POLITICA
El Gobierno publicará decretos clave esta semana antes de que caduquen las facultades delegadas

Hace un mes, Javier Milei envió al gabinete un mensaje urgente en materia de gestión. El Presidente instruyó a sus ministros y funcionarios para que agilizaran y priorizaran la redacción de aquellos decretos que requirieran el uso de las facultades delegadas que el Poder Ejecutivo obtuvo a través de la Ley Bases, hace un año. Esos “superpoderes” vencen el 8 de julio y el Gobierno no pedirá una prórroga al Congreso en medio de la temporada electoral. Aquellas reformas que modificaran leyes vigentes, así, debían ser tramitadas y publicadas en el Boletín Oficial sin más demoras.
En las últimas semanas, el Gobierno publicó una serie de decretos delegados que introdujeron modificaciones en organismos públicos y liberaron actividades. Se trata de una tarea que es impulsada de manera transversal por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pero que también implica de lleno a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal y a los ministerios involucrados en cada norma.
Quedan siete días hábiles para que caduquen esos poderes otorgados por el Congreso a Milei y el Gobierno prepara otra serie de normas de alto voltaje. “Vienen varios decretos que aglutinan reformas importantes en áreas emblemáticas de la administración. Son normas que requirieron mucha planificación, por eso los vamos a sacar sobre el final”, dijo a una importante fuente oficial.
Según pudo saber este medio, se esperan decretos en dos áreas clave: la eliminación, fusión y trasformación de organismos públicos, dependencias e institutos y modificaciones trascendentes en el área de Energía, que depende de la secretaria María Tettamanti.
Un colaborador al tanto de esos procesos advirtió: “Queda un poquito más que una semana y cada día cuenta”.
Semana clave
En el Gobierno no quieren dar detalles de lo que se publicará en las próximas horas mientras trabajan a contra reloj. Según trascendió, podrían verse afectadas decenas de organismos del Estado. Tal como publicó , por ejemplo, hace tiempo se espera una simplificación de las dependencias que regulan el rubro aerocomercial.
Respecto al área energética, el Gobierno avanzará con la fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), prevista en el artículo 161° de la Ley Bases.
Además, se decretarán cambios en las leyes 15.336 y 24.065 que regulan la energía y contienen los marcos regulatorios para la generación, transporte y distribución de electricidad y gas.
“Todo lo que teníamos en el radar va a salir”, aseguraron en el Gobierno y ratificaron que no pedirán una prórroga de las delegaciones al Congreso, en medio de un clima mucho más crispado con la oposición que el que enfrentaba Milei al inicio de la gestión, cuando los bloques estaban predispuestos a ofrendarle una “caja de herramientas” para gestionar.
Según informes preliminares que circulan en el Gobierno desde la sanción de la Ley de Bases (27.742) en julio de 2024 hasta ahora “se publicaron 212 normas con desregulaciones que han eliminado o modificado otras 760 normas”. Esto contempla, no solo los decretos amparados en las facultades delegadas sino también otras resoluciones y disposiciones menores. La mayoría involucró las áreas de Transporte, Finanzas, Agroindustria y Comercio Exterior, pero hubo desregulaciones en todas las materias, desde Cultura hasta Salud, pasando por el área social que comanda la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Esta catarata de normas redundó en un achicamiento del Estado y, en consecuencia, en la no renovación o el despido de casi 50.000 empleados públicos, de acuerdo a informes oficiales.
Según pudo saber , hace algunos meses se evaluó que el grueso de estas desregulaciones y reducciones de organismos formaran parte de un megadecreto, similar al mega DNU 70/2023 que publicó Milei al inicio de su mandato (de hecho, se especulaba con “el DNU 70/2025”). Pero finalmente, las normas se fueron publicando por goteo, en sucesivas ediciones del Boletín Oficial. “Para poder hacer las cosas bajo análisis puntilloso y serio advertimos que era mejor dividir y evitar generalidades”, explicó una fuente oficial.
Lo que se hizo: cuatro ejes
En lo que refiere a las facultades delegadas, las normas pueden aglutinarse en cuatro ejes. Por un lado, las que responden al artículo 3° inciso “a” de la Ley Bases y que prevé “la modificación o eliminación de competencias, funciones o responsabilidades” de los organismos públicos. Por citar un caso, en los últimos días un decreto delegado quitó la obligatoriedad de que el INTI (Instituto de Tecnología Industrial) deba emitir un certificado especial para toda pila usada en el país. De esa manera, se quitaron trámites para recertificar productos y artefactos importados que llevan ese tipo de baterías.
Otro eje es el que responde al artículo 3° inciso “b” de la Ley Bases que habilita la centralización, fusión, o disolución de organismos públicos. Recientemente, el decreto delegado 438/25 centralizó en Jefatura de Gabinete al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que siempre fue un organismo descentralizado. También puede citarse allí la iniciativa que despojó de autonomía al Instituto Nacional del Teatro (INT) –entre otros institutos dependientes del área de Cultura- y que se enfrentó con el rechazo de la comunidad artística.
En tercer lugar, el Gobierno avanzó con cambios en la estructura jurídica de las empresas públicas y sociedades del Estado, que fueron, casi en su totalidad, transformadas a sociedades anónimas, a excepción del Banco Nacion que no pudo modificarse por una medida de la Justicia.
Por último, la gestión de Milei disolvió fondos fiduciarios. Entre otros, se puso fin al plan Procrear y se disolvió el fideicomiso Red de Autopistas y Rutas Seguras de Participación Público Privada (PPP) y el Fondo Fiduciario Gas Licuado de Petróleo. “Había más de 30 fondos fiduciarios y solo quedan cuatro o cinco”, se jactaron en el Gobierno. Y apuntaron que fue un proceso comandado por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman y por el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton.
Las últimas desregulaciones y medidas
En las últimas semanas, el Gobierno hizo uso intensivo de las facultades delegadas para todo tipo de materias. Por ejemplo, la gestión de Milei cerró el Observatorio de Educación Vial (“nunca se puso en operaciones”, aseguró Struzenegger). También se suprimió la obligación del Poder Ejecutivo de brindar jornadas sobre erradicación de la violencia de género establecido en la Ley 27.234, conocida como “Educar en Igualdad”. “La educación es una competencia transferida a las provincias”, señalaron en el Gobierno.
El decreto delegado N° 433/25 liberó los servicios de telecomunicaciones y de comunicación audiovisual mediante la posibilidad de que cooperativas puedan ofrecer televisión por cable sin que se requiera un dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC).
El Gobierno, en tanto, dispuso que el Instituto Nacional del Agua (INA) dejará de funcionar como un organismo descentralizado y pasará a depender de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.
Una vez que caduquen las facultades delegadas, Milei y Sturzenegger tienen previsto avanzar con más desregulaciones y transformaciones en el Estado. “Las facultades delegadas de la Ley Bases servían para el 5% de lo que teníamos que hacer, porque son los casos que involucran modificaciones sobre leyes”, advirtió una fuente oficial. Y advirtió: “El Poder Ejecutivo luego tiene los resortes para modificar decretos, resoluciones y disposiciones sin necesitar las facultades delegadas que otorga el Congreso”.
POLITICA
El gobierno desreguló el uso de drones y eliminó restricciones para operar equipos inferiores a 250 gramos

El gobierno nacional anunció la desregulación total del uso de drones de menos de 250 gramos y eliminó las licencias para poder operar equipos de hasta 25 kilos en todo el país.
Según la resolución 550/2025 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), publicada en el Boletín Oficial, se trata de un nuevo marco regulatorio para la operación de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) que viene a reemplazar la normativa establecida en 2019.
La medida elimina requisitos de licencias, cursos y habilitaciones para ciertos segmentos y establece la apertura de la formación a todos los centros e instructores del país.
“La presente Resolución se dicta bajo los estrictos principios de libre mercado y libre competencia, y la sujeción a las reglas de lealtad comercial, generando las instancias necesarias para evitar cualquier conducta monopólica por parte de fabricantes, importadores, operadores, organizaciones de mantenimiento, o centros de instrucción de aviación civil», señala el texto oficial.
De acuerdo con la resolución, la decisión de flexibilizar el uso de drones sigue las orientaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). “La seguridad operacional representa un objetivo irrenunciable en la actividad aeronáutica, constituyéndose como eje transversal en la toma de decisiones, en línea con los estándares y prácticas recomendadas por la OACI”, indicó la ANAC.
La medida apunta a contribuir a un “proceso de transformación hacia una aviación no tripulada más abierta, eficiente y alineada con los principios de desregulación y transparencia, sin descuidar la seguridad operacional”.
“Resulta prioritario adoptar medidas que promuevan la simplicidad normativa, orientadas a optimizar la comprensión, aplicación y cumplimiento del marco regulatorio, evitando redundancias, ambigüedades y complejidades innecesarias, teniendo debidamente en consideración el marco regulatorio internacional aplicable en materia de seguridad operacional”, agregó.
La nueva normativa libera completamente la operación de drones con peso inferior a 250 gramos, tanto en áreas urbanas como rurales, lo que permitirá el uso recreativo y profesional sin intervención estatal.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, anunció la medida en su cuenta de X.
La resolución “saca del medio al Estado en las operaciones de drones con peso inferior a 250 gramos en todo el territorio. Además se deja de exigir licencia para drones inferiores a 25kg, y en áreas rurales el uso también será totalmente libre”, dijo el funcionario.
“Para ser claro, si querés operar un drone inferior a 250 gramos, sos libre de hacerlo como y donde quieras, el Estado no te va a molestar. Si querés invertir y operar drones en zonas rurales también: lo vas a operar bajo tu propio riesgo sin que el Estado (incluye a la ANAC) te pida, ni licencia, ni cursos, ni nada”, añadió.
De acuerdo con el ministro, en zonas rurales, la resolución autoriza el uso de drones de hasta 25 kilos sin exigencia de licencia ni capacitación obligatoria, facilitando su empleo en múltiples actividades productivas. La medida apunta a impulsar el desarrollo de aplicaciones como vigilancia de ganado, tareas agrícolas (siembra y fumigación), vigilancia de fronteras, reparto de medicamentos, alimentos y otros productos.
La desregulación también incluye la eliminación del monopolio en materia de capacitación, permitiendo que todos los centros y instructores puedan ofrecer cursos y certificaciones para cualquier categoría de drones. Anteriormente, la instrucción quedaba restringida a una sola empresa bajo normativa de la ANAC.
“Dato de color. El kirchnerismo había generado un monopolio, por el que una sola empresa estaba habilitada para dar cursos en ciertas categorías. A partir de la resolución, todos los instructores y Centros de Instrucción quedan habilitados para dar cursos en todas las categorías”, escribió Sturzenegger.
El funcionario, además, agradeció la labor del director de la ANAC, Oscar Villabona, de Hernán Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo, y del personal de la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación que participaron en la elaboración de la norma.
“Cada día aumentan las aplicaciones de drones en el campo, el comercio, para la entrega de medicamentos, la industria, etc. Por eso es clave un marco abierto y de libertad absoluta para el uso de la tecnología”, sostuvo el ministro.
La actualización en la normativa introduce tres nuevas secciones en las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC): la Parte 100 detalla exigencias generales aplicables a todo el territorio nacional, la 101 presenta la “Categoría Abierta” destinada a operaciones donde, cumpliendo ciertos requisitos mínimos de seguridad, no será necesario solicitar autorización previa a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y la 102 define la “Categoría Específica”, en la que sí se requiere una autorización basada en un análisis de riesgos.
Este nuevo enfoque abandona el sistema único anterior, estableciendo dos divisiones: la categoría abierta, pensada para actividades de bajo riesgo, y la categoría específica, que contempla operaciones de riesgo moderado a alto. El objetivo es flexibilizar y ampliar las posibilidades para operaciones comerciales, científicas y recreativas que impliquen un impacto reducido.
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POLITICA
Un fallo pone en riesgo la investigación contra el exjuez acusado de vínculos con el narcotráfico

Un fallo de la Cámara de Casación penal pone en riesgo la investigación contra el exjuez federal Marcelo Bailaque, señalado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
El máximo tribunal penal del país, con la firma de los jueces Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, decidió evaluar el planteo de un abogado tributarista, oriundo de Rafaela, que pide que la causa sea investigada con el viejo sistema procesal penal y no por el nuevo sistema acusatorio. Este último se puso en funcionamiento en Rosario a principios de mayo de 2024.
Este tecnicismo podría hacer naufragar una investigación que lleva más de un año y obligó a Bailaque a presentar su renuncia a partir del 1° de julio pasado –que aceptó el presidente Javier Milei-, antes de que el Consejo de la Magistratura lo destituyera.
La renuncia aceptada le permite percibir su jubilación por el régimen especial de Santa Cruz, donde este exmagistrado trabajó entre 1994 y 2008, cuando fue designado juez federal en Rosario.
Bailaque está siendo investigado en tres causas. Una se inició a partir de lo que reveló el 10 de junio de 2024, cuando se publicó que el entonces magistrado compartía su contador, Gabriel Mizzau –también con prisión domiciliaria-, con el principal narco de Rosario Esteban Lindor Alvarado.
Mizzau firmó los balances de la empresa Sagrado Corazón, una de las que usaba este criminal para lavar dinero, con el asesoramiento del contador de Bailaque.
Además está sospechado de favorecer a Alvarado al no autorizar durante tres años escuchas telefónicas contra personas de su entorno entre 2013 y 2016, lapso en el que el narco tuvo un exponencial crecimiento económico en base al tráfico de drogas y mató a decenas de sus rivales en el negocio mafioso.
Bailaque está acusado también de extorsionar a un empresario, junto con el financista Fernando Whpei, quien como los otros imputados goza de la prisión domiciliaria, que este viernes se prorrogó por otros 30 días.
Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP Rosario, declaró como arrepentido en la causa y contó que en un asado en 2019 en la casa del entonces magistrado se coordinó la extorsión contra Claudio Iglesias, a partir de la apertura de una causa en base a un anónimo trucho.
Bailaque ordenó allanamientos e inhibió a nivel bancario a este empresario, al que se pretendía perjudicar, según Vaudagna, por aspirar a presidir la compañía San Cristóbal Seguros. Esta compañía aparece involucrada en la causa que tiene al expresidente Alberto Fernández procesado por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
La compañía rosarina, de acuerdo a la causa, habría pagado supuestos retornos mediante facturas por tareas falsas o genéricas, como “servicios empresariales”, “catering” o “horas de servicios prestadas”.
El exjuez está acusado además de favorecer a su “amigo” Whpei, que dirigió la mutual Grupo Unión, con el manejo de los fondos millonarios de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín.
La entidad estaba bajo intervención judicial, luego de que le abrieran una causa por lavado de dinero al extitular Herme Juárez, alias Vino Caliente.
Bailaque avaló que unos 1000 millones de pesos pasaran a ser operados por la mutual de Whpei, quien habría financiado campañas políticas de dirigentes de un universo transversal a nivel ideológico, como La Cámpora, Juntos por Cambio y el radicalismo.
Estas investigaciones derivaron en que el Consejo de la Magistratura basara su acusación contra Bailaque en estas causas.
Pero antes de que fuera suspendido y luego destituido, el magistrado renunció. Antes había tratado, a través de distintos recursos, que la causa no avanzara, pero sus intentos habían chocado con las propias decisiones judiciales.
Bailaque pidió en marzo de este año que estas investigaciones fueran tramitadas por el antiguo sistema procesal penal.
Es decir, el escrito, en la que el juez de instrucción tenía la batuta de la investigación. El objetivo, además, era desplazarlo al juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz. Primero hizo este planteo ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, que lo rechazó y luego fue a la instancia superior, a la Cámara de Casación Penal, que el 25 de marzo pasado, por mayoría, declaró inadmisible ese planteo.
La negativa fue firmada por los jueces Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña. En disidencia, votó el juez Carlos Mahiques, quien consideró que el viejo código era el que debía aplicarse para este expediente.
El capítulo por este tema parecía zanjado pero ahora la defensa de Guillermo Zenklusen, un tributarista de Rafaela, llegó con el mismo reclamo al máximo tribunal federal del país.
Y, este jueves, la Casación resolvió llamativamente hacer lugar a la queja. La Sala tiene ahora otra integración. Ya no interviene Barroetaveña, que fue reemplazado por el juez Mariano Borinsky.
El fallo firmado por Mahiques y Borinsky señala que “en la medida en que la queja deducida reúne los requisitos de admisibilidad y fundamentación, corresponde proceder a la apertura de la instancia casatoria y habilitar el conocimiento de esta Cámara”.
La resolución deja constancia que el juez Gemignani “no firma la presente por hallarse en uso de licencia”.
Si la Cámara de Casación falla a favor de este reclamo la causa contra Bailaque volvería a fojas cero, según advirtieron fuentes judiciales.
Dejaría un agujero oscuro en lo que hasta ahora se investigó, con fuertes evidencias que obtuvieron los fiscales que trabajan desde el año pasado en estas causas.
Hay otro movimiento dentro de este caso que llamó la atención, y que podría tener relación con el planteo del tributarista de Rafaela, que aún no está imputado.
Fernando Whpei, quien pidió este viernes una prórroga de la detención domiciliaria estaría en negociaciones para plegarse a la figura conocida como “arrepentido”.
Pasaría a ser el segundo en esa condición, a la que adhirió en marzo pasado el extitular de ARCA Carlos Vaudagna, cuyo testimonio fue clave para imputar a Bailaque. Fuentes judiciales interpretan que Whpei estaría especulando con un posible fallo de Casación a favor de Bailaque, que provocaría un colapso en esta investigación.
A la par de Bailaque, hay otro juez federal de Rosario que comenzó a ser investigado en el Consejo de la Magistratura.
Es el magistrado Gastón Salmain, quien retornó hace unos días de sus vacaciones en el exterior, y se topó con una noticia favorable.
La comisión de disciplina del Consejo de la Magistratura no se logró reunir el miércoles pasado, por la ausencia de dos miembros, el santafesino César Grau y la jueza Alejandra Provítola, presidente y vice de ese cuerpo. Según fuentes de ese cuerpo, ambos tenían problemas de salud. Las reuniones se hacen de manera virtual.
El extenso proceso que se abrió contra Bailaque en el Consejo de la Magistratura no sirvió de nada, porque al final Milei terminó por aceptar su renuncia. En ese universo judicial, las piezas que se mueven muchas veces tienen intereses que no se aprecian sobre la superficie.
El interrogante es si con Salmain pasará lo mismo. Porque en este caso fue el propio presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, el que promovió una investigación contra este magistrado porteño que asumió como juez federal en Rosario en 2023.
Salmain está sospechado de favorecer a estudios de abogados con el pago de multimillonarios reclamos contra el Estado Nacional por demandas jubilatorias, según informaron fuentes judiciales a Aire de Santa Fe.
Lo que se investiga es que su juzgado pasó a ser llamativamente uno de los de mayor volumen de causas previsionales del país con oficios que ordenan pagos millonarios, que son promovidos por unos pocos estudios jurídicos.
Esta investigación está en manos del fiscal Federico Reynares Solari, quien ya notificó al magistrado que se abrió una causa y que lo tiene como protagonista. El proceso judicial aún está en una etapa preliminar, en busca de evidencia.
La maniobra que se habría montado y que se investiga es clásica y conocida como forum shopping. Es una práctica donde una parte en un litigio elige deliberadamente el tribunal o jurisdicción que considera más favorable para sus intereses, en lugar de presentar la demanda en el lugar que correspondería objetivamente según las reglas de competencia.
Tras su arribo a Rosario como magistrado en 2023, algunos estudios jurídicos de peso, empezaron a recusar supuestamente sin causa a la jueza federal N° 2 Sylvia Aramberri, quien se jubiló hace tres meses, para que sus demandas terminaran en el juzgado a cargo de Salmain.
Esta trama que será expuesta en detalle por el Ministerio Público Fiscal se suma a otro hecho más lejano en el tiempo, que derivó en que Rosatti pidiera que se abra una investigación contra este juez en el Consejo de la Magistratura, luego de que se detectara que Salmain omitió incluir entre sus antecedentes que fue echado de la justicia federal de Comodoro Py en 2002.
En ese expediente Salmain había sido procesado por falsedad documental, junto a una abogada, a quienes les otorgaron una probation.
Como cumplieron las condiciones de ese juicio ambos terminaron sobreseídos por el juez Rodolfo Canicoba Corral que fue quien controló la causa.
La resolución que terminó con el despido de este juez revela que “el agente Gastón Salmain tentó a la empleada a violar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social para que algunas ejecuciones previsionales sean dirigidas al juzgado N° 8 de ese fuero”.
Actualmente, este juez subroga el juzgado federal N°1 de Santa Fe. Salmain había quedado a cargo también de la justicia electoral de Santa Fe, pero en pocas horas fue sustituido.
La Cámara Nacional Electoral designó al juez Aurelio Cuello Murúa, que originariamente fue nombrado magistrado federal en Venado Tuerto, para que cumpla esa tarea que es clave a nivel político.
Germán de los Santos,Conforme a
POLITICA
Máximo Kirchner lamentó la interna en Fuerza Patria: “He visto gente desesperada en candidaturas o poroteando”

Ante un nuevo cierre de listas que se encamina a ser intenso, y que tendrá resolución el próximo 17 de agosto, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, cuestionó hoy a los dirigentes del peronismo y sectores aliados de Fuerza Patria que están impulsando sus candidaturas de manera “desesperada” y «salvaje”.
Sin mencionar a ningún sector en particular, el titular del PJ bonaerense agradeció el operativo clamor de varios intendentes para que él encabece la boleta en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, pero minimizó el hecho porque “no le va a la vida en esas cosas”. “Es insoportable que los dirigentes estén tan pendientes por ser candidatos”, expresó.
Acto seguido, aprovechó la oportunidad para cuestionar el grado de virulencia en la interna del peronismo: “He visto tanta gente, que nunca pensé, desesperada en las candidaturas, o poroteando de una manera tan salvaje. Me llama poderosamente la atención”.
Ayer, el peronismo ratificó la alianza Fuerza Patria que firmó el pasado 9 de julio para competir tanto en las elecciones legislativas, aunque sin la participación en el armado del Frente Patria Grande, que encabeza Juan Grabois. El abogado y referente social es una de las figuras que se propone para liderar la nómina de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, y amaga con romper e ir por fuera con una lista propia.
En ese marco, Máximo Kirchner expuso la intensidad en la negociación de las listas, y sugirió que “es bueno protegerse de esas maneras tan tóxicas de la política”. “Fuerza Patria no es que me levanto y hago lo que quiero, hay que conversar y encontrar una síntesis. Todavía falta un largo camino y una discusión pendiente, que espero que se dé en términos de entender el desdoblamiento de una elección más que compleja”, sostuvo en declaraciones AM 530 Somos Radio.
En cualquier caso, deslizó lo que había dicho en otra oportunidad, que no descarta una candidatura si se lo pidiera la expresidenta, su madre. “Si salgo de acá y Cristina me dice ‘no importa, pase lo que pase hay que ir’, bueno, ya cambia. Y también se discute con todo el espacio político”, sostuvo.
Ahora bien, al referirse a la interna del peronismo, para Máximo Kirchner “el escenario actual es absolutamente previsible”. “El desorden dentro del peronismo tiene que ver con la detención de Cristina como presidenta del principal partido de la oposición”, afirmó el diputado nacional, durante una entrevista con el periodista Roberto Caballero. Desde su mirada, la conducción de Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo un “factor ordenador” para el espacio político y que la situación de su encarcelamiento genera “desarticulación”.
“Debería haber mucho más orden -continuó-, o necesitamos la vocación de tenerla. Si cada uno tira para cada lado, y es un juego de vanidades y egos, y nos olvidamos constantemente de qué es lo que nos convoca, que es lo que nos hace querer debatir, estudiar, pensar y trabajar por nuestro país, claro que todo piensa a desgranarse”, expresó Máximo, y matizó: “Veo gracias a Dios atisbos de algunos sectores que al ver esta forma de fragmentación poco colabora con mejorar la calidad de vida de la gente”, remarcó.
En este marco, Máximo Kirchner cuestionó la intervención del “partido judicial, del poder económico y de la propuesta del embajador de Estados Unidos en la Argentina” en la detención de CFK. “Cuando imaginás una Cristina caminando por La Matanza, Quilmes o Brandsen, te das cuenta del activo movilizante que sería para la gente”, puntualizó.
El dirigente sostuvo que la actual crisis, tanto dentro del gobierno como en el país, “no es sorpresiva, sino que fue anticipada por la propia Cristina”, en referencia a las advertencias sobre los ciclos de deuda y la situación del peronismo al inicio de 2024. El líder de La Cámpora analizó que el deterioro paulatino del oficialismo y la “relación auténtica” de Cristina Fernández de Kirchner con la sociedad, “no mediada por focus groups”, resultan amenazadoras para sectores del poder económico y judicial, lo que explica -a su entender- gran parte de su detención. “Está más que claro por qué está presa, en una situación económica de este tipo”, remarcó.
Nuevamente, el diputado nacional instó a evitar la apatía electoral y la abstención: “Si no quieren votar al Gobierno o a una expresión peronista, que voten en blanco, pero no crean en milagros: las cosas no cambian si no nos involucramos”. Y subrayó el impacto concreto de las definiciones de octubre: “Algunos diputados más o menos implican que podamos tener quórum, sé que es lo menos convocante que hay, pero tiene impacto real en la vida de las personas.”
Al referirse al gobierno de Alberto Fernández, defendió que la ex presidenta intentó, en reiteradas ocasiones, advertir y “salvar” a la gestión de errores que finalmente se le achacan injustamente a ella: “Muchos quisieron poner sobre la figura de Cristina las decisiones del presidente en ese momento, pero el presidente señalaba que lo valioso era no decidir como opinaba Cristina”, recordó.
El dirigente del PJ bonaerense también advirtió sobre el impacto negativo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el endeudamiento externo, considerando que “lo que está financiando el FMI no es el ordenamiento de la economía argentina, sino la desnacionalización profunda y completa de la economía”. Y denunció que los países altamente endeudados con el Fondo atraviesan situaciones de “baja calidad institucional”, ejemplificando con Ecuador, Egipto, Ucrania y la propia Argentina. “No hay nada más ineficiente que el FMI, sus ideas no funcionan. Estos muchachos que ganan fortunas en el FMI no pegan una”, esbozó.
En otro tramo, Kirchner reconoció a los intendentes para contener el agravamiento de la crisis económica y social en sus distritos. “Los intendentes hacen un enorme esfuerzo para mitigar en los barrios las consecuencias de la economía, pero la urgencia termina ocupando más espacio y dificulta la planificación”, describió.
A raíz de la reciente ratificación de la alianza Fuerza Patria, el diputado pidió evitar una “municipalización del peronismo” y volvió a expresar su crítica a que haya elecciones desdobladas en la provincia de Buenos Aires, luego de que el gobernador Axel Kicillof resolvió que los comicios legislativos a nivel local se desarrollaran el 7 de septiembre. “Yo no estuve de acuerdo con el diseño electoral. Sigo pensando que, más allá de los resultados, puede ganarse o perderse, es un tema aparte. Ojalá hubiéramos tenido un proceso diferente para llegar a este lugar, se llegó de esta manera, pero votar el 26 de octubre, las dos elecciones juntas, era muy sano”, concluyó.
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