Para que el juicio en ausencia sea válido debe ser “registrado por medios audiovisuales”. Y tanto esos registros como los elementos de prueba ofrecidos “deberán ser resguardados hasta la culminación definitiva del juicio” y preservados por 100 años.

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Un juicio que comenzó “en ausencia” puede dejar de serlo. La ley prevé expresamente que el imputado está habilitado a presentarse durante la realización del debate y “tendrá derecho a ser oído”.

Moshen Rabbani, principal imputado iraní en la causa por el atentado a la AMIA

Una vez que se dictó la sentencia condenatoria, también podrá presentarse -dentro de los 10 días- y solicitar la realización de un nuevo juicio, siempre que acredite que no se enteró del proceso en su contra o que se enteró pero tuvo un “grave y legítimo impedimento” para asistir.

Además, el condenado podrá interponer un recurso de revisión contra la sentencia firme, siempre que existan “hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, demuestren que el hecho no existió, que el condenado no es responsable, que su participación en el hecho fue distinta de la establecida en la sentencia, que el hecho encuadra en una norma penal más favorable o que la pena impuesta no está justificada”.

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El condenado tendrá derecho, además, a todos los recursos que le corresponderían en un juicio común, que podrán ser intentados por su defensor.

El juicio en ausencia es ley desde marzo de este año. Lo promovió el Gobierno y desde un primer momento fue pensado como una forma de avanzar con el proceso por el atentado a la AMIA.

El juicio en ausencia procederá únicamente contra un imputado que está rebelde y, conociendo la existencia del proceso en su contra, no se presenta en los tribunales, dice la ley. También, si se libró una orden de captura pero pasaron cuatro meses y no se lo encontró, o si fracasó el pedido de extradición.

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El juicio en ausencia está previsto para delitos graves como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión, la desaparición forzada de personas, la tortura y el terrorismo.



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El Gobierno celebró la decisión de realizar el juicio en ausencia a los acusados por el atentado a la AMIA

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El Gobierno festejó la decisión de la Justicia de que 10 acusados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 sean juzgados en ausencia. Se trata de una resolución del juez federal Daniel Rafecas a raíz de un pedido de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI AMIA).

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó en sus redes: “Los terroristas acusados del atentado a la AMIA podrán ser juzgados. Gracias a la Ley de Juicio en Ausencia que impulsamos, la Justicia ahora tiene las herramientas para juzgar a los acusados por el atentado en la AMIA, en el que asesinaron a 85 argentinos”.

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Leé también: Milei busca contener la interna de Santiago Caputo con Martín y Eduardo “Lule” Menem para evitar que impacte en el armado electoral

Noticia que está siendo actualizada.-

Gobierno, AMIA

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Cuándo es el día del empleado público

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El calendario de junio marca una jornada especial para los trabajadores estatales en la Argentina. Esta fecha implicó históricamente una pausa en las actividades cotidianas de la administración. Este año el panorama presenta una alteración significativa, producto de una decisión del Ejecutivo nacional.

El Día del Trabajador del Estado se celebra cada 27 de junio. La elección de la fecha rememora la aprobación del Convenio Nº 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1978, que recomienda a los países miembros la negociación colectiva y el derecho de sindicalizarse para los trabajadores del sector público.

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Gran parte de los agentes estatales que no tendrán el asueto del Día del Empleado Público son parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE)Leandro Mastronicola/ATE

La Ley 26.876, sancionada por el Congreso de la Nación el 3 de julio de 2013, estableció oficialmente esta efeméride. Hasta la reciente modificación, la ley disponía que esta fecha se considerara como un día de descanso para los empleados de la administración pública nacional.

Este año la jornada no implicará un cese de actividades para los empleados públicos nacionales. El Gobierno nacional anunció este miércoles, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, la eliminación del asueto correspondiente a esta fecha. La comunicación se produjo a solo dos días de la conmemoración, prevista para este viernes.

La medida se formalizará mediante un decreto que derogará la normativa vigente que establecía este día como no laborable. Adorni justificó la decisión en la conferencia de prensa habitual: “El Estado no es un lugar donde deban tomarse un sabático o privilegio que el trabajador del sector privado carece”.

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Manuel Adorni anticipó la eliminación del asueto por el Día del Trabajador del Estado

Como consecuencia directa del anuncio oficial, todas las dependencias de la administración pública a nivel nacional permanecerán abiertas y operativas el próximo viernes 27 de junio. Esto incluye ministerios, secretarías, subsecretarías y organismos descentralizados y autónomos.

Entidades como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la Corte Suprema de Justicia, defensorías, comisiones, agencias e institutos que dependen del Estado nacional mantendrán su funcionamiento habitual.

Los organismos públicos funcionarán con normalidad este 27 de junio[e]MARTIN ZABALA – XinHua

La decisión gubernamental generó una rápida respuesta desde el sector sindical. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), uno de los gremios más críticos con la administración actual, calificaron la medida como un “acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático”.

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Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, expresó en redes sociales: “EN LA ARGENTINA NO EXISTEN LOS EMPERADORES, MILEI!! El único que goza de privilegios del Estado sos vos @madorni, cara dura. Llenaste la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios”.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se mostró crítico frente al anuncio del GobiernoNicolás Suárez

Durante la misma conferencia de prensa del miércoles, Adorni realizó otros anuncios que reflejan la línea de gestión. Criticó la administración anterior de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y de Malena Galmarini en AYSA. Señaló que la obra del Sistema Riachuelo, que según Massa finalizaría un gobierno peronista, la concluyó la actual administración.

El portavoz también informó sobre cambios en los subsidios para clubes de barrio y de pueblo. Indicó que se realizará una “revalidación de la inscripción” para percibir esos beneficios. El objetivo es evitar que se destinen a “clubes de élite” que, según el Gobierno, no los necesitan.

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Adorni también anunció cambios en el régimen de subsidios para clubes de barrioHernan Zenteno – /Hernan Zenteno

Consultado sobre el reciente aumento del desempleo, Adorni lo calificó como una “suba marginal”. Atribuyó este incremento a una mayor cantidad de personas que buscan trabajo, lo que eleva la tasa de participación en el mercado laboral a niveles récord, cercanos al 48%. “Cuando ese mercado es más amplio, la creación de empleo no se ve reflejada en el índice de desocupados”, explicó.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.


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