POLITICA
Tensión en el Poder Judicial: denuncian a un magistrado en Chubut que había criticado un aumento de sueldos
RAWSON. – En medio de un escándalo que mantiene en vilo al Poder Judicial de Chubut, el juez de Cámara de Esquel, Claudio Petris, renunció a la presidencia de la Asociación de Magistrados tras una denuncia en su contra por presuntas amenazas, favores sexuales y corrupción.
Petris y la Asociación habían ocupado el centro de la escena en las últimas semanas por una denuncia contra los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Chubut por un aumento “encubierto” de sueldos.
Tras semanas de escándalo, los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Chubut dieron marcha atrás con un aumento salarial que alcanzaba hasta el “60 por ciento de la remuneración” y puso a los 6 magistrados en el ojo de la tormenta política.
La decisión se tomó tras una escalada en la que intervino el propio gobernador Ignacio Torres: “no voy a tolerar mas privilegios. No puede haber islas de impunidad dentro del Estado provincial”, advirtió Torres, quien insistió en el objetivo de “depurar, eliminar ñoquis y transparentar los recursos públicos.
El jueves pasado, en Comodoro Rivadavia, Torres encabezó la inauguración de la Ciudad Judicial junto al ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, jefe de Gobierno porteño,Jorge Macri; y de los gobernadores de Entre Ríos,Rogelio Frigerio; y de Jujuy,Carlos Sadir. Allí, ratificó el plebiscito para eliminar los fueros de gobernadores, legisladores, jueces y dirigentes sindicales, que se votará el próximo 26 de octubre junto con las elecciones generales.
La Asociación, que alertó sobre los aumentos, justificados como “fondos reservados” dentro del Superior, mantiene una relación distante del propio Torres a raíz de la posición de la institución contraria a la eliminación de los fueros que promueve el gobernador chubutense.
La entidad instaló el tema del incremento salarial de los jueces del Superior tras emitir un comunicado en el que expresó su “sorpresa e indignación” y manifestar su “repudio” a un aumento salarial que calificaban de encubierto y otorgado en forma exclusiva a los ministros del Superior Tribunal de Justicia.
Las últimas resoluciones del Superior Tribunal autorizando los incrementos habían puesto en ojo de la tormenta al máximo tribunal, integrado actualmente por Javier Raidan, Camila Lucía Banfi Saavedra, Ricardo Alberto Napolitani, Silvia Alejandra Bustos, Mario Luis Vivas y Andrés Giacomone. Para justificar el aumento en los “gastos de representación”, los jueces del Superior habían tomado una acordada del 1989 que, según los denunciantes, quedó sin efecto tras la aprobación de la denominada “ley de porcentualidad”.
En sucesivas apariciones y críticas, la Asociación enfatizó que estas decisiones “generan mayor conmoción considerando el contexto socioeconómico” actual, un contexto que, paradójicamente, “precisamente se utiliza como excusa para no dar los aumentos correspondientes” según la normativa vigente a “todos los integrantes y agentes del Poder Judicial”.
Se recordó que la función de magistrado impone respetar los principios éticos de austeridad e integridad, y que estas decisiones “empañan la función” de quienes cumplen su deber y tienen un “impacto negativo en la percepción sobre la legitimidad e independencia del Poder Judicial”, generando “desconfianza” en la ciudadanía.
Además del cuestionamiento salarial, en los comunicados rechazaron “todas las designaciones y ascensos de funcionarios/as en altos cargos del Poder Judicial que hayan incumplido el constitucional mandato y legal de efectuar concursos públicos”. Consideran que el concurso público es la “garantía de un acceso igualitario a toda la ciudadanía y del respeto a la carrera judicial”.
Torres se sumó a la polémica y cuestionó el “auto aumento” del Superior Tribunal de Justicia y el incremento salarial que recibirán los senadores nacionales. Además, exigió un censo de empleados en todos los poderes y “un Estado sin castas”.
“No vamos a tolerar más privilegios”, sentenció. El gobernador exigió que el Poder Judicial realice el mismo censo de empleados públicos que ya ejecutó el Ejecutivo y que se aplicará ahora en el Poder Legislativo. “No puede haber islas de impunidad dentro del Estado”, advirtió. El objetivo es “depurar, eliminar ñoquis y transparentar los recursos”, se indicó.
Así extendió la polémica a todo el Poder Judicial. A principios de mayo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia provincial en contra de la enmienda constitucional que pondrá a votación de los ciudadanos la eliminación de los fueros para funcionarios.
Ese intento de frenar la eliminación de los fueros fue duramente criticado por Torres. “No puede haber una vara para uno y para otros. Tampoco puede haber privilegios. Que se opongan a la decisión del Ejecutivo de eliminar los fueros es una falta de respeto”, afirmó este año durante la reainuguración de la Casa de Gobierno de Chubut.
El jueves pasado y en el marco de la inauguración de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, Torres ratificó la realización del plebiscito para eliminar los fueros.
Además, frente al ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti; Torres apuntó contra el presidente de la Asociación de Magistrados, el juez Claudio Petris, a quien acusó de intentar frenar la consulta popular con medidas cautelares y pedidos de inconstitucionalidad.
“Le pregunto al señor presidente de la Asociación de Magistrados, a qué le tiene miedo y cómo, siendo parte y contraparte, estando de los dos lados del mostrador, puede pensar en prohibirle al pueblo chubutense votar una ley que, en un sistema republicano como el nuestro, la Legislatura aprobó. ¿Por qué mejor no responde a mi pregunta públicamente y trata de persuadir a los chubutenses, en todo caso, a que voten en contra de la eliminación de los fueros?”, sostuvo Torres.
En medio de la escalada de escándalo, Petris renunció al frente de la Asociación de Magistrados a raíz de una denuncia por presuntas amenazas, favores sexuales y corrupción.
A través de una carta dirigida a la Asociación, sostuvo que “me resulta suspicaz que, un día después de la denuncia presentada por la Asociación contra la cúpula del Superior Tribunal de Justicia -estrechamente vinculada al Gobierno-, y de que el Señor Gobernador me haya acusado pública y directamente de impedir el plebiscito para la eliminación de los fueros de los magistrados por haber firmado una acción de inconstitucionalidad que fue decidida en una Asamblea en la que participaron muchos asociados/as, haya circulado por las redes sociales una publicación sin firma, de autoría desconocida, que me acusa de supuestos hechos, como dije inexistentes”.
Agregó que “la ausencia de firma y la falta de fuentes verificables no solo comprometen la credibilidad de la publicación, sino que también despiertan serias sospechas sobre una posible operación de grupos de poder destinada a desacreditarme a mí y a la institución que tuve el honor de presidir”.
Sostuvo que”el anonimato y la ausencia de denuncias me impiden ejercer mi defensa y ofrecer la prueba que desacredita cada una de las acusaciones que contienen esas publicaciones».
Agregó que, de existir una investigación judicial, “no me escudaré en los fueros constitucionales, que como venimos señalando en forma sostenida no tienen el sentido de impedir la investigación de los organismos judiciales correspondientes, ni de garantizar impunidad”.
POLITICA
Caso ANDIS: la Justicia sigue la ruta de las presuntas coimas e investiga una serie de financieras
La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza sobre uno de los aspectos más sensibles del expediente: el circuito financiero que habría permitido mover, ocultar y canalizar fondos provenientes tanto de presuntas coimas como de sobreprecios en contrataciones públicas.
Con el secreto de sumario ya levantado y una agenda de indagatorias que se extenderá hasta los primeros días de diciembre, la Justicia profundiza ahora la trazabilidad del dinero y apunta a un grupo de intermediarios, financieras y empresas presuntamente utilizadas para blanquear operaciones.
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Según el dictamen del fiscal Franco Picardi, una de las pistas centrales involucra al lobista Miguel Ángel Calvete, señalado por haber intervenido para que un conjunto reducido de droguerías se quedara con contratos millonarios en el organismo.
La fiscalía sostiene que Calvete le entregaba “sumas importantes” a Alan Pocoví, figura clave en la presunta operatoria de lavado.
“Se advierte que Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete movilizaban en forma regular importantes sumas dinerarias en moneda local y estadounidense, y que parte de los fondos recibidos por Alan Pocoví serían invertidos en criptomonedas mediante la aplicación ‘NEBLOCKSHAIN’”, describe el dictamen.
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La investigación indica además que Guadalupe Muñoz —pareja de Calvete— cumplía un rol operativo en el circuito: recibía cheques provenientes de las empresas y los remitía a Pocoví para que éste “procediera a movilizar los fondos”.
Ese flujo de dinero llevó a los investigadores a la empresa Neblockchain S.A., que —según una de las líneas que se analizan— sería en realidad Finanzas Sur, firma vinculada al empresario Ariel Vallejo. El martes fue allanada en busca de documentación relacionada con esta operatoria. Por ahora, advierten fuentes judiciales, se trata de “pistas” sin conclusiones firmes.
Pocoví habría colocado dentro de Finanzas Sur parte de la plata de las coimas y de los sobreprecios. Todo forma parte de un incidente dentro del expediente que es reservado.
Otro de los nombres bajo análisis es el de Sergio Mastropietro, también mencionado como posible engranaje para lavar parte de los fondos. Según el expediente, Mastropietro visitó junto a Calvete y Muñoz el country de Diego Spagnuolo, entonces director de la ANDIS y una de las figuras centrales de la causa.
El 27 de agosto, Mastropietro le envió a Spagnuolo una imagen con información de una cuenta bancaria a nombre de Baires Fly S.A., firma vinculada a él. En paralelo, las droguerías Prolite Orthopedics S.R.L., Probock S.R.L. y Droguería Profarma S.A. transfirieron millones de pesos a Baires Fly, por un total cercano a los $100 millones. Poco después, Mastropietro le mandó a Calvete tres facturas —una por cada firma— donde figuraba la descripción “por compras de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de empresas”.
Se cree que se trató de una maniobra de posible lavado de dinero.
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Mientras la trama financiera se reconstruye, la agenda judicial avanza. Esta semana declararon —sin responder preguntas— Spagnuolo y Daniel María Garbellini, ex número dos del organismo. El 28 de noviembre será el turno de Lorena Di Giorno, antes de una secuencia intensa de citaciones previstas para diciembre, que incluye a Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano y Andrés Horacio Arnaudo. La etapa cerrará con Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, convocados entre el 1 y el 5 de diciembre.
La causa tiene dos ejes: el presunto direccionamiento de contrataciones por unos $40.000 millones en favor de Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta, y un esquema de coimas que habría funcionado dentro y fuera de la estructura formal del organismo. La investigación detectó incluso accesos irregulares al sistema de contrataciones por parte de personas ajenas al organismo.
Además, la Justicia determinó que un grupo de personas ajenas al organismo tenía posibilidad de “intervenir” en las licitaciones. Tal es el caso de Luciana Ferrari, exempleada del laboratorio Roche.
Durante la gestión de Pablo Atchabahian en ANDIS en el período 2018-2019, esta mujer prestó funciones como Directora de Prestaciones Médicas, y hasta hace muy pocos días trabajaba en el laboratorio Roche S.A.Q.E.I.
“Ella era una operadora externa, puesto que sin estar designada en ANDIS, cumplía órdenes de Pablo Atchabahian y de Daniel Maria Garbellini, dentro de la agencia”, señaló el dictamen.
La investigación determinó que cumplía funciones de forma ilegal durante el periodo investigado en ANDIS: gestionaba y agrupaba “tickets” en el sistema SIIPFIS, para luego llamar a compulsas; recibía información anticipada sobre las compulsas de compras de prestaciones PACBI; y compartía información sobre droguerías y acuerdos entre ellas con Daniel María Garbellini.
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Otro capítulo involucra a los lobistas Calvete y Pablo Achavajian, quienes, según las conversaciones incorporadas al expediente, habrían dado indicaciones sobre proveedores, sanciones y montos a liberar. En paralelo, imágenes de cámaras de seguridad y registros de visitas muestran a Spagnuolo ingresando con una mochila a la casa de Calvete en un intercambio que, para la fiscalía, involucró la entrega de al menos $5 millones en efectivo.
La causa comenzó tras audios viralizados en agosto en los que una voz atribuida a Spagnuolo hablaba de un presunto sistema de retenciones del 8% en compras públicas y mencionaba la participación de Eduardo “Lule” Menem y la droguería Suizo Argentina. “A mí me están defalcando la agencia”, decía, y aseguraba contar con “todos los WhatsApps de Karina (Milei)” como respaldo.
Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo
POLITICA
El juez Mariano Borinsky pidió que se completen las vacantes en la Corte Suprema y se designe a un Procurador General
El juez de la Cámara de Casación Penal Mariano Borisnky se refirió a la necesidad de cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia así como también el cargo de Procurador General de la Nación que todavía no fue designado. Además, destacó los principales puntos que tiene el nuevo Código Penal que el Gobierno buscará aprobar con la nueva conformación del Congreso de la Nación.
En diálogo con A Confesión de Parte, con Romina Manguel, por FM Milenium el magistrado, que forma parte de la máxima instancia penal federal del país, señaló: “La necesidad de cubrir las vacantes en la Corte Suprema es fundamental para que pueda trabajar como la Constitución lo marca”.
Además de la conformación del máximo tribunal, remarcó: “Es importante que se complete el cargo de Procurador General de la Nación, que está vacante hace nueve años. Hay un procurador interino que es el más antiguo, pero un cargo tan sensible no debería quedar sin definición.”
Con la agenda judicial otra vez en el centro del debate político, Borinsky explicó el impacto que tiene la falta de definiciones institucionales. “El jefe de los fiscales es el que fija la política criminal”, sostuvo, al subrayar la incidencia que tiene esta figura en el funcionamiento cotidiano de la Justicia. En tanto, indicó que la estabilidad institucional pasa hoy por designar a los integrantes que restan para completar el máximo tribunal, como así también al titular del Ministerio Público Fiscal. Según sus palabras, “el cargo de Procurador General es fundamental para que Argentina tenga una política criminal clara y actualizada”.
Al analizar el funcionamiento del sistema, Borinsky fue contundente: “La Corte Suprema debe estar completa para dictar las políticas y los fallos que marcan el rumbo de la justicia en la Argentina. Cuando faltan integrantes, no solo se ralentiza la actividad, sino que también se debilita la confianza pública”.
Consultado sobre el impacto de la presencia de un magistrado especializado en materia penal entre los supremos, Borinsky fue categórico: “Siempre es importante un penalista en la Corte. No solo es clave para los temas que marcan la agenda pública actual, sino porque históricamente las Cortes tuvieron penalistas argentinos entre sus miembros”. Además, argumentó que la complejidad de los delitos federales y la sensibilidad de los grandes casos hacen indispensable esa visión: “En las máximas instancias de todos los países existe al menos un penalista, por la importancia que tiene el derecho penal en la sociedad contemporánea”.
En el mismo diálogo, el juez vinculó la discusión institucional con la reforma legal que impulsa el oficialismo. “Un código de 1921 no refleja los intereses y valores fundamentales de la sociedad de hoy. El nuevo Código Penal busca actualizar nuestro sistema con las problemáticas criminales del siglo XXI”, afirmó. Para Borinsky, la iniciativa busca no solo endurecer penas en delitos económicos y de corrupción, sino incorporar de manera expresa figuras que antes no tenían entidad, como la violencia de género, el cibercrimen, los delitos ambientales o el financiamiento del terrorismo.
Justamente, Borinsky analizó: “Pasamos de un código de 312 artículos a uno de casi 900. Triplica el contenido para sistematizar y clarificar. Las actuales leyes dispersas generan dificultades, hasta para los mismos jueces y periodistas, porque no se sabe con certeza qué está prohibido y qué permitido”.
Por otro lado, el camarista rechazó la visión de polarización ideológica: “La discusión ya no es entre mano dura y garantismo, todos los jueces aplican la Constitución. Lo esencial ahora es la aplicación efectiva de la ley penal, que las sentencias se cumplan”.
Para cerrar, el juez reiteró la urgencia de fortalecer la institucionalidad judicial y avanzar en la modernización del sistema penal. “La Justicia necesita instrumentos jurídicos y recursos, pero también definición política e institucional. No se puede discutir una mejora real del sistema si no se resuelven las vacantes y no se dota de herramientas legales a los jueces, fiscales y defensores”, completó el magistrado.
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La mayoría de los funcionarios e intendentes electos asumirán como legisladores bonaerenses, pero habrá dos casos polémicos
El recambio legislativo en la provincia de Buenos Aires se concretará el mes que viene y exhibirá quiénes de los diputados y senadores bonaerenses electos que ejercen otros cargos tomarán sus nuevas responsabilidades, y quiénes no. Para ocupar bancas en la Legislatura bonaerense, fueron elegidos 12 candidatos que antes fueron elegidos para un cargo ejecutivo o son funcionarios. Entre las filas del peronismo, La Libertad Avanza y la alianza electoral Somos Buenos Aires se cuentan diez intendentes que ganaron escaños de diputados o senadores, a los que se suman la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. Según relevó , diez ejercerán sus nuevos cargos en las bancas obtenidas y dos de las candidaturas quedarán como testimoniales.
Todo indica que Katopodis no asumirá como senador provincial por la primera sección electoral, tramo de la boleta que encabezó en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Permanecerá en el gabinete del gobernador Axel Kicillof. “No tomamos decisiones personales, ni antes ni después de la elección, sino en equipo, con Axel y viendo qué es mejor para el conjunto”, evaluaron cerca del exintendente de San Martín.
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii (Fuerza Patria), también ganó una banca de senador provincial por la primera sección electoral. Según pudo saber , dejará la intendencia (gobernó entre 1999 y 2007, y desde 2015 hasta la actualidad) para asumir la banca. Su reemplazante, por orden, al encabezar la lista de concejales de 2023 (cuando Ishii ganó su último mandato) debería ser Roberto Caggiano, pero fuentes distritales del oficialismo y la oposición aclararon que no será quien finalmente asuma al frente de la municipalidad. A Ishii lo reemplazaría Lorena Espina, que fue segunda en esa lista de ediles.
Por La Libertad Avanza, fue elegido senador provincial el actual intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. El jefe comunal asumirá como senador y en su reemplazo, quedará como intendente Rodrigo Aybar Perlender, que fue el primer candidato de la lista de concejales de Valenzuela en 2023, pero ahora es secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda en el Ministerio de Economía, que conduce Luis “Toto” Caputo.
El intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, asumirá como diputado provincial por la segunda sección electoral en representación de Fuerza Patria. En su reemplazo, asumirá Luis Mariano Martín, que acompañó al frente de la boleta de concejales a Nanni cuando el jefe comunal logró su reelección, en 2023. Martín ya ejerce como intendente interino por una licencia por vacaciones que tomó Nanni, quien luego solicitará la licencia por los dos años de mandato que le quedan en el municipio.
En la tercera sección electoral, ganó una banca de diputada la vicegobernadora Magario, que no asumirá la nueva función (en su lugar, jurará como diputada provincial María Silvina Nardini, dirigente de Ensenada que responde al intendente Mario Secco). Los que sí tomarán los cargos de diputados provinciales que obtuvieron en los comicios son los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y de Quilmes, Mayra Mendoza. El reemplazante de Cascallares es Juan Fabiani (primer concejal en 2023 y actual secretario de Gobierno local). La jefa comunal quilmeña será reemplazada en la comuna por la concejala Eva Mieri, quien estuvo detenida por atacar con estiércol la casa del diputado José Luis Espert, quien luego pidió licencia al revelarse sus lazos con Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.
Por fuera del peronismo y de La Libertad Avanza, en la tercera sección se produce la particularidad de que Nicolás del Caño (Frente de Izquierda-Unidad) fue elegido diputado provincial y también, en octubre, diputado nacional. Asumiría este último cargo, mientras que en la Legislatura tomaría su lugar Christian “Chipi” Castillo.
El intendente de Junín, Pablo Petrecca, ganó una banca de senador provincial por la cuarta sección electoral desde la boleta de la alianza Somos Buenos Aires y asumirá su nuevo cargo. En la intendencia, lo reemplazará el actual presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Fiorini. El jefe comunal peronista de Alberti, Germán Lago, también ganó una banca de senador provincial que asumirá, y dejará la intendencia en manos del médico Jorge Gaute, que lo acompañó como primer concejal y es su secretario de Salud.
Por la quinta sección electoral, el único intendente que consiguió una banca es el de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que será senador provincial. La intendencia del distrito que tiene como ciudad cabecera a Mar del Plata quedará a cargo del concejal de Pro Agustín Neme.
Por la sexta sección, asumirá una banca de diputado el intendente peronista de Daireaux, Alejandro Acerbo. Lo reemplazará en la municipalidad la concejala María Serra.
En Bolívar, el recambio legislativo generará un enroque entre la intendencia y la Cámara de Senadores bonaerense. El intendente Marcos Pisano asumirá como senador, mientras que el exintendente Eduardo “Bali” Bucca, que terminará su mandato de senador, tomará a su cargo la intendencia por haber sido el primer candidato a concejal en la boleta de Pisano en las elecciones de 2023.
Los intendentes que se postularon a concejales desde Fuerza Patria, no asumirán. Fueron candidatos testimoniales Juan José Mussi (Berazategui), Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Secco, Fabián Cagliardi (Berisso), Andrés Watson (Florencio Varela), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Pablo Zurro (Pehuajó).
otros cargos,Javier Fuego Simondet,Elecciones 2025,Axel Kicillof,Gabriel Katopodis,Conforme a,Elecciones 2025,,Nueva oportunidad. El megaswap que puede otorgar el campo,,El pulso del consumo. Un bonus track de esperanza,,Plan desembarco. El CBC de Menem para los nuevos libertarios: Sharif con los despachos, los «high profile» y las «espadas»
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