POLITICA
Los cuadernos de las coimas | Revés para Calcaterra y otros empresarios que alegan que no pagaron sobornos sino “aportes de campaña”
La Cámara de Casación rechazó los recursos extraordinarios con los que Ángelo Calcaterra -primo del expresidente Mauricio Macri- y otros empresarios pretendían llegar a la Corte Suprema para salir del juicio por los Cuadernos de las Coimas.
A todos ellos les queda sin embargo la posibilidad de ir directo, “en queja”, al máximo tribunal, aunque con menos chances de ser escuchados.
El argumentando que esgrimen para eludir el juicio es que las sumas de dinero entregadas a exfuncionarios kirchneristas en 2013 y 2015 no eran coimas sino aportes de campaña no declarados.
Esa hipótesis tuvo eco en los tribunales en junio del año pasado, cuando la Sala I de la Cámara de Casación, con los votos de Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, sostuvo que, tal como solicitaban las defensas, el caso debía pasar de la Justicia penal a la electoral, donde solo podrían ser sancionados con una multa económica. Esa decisión, meses más tarde y luego de muchas críticas, fue revertida por la propia Cámara de Casación, tras haber escuchado argumentos antes ignorados.
Ahora, la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por Gustavo Hornos y dos de los jueces que antes habían favorecido a Calcaterra (Petrone y Barroetaveña), declaró inadmisibles una serie de recursos extraordinarios presentados por las defensas de los empresarios, cerrándoles el paso hacia la Corte Suprema.
En total, los jueces rechazaron cinco presentaciones: las que hicieron las defensas de Calcaterra, su colaborador Héctor Javier Sánchez Caballero -ex CEO de IECSA- y los empresarios Armando Loson, Jorge Balán y Hugo Dragonetti. Todos ellos serán juzgados en la megacausa de los cuadernos, que está previsto que empiece en noviembre de este año.
Barroetaveña y Petrone rechazaron los planteos con el argumento de que no había arbitrariedad en las decisiones impugnadas, ni una cuestión federal para ser analizada por la Corte. Hornos, por su parte, sostuvo que no se dirigían contra una sentencia definitiva.
En junio del año pasado, con la causa ya tramitando ante Tribunal Oral Federal 7, la Sala I de la Casación admitió el planteo que el abogado de Calcaterra, Ricardo Rosental, había presentado por primera vez ante la jueza electoral María Servini en 2022. La decisión sacó al empresario y a su colaborador del juicio oral y abrió la puerta a que otros implicados intentaran presentaciones similares.
En aquel momento, los jueces señalaron que las fechas en las que se había entregado el dinero coincidían con las campañas de las elecciones de 2013 y 2015. Argumentaron también que no estaba claro por qué la situación de Calcaterra era distinta de la de otros empresarios -Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Eurnekian y Alejandro Ivanissevich- que habían sido desvinculados durante la instrucción de la causa por el juez Julián Ercolini, luego de haber sostenido que las suyas eran contribuciones no declaradas para distintas campañas electorales y no sobornos.
En noviembre de 2024, por mayoría, la Sala I dio marcha atrás luego de que el fiscal Raúl Pleé cuestionara la decisión en un dictamen al que adhirió la Unidad de Información Financiera (UIF), que participó del proceso.
Los jueces Petrone y Barroetaveña resolvieron anular el fallo de junio. Dijeron que no había sido tenido en cuenta un argumento de la UIF que aludía a las declaraciones de los arrepentidos Ernesto Clarens y Carlos Wagner, de las cuales surgía que los empresarios hacían pagos “para beneficiarse de las licitaciones de obra pública”.
El juez Mahiques, en cambio, mantuvo su postura inicial. Dijo que la fiscalía no esgrimió una fundamentación suficiente porque no tenía “un perjuicio concreto” que justificara lo que reclamaba.
El recorrido de este planteo -desestimado ayer por la Casación- se inició en septiembre de 2022, con la presentación de Calcaterra ante la secretaría electoral del juzgado de Servini (la jueza que controla las elecciones presidenciales).
El fiscal Ramiro González y la jueza admitieron la versión de los aportes de campaña. Su postura fue duramente cuestionada por la fiscal de juicio, Fabiana León, quien consideró “curioso” el alineamiento de la jueza y del fiscal con los intereses del empresario de la construcción.
El juicio por la causa Cuadernos -originada a partir de los registros manuscritos del chofer Oscar Centeno y la investigación de – comenzará en noviembre de este año, según lo previsto. Se investigan presuntos pagos de coimas entre 2003 y 2015 e involucra a unos 160 exfuncionarios, empresarios, ejecutivos de empresas, testaferros, intermediarios y familiares que prestaron su nombre para operaciones sospechadas de corrupción.
POLITICA
El Gobierno ya avanza en la estrategia para enfrentar una judicialización de la reforma laboral
La Casa Rosada ya prepara la estrategia ante lo que descuenta que será la segura judicialización de la reforma laboral, que la semana pasada obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores. Así lo confirmaron fuentes de la administración libertaria a .
Las fuentes detallaron que los principales planteos los esperan de la propia justicia laboral nacional, alcanzada por el traspaso a la Ciudad incluido en la reforma, y de parte de los gremios, por distintos artículos del proyecto, que se encamina a tener aprobación de Diputados en los próximos días. “Creemos que los primeros que van a judicializar son los judiciales”, afirmaron en la sede gubernamental.
En la administración libertaria creen que los planteos no tardarán en llegar apenas se sancione la ley y descuentan que escalarán hasta terminar llegando a la Corte Suprema de Justicia.
En Balcarce 50 señalan que el diseño de la estrategia está en manos de la Secretaria de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal; de la Procuración del Tesoro Nacional (PTN), cuya titular es Santiago Castro Videla; y del segundo del Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio. Se trata de tres personas cercanas al asesor presidencial Santiago Caputo.
En el caso de los posibles planteos del propio Poder Judicial sostienen que creen que será por la reducción de cargos y juzgados que implicará el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una transferencia que contempla, entre otros puntos, el cierre de 30 de los 80 juzgados nacionales que hoy no cuentan con magistrados designados.
El cambio supone un avance sobre la justicia laboral nacional y salda una deuda de 30 años con la autonomía porteña. La inclusión del tema en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se tejió en silencio entre las administraciones nacional y de la Ciudad, y en los últimos días tomó por sorpresa tanto a los jueces y como al gremio de empleados judiciales.
En el Palacio de Gobierno no ocultan la satisfacción por esa reducción ante un fuero cuya “discrecionalidad” y “parcialidad” suele ser motivo de diferentes críticas por parte del Poder Ejecutivo, que suele machacar sobre los perjuicios que surgen de la “industria del juicio”.
Cuando la semana pasada, horas antes del debate en el Senado, se conoció que el traspaso se incluiría en el articulado de la reforma laboral, se pusieron en alerta organismos como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y gremios como el que encabeza Julio Piumato, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional.
Respecto de lo que pueden ser las presentaciones de los gremios, en las filas libertarias creen que los planteos pueden venir por lo que contiene el articulo que modifica el orden de prelación de los convenios de trabajo.
En el texto del Gobierno se establece la posibilidad de que un convenio de ámbito menor prevalezca sobre uno mayor aún si tiene condiciones menos beneficiosas para los trabajadores. Lo que implica que un convenio colectivo de una empresa o de una región pueda imponerse sobre el convenio nacional de rama de actividad.
En la Casa Rosada también creen que el sindicalismo podría rechazar que se limite la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, lo que implica que todos los acuerdos firmados entre empresarios y gremios conservan vigencia hasta tanto no sean reemplazados por otro, inclusive cuando estén vencidos.
Del mismo modo, entienden que podrán ser objetos de judicialización los puntos referidos la reducción, por distintas vías, de las indemnizaciones a los trabajadores y las multas a los empleadores.
Los gremios ya tienen el antecedente de haber logrado amparos judiciales contra el DNU 70/23 y el capítulo laboral de la Ley Bases, a poco del comienzo de la gestión mileísta. En el caso del primero, la Corte Suprema aún no dio una respuesta definitiva, pese a que pasaron ya dos años. En cuanto a la Ley Bases, lograron que la justicia laboral suspendiera y declarara inconstitucional el Título IV, un hecho que en las filas violetas no olvidan.
“Hay que esperar y ver”, dicen en cerca del presidente Javier Milei, donde todavía priorizan las negociaciones pendientes para asegurar la sanción de la ley Diputados, pero ya trabajan en los escenarios de judicialización posibles.
traspaso,salda una deuda de 30 años,Cecilia Devanna,Reforma laboral,Javier Milei,Justicia,Conforme a,Reforma laboral,,Frente sindical. Uno de los jefes de la CGT sostuvo que “están dadas las condiciones” para un paro general,,»Es volver atrás». Reforma laboral: Recalde cuestionó el límite a las licencias,,Con la IA. Cuál es el sacudón en el mercado laboral que predice Bill Gates
POLITICA
“El primo de Pampita”: fuerte cruce entre Grabois y un diputado que lo acusó de instigar a la violencia en la marcha contra la reforma laboral
En la Cámara de Diputados se vivió un episodio de máxima tensión cuando Martín Ardohain impulsó una cuestión de privilegio contra Juan Grabois, señalándolo como instigador de los disturbios ocurridos en la movilización previa al debate por la reforma laboral. El cruce se desarrolló en el contexto de la sesión donde se analizaba la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad, lo que incrementó la expectativa y el ruido político dentro del recinto. El reclamo de Ardohain, conocido por algunos como “el primo de Pampita”, apuntó directamente contra la presencia de dirigentes opositores en manifestaciones que, según describió, terminaron en episodios violentos.
El diputado Ardohain calificó de “preocupante y lamentable” el rol de ciertos referentes políticos en las protestas. Planteó que la participación de legisladores en la vía pública, donde se registraron hechos como la quema de bombas molotov y daños materiales, resulta incompatible con la responsabilidad institucional. “Las diferencias políticas deben resolverse en este Congreso y no en la calle”, enfatizó el legislador, y convocó a sus pares a defender la institucionalidad y el sistema democrático ante lo que consideró intentos de alterar el orden público.
La intervención de Ardohain se extendió algunos minutos y generó murmullos entre los presentes, especialmente en los bloques opositores. El diputado sostuvo que lo sucedido la jornada anterior no solo afecta a la imagen del Congreso, sino que pone en cuestión los límites entre la representación política y la protesta social. Además, recalcó la importancia de mantener la separación entre funciones parlamentarias y activismo callejero.
Frente a estas acusaciones, Juan Grabois tomó la palabra con un tono desafiante y rechazó cualquier señalamiento de instigación a la violencia. “No sé de dónde sacó el primo de Pampita que un diputado no puede participar de una manifestación popular”, ironizó Grabois, en una réplica que buscó desacreditar la postura de Ardohain. El dirigente social defendió el derecho de los legisladores a acompañar reclamos sociales y desafió abiertamente a Ardohain a que, si contaba con pruebas, presentara una denuncia penal en su contra.
Grabois, en una intervención cargada de críticas, defendió la legitimidad de las protestas y denunció que la represión posterior fue dirigida contra jóvenes y militantes. Remarcó que no se detiene a quienes generan incidentes violentos, sino que se apunta contra los manifestantes, profundizando así el contrapunto con el oficialismo. Sus dichos generaron nuevas interrupciones y llamados al orden por parte de la Presidencia de la Cámara.
El legislador también vinculó la discusión en curso con el debate por la reforma laboral, advirtiendo sobre la criminalización de la protesta y la represión de la disidencia. Además, lanzó acusaciones sobre supuestos vínculos del oficialismo con el narcotráfico, lo que generó un clima aún más tenso y obligó a la autoridad parlamentaria a intervenir para restablecer el orden. El intercambio se convirtió en uno de los momentos más intensos desde el inicio de la sesión.
La cuestión de privilegio presentada por Ardohain fue derivada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su evaluación. El episodio dejó expuestas las diferencias entre los bloques respecto al papel de los representantes en la calle y el límite entre la defensa de los derechos sociales y el respeto al marco institucional. El debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral continuó en un ambiente enrarecido, con la atención puesta en los alcances que puedan tener las denuncias cruzadas.
El contexto general de la sesión estuvo atravesado por la reciente aprobación en el Senado de la baja de la edad de imputabilidad y la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, temas que motivaron la presencia de manifestantes en las inmediaciones del Congreso. La tensión en la Cámara se reflejó tanto en los discursos como en los gestos, evidenciando la profundidad del conflicto político y social en torno a las reformas impulsadas por el Gobierno.
POLITICA
Pese a las críticas por las licencias médicas, el Gobierno dice que no aceptará cambios en la reforma laboral
El Gobierno ratifica que no aceptará cambios al texto de la reforma laboral aprobado en el Senado pese a las tensiones por el capítulo de licencias por enfermedad. El Ejecutivo endurece la postura ante los aliados y busca que la iniciativa quede sancionada antes del cierre de las sesiones extraordinarias.
En la Casa Rosada insisten con que el objetivo es evitar que el proyecto vuelva a la Cámara alta y que pueda promulgarse antes del 1 de marzo. La mesa política de Nación aceleró el cronograma parlamentario y trabaja para convocar a un plenario de comisiones esta semana.
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En Balcarce 50 reconocen que el artículo tomó mayor dimensión pública tras las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que ejemplificó el alcance del artículo al referirse a lesiones derivadas de actividades voluntarias, como jugar al fútbol. En el oficialismo admiten que generó tensiones internas y advierten que “nadie se hizo cargo” de la iniciativa.
Más allá de las diferencias, en los distintos despachos oficiales unificaron la postura sobre que no contemplarán cambios. Argumentan que la reforma no elimina la cobertura por enfermedad, sino que redefine los porcentajes y establece límites temporales, e insisten con que “la normativa actual permitió abusos en la utilización de licencias”.
El artículo -que fue incorporado en el Senado- reduce el porcentaje salarial y limita los plazos de las licencias pagas ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo. El texto aprobado establece que el trabajador percibirá el 50% de su remuneración si la enfermedad o el accidente derivó de una actividad voluntaria y consciente que implicaba riesgo, y el 75% si no queda encuadrado bajo ese tipo de conductas.
En ambos casos, la licencia contemplada es de hasta tres meses si no tiene cargas de familia y de hasta seis meses si las tuviera. La reforma elimina el pago del 100% del salario y la extensión hasta 12 meses prevista en el régimen vigente para empleados con más de cinco años de antigüedad. La modificación también introduce nuevos requisitos formales.
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Plantea que las inasistencias deberán justificarse mediante certificados médicos emitidos y firmados digitalmente por profesionales habilitados, y que el empleador podrá disponer controles médicos propios. La norma prevé también la participación de una junta médica en una entidad oficial o la solicitud de un dictamen en institutos en casos particulares.
El capítulo generó resistencias en bloques aliados, que evalúan impulsar cambios en Diputados. Integrantes de las bancadas aliadas advierten que la reducción del porcentaje salarial podría afectar casos de enfermedades graves y anticipan que el artículo puede derivar en mayor judicialización.
Gobierno, reforma laboral
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