El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la apertura del Congreso Provincial de Seguridad en la Escuela de Policía Juan Vucetich de Berazategui y firmó la adhesión de seis nuevos municipios al programa Entramados, en un contexto nacional marcado por el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal juvenil en la Cámara de Diputados y mientras el resto de las gobernaciones observa y monitorea lo que sucedió en la provincia de Santa Fe, con epicentro en la ciudad de Rosario, donde se vivieron días de tensión ante la revuelta policial que este jueves decantó en la remoción del jefe de la fuerza de esa ciudad, Guillermo Solari y obligó al gobernador Maximiliano Pullaro a firmar un decreto que eleva el salario inicial del policía a $1.350.000.

Kicillof estuvo este jueves en la Escuela Vucetich junto a la cúpula de la Policía bonaerense, intendentes del conurbano e interior y funcionarios provinciales, para abrir el congreso de Seguridad provincia y firmar la adhesión de nuevos municipios al programa Entramados, con el que se busca prevenir y acompañar a jóvenes en riesgo de acción delictiva. Todo, mientras la Cámara de Diputados de la Nación, debate la reforma al régimen penal juvenil, que busca bajar la edad de pena de 16 a 14 años. “El que mata, el que lastima, queda encerrado, tenga la edad que tenga. Pero también sabemos que para prevenir el delito hay que mejorar la calidad de vida, y eso implica más justicia social, trabajo e inversión de un Estado eficiente”, expresó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

El acto reunió a la conducción de la Policía bonaerense, intendentes del conurbano y funcionarios provinciales. Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Seguridad; el jefe de la Policía, Javier Villar, y el superintendente de Fuerzas de Operaciones Especiales, Walter Chiucaloni. El mandatario destacó que el encuentro busca exponer las políticas implementadas en materia de seguridad en los últimos seis años: “Comenzamos a revertir muchos años de deterioro y desprestigio de nuestra Policía, que no contaba con las herramientas ni la capacitación necesarias, y lo seguimos haciendo incluso ahora, con mucho más esfuerzo, luego de que el Gobierno nacional nos quitara ilegalmente los fondos que nos corresponden”.

Además, mandó un mensaje a la administración de Javier Milei. “Le aviso a los libertarios: para tener mejor policía hay que invertir más y hay que tener más Estado. La Policía es el Estado también».

Durante el encuentro, los intendentes Juan Fabiani (Almirante Brown), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas) y Eva Mieri (Quilmes) junto al secretario de Seguridad de Avellaneda, Alejo Chornobroff formalizaron la incorporación de sus distritos al programa Entramados. Esta iniciativa ya suma treinta municipios y apunta a la prevención y abordaje del delito juvenil a través de una intervención sociocomunitaria del Estado.

Según el documento firmado por los intendentes, Entramados representa una política integral que pone el foco en la prevención y en el acompañamiento de los jóvenes en riesgo, priorizando la intervención estatal temprana y articulada con municipios, provincias y organizaciones comunitarias. El texto enfatiza la necesidad de políticas basadas en evidencia, que aborden las trayectorias educativas interrumpidas, la fragilidad de las redes familiares, la exposición a la violencia, el acceso limitado a dispositivos de salud mental y la falta de alternativas en el mercado laboral. Según explicaron desde el área de Seguridad, a diferencia del enfoque punitivo, Entramados busca evitar que los jóvenes inicien carreras delictivas y fortalecer la presencia estatal para ofrecer respuestas y oportunidades a quienes más lo necesitan.

Por ello, contexto del acto de este jueves estuvo atravesado por la discusión sobre el régimen penal juvenil. En 2025, en la provincia de Buenos Aires se aprehendieron cerca de 5.000 menores de 16 años, de los cuales 19 fueron por homicidio. Según la administración de Kicillof, el proyecto impulsado por el Gobierno nacional pone el foco en esos casos y plantea penas de adultos para adolescentes, sin ofrecer políticas activas para el resto de los jóvenes en situación de riesgo.

Kicillof criticó a los sectores que promueven ajustes presupuestarios y sostuvo que “para tener una Policía mejor hay que contar con un Estado que invierta más y mejor”. Además, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, firmó un convenio para destinar 5.093 millones de pesos a la construcción de 57 viviendas para personal policial en Azul, con servicios completos de infraestructura.

El moniroteo sobre las condiciones de trabajo del personal policial se profundizó en estos días ante lo sucedido en Santa Fe. Kicillof ya padeció en su primer tramo de gobierno una revuelta policial en septiembre del 2020. Esa acción de efectivos de la bonaerense tuvo su epicentro en Puente 12, La Matanza; La Plata -con una protesta a escasos metros de la residencia del gobernador- la Quinta de Olivos y otros puntos del conurbano. Devino en que el entonces presidente Alberto Fernández creáse el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, para que Kicillof pueda, entre otros ítem, mejorar el salario de la policía. La actual gestión nacional eliminó dicho fondo.

Axel Kicillof

Federico Sturzenegger,Cancillería,Conforme a,Federico Sturzenegger,,Media sanción. Sturzenegger defendió los cambios de la reforma laboral: indemnizaciones, horas extra y licencia por enfermedad,,La situación económica. Se perdieron 180.000 empleos privados registrados durante la gestión Milei,,“No hay efecto sobre el empleo”. Sturzenegger volvió a atacar a la UIA y reiteró su defensa de la apertura económica

La investigación judicial por presuntas maniobras irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se prepara para una etapa decisiva. En las próximas semanas, la Justicia avanzará con la apertura y análisis forense de teléfonos celulares, computadoras y servidores incautados durante los allanamientos realizados en oficinas de la droguería Suizo Argentina.

La medida fue dispuesta dentro del expediente que ya acumula 19 procesados por administración fraudulenta, cartelización y sobreprecios en la provisión de medicamentos de alto costo destinados al programa Incluir Salud. Los investigadores buscan determinar si la empresa tuvo un rol más relevante del que aparece formalmente en las contrataciones estatales.

Sospechas de un “proveedor oculto”

La hipótesis principal apunta a que algunas droguerías de menor tamaño que resultaron adjudicatarias en licitaciones restringidas no contaban con estructura suficiente para cumplir los contratos. En varios allanamientos se hallaron depósitos vacíos, escaso personal e infraestructura mínima, lo que llamó la atención de los peritos.

Ante ese escenario, la fiscalía intenta establecer si Suizo Argentina funcionaba como proveedor real de los medicamentos que debían entregar esas firmas. Es decir, si las empresas ganadoras actuaban como intermediarias mientras la provisión efectiva se realizaba desde una compañía con mayor capacidad logística.

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Según la reconstrucción del expediente, entre 2024 y 2025 se concretaron más de veinte procesos de compra con órdenes millonarias. Dos de las droguerías investigadas concentraron la enorme mayoría de las adjudicaciones, mientras otras también registraron un crecimiento abrupto de ventas al Estado sin antecedentes comerciales equivalentes.

Chats, audios y un nombre clave

El foco judicial también se dirige hacia un abogado vinculado a la firma, mencionado reiteradamente en conversaciones telefónicas incorporadas a la causa. En escuchas y mensajes se lo alude mediante un apodo y, para los investigadores, podría haber actuado como nexo entre proveedores y funcionarios del organismo.

Un audio agregado al expediente muestra a un exfuncionario comentando a un empresario que esa persona “ya estaba al tanto” de determinadas decisiones administrativas. La fiscalía sospecha que existía coordinación previa en procesos de compra y en cambios internos dentro del organismo.

Incluso, en una de las comunicaciones aparece la supuesta aprobación para desplazar a una funcionaria técnica que cuestionaba contrataciones, además de la recomendación de incorporar personal cercano al grupo empresario.

Desde Suizo Argentina negaron cualquier irregularidad. Voceros legales señalaron que la venta de medicamentos entre droguerías es una práctica habitual del mercado y remarcaron que, de haber existido operaciones comerciales, no correspondían a las licitaciones bajo sospecha.

También rechazaron la idea de que la firma necesitara triangular operaciones. “La compañía tiene una porción importante del mercado y vende directamente al Estado”, afirmaron desde su entorno jurídico.

Cambio de juez y prueba clave

El análisis de los dispositivos será central para la causa. Los peritos buscarán recuperar correos electrónicos, historiales de mensajería, registros de facturación y comunicaciones internas que permitan reconstruir la cadena comercial y las decisiones administrativas.

El expediente cambió recientemente de manos tras un sorteo en la Cámara Federal y ahora quedó a cargo del juez Ariel Lijo. Antes de apartarse, el magistrado anterior había dictado los procesamientos y describió un esquema que incluía direccionamiento de contrataciones, posibles retornos económicos y empresas interpuestas.

Mientras las defensas plantean nulidades, los investigadores consideran que el contenido de los equipos secuestrados podría confirmar —o descartar— la existencia de una estructura organizada para intervenir en compras públicas de medicamentos. El resultado de esas pericias será determinante para definir responsabilidades penales y la eventual ampliación de imputaciones.

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