Con la actividad parlamentaria ya en marcha luego de la apertura oficial de las sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei planea definir esta semana cuáles serán las próximas reformas que enviará al Congreso del paquete de cerca de 90 proyectos que pidió que le preparen, tras lo cual retomará las negociaciones con los gobernadores.

El propio mandatario nacional confirmó que le solicitó a todos los Ministerios que cada uno acerque alrededor de 10 propuestas legislativas, las cuales se van a sumar a las que elaboró el Consejo de Mayo y a las que quedaron pendientes del verano.

En el primer día de trabajo formal en el recinto, el Senado le envió a la Cámara de Diputados el texto que establece modificaciones a la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción.

Esta seria una de los debates iniciales en este periodo de ordinarias, ya que se viene discutiendo desde diciembre pasado, aunque todavía no hay fecha para su tratamiento, según anticiparon a Infobae fuentes del bloque de La Libertad Avanza.

En el objetivo de planificar la estrategia estará también el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ya tiene previsto retomar sus reuniones con gobernadores para conseguir apoyo para las reformas, como lo hizo en la previa de las últimas votaciones.

“La prioridad es consolidar la agenda y fortalecer el trabajo político. Se evalúan próximas recorridas. Arranca el 15 de marzo nuevamente, una vez que se termine de ordenar la agenda de sesiones ordinarias”, comentaron desde su entorno.

Por otra parte, según pudo relevar este medio, hay varios Ministerios que aún no finalizaron los proyectos que el Presidente les solicitó, aunque en su mayoría ya tienen la idea en mente, por lo que solo falta la redacción.

El mandatario no les puso una fecha límite para que cumplan con esta tarea, pero en el Gabinete saben que tienen que deben apurarse.

Asimismo, están en carpeta los proyectos creados por el Consejo de Mayo, el organismo multisectorial que estuvo encabezado por el jefe de Gabinete -primero Guillermo Francos y, después, Manuel Adorni-.

Este cuerpo estuvo compuesto además por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el Poder Ejecutivo; Alfredo Cornejo, en representación de las provincias; Carolina Losada, por el Senado; Cristian Ritondo, por la Cámara de Diputados; Martin Rapallini, titular de la UIA, por el empresariado, y Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, por los gremios.

Entre otros puntos, esta mesa impulsó una Ley de Libertad Educativa, que promueve cambios en la organización y funcionamiento del sistema escolar, y un nuevo financiamiento universitario.

También planteó un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca prohibir el déficit fiscal y condicionar la vigencia de nuevas leyes de gasto a la disponibilidad de partidas presupuestarias.

El listado incluye además un proyecto para reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada, con modificaciones en los regímenes de expropiación y desalojo.

Por último, presentaron las reformas política, destinada a mejorar la boleta única en papel, endurecer los controles sobre el financiamiento de partidos y eliminar las PASO, y del Código Penal, que amplía la cantidad de artículos, introduce delitos específicos y endurece penas para corrupción y terrorismo

En tanto, Sturzenegger concentra parte de la revisión técnica del acuerdo comercial con los Estados Unidos, especialmente lo referido a las normas que se tienen que adaptar para cumplir con los puntos con los que la Argentina se comprometió.

Una de las prioridades es la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), compromiso que figura entre las condiciones del convenio bilateral y que el Gobierno prometió aprobar en el Congreso antes del 30 de abril de este año.

Otro eje en ese Ministerio involucra la elaboración de un régimen específico para la producción y comercialización de semillas, para establecer una normativa que reconozca la propiedad intelectual sobre estos productos, habilitando a las empresas a producirlas y comercializarlas en el país.

El temario incluye, además, modificaciones al Código Aduanero orientadas a ampliar la apertura económica, así como una reforma de la Ley de Minería para incentivar la actividad extractiva.

De manera paralela, el Ejecutivo trabaja junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en un proyecto integral de reforma tributaria.

El tratamiento de la reforma al Código Penal está a cargo de la senadora Bullrich, quien deberá definir el esquema de debate para un texto que supera los 900 artículos y apunta a endurecer las penas e introducir nuevas figuras delictivas.

Finalmente, la agenda oficial contempla una serie de iniciativas orientadas a la transformación del sistema judicial. En la apertura de sesiones, Milei anunció que enviará “proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida, eficaz y por sobre todas las cosas, que sea justa”.

Entre los puntos destacados figura la propuesta para instaurar el juicio por jurados en el fuero federal, tal como ya había sido planteado en el debate sobre la Ley Bases.

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Comienza este martes el juicio oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan, una de las tragedias más impactantes en la historia reciente de la Armada Argentina, en la que perdieron la vida sus 44 tripulantes en noviembre de 2017.

En el banquillo de los acusados estarán cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina, imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

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Serán juzgados por el Tribunal Oral de Santa Cruz el excomandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval, Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el ex jefe de departamento de operaciones, Hugo Miguel Correa.

El juicio, a cargo de los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto, se extenderá por varias semanas e incluirá audiencias donde las partes expondrán pruebas, peritajes y testimonios. Se prevé que el proceso se desarrolle en forma alternada hasta julio, con audiencias previstas de lunes a jueves en semanas intercaladas.

Los jueces buscarán determinar que fallas operativas, de mantenimiento o de conducción pudieron contribuir a la tragedia. La causa había generado polémicas previas, como disputas sobre la jurisdicción donde debía celebrarse el juicio.

Finalmente, en octubre de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el proceso realice en Río Gallegos.

Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazaron los planteos que buscaban que el juicio se realice en Mar del Plata o en Comodoro Py. Sostuvieron que el hecho ocurrió en alta mar, fuera del límite de las jurisdicciones territoriales, y que “ante la incertidumbre sobre el lugar de comisión del delito” debía mantenerse la intervención del tribunal de origen.

“La ley es nítida al determinar que la competencia territorial por hechos delictivos ocurridos en alta mar es la del juez del primer puerto argentino a que arribe el buque. Pero en este caso, la tragedia radica en que, tristemente, el submarino ARA San Juan no arribó a puerto alguno”, explicaron los magistrados.

Los camaristas aseguraron que avanzar con un cambio de sede sería seguir dilatando el proceso. “Es necesario, en todos los casos, pero sobre todo en este que enluta a la Nación entera, dar la más adecuada y pronta respuesta jurisdiccional a los imputados, a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto que reclama justicia”, explicaron.

Un juicio sin responsables políticos

Días después de la decisión de Casación sobre dónde debía realizarse el juicio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Los familiares de los 44 marinos que murieron en el naufragio del submarino, en 2017, habían denunciado seguimientos y recolección de datos personales entre 2017 y 2018, en el contexto de sus reclamos por justicia y respuestas sobre la tragedia.

La investigación se inició tras el descubrimiento de documentos en la sede de la AFI en Mar del Plata, que incluían informes, fichas y registros de actividades de los familiares, como manifestaciones públicas y publicaciones en redes sociales.

En 2021, el juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó a los acusados, argumentando que las tareas de inteligencia buscaban incidir en el escenario político e institucional del país. Sin embargo, en julio de 2022, la Cámara Federal porteña —con los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— revocó los procesamientos, tras considerar que las acciones de la AFI se enmarcaban en tareas de seguridad presidencial.

Posteriormente, la Cámara de Casación Penal, con votos de Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, ratificó esta decisión. Los magistrados sostuvieron que las actividades de inteligencia no constituyeron espionaje ilegal, ya que los datos recopilados eran de carácter público, provenientes de declaraciones de los propios familiares en medios de comunicación o redes sociales.

Además, destacaron que las tareas respondían a la necesidad de garantizar la seguridad del entonces presidente Macri, descartando cualquier extralimitación en las funciones de la AFI.

Finalmente, las querellas, representadas por Eva Sandoval y los abogados Mariano Bergés y Valeria Carreras, llevaron el caso a la Corte Suprema, cuestionando la legalidad de las tareas de inteligencia y alegando parcialidad en las decisiones judiciales. Todo fue descartado por el máximo tribunal.

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Ningún funcionario del gobierno de Mauricio Macri fue citado como testigo.

El trágico hundimiento del ARA San Juan ocurrió el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur tras una explosión en sus baterías. Los 44 tripulantes a bordo murieron.

ARA San Juan, submarino

“Hay otro camino”. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llevó su discurso de confrontación con el presidente Javier Milei y su modelo de gestión a la apertura de sesiones 154 de la provincia de Buenos Aires. En la primera media hora de su mensaje, cruzó la política económica del Gobierno nacional. Nada nuevo. Sin embargo, le habló “a los argentinos” ya desde el principio. Usó una referencia particular: “Incluso los economistas y comunicadores más admirados por la derecha caracterizan a este momento en términos de estanflación, la peor de las combinaciones: recesión e inflación. Desde Paolo Rocca a Cavallo, desde Mirta Legrand a Melconian, todos le están señalando al presidente lo evidente: la Argentina no va bien”, dijo en los primeros minutos del discurso. Hizo dos anuncios de nuevos proyectos de ley, desde los que también confrontó con Milei. La oposición buscó poner en agenda el funcionamiento de IOMA; pero dos sectores del peronismo también pusieron la lupa en omisiones: la no referencia a Cristina Kirchner y el paro de estatales, docentes y judiciales, destacado por el massismo.

El mandatario segmentó su discurso. Habló parado desde un atril como lo hiciera Milei en su apertura de sesiones. Fue aplaudido en varios pasajes durante la hora con 26 minutos que duró su alocución. Uno de los momentos de aplausos fue cuando mencionó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En el recinto estaba la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto. Al repasar obras de su gestión también apareció el acompañamiento. Todo, ante la mirada casi desinteresada de los legisladores libertarios. El clima en el recinto de la capital bonaerense fue diametralmente opuesto a lo que sucedió el domingo por la noche con la apertura de sesiones que protagonizó Javier Milei.

El eco de ese suceso rebotó también puertas adentro del peronismo, más allá de la estrategia de Kicillof de confrontar con Milei. Es que, post discurso, en el kirchnerismo pusieron en relevancia que el mandatario no haya hecho mención a la figura y detención de la ex presidenta, Cristina Kirchner. “Muchos argentinos compartimos el diagnóstico respecto del recorte. Muchos argentinos y argentinas creemos que en cada lugar que un compañero peronista hable, tiene que mencionar la injusta situación de detención que que tiene Cristina: hoy estuvo ausente de eso. Por lo tanto, como peronista, esperaba que el gobernador mencionara en su discurso, entre tantas verdades que dijo, esa verdad», le dijo a Infobae el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Facundo Tignanelli, una vez concluido el discurso.

En la misma línea, se pronunció su compañera de banca y una de las voces de CFK en la Provincia, la intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza. La actual legisladora por la Tercera sección electoral enfatizó: “Me preocupa que como gobernador no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad, como también lo esperaban muchos argentinos y argentinas que queremos a Cristina”. Luego, desde el kirchnerismo, sumaron que en más de cuatro mil palabras que tuvo el discurso, el mandatario “no nombró a Perón, Evita, Néstor ni Cristina”, recordando que es él ”el nuevo presidente del PJ PBA».

Al ser consultado al respecto, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, -que compartió palco con sus pares Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achával (Pilar), Leonardo Boto (Luján) entre otros- relativizó la omisión y dijo: “A Cristina la nombran permanentemente los compañeros, las compañeras, los militantes en cada uno de los barrios. Fue un discurso más institucional del gobernador, centrado en una agenda de gestión con mucho mérito de la Provincia en este tiempo. La verdad que siempre nos gusta escucharlo a Axel, porque me parece que de alguna manera empieza como a reencontrarse con un rol muy importante para él, que es el de economista. Necesitamos poder confrontar con claridad lo que sucede contra el Gobierno nacional y que hay otro camino y que desde la Provincia se puede empezar a caminar“.

Incluso, desde el Frente Renovador también pusieron en eje que la apertura de sesiones de este lunes se dio en un clima particular: con paros en las escuelas, los estatales y judiciales. El vicepresidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera, advirtió que “abrimos sesiones en medio de un clima adverso. No solo porque la Provincia de Buenos Aires sigue siendo la más perjudicada por el gobierno de Milei sino también porque nuestros docentes están de paro y eso impacta sobre el sistema educativo que siempre hay que defender”, y pidió que “a la brevedad se pueda resolver este conflicto porque es justo y necesario que los maestros no sigan perdiendo poder adquisitivo”.

En uno de sus pasajes, Kicillof se refirió al paro docente. Fue cuando planteó el recorte de fondos de parte de la administración nacional en lo que respecta a Educación, puntualmente en FONID. “La educación pública no es un gasto: es la base del derecho al futuro. Y ese derecho al futuro hoy está siendo atacado”, dijo. Seguidamente, anunció que este martes firmará el decerto para dictar la obligatoriedad de sala 3 años en educación inicial en toda la provincia de Buenos Aires.

Al calor de las diferentes lecturas dentro del peronismo, la oposición eligió durante el discurso no subirse a la respuesta inmediata. Algunos tuits y declaraciones posteriores, pero no mucho más. No hubo cánticos ni contra Kicillof ni contra el peronismo. Un dirigente del kirchnerismo cree que la estrategia adoptada por los libertarios fue “la correcta” porque “ya había hecho todo Milei con su apertura de sesiones”.

Algunos tuits empezaron a correr. Uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados bonaerense, Juanes Osabas, hizo una particular comparación: “El equipo del gobernador no lo ayuda. Le escriben los discursos como si fuera Stalin, pero los lee como José María Listorti. Dibuja una Provincia que no existe, pero además es difícil seguirle el cuentito por los errores garrafales y la poca capacidad que tiene para comprender un texto y expresarse”. El conductor José María Listorti -suele contarlo- fue compañero de escuela de Karina Milei.

Fue el diputado del PRO Fernando Rovello -que formó parte de la comisión que recibió al gobernador-, quien le planteó en ese momento sobre la situación de la obra social IOMA. “Le dije que este año entre todos tenemos que solucionar el quilombo que es IOMA, que no da para más. Él me dijo: ‘Ahora lo voy a contrastar con datos’”. Pero otra vez más, no solo no mencionó la palabra IOMA, sino que ni tangencialmente lo tocó“.

Pese a la lectura interna del peronismo y los cruces de la oposición, Kicillof llevó adelante una apertura de sesiones sobria. No hubo acto posterior como en otras oportunidades, aunque sí militancia que por la tarde se acercó hasta el centro de la ciudad de La Plata para apostarse sobre la plaza San Martín y escuchar al mandatario provincial que decididamente empezó a transitar el camino hacia la elección del 2027.

Anunció el envío de distintos proyectos de ley: creación de un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales y un Plan Integral orientado a transparentar la actividad, permitir el acceso a datos sobre los algoritmos que estructuran las tareas, imponer la obligatoriedad de seguros contra accidentes, fijar condiciones mínimas en los lugares de trabajo y disponer mecanismos de resguardo.

También dijo que volverá a envíar el proyecto de ley para crear un laboratorio estatal para la producción de medicamentos. La iniciativa había sido aprobada en Diputados, pero producto de la interna del peronismo, perdió estado parlamentario en el Senado a fines del año pasado y ahora todo volverá a foja cero. De mantenerse unido, el peronismo quórum propio en la Cámara alta.

A Kicillof lo acompañaron referentes sindicales como Octavio Argüello de Camioneros y uno de los nuevos triunvirios de la CGT; los secretarios generales de las dos CTA –Hugo Godoy por la Autónoma y Hugo Yasky por la de los Trabajadores-. También, el titular de SUTEBA, Roberto Baradel y de ATE Buenos Aires, Claudio Arévalo. UPCN con la figura de su secretaria general a nivel provincial, Fabiola Mosquera también ocuparon el palco destinado al sindicalismo.

Internamente, se destacaron las ausencias de los dos senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires que tiene el peronismo, Eduardo De Pedro y Juliana Di Tullio -ambos en el kirchnerismo- y varios diputados nacionales referenciados en CFK como Máximo Kirchner, Teresa García, Fernanda Díaz, Horacio Pietragalla, entre otros. Aunque sí dijeron presentes los legisladores nacionales enrolados en el Movimiento Derecho al Futuro como Victoria Tolosa Paz, Hugo Moyano (h), Juan Marino o el propio Yasky.

Lo que sigue es empezar a desplegar no solo discursivamente la aventura federal para construir ese “otro camino” del que se aferró en su mensaje. Habrá viajes a algunas provincias, siempre y cuando la coyuntura lo permita. Internamente, aún resta saldar solidificar el vínculo con los demás sectores del peronismo. En La Plata, a esta altura, dejan correr de que quizá ese sea un escollo casi similar a batallar electoralmente con Milei. Kicillof apuesta a un gran convocatoria, no solo del peronismo.

Axel Kicillof