POLITICA
Barrionuevo ratificó la intervención de UTGHRA Capital, acusó a Camaño por malversación de fondos y llamó a nuevas elecciones
Luis Barrionuevo, secretario general nacional de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), reafirmó este jueves la intervención de la seccional Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sostuvo que la medida sigue vigente tras la decisión de la Corte Suprema que ordenó dictar un nuevo fallo sobre la disputa gremial con su ex cuñado Dante Camaño. Además, acusó al dirigente porteño de malversación de fondos sindicales y convocó a elecciones para septiembre de este año.
El conflicto se originó en el proceso electoral del 2 de diciembre de 2021, cuando la Seccional Capital, la más numerosa del país, se preparaba para renovar autoridades. Dante Camaño, quien lideró la seccional desde 1985, convocó a elecciones con la intención de extender su mandato. Sin embargo, Luis Barrionuevo decidió apadrinar una lista opositora encabezada por Humberto Ballhorst (Lista Azul). La ruptura de la alianza entre Barrionuevo y Camaño, agravada por la separación del secretario general y Graciela Camaño —hermana de Dante y ex diputada nacional—, marcó el inicio de una disputa que rápidamente trascendió lo gremial para instalarse en el terreno judicial.
Esa jornada electoral en 2021 estuvo marcada por denuncias cruzadas. Ambas listas se acusaron de maniobras fraudulentas y de haber llevado barrabravas a la sede gremial de la calle Salta 1301. La Junta Electoral, dominada por el sector de Barrionuevo, suspendió los comicios al no contar con el aval del oficialismo de Camaño para el ingreso de fiscales de la Lista Azul. A pesar de la suspensión, Camaño continuó con la votación y proclamó el triunfo de la Lista Gris, lo que desató una batalla legal que aún no encuentra resolución definitiva.
En respuesta a las irregularidades detectadas, la Junta Electoral Nacional de la UTHGRA suspendió formalmente las elecciones en la Seccional CABA. Barrionuevo, en cumplimiento del Estatuto Social, decretó la intervención legal de la seccional a partir del 23 de marzo de 2022, con el objetivo de garantizar la continuidad institucional. El Consejo Directivo Nacional de la UTHGRA comunicó a sus afiliados que la intervención contaba con aval judicial y que la medida respondía a la acefalía generada por el vencimiento de mandato de las autoridades y la ausencia de un acto electoral válido.
La reacción del sector de Camaño no se hizo esperar. Impulsaron una acción judicial para revertir la intervención y validar los comicios. Sin embargo, tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declararon inválidas las elecciones que la Lista Gris pretendía dar por ganadas. La disputa escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 19 de junio de 2025 dispuso que la causa retornara al juzgado de origen para dictar una nueva sentencia. El máximo tribunal, en un fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti, dejó sin efecto la sentencia apelada y ordenó que el tribunal de origen dicte un nuevo fallo, aclarando que su decisión “no importa anticipar opinión sobre la validez del proceso electoral” de diciembre de 2021.
El comunicado del sector de Barrionuevo enfatizó que la Corte no convalidó las elecciones ni declaró ganador a Dante Camaño, ni anuló la intervención de la Seccional CABA, la cual “continúa vigente”. “La Corte solamente hizo lugar al recurso extraordinario presentado por Juan Castro (representante de la lista de Camaño) y ordenó el dictado de una nueva sentencia por el juez de primer grado con los alcances de la opinión del Procurador dictaminante, con lo que no ordena empezar todo de nuevo sino solamente el dictado de una nueva sentencia”, sostuvo el mensaje firmado por el Consejo Directivo de la UTHGRA.
Mientras tanto, la intervención de la Seccional CABA, primero bajo la gestión de Miguel Haslop y luego de Alvaro Escalante, denunció públicamente a Camaño y a la “Comisión Ejecutiva” que lo acompaña por ejercer funciones de manera ilegítima e ilegal durante más de tres años. Según los interventores, los miembros de la seccional intervenida se negaron a entregar las instalaciones y bienes de la UTHGRA, apropiándose de la sede histórica de la calle Salta 1301, subsedes, hoteles, campings, automotores, cuentas bancarias y cajas de seguridad. “Han malversado fondos y negado servicios esenciales a nuestros afiliados, atentando contra los derechos que legítimamente les corresponden”, afirmaron en un comunicado.
La administración de los fondos sindicales se convirtió en uno de los ejes más sensibles del conflicto. Los interventores acusaron a Camaño de evitar sistemáticamente la rendición de cuentas y de mantener en la opacidad “los millones de dólares que públicamente ellos mismos declararon tener bajo su administración, sin jamás acreditar su origen, uso o destino”. Además, señalaron que nunca presentó balances ni libros contables que respalden sus declaraciones, y que intentó crear una Junta Electoral propia, presidida por Eriberto Javier Corimayo, apartándose de las normas del Estatuto Social.
En contraste, la intervención aseguró que desde marzo de 2022 se ocupó de brindar servicios médicos, asistenciales y gremiales a los afiliados, inaugurando centros oftalmológicos y odontológicos, así como nuevas sedes para la atención y contención de los trabajadores y sus familias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Nuestro compromiso es y seguirá siendo con ustedes, los trabajadores, con la verdad, la justicia y los principios fundacionales de nuestra organización”, subrayó el Consejo Directivo Nacional.
Como parte del proceso de normalización, Barrionuevo informó que durante el 59° Congreso General Ordinario de UTHGRA se designaron juntas electorales nacional y porteña. Ambas fiscalizarán las elecciones generales convocadas para el 18 de septiembre, donde se elegirá a la conducción de la seccional Capital que asumirá en diciembre de 2025.
La conducción nacional anticipó que al finalizar la intervención y tras las próximas elecciones, se realizará una auditoría para esclarecer el destino de los recursos sindicales y advirtió con iniciar acciones judiciales civiles y penales sobre quienes resulten responsables de los delitos denunciados.
El debate sobre el acuerdo con Estados Unidos ha estado dominado por discusiones económicas sobre su impacto sectorial, su potencial para promover cadenas de valor y pormenores técnicos de derecho comercial.
El foco del debate es curioso porque los acuerdos pueden hacerse o deshacerse si la política no acompaña y su éxito o fracaso dependerá fundamentalmente de desarrollos geopolíticos.
Cualquier economista reconocería que las instituciones son endógenas a las estructuras de incentivos y estrategias de los actores. De allí que una pregunta eminentemente política se encuentre en el candelero ¿Es un acuerdo tan asimétrico una estrategia acertada dadas las dinámicas de poder entre Estados Unidos y China?
El acuerdo sería un error si, como sostienen algunos, coincidimos más de lo debido a una hegemonía norteamericana declinante. El paralelismo más sugerente es con el tratado Roca-Runciman de mayo de 1933 en el cual Argentina, entonces enfrentada al proteccionismo británico, aseguró una cuota de 390.000 toneladas de carne a cambio de concesiones que el nacionalismo interpretó como coloniales.
Aquel acuerdo (como este) fue notablemente asimétrico—nos obligaba a vender carne de frigoríficos británicos, pagar con ello deuda contraída en Londres y dar trato preferencial a otros productos. Sin embargo, la conclusión de que Argentina cometió un error por atarse a una potencia declinante—cuando Estados Unidos estaba en plena depresión y Gran Bretaña poseía el mayor imperio de ultramar de la historia, abarcando aproximadamente un cuarto de la tierra y su población—es anacrónica.
El destino del Imperio Británico distaba de ser evidente en ese entonces. En la larga cadena de contingencias imprevisibles que lo fue develando, una ironía notable se dio cuando, tras el hundimiento del Graf Spee en diciembre de 1939, el canciller José María Cantilo propuso al embajador británico Sir Esmond Ovey romper relaciones con Berlín, pero Londres concluyó que la neutralidad argentina era más funcional para que el suministro de carne—la cuota asegurada por Roca (h)—pudiera sortear a los submarinos alemanes y la propuesta fue descartada. Así, aquellas relaciones cárnicas tuvieron consecuencias terribles para la Argentina, pero las razones son mucho más complejas e imprevisibles de lo que la historiografía revisionista presupone.
Aun cuando históricamente imprecisa, la analogía con el tratado Roca-Runciman permite formular la más relevante de las preguntas geopolíticas por detrás de este acuerdo ¿Se está alineando Argentina otra vez con un hegemón en declive?
Aunque China hoy duplica la producción y el comercio manufacturero de Estados Unidos—como este duplicaba a Gran Bretaña en el período de entreguerras—por entonces la economía norteamericana triplicaba a la británica y ya igualaba su productividad per cápita. Pekín, en cambio, incluso con las mediciones más favorables, apenas iguala el producto global de su rival pese a tener una población cuatro veces mayor. A diferencia del período de entreguerras, el 65 por ciento de la economía mundial hoy se concentra en los servicios, mientras que las manufacturas—ámbito en el que el gigante asiático ha logrado destacarse—representan apenas una quinta parte. Medida en términos per cápita, esta ventaja en riqueza y productividad es tres veces mayor a la que el Reino Unido jamás tuvo sobre los Estados Unidos.
Pero para anticipar quién prevalecerá no basta la economía: el equilibrio militar es decisivo. La transición entre el Reino Unido y Estados Unidos sólo fue sellada tras dos guerras mundiales. En este sentido, aunque China haya podido ponerse a la par en algunos aspectos económicos, esto la ha convertido en un rival prodigioso en el Pacífico y desatado dinámicas geopolíticas que pueden llegar a detener su ascenso.
Hoy Estados Unidos no enfrenta ningún desafío a su hegemonía militar—al menos nada remotamente comparable al desafío que Alemania representó para Gran Bretaña. El gasto en defensa de Washington es cuatro veces el de Pekín en términos absolutos. Militarmente, China está contenida por tres portaviones y bases estadounidenses en la primera cadena de islas frente su costa, apoyadas en alianzas estrechísimas con Seúl, Taipéi y Tokio—sin considerar el control de rutas marítimas más allá.
Más aún, aislado por dos océanos y sin rivales inmediatos en su vecindario, Estados Unidos podría cómodamente replegarse y dejar que los vecinos de China—desde Japón hasta la India, e incluso Rusia en el largo plazo—tomen cuenta de su contención. Estados Unidos está mejor posicionado para jugar en el Asia del siglo XXI un papel similar al que desempeñó en la Europa del siglo XX, emergiendo como árbitro estratégico.
Claro, si China siguiera creciendo pacíficamente, cuadruplicando sus cifras actuales de productividad per cápita y gasto militar, llegaría un punto en el cual igualaría a los Estados Unidos. Quizás entonces podría sobreponerse a sus poderosos vecinos y al cerco norteamericano. Frente a este escenario la pregunta del millón es si Washington puede frenar el ascenso chino. Claramente, el intento actual de aislar económicamente a Pekín responde a esta preocupación.
Algo es casi seguro: mientras China no abandone sus ambiciones, Estados Unidos no dejará de intentar frenarla. Esta observación es, quizás, central para la planificación estratégica de países como la Argentina en el mediano plazo. Este año, Pekín logró una tregua momentánea al intento de desacople norteamericano por su control sobre la producción de tierras raras, pero Estados Unidos volverá a la ofensiva. Como lo declaró Marco Rubio, Argentina viene a jugar un papel central en la estrategia de Washington de diversificar estos suministros y esto se refleja en el acuerdo.
Sin dudas, el acuerdo Milei-Trump fue asimétrico. Como en todos los acuerdos de este tipo firmados recientemente—por Guatemala, Ecuador y El Salvador—Washington requirió concesiones unilaterales en acceso a mercados, reducción de trabas burocráticas, propiedad intelectual y la exclusión de China de ciertas áreas.
Sin dudas, con mejores equipos negociadores se podría haber obtenido un resultado más decoroso en aspectos que van desde el tono del acuerdo, hasta los mecanismos adoptados para efectivizar las concesiones políticamente acordadas—como la ausencia de la cuota, la mayor concesión norteamericana, en el mismísimo acuerdo. Pero una crítica honesta requiere consistencia lógica y una dosis de realismo respecto de las alternativas sobre la mesa. De lo contrario, las críticas ideológicas incurren en contradicciones espectaculares, como quienes rechazan el tratado Roca-Runciman desde el antiimperialismo y defienden el alineamiento con otra potencia hegemónica, o quienes critican el acuerdo con Trump por su impacto en nuestro tejido industrial y proponen vínculos con China basados en nuestra mayor complementariedad como exportadores de materias primas. En definitiva, un acuerdo solo puede evaluarse en relación con las alternativas disponibles.
En las Américas, frente a Trump, no parece haber hoy en día muy buenas alternativas. Sin siquiera considerar la delicada situación de Delcy Rodríguez, los casos de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro demuestran que las concesiones que no se ofrecen inicialmente, se consiguen a través de los palos. Mientras Lula (como von der Leyen) inició la partida bajo aranceles del 50 por ciento, Milei (como Takaichi y Starmer) prefirió aceptar la asimetría desde un inicio ates que sumarle a esta los costos adicionales de la confrontación. Se verá si ser un aliado confiable en el hemisférico occidental es una buena estrategia, pero la primera mano, en términos comparados, no se ve tan mal.
En el escenario doméstico, el tratado sin dudas ha tenido un saldo positivo y provee de un ancla comercial y geoestratégica que se suman a la monetaria, cambiaria y fiscal.
La diplomacia de las relaciones cárnicas deberá ser procesada domésticamente también en lo que puede ser una caja de Pandora, por los intereses que toca—que ya se han cobrado dos cancilleres.
No deberíamos olvidar que tras el acuerdo Roca-Runciman la polarización en torno al infame escándalo de las carnes ensangrentaría las bancas del Congreso; una tragedia que, esperemos, no se repita ni siquiera como farsa.
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POLITICA
Sin votos para rechazar la reforma laboral en Diputados, la oposición apuesta por ganar tiempo y desgastar al Gobierno
El gobierno de Javier Milei está envalentonado. En la última semana avanzó con la media sanción de la reforma laboral en el Senado y con la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo entre Mercosur y UE en Diputados. El objetivo de la Casa Rosada es que el Presidente pueda inaugurar el período ordinario del Congreso, el 1 de marzo, con todos los proyectos aprobados, como señal de fortaleza política. Pero la oposición afina su estrategia para ganar tiempo.
Los libertarios no solo lograron la aprobación de las iniciativas que incluyeron en el temario de las sesiones extraordinarias, sino que consiguieron amplios consensos con sectores aliados y dialoguistas. El panorama es muy complejo para la oposición y ya reconocen abiertamente que no tienen los votos necesarios para frenar la avanzada.
“Hay que resistir. Esto se parece al primer semestre del gobierno de Milei, cuando lograron avanzar con la Ley Bases y sostuvieron el DNU 70. Pero después el clima social terminó cambiando y la oposición pudo avanzar contra los recortes en discapacidad, universidades y jubilaciones”, analizó un diputado del peronismo, con cierto aire de resignación.
Entre los diputados de la oposición dura entienden que es lógico que un gobierno fortalecido por el triunfo electoral aproveche para avanzar con su agenda legislativa lo más rápido posible. En ese marco, la principal estrategia opositora es enfocarse en los artículos más polémicos de la reforma electoral para hacer modificaciones y enviarla nuevamente al Senado.
“Mucho más que eso no se puede hacer por ahora. Tal vez podremos ganar tiempo y arruinarle a Milei la fiestita del 1 de marzo. No hay clima social para otra cosa, hasta la CGT tuvo problemas para convocar a un paro en contra de la reforma”, sintetizaron.
En los pasillos de la Cámara de Diputados, referentes de varios bloques ya dejaron trascender su malestar con varios puntos del texto. Ahora buscarán tejer consensos sobre un puñado de puntos polémicos para forzar una modificación que envíe el proyecto de vuelta al Senado para su revisión.
Además del peronismo y la izquierda, diputados del socialismo santafesino y el radicalismo disidente que integran Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el bloque de Pichetto y Massot y referentes gremiales, como el chubutense “Loma” Ávila, tienen una visión crítica de la reforma laboral.
Los cambios sobre el régimen de licencias por accidentes y enfermedades, y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) ya se perfilan como los principales focos de conflicto.
Luego de los últimos cambios, el proyecto reduce los plazos de licencia paga y modifica los porcentajes de remuneración que percibirán los trabajadores afectados, estableciendo nuevas condiciones según el origen del evento y la existencia de cargas de familia.
“En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera”, señala el artículo 208 del proyecto. En caso de que el accidente o la enfermedad no sea consecuencia de una actividad voluntaria, el trabajador cobrará el 75% de su sueldo básico.
En el caso del FAL, los principales cuestionamientos giran en torno al desfinanciamiento de la ANSES. El fondo para asistir a las empresas con el pago de las indemnizaciones estará nutrido de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Pero esos aportes patronales hoy se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones.
Ante la consulta de Infobae, un diputado de Provincias Unidas reconoció que la mitad del bloque no ve con buenos ojos el FAL y también rechaza la reducción de las licencias por accidentes y enfermedades. De hecho, ya hubo algunas señales concretas: la senadora de Córdoba Alejandra Vigo apoyó la reforma pero votó en contra del FAL y también de la derogación de estatutos como el del periodista y el de los viajantes. Ese bloque será clave para terminar de inclinar la balanza. Cabe destacar que provincias como Córdoba mantienen históricos reclamos con Nación sobre los fondos de las Cajas Previsionales.
En el Senado el artículo del FAL fue rechazado por otros dos aliados del oficialismo: el radical Maximiliano Abad y Flavia Royón (Salta). El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tiene tres representantes en Diputados, dentro del bloque Innovación Federal. Este espacio también tendrá un papel determinante.
Por su parte, el oficialismo giró este viernes el texto de la reforma laboral a la Cámara de Diputados y se prepara para convocar a un plenario de comisiones el miércoles 18 para dictaminar. A partir de ahí las opciones son: llamar al sesión el jueves 19 o el miércoles 25.
La primera opción resulta seductora para el Gobierno porque dejaría tiempo para que el Senado insista ante cualquier cambio que se produzca en Diputados. “Este es el texto definitivo, tengo los votos para insistir”, dijo Bullrich a sus allegados tras la media sanción. Sin embargo, representa un desafío logístico porque los feriados por Carnaval hacen más difícil conseguir vuelos para todos los diputados.
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POLITICA
Cristina Kirchner hizo su primera aparición pública del año, tras el revés judicial que le mantuvo el uso de la tobillera electrónica
En su primera aparición pública de este año, la ex presidenta Cristina Kirchner salió al balcón de su departamento en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, para observar una comparsa que se congregó en la calle.
El episodio, que quedó registrado en video, ocurrió este viernes, durante la previa del fin de semana largo por Carnaval.
“¡Llevamos un poco de carnaval a quien nos devolvió el carnaval!”, describió Mariel Fernández, intendente de Moreno, quien participó del evento y compartió imágenes del mismo.
En su cuenta de X, escribió este sábado por la madrugada, tras la comparsa: “¡Amor con amor se paga cantaron las murgas de Moreno! Ya pasaron quince años de la recuperación del feriado de carnaval y la vuelta de los Corsos”.
Y agregó: “¡Los pueblos tristes no vencen! ¡Y hoy desbordamos de alegría desde el asfalto al balcón!”.
El Carnaval Porteño reunirá a miles de personas a lo largo de todo febrero y hasta el domingo 1 de marzo, con más de 100 murgas que participarán en 20 corsos ubicados en distintos barrios. Durante este fin de semana largo, se prevén cuatro días de festejos que se extenderán hasta el próximo martes.
Este viernes, la Cámara Federal de Casación rechazó los recursos de la defensa de CFK, con lo cual seguirán vigente el uso de tobillera electrónica y las restricciones vinculadas a las visitas y uso de la terraza en la prisión domiciliaria de la expresidenta, condenada en la causa Vialidad.
La sala IV del máximo tribunal penal del país dejó firme así en un voto mayoritario de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña las decisiones y la ampliación de restricciones resueltas por el juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2, que juzgó y condenó a la expresidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta en el expediente que analizó la asignación irregular de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
En disidencia votó el camarista Mariano Borinsky, quien consideró que lo resuelto en la etapa de ejecución de la pena no constituyó un “temperamento válido como derivación razonada del derecho vigente conforme a las constancias de la causa”, según el fallo de 131 carillas al que tuvo acceso Infobae.
“Evitar privilegios indebidos”
CFK está detenida desde junio de 2025 con prisión domiciliaria en un departamento en San José 1111, Constitución. Sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy habían presentado dos recursos ante la Casación Federal contra decisiones vinculadas a la forma en que su defendida cumple la condena: el uso de tobillera electrónica, los límites a las visitas, reforzados luego del escándalo por una reunión en su domicilio con nueve economistas en noviembre pasado, y el máximo de dos horas diarias otorgado para subir a la terraza del edificio.
En su exposición, el juez Hornos remarcó que “lejos de evidenciar un trato desigual en perjuicio de la condenada, la decisión cuestionada se inscribe precisamente en la exigencia constitucional de evitar privilegios indebidos”.
“Lo contrario (esto es, flexibilizar sin control las condiciones de cumplimiento de la pena en atención a la notoriedad pública, el rol institucional previo o la gravitación política de la persona condenada) comprometería seriamente la legitimidad del sistema de justicia penal y supondría un apartamiento inadmisible del principio de igualdad”, agregó el titular de la sala IV.
Este criterio cobra mayor relieve cuando se tiene en cuenta que, expresó, se trata de “vinculadas a delitos graves de corrupción que involucraron a las máximas autoridades del Estado”.
“Las restricciones cuestionadas se encuentran dentro del marco de facultades que la ley reconoce al órgano encargado de supervisar la ejecución de la pena”, agregó el juez en alusión al Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio por el direccionamiento del 80 por ciento de la obra vial nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez durante el kirchnerismo y resolvió una condena que quedó firme en la Corte Suprema de Justicia y comenzó a cumplirse.
Hornos recordó el episodio del 17 de noviembre último -la visita simultánea de los economistas- y su posterior difusión “efectuada por la propia Fernández de Kirchner en la red social ‘X’”.
En ese momento, el juez de ejecución Gorini interpretó que se incumplieron autorizaciones vigentes y estableció que en lo sucesivo dichas visitas deberán ser autorizadas de manera individual, expresa y previa, con motivación concreta, fijando un límite máximo de dos horas de duración, hasta dos veces por semana y con un máximo de tres personas por ocasión. Casación dejó ahora esto en pie.
También ratificó el uso de tobillera electrónica y la restricción diaria para subir a la terraza. “No se advierte arbitrariedad ni irrazonabilidad en las condiciones impuestas para el cumplimiento de la detención domiciliaria”, precisó el fallo.
La defensa “no ha logrado demostrar que las medidas cuestionadas resulten innecesarias o desproporcionadas en relación con los fines de control que persiguen”, concluyó.
En cuanto a la tobillera, Hornos y Barroetaveña coincidieron en que “el monitoreo electrónico constituye una herramienta válida para asegurar el cumplimiento efectivo de la modalidad de detención dispuesta».
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