CULIACÁN, México — En general, los mexicanos no apoyan la propuesta del presidente Donald Trump de ataques militares estadounidenses contra los poderosos cárteles del país.

Casi 8 de cada 10 mexicanos se manifestaron en contra de la idea en una encuesta nacional realizada el mes pasado.

Pero en un rincón golpeado del noroeste de México, donde los cárteles han operado durante mucho tiempo, esa resistencia está empezando a resquebrajarse.

En Sinaloa, un estado de 3 millones de habitantes que ha sido el bastión del Cártel de Sinaloa durante décadas, los residentes llevan unos 20 meses inmersos en una guerra que comenzó cuando el cártel se dividió en dos.

Las fuerzas de seguridad mexicanas patrullan ahora las calles.

Los negocios han cerrado.

Muchos residentes afirmaron estar desesperados por la paz, a cualquier precio, incluso si eso significaba una intervención militar estadounidense.

“Es la última opción que nos queda”, dijo Oliver Zamora, un carnicero de 23 años.

“Hemos intentado todo lo demás y nada ha funcionado.

¿Qué más podemos hacer?”

El mes pasado hablamos con más de dos docenas de personas en Sinaloa, y la mayoría expresó una opinión radicalmente distinta a la del consenso nacional.

Para ellos, el gobierno mexicano ha fracasado repetidamente en sus esfuerzos por controlar a los cárteles, por lo que afirmaron estar dispuestos a considerar un ataque estadounidense contra estos grupos si eso les permitiera vivir en condiciones de seguridad.

Los habitantes de Sinaloa no son los únicos que contemplan una intervención estadounidense.

En entrevistas el año pasado, miembros de facciones del Cártel de Sinaloa se burlaron de la idea de una acción militar estadounidense, dudando de que la administración Trump realmente hiciera algo.

Pero el mes pasado, cuatro miembros del cártel afirmaron que ahora se toman la amenaza en serio.

Describieron el almacenamiento de armas y el refuerzo de las defensas en preparación para un ataque estadounidense, incluyendo la instalación de vigías que monitorean el cielo y la compra de granadas propulsadas por cohetes y sistemas capaces de derribar un dron estadounidense.

Los cuatro miembros del cártel hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias de sus jefes.

Hay mucha paranoia, dijo un coordinador regional de alto rango de una facción del Cártel de Sinaloa llamada Los Mayitos.

Esta facción está alineada con uno de los fundadores del cártel, Ismael Zambada García, conocido como El Mayo.

Las autoridades mexicanas han logrado algunos avances en su lucha contra los grupos criminales.

El mes pasado, las fuerzas de seguridad abatieron a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, principal rival del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, la muerte de El Mencho puso de manifiesto el vasto alcance y poder de su cártel, desatando una ola de violencia en represalia en al menos 20 de los 32 estados del país.

El sábado, Trump se burló de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en una cumbre de 12 países latinoamericanos centrada en la lucha contra los cárteles y otros grupos criminales en la región, afirmando que ella había rechazado su ayuda.

Los representantes mexicanos no estuvieron presentes en la reunión.

“Es positivo que el presidente Trump diga públicamente que, cuando propuso enviar al ejército estadounidense a México, nos negamos. Porque esa es la verdad”, declaró Sheinbaum el lunes durante su conferencia de prensa diaria.

Añadió que las operaciones policiales en México son llevadas a cabo exclusivamente por las fuerzas de seguridad mexicanas.

La vida cotidiana en Culiacán, la capital de Sinaloa, se vio trastocada desde julio de 2024.

En aquel entonces, uno de los hijos del narcotraficante encarcelado Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, traicionó al antiguo socio de su padre, El Mayo, dividiendo el Cártel de Sinaloa y desatando una feroz batalla que continúa hasta el día de hoy.

En el punto álgido de la violencia, los habitantes de las afueras de Culiacán relataron que se atrincheraron en sus casas, a veces durante semanas, mientras los tiroteos se sucedían por caminos de tierra.

Se encontraron cadáveres a los lados de las carreteras, estallaron enfrentamientos armados en barrios acomodados y camiones tráileres calcinados bloqueaban las autopistas.

En enero, dos legisladores fueron baleados al salir del Congreso estatal en el centro de Culiacán.

Diez trabajadores de una mina de oro de propiedad canadiense fueron secuestrados; siete de sus cuerpos fueron encontrados posteriormente.

Recientemente, se halló un cadáver en un centro comercial con el rostro mutilado.

Agustín Coppel, director ejecutivo de Coppel, una importante cadena de grandes almacenes, señaló el «enorme» costo económico que la violencia ha tenido para el estado.

“La gente no sale de noche”, dijo.

“Casi todo está cerrado y casi no hay nadie en las calles. Por la noche es como una huelga general, hasta que bajen los robos de coches y otros delitos”.

Según estimaciones de Coppel y otros líderes empresariales, el estado de Sinaloa perdió casi el 10% de su producto interno bruto en 2024 y 2025.

“Eso significa que muchos negocios han cerrado y muchos empleos han desaparecido”, dijo Coppel.

“Se habla de más de 2000 empresas que han cerrado. En sectores como hoteles, turismo y restaurantes, las ventas han caído cerca de un 50 %”, agregó.

Su propia cadena de tiendas Coppel en Culiacán ha experimentado una caída del 25 % en las ventas, añadió.

Sheinbaum ha desplegado a más de 12.000 soldados, la mayor afluencia de fuerzas de seguridad a Sinaloa en años, si no la mayor de la historia, lo que ha llevado a la detención de decenas de miembros de alto rango del cártel y a la destrucción de numerosos laboratorios de drogas.

“Nuestra estrategia es reforzar la seguridad”, declaró el general Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional de México, señalando la reciente disminución de homicidios en el estado como prueba de que la estrategia está funcionando.

“La gente puede transitar por las calles con mayor tranquilidad, pero es evidente que a mediano plazo seguirá siendo necesaria una fase final de operaciones de seguridad continuas”.

Los residentes afirmaron que la violencia había disminuido un poco, pero que la sensación de miedo seguía siendo generalizada y profunda.

Al menos dos veces por semana en Culiacán, las familias de personas desaparecidas recorren laderas y matorrales en busca de tumbas sin marcar.

Un día laborable reciente, una furgoneta con miembros de un equipo de búsqueda a bordo condujo dos horas fuera de la ciudad para realizar otra excavación.

Durante el trayecto, varios hablaron con cautela sobre la posibilidad de ataques estadounidenses.

El gobierno mexicano, dijeron, no había logrado contener a los cárteles; ¿qué más se podía perder?

“Sí, la idea de Trump es un poco descabellada, porque ¿cómo va a venir a otro país a intentar imponer el orden?”, dijo María Isabel Cruz Bernal, líder de un colectivo de madres que buscan a sus hijos desaparecidos.

“Pero creo que los ciudadanos de aquí lo pedimos porque no tenemos paz, no tenemos control”.

Según los registros del grupo, más de 18.000 personas han desaparecido en Sinaloa desde 2006.

Más de 5.500 de ellas desaparecieron en los últimos 20 meses.

“No hay a dónde acudir”, dijo María de los Ángeles Campos Sierra, madre de dos niños desaparecidos hace 14 años.

En otras partes de México, “no hay mucha gente que lo apoye, pero creo que las víctimas aquí sienten algo diferente”.

Tres miembros de cárteles afirmaron que la idea de un ataque militar estadounidense en México parecía mucho más plausible en enero, cuando las transmisiones televisivas mostraron a las fuerzas estadounidenses irrumpiendo en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro.

Ahora la desconfianza se ha extendido entre los miembros del cártel. Algunos expresaron su temor de que sus propias filas hubieran sido infiltradas por informantes tanto del gobierno mexicano como del estadounidense.

Las conversaciones se han vuelto cautelosas y los movimientos, más calculados.

“Ahora todo debe hacerse con suma precisión, casi milímetro a milímetro”, dijo un miembro del cártel.

“Cada movimiento debe ser quirúrgico, porque la situación actual es muy peligrosa”.

Preocupados por un posible ataque estadounidense, miembros de ambas facciones del cártel afirmaron haber reforzado sus defensas en torno a los altos mandos y los laboratorios de fentanilo.

Han ampliado su arsenal para incluir inhibidores de drones, que pueden costar hasta 40.000 dólares cada uno y que pueden interrumpir las señales que los drones utilizan para navegar, obligándolos a aterrizar o estrellarse.

Un cocinero de metanfetamina de 19 años, vinculado a la facción de los Mayitos, dijo que se habían enviado vigías recién contratados a la sierra madre, al este de Sinaloa, para vigilar los cielos en busca de aeronaves sospechosas.

Dijo que esos vigilantes también detenían vehículos desconocidos e interrogaban a los conductores, incluso a los que iban en furgonetas de FedEx.

Algunos residentes de Sinaloa han cuestionado qué se lograría con una intervención estadounidense.

Varios expresaron su temor de que, en cambio, pudiera exacerbar la violencia.

“Creo que la situación se pondría fea, mucho, mucho peor”, dijo Rocío Torres, de 19 años, estudiante de nutrición. “Aquí hay mucha gente inocente”.

Otros dijeron que simplemente rechazaban la idea por principio.

Estados Unidos, afirmaron, debería mantenerse al margen de México.

«Deberían atacar el problema desde dentro, no desde fuera», dijo José Valde Pino, de 66 años, profesor jubilado.

«Nosotros no somos el problema. Tienen la tasa de drogadictos más alta del mundo».

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