POLITICA
En pie de guerra: la emergencia financiera unió a las provincias y se abren dudas sobre la gobernabilidad de Milei

CÓRDOBA.- Con una situación que definen como de “emergencia financiera”, por primera vez en lo que va de la gestión de Javier Milei los 24 gobernadores coincidieron en impulsar un proyecto de ley para eliminar dos fondos fiduciarios que se sostienen con aportes del impuesto a los combustibles y, además, repartir entre Nación y las provincias el remanente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los mandatarios aseguran que se unieron porque son recursos que les corresponden a todos, que “no ponen en riesgo el superávit fiscal” y su llegada significaría un “alivio” para las provincias.
“Está la firma de los 24; ahora no se pueden sacar los pies del plato”, define ante un gobernador que viene acompañando a la Casa Rosada en la mayoría de los temas. La falta de definiciones de los funcionarios que rodean al presidente Milei aceleró los tiempos.
Hay un elemento más: las cuentas públicas suman todos los ingresos y todos los gastos. Si, por ejemplo, los ATN no se distribuyen o los fondos fiduciarios no se ejecutan, colaboran con el superávit. De ahí que la cuenta nacional que hace la administración libertaria es una carga para las provincias.
Así, gobernadores que venían practicando una política de cercanía o directamente de amistad con la Casa Rosada, como el macrista Rogelio Frigerio (Entre Ríos), los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) o el radical Gustavo Valdés (Corrientes), entre otros, terminaron firmando una declaración conjunta con colegas marcadamente opositores como Axel Kicillof (Buenos Aires) o Sergio Ziliotto (La Pampa). En el medio se recorrió un largo camino de “promesas incumplidas”, advirtieron en las provincias.
Como los gobernadores venían siendo un apoyo clave para la administración libertaria en el Congreso, este principio de rebelión abre dudas sobre la gobernabilidad que tendrá el presidente Milei para la segunda mitad de su mandato. De ahí que los libertarios apuesten a aumentar su representación legislativa en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Entre los mandatarios circula un cálculo respecto a la pérdida de fondos de las provincias desde noviembre del 2023 -cuando ya Sergio Massa había dejado de cumplir- y mayo pasado: nada menos que $30 billones. La estimación es que por coparticipación recibieron $13,4 billones menos, $7,7 billones se restringieron las transferencias no automáticas y $9,3 billones los fondos no ejecutados.
La decisión de los mandatarios de avanzar llegó después de dos reuniones de todos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En el medio, un grupo se encontró con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
conversó con ocho gobernadores, de diferentes partidos, que participaron del último encuentro. Todos coincidieron en que en el arranque había varias alternativas, algunas “más extremas” y que se consensuó avanzar por una que −insisten− “no tiene costo fiscal para la Nación y, para las provincias, es un alivio importante”.
Los no peronistas-kirchneristas consultados aclararon que las posiciones más duras no vinieron del bonaerense Axel Kicillof. Y en lo que pareciera ser un acuerdo tácito, prefirieron no detallar quiénes las hicieron.
La presentación de demandas ante la Corte Suprema de Justicia fue la posibilidad más de fondo que se conversó. En mayo del 2024, el pampeano Sergio Ziliotto interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad para que los recursos pertenecientes al 1% asignado al Fondo de ATN integren la masa de los fondos coparticipables que recibe el distrito de manera automática.
Por diferentes causas, la mayoría de las provincias tienen demandas contra Nación en la Corte Suprema, por distintos fondos que se cortaron, contra leyes que así lo disponían. Hasta ahora los gobernadores venían manteniendo las negociaciones con Nación de manera individual o en grupos chicos.
“Estamos con más obligaciones, con menos recursos no automáticos, con pérdida de coparticipación y con gestiones que hacen un recorrido larguísimo y terminan en Economía para que, después, Luis Caputo lo lleve a Milei», repasó el gobernador de una provincia grande.
La modalidad de la negociación individual y en tono componedor, reconocieron varios gobernadores consultados por este medio, no derivó en más cumplimientos por parte de Nación. “Estamos todos iguales, los que dialogamos y los que no”, resume un allegado.
Cuando los ánimos estaban más caldeados, hubo quien enfatizó que las provincias son “preexistentes a la Nación”, un punto que “debe ser tenido en cuenta” por la Rosada. “Sin provincias no hay país”, advirtió. Ese ítem tiene como antecedente la escalada de tensión que hubo a comienzos de 2024, cuando las provincias patagónicas anunciaron que blindarían sus recursos naturales si la Nación las seguía presionando.
Fue una respuesta en bloque a la decisión unilateral de retenerle más de un tercio de la coparticipación mensual a Chubut a raíz de una deuda de la provincia con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial en lo que se leyó como una represalia a que los legisladores de Ignacio Torres no apoyaran la primera versión de la Ley Bases. La Justicia le dio la razón a Chubut y ordenó a la Nación que cesara la retención.
Ese momento fue, precisamente, uno de los de más tensión entre los gobernadores y Milei. Ignacio Torres recibió el apoyo de varios de sus pares y el Presidente contraatacó con una denuncia penal contra Torres por “chantaje y extorsión” y “abuso de autoridad”, además de maltratarlo en las redes sociales.
Poco antes, en represalia a otros gobernadores cuyos legisladores no apoyaron en el Congreso el proyecto original de la Ley Bases, les había pedido la renuncia al titular de Anses, el cordobés Osvaldo Giordano, y a la salteña Flavia Royón, que estaba a cargo de Minería.
El lunes pasado, en el CFI, la mayoría de los gobernadores se inclinó por no ir a fondo y terminaron de estructurar la propuesta de ley que ya venían conversado y que se presentará en los próximos días. Hace meses que vienen reclamando por obras como el mantenimiento de rutas nacionales, con foco en que Vialidad no recibe la totalidad de recursos derivados del impuesto a los combustibles que ordena la ley.
Esta vez fueron más allá: directamente impulsan eliminar los fondos fiduciarios de Infraestructura del Transporte y de Infraestructura Hídrica, que este año recibieron alrededor de $500.000 millones de los $1,5 millones recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos. Lo que plantean es que esos recursos vayan a la coparticipación y que tanto Nación como provincias los usen “según las prioridades que cada una defina”.
Desde el arranque de su gestión, Milei consideró a los fiduciarios como una “caja de la política” que había que eliminar. Hasta ahora, su administración terminó con 26 de ellos. El razonamiento lógico de los mandatarios es que la Rosada no tiene forma de rechazar su propuesta porque se ajusta a lo que el mismo Presidente argumentó.
El pedido de reparto del remanente de los ATNs viene de larga data y se reactualiza periódicamente. Las provincias quieren que lo que no se distribuye del fondo se haga “de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria”, teniendo en cuenta el «marco de crisis económica que afecta los ingresos tanto del gobierno nacional como de las provincias“.
En los contactos con este diario, los gobernadores rechazaron que le estén pidiendo “más plata” a la Casa Rosada, como insisten los funcionarios nacionales. Un opositor dialoguista apuntó: “Absolutamente no es así. Acompañamos, apoyamos y la reacción siempre es la misma, que ellos ajustan y nosotros no. Si no quieren eliminar los fondos fiduciarios será por algo, lo tendrán que explicar”.
Los mandatarios del radicalismo y Pro −en general más cercanos al Presidente− remarcan que no hubieran acompañado “ninguna decisión que hubiera puesto en jaque el superávit fiscal”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que habrá “una contrapropuesta” bajo la premisa de preservar el equilibrio fiscal. Desde Economía ya habían dejado trascender que “la plata correspondiente al impuesto a los combustibles es para obras viales”, pese a que Milei y Caputo paralizaron esas obras. “Si las provincias se llevan las rutas, también la plata. Pero no podemos darles la plata y mantener nosotros las rutas”, insistían en Economía, pese a que las provincias reclaman ambas. Amén de lo anterior, en Economía aprovecharon para presionar: “Si quieren más plata, lo mejor es aprobar la ley de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”.
El planteo de los gobernadores no abarca todo el dinero que Nación debe, por ley, destinar a mantenimiento y obras viales. De hecho, números oficiales muestran que a Vialidad, el año pasado, le llegó un tercio de lo que correspondía a partir del impuesto a los combustibles.
El fondo de los ATN se constituye de manera automática a partir del 1% de la masa coparticipable bruta. Es decir, son recursos que les corresponden a las provincias, pero su distribución la hace desde siempre de manera discrecional el gobierno central. Según Politikon Chaco, entre 2017 y 2024, se distribuyó 32% del fondo ATN; el piso fue con el macrismo y el techo en medio de la pandemia.
Los remantes del fondo sin ejecutar en ese período alcanzan los $4,3 billones, medidos a precios constantes de mayo; de la actual gestión son $1,2 billones.
Si se aplicara la fórmula propuesta por los gobernadores, entre enero y mayo se deberían haber repartido $214.949 millones a precios corrientes en lugar de los $80.500 millones que se distribuyeron efectivamente. Ocho distritos nunca recibieron ATN desde la asunción de Milei: CABA, Córdoba, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, San Luis, La Rioja, Formosa y La Pampa.
“No entendemos por qué no salieron a agradecer. Estamos repartiendo algo que podría quedar solo para las provincias y reclamando solo lo de este año, nada de lo anterior”, ironiza un gobernador de los de mejor vínculo con Nación.
Desde un partido provincial, un mandatario puntualiza que la Nación “va eliminando asistencias, no solo algunos fondos destinados directamente a las provincias, sino que hay carencias que estamos cubriendo nosotros y eso presiona sobre nuestras cuentas”.
Si bien las provincias en su conjunto pasaron de déficit fiscal de 0,3% del PBI en 2023 a un superávit fiscal de 0,1% del PBI el año pasado, los consultores que siguen esos números creen que este 2025 podría haber una reversión porque hay más presión sobre el gasto, incluso porque en la mayoría de los casos deben atender cuestiones que antes atendía Nación y que dejó de hacerlo.
POLITICA
El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz

El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz en el cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses.
El jefe del partido en provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, pidió el esclarecimiento de las interrupciones del servicio eléctrico en La Plata. El dirigente advirtió que “afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas”.
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Los cortes derivaron en la prórroga del plazo para las inscripciones, de última hora del sábado a la tarde del lunes, lo que benefició al peronismo, que ganó tiempo y logró llegar a un acuerdo en medio de fuertes internas entre el kirchnerismo duro, el massismo y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof.
El jefe de bloque del PRO en la Cámara Baja presentó un proyecto de resolución en Diputados para que se investiguen los cortes de luz registrados en La Plata durante el cierre de listas electorales. “Estos apagones impidieron el normal desarrollo del proceso electoral y afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas», señaló Ritondo.
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“Los bonaerenses merecen elecciones transparentes y sin maniobras que generen sospechas. No vamos a parar hasta saber la verdad. Los atropellos tienen que terminar en la Provincia», enfatizó el legislador, al anunciar la iniciativa.
En paralelo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Ranzini, presentó un pedido de informes con el mismo objetivo: esclarecer los hechos, determinar si hubo avisos previos, identificar posibles responsables y garantizar que no se repitan situaciones que pongan en riesgo la transparencia electoral.
El proyecto nacional impulsado por el PRO solicita al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que informen las causas de la interrupción del servicio, si se iniciaron investigaciones y qué medidas se prevén para fortalecer la infraestructura eléctrica.
“El hecho resulta llamativo, no solo por el horario del corte, sino por las zonas afectadas, que coinciden con las instituciones claves del proceso electoral», advirtió Ritondo.
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El proyecto presentado en el Congreso Nacional fue acompañado por los diputados Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi, María Sotolano, Martín Yeza, Silvia Lospennato, Silvana Giudici, Fernando Iglesias, Alejandro Bongiovani, Sabrina Ajmechet, José Núñez, Martín Ardohain, Javier Sánchez Wrba, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Martín Maquieyra, Sergio Capozzi, Nancy Ballejos y Patricia Vázquez, entre otros.
Los cuestionamientos al peronismo por el apagón no solo llegaron del PRO. Durante el fin de semana, tanto Javier Milei como varios funcionarios nacionales pusieron en duda el origen del corte y sugirieron que pudo haber sido una maniobra deliberada para favorecer el cierre de listas del PJ.
De hecho, Alejandro Dichiara, primer candidato a diputado provincial por la sexta sección y dirigente cercano a Cristina Kirchner, reconoció en una entrevista que el corte de energía “les dio un tiempito más” para alcanzar un acuerdo interno entre los distintos sectores.
PRO, Elecciones 2025, Diputados, corte de luz, Provincia de Buenos Aires
POLITICA
El Gobierno trabaja en un proyecto para que el Congreso habilite el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires

El Ministerio de Justicia mantiene reuniones con todas las cámaras de la justicia nacional para elaborar un informe que elevará al Congreso a fin de año para que legisle sobre el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
El traspaso de la justicia nacional a la Ciudad es resistido por los jueces nacionales nucleados en la Asociación de Magistrados.
El debate se dio a partir de la reforma Constitucional de 1994, que dotó de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires.
Esta situación se superpuso con la existencia anterior de la justicia nacional, que incluye a los jueces que tramitan casos ordinarios, no federales, en tribunales con asiento en la Ciudad. Son los que intervienen en quiebras, divorcios, causas civiles, o delitos como homicidios o robos con armas.
Esos jueces nacionales se resisten ser convertidos en jueces de la Ciudad, que hoy son los que atienden otros casos de delitos menores o faltas, o asuntos contenciosos de la administración porteña.
En ese contexto la Corte viene avanzando con diversos fallos que reconocen la autonomía porteña y en el último (en el caso Levinas) le dio potestad al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que sea el que resuelva en las apelaciones de las causas civiles, comerciales, o criminales de los jueces nacionales.
En el avance, el Ministerio de Justicia de la Nación dispuso además la creación de una comisión que analice el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma. El ministro Mariano Cúneo Libarona, basó su decisión de realizar esta tarea en el fallo Levinas.
La comisión está presidida por el asesor del ministerio Marcelo Ruíz, designado como representante nacional. Los vocales son Alberto Nanzer, Pablo González y Mariano Loprete.
Esta comisión se reunió con las autoridades porteñas, entre ellas con el ministro de Justicia, Gabino Tapiab y luego con los camaritas a quienes les pidió un informe de cada fuero.
La idea es avanzar en una legislación reconociendo que la justicia nacional ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires es “de carácter transitorio”, dijo el Gobierno citando a la Corte.
El 27 de diciembre de 2024, en el caso Levinas, la Corte Suprema reiteró la necesidad de avanzar en la adecuación de las leyes para garantizar el ejercicio pleno de la autonomía jurisdiccional de la ciudad de Buenos Aires. Y lo reiteró al semana pasada al firmar “Levinas 2″, donde mantuvo el mismo criterio que en el anterior, solo que ahora con la firma de conjueces, que acompañaron los votos de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. El juez Juan Carlos Maqueda, que firmó “Levinas 1″ se jubiló.
“Tenemos la convicción de que la Ciudad debe ser plenamente autónoma. Contar con las competencias judiciales, laborales, penales y civiles que nos corresponden nos va a permitir dar respuestas más rápidas, cercanas y eficientes a los porteños”, dijo Tapia. “La Corte Suprema volvió a ratificar que estamos en el camino correcto. Seguiremos trabajando para concretar la transferencia de competencias de manera coordinada, progresiva y consensuada con la Nación”, expresó en la red X.
Según se recordó en la resolución del ministerio, la Corte había exhortado a los poderes políticos a adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional.
Entre las propuestas que analizan están la de formular propuestas de leyes, identificar los costos presupuestarios del traspaso, y los temas relacionados con la estabilidad laboral de los empleados para asegurar el funcionamiento continuo del sistema judicial en ambas jurisdicciones.
Durante las reuniones con los camaristas se exploraron diversas alternativas, por ejemplo, en el fuero laboral. Ante la demora en la transferencia o al firma de convenios, la Ciudad avanzó con la creación de sus propios fueros. El último es el laboral, que es visto con atención por el mundo empresarios.
Marcela De Langhe
La puesta en marcha del fuero laboral porteño quedó frenada por un fallo de la semana pasada dictado a instancias de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. La Cámara Contencioso Administrativo Federal, con la firma de Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó una medida cautelar y frenó la implementación.
En la Ciudad explicaron que seguirán adelante con los procesos de concursos en el Consejo de la Magistratura hasta llegar a las ternas y ahí esperarán a que la Corte Suprema de Justicia resuelva.
Uno de los asuntos más espinosos para jueces y abogados es la índice que se aplica para la actualización de las indemnizaciones y de la multas. A pesar de que la Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes, la Cámara del Trabajo no llegó a un consenso sobre como ajustar.
La mayoría de las salas aplica un índice de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC y la Sala 8, que aplica el índice de ajuste del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
Actualmente en la Cámara hay diez vacantes. Está en trámite en el Consejo de la Magistratura el concurso 451 destinado a cubrir cuatro vacantes en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Son las vacantes existentes en la Salas 2, 3, 5 y 7. Y además tramita el concurso 486 con el que se busca cubrir otras cuatro vacantes.
Mayoritariamente el concurso 451, que es el más próximo a salir, esta dominado por candidatos cercanos al gobierno bonaerense. Incluso hay una postulante que es hija de un sindicalista. Entre los primeros diez candidatos hay dos jueces de primera instancia: Raul Ojeda y Alberto Calandrino.
Ojeda fue funcionario del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada y Calandrino viene de la vida tribunalicia. Ojeda integra el grupo de jueces propensos a elevar los montos de sus sentencias, Calandrino en cambio es más prudente. El tercer juez que se encontraba entre los diez primeros, Mariano Candal, renunció al concurso. Más atrás viene el juez Claudio Loguarro. La futura integración de la Cámara laboral es fundamental para el destino del fuero y para valorar la influencia del peronismo bonaerense, en una línea jurisprudencial cuestionado por la Corte Suprema.
Actualmente, el concurso 451 está en las vocalías de los consejeros Alberto Lugones (concejero juez de la Lista Celeste) y Roxana Reyes (consejera diputada radical) para definir el orden de mérito luego de las entrevistas realizadas por el Consejo de la Magistratura.
La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT y uno de sus históricos abogados, el fallecido Héctor Recalde, maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores.
Ahora, los ajustes de los cálculos indemnizatorios deberán ser analizados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que tiene en sus manos más de 1000 casos laborales, pero aún no se pronunció en ninguno de ellos.
El TSJ ya armó una secretaría laboral y designó a un secretario. Se trata del juez laboral Juan Carlos Cerruti, que renunció al juzgado 29 para protagonizar esta etapa fundacional en el Poder Judicial porteño.
El Gobierno analiza en este contexto, presentar un proyecto de ley para ratificar el indice de ajuste establecido en el capítulo laboral del DNU 70, fundacional del Gobierno de Milei, y suspendido por la justicia laboral.
Allí se establecía aplicar el ajuste del 3 por ciento más el Indice de Precios al Consumidor (IPC), casi la misma solución que aplican las mayoría de las salas de la Cámara del Trabajo.
diversos fallos que reconocen la autonomía porteña,el caso Levinas,reación de una comisión,El último es el laboral,a Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes,July 21, 2025,Hernán Cappiello,Justicia Federal,Conforme a,,Cambios en Cancillería. Las razones de la salida del número dos y el rearmado que dispuso Werthein,,La Derecha Diario. Así es el periodismo que no odia Milei: militancia libertaria, insultos y datos sin rigor,,Revés para Bullrich. Citan a indagatoria al gendarme que disparó la granada que hirió al fotógrafo Pablo Grillo,Justicia Federal,,Un vergonzoso aval al escrache,,Pesos en dólares. Levantan el secreto bancario del pastor evangélico que recibió a Milei en su megaestadio,,Recién asumido. El nuevo juez federal en la zona estratégica de la Triple Frontera acumula graves denuncias en su contra
POLITICA
El Gobierno negocia con siete gobernadores para sostener el veto al aumento de las jubilaciones

En los últimos cinco días, la Casa Rosada recibió a los gobernadores de Salta, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Catamarca, Chaco y Entre Ríos en una serie de encuentros destinados a “recomponer vínculos” y construir consensos de cara a las elecciones de octubre e iniciativas legislativas clave, como los vetos por jubilaciones y discapacidad, que se oficializarían en agosto.
La negociación centraliza el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la posible modificación a la distribución del impuesto a los combustibles. El Ejecutivo propone conceder transferencias discrecionales sin comprometer el equilibrio fiscal, al mismo tiempo que busca evitar que las provincias presionen en el Congreso para modificar la distribución actual.
El FMI alertó al Gobierno por la escasez de reservas en medio de la corrida cambiaria
Los encargados del diálogo por parte del Gobierno fueron el jefe de gabinete Guillermo Francos, el presidente de Diputados Martín Menem, el vicejefe de Interior Lisandro Catalán y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem, acompañados por el secretario de Hacienda Carlos Guberman, quien exploró mecanismos para transferencias sin desbalancear las cuentas públicas.
Ese mecanismo incluye propuestas cuidadosamente diseñadas, como ceder solo la porción del impuesto a combustibles destinada al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), mientras se mantiene intacto el grueso del Fondo de Infraestructura de Transporte y se evita cambios arriesgados en el superávit fiscal.
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AUMENTO DE JUBILACIONES,Fondos,Gobernadores,veto
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