POLITICA
En pie de guerra: la emergencia financiera unió a las provincias y se abren dudas sobre la gobernabilidad de Milei
CÓRDOBA.- Con una situación que definen como de “emergencia financiera”, por primera vez en lo que va de la gestión de Javier Milei los 24 gobernadores coincidieron en impulsar un proyecto de ley para eliminar dos fondos fiduciarios que se sostienen con aportes del impuesto a los combustibles y, además, repartir entre Nación y las provincias el remanente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los mandatarios aseguran que se unieron porque son recursos que les corresponden a todos, que “no ponen en riesgo el superávit fiscal” y su llegada significaría un “alivio” para las provincias.
“Está la firma de los 24; ahora no se pueden sacar los pies del plato”, define ante un gobernador que viene acompañando a la Casa Rosada en la mayoría de los temas. La falta de definiciones de los funcionarios que rodean al presidente Milei aceleró los tiempos.
Hay un elemento más: las cuentas públicas suman todos los ingresos y todos los gastos. Si, por ejemplo, los ATN no se distribuyen o los fondos fiduciarios no se ejecutan, colaboran con el superávit. De ahí que la cuenta nacional que hace la administración libertaria es una carga para las provincias.
Así, gobernadores que venían practicando una política de cercanía o directamente de amistad con la Casa Rosada, como el macrista Rogelio Frigerio (Entre Ríos), los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) o el radical Gustavo Valdés (Corrientes), entre otros, terminaron firmando una declaración conjunta con colegas marcadamente opositores como Axel Kicillof (Buenos Aires) o Sergio Ziliotto (La Pampa). En el medio se recorrió un largo camino de “promesas incumplidas”, advirtieron en las provincias.
Como los gobernadores venían siendo un apoyo clave para la administración libertaria en el Congreso, este principio de rebelión abre dudas sobre la gobernabilidad que tendrá el presidente Milei para la segunda mitad de su mandato. De ahí que los libertarios apuesten a aumentar su representación legislativa en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Entre los mandatarios circula un cálculo respecto a la pérdida de fondos de las provincias desde noviembre del 2023 -cuando ya Sergio Massa había dejado de cumplir- y mayo pasado: nada menos que $30 billones. La estimación es que por coparticipación recibieron $13,4 billones menos, $7,7 billones se restringieron las transferencias no automáticas y $9,3 billones los fondos no ejecutados.
La decisión de los mandatarios de avanzar llegó después de dos reuniones de todos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En el medio, un grupo se encontró con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
conversó con ocho gobernadores, de diferentes partidos, que participaron del último encuentro. Todos coincidieron en que en el arranque había varias alternativas, algunas “más extremas” y que se consensuó avanzar por una que −insisten− “no tiene costo fiscal para la Nación y, para las provincias, es un alivio importante”.
Los no peronistas-kirchneristas consultados aclararon que las posiciones más duras no vinieron del bonaerense Axel Kicillof. Y en lo que pareciera ser un acuerdo tácito, prefirieron no detallar quiénes las hicieron.
La presentación de demandas ante la Corte Suprema de Justicia fue la posibilidad más de fondo que se conversó. En mayo del 2024, el pampeano Sergio Ziliotto interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad para que los recursos pertenecientes al 1% asignado al Fondo de ATN integren la masa de los fondos coparticipables que recibe el distrito de manera automática.
Por diferentes causas, la mayoría de las provincias tienen demandas contra Nación en la Corte Suprema, por distintos fondos que se cortaron, contra leyes que así lo disponían. Hasta ahora los gobernadores venían manteniendo las negociaciones con Nación de manera individual o en grupos chicos.
“Estamos con más obligaciones, con menos recursos no automáticos, con pérdida de coparticipación y con gestiones que hacen un recorrido larguísimo y terminan en Economía para que, después, Luis Caputo lo lleve a Milei», repasó el gobernador de una provincia grande.
La modalidad de la negociación individual y en tono componedor, reconocieron varios gobernadores consultados por este medio, no derivó en más cumplimientos por parte de Nación. “Estamos todos iguales, los que dialogamos y los que no”, resume un allegado.
Cuando los ánimos estaban más caldeados, hubo quien enfatizó que las provincias son “preexistentes a la Nación”, un punto que “debe ser tenido en cuenta” por la Rosada. “Sin provincias no hay país”, advirtió. Ese ítem tiene como antecedente la escalada de tensión que hubo a comienzos de 2024, cuando las provincias patagónicas anunciaron que blindarían sus recursos naturales si la Nación las seguía presionando.
Fue una respuesta en bloque a la decisión unilateral de retenerle más de un tercio de la coparticipación mensual a Chubut a raíz de una deuda de la provincia con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial en lo que se leyó como una represalia a que los legisladores de Ignacio Torres no apoyaran la primera versión de la Ley Bases. La Justicia le dio la razón a Chubut y ordenó a la Nación que cesara la retención.
Ese momento fue, precisamente, uno de los de más tensión entre los gobernadores y Milei. Ignacio Torres recibió el apoyo de varios de sus pares y el Presidente contraatacó con una denuncia penal contra Torres por “chantaje y extorsión” y “abuso de autoridad”, además de maltratarlo en las redes sociales.
Poco antes, en represalia a otros gobernadores cuyos legisladores no apoyaron en el Congreso el proyecto original de la Ley Bases, les había pedido la renuncia al titular de Anses, el cordobés Osvaldo Giordano, y a la salteña Flavia Royón, que estaba a cargo de Minería.
El lunes pasado, en el CFI, la mayoría de los gobernadores se inclinó por no ir a fondo y terminaron de estructurar la propuesta de ley que ya venían conversado y que se presentará en los próximos días. Hace meses que vienen reclamando por obras como el mantenimiento de rutas nacionales, con foco en que Vialidad no recibe la totalidad de recursos derivados del impuesto a los combustibles que ordena la ley.
Esta vez fueron más allá: directamente impulsan eliminar los fondos fiduciarios de Infraestructura del Transporte y de Infraestructura Hídrica, que este año recibieron alrededor de $500.000 millones de los $1,5 millones recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos. Lo que plantean es que esos recursos vayan a la coparticipación y que tanto Nación como provincias los usen “según las prioridades que cada una defina”.
Desde el arranque de su gestión, Milei consideró a los fiduciarios como una “caja de la política” que había que eliminar. Hasta ahora, su administración terminó con 26 de ellos. El razonamiento lógico de los mandatarios es que la Rosada no tiene forma de rechazar su propuesta porque se ajusta a lo que el mismo Presidente argumentó.
El pedido de reparto del remanente de los ATNs viene de larga data y se reactualiza periódicamente. Las provincias quieren que lo que no se distribuye del fondo se haga “de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria”, teniendo en cuenta el «marco de crisis económica que afecta los ingresos tanto del gobierno nacional como de las provincias“.
En los contactos con este diario, los gobernadores rechazaron que le estén pidiendo “más plata” a la Casa Rosada, como insisten los funcionarios nacionales. Un opositor dialoguista apuntó: “Absolutamente no es así. Acompañamos, apoyamos y la reacción siempre es la misma, que ellos ajustan y nosotros no. Si no quieren eliminar los fondos fiduciarios será por algo, lo tendrán que explicar”.
Los mandatarios del radicalismo y Pro −en general más cercanos al Presidente− remarcan que no hubieran acompañado “ninguna decisión que hubiera puesto en jaque el superávit fiscal”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que habrá “una contrapropuesta” bajo la premisa de preservar el equilibrio fiscal. Desde Economía ya habían dejado trascender que “la plata correspondiente al impuesto a los combustibles es para obras viales”, pese a que Milei y Caputo paralizaron esas obras. “Si las provincias se llevan las rutas, también la plata. Pero no podemos darles la plata y mantener nosotros las rutas”, insistían en Economía, pese a que las provincias reclaman ambas. Amén de lo anterior, en Economía aprovecharon para presionar: “Si quieren más plata, lo mejor es aprobar la ley de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”.
El planteo de los gobernadores no abarca todo el dinero que Nación debe, por ley, destinar a mantenimiento y obras viales. De hecho, números oficiales muestran que a Vialidad, el año pasado, le llegó un tercio de lo que correspondía a partir del impuesto a los combustibles.
El fondo de los ATN se constituye de manera automática a partir del 1% de la masa coparticipable bruta. Es decir, son recursos que les corresponden a las provincias, pero su distribución la hace desde siempre de manera discrecional el gobierno central. Según Politikon Chaco, entre 2017 y 2024, se distribuyó 32% del fondo ATN; el piso fue con el macrismo y el techo en medio de la pandemia.
Los remantes del fondo sin ejecutar en ese período alcanzan los $4,3 billones, medidos a precios constantes de mayo; de la actual gestión son $1,2 billones.
Si se aplicara la fórmula propuesta por los gobernadores, entre enero y mayo se deberían haber repartido $214.949 millones a precios corrientes en lugar de los $80.500 millones que se distribuyeron efectivamente. Ocho distritos nunca recibieron ATN desde la asunción de Milei: CABA, Córdoba, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, San Luis, La Rioja, Formosa y La Pampa.
“No entendemos por qué no salieron a agradecer. Estamos repartiendo algo que podría quedar solo para las provincias y reclamando solo lo de este año, nada de lo anterior”, ironiza un gobernador de los de mejor vínculo con Nación.
Desde un partido provincial, un mandatario puntualiza que la Nación “va eliminando asistencias, no solo algunos fondos destinados directamente a las provincias, sino que hay carencias que estamos cubriendo nosotros y eso presiona sobre nuestras cuentas”.
Si bien las provincias en su conjunto pasaron de déficit fiscal de 0,3% del PBI en 2023 a un superávit fiscal de 0,1% del PBI el año pasado, los consultores que siguen esos números creen que este 2025 podría haber una reversión porque hay más presión sobre el gasto, incluso porque en la mayoría de los casos deben atender cuestiones que antes atendía Nación y que dejó de hacerlo.
El debate sobre el acuerdo con Estados Unidos ha estado dominado por discusiones económicas sobre su impacto sectorial, su potencial para promover cadenas de valor y pormenores técnicos de derecho comercial.
El foco del debate es curioso porque los acuerdos pueden hacerse o deshacerse si la política no acompaña y su éxito o fracaso dependerá fundamentalmente de desarrollos geopolíticos.
Cualquier economista reconocería que las instituciones son endógenas a las estructuras de incentivos y estrategias de los actores. De allí que una pregunta eminentemente política se encuentre en el candelero ¿Es un acuerdo tan asimétrico una estrategia acertada dadas las dinámicas de poder entre Estados Unidos y China?
El acuerdo sería un error si, como sostienen algunos, coincidimos más de lo debido a una hegemonía norteamericana declinante. El paralelismo más sugerente es con el tratado Roca-Runciman de mayo de 1933 en el cual Argentina, entonces enfrentada al proteccionismo británico, aseguró una cuota de 390.000 toneladas de carne a cambio de concesiones que el nacionalismo interpretó como coloniales.
Aquel acuerdo (como este) fue notablemente asimétrico—nos obligaba a vender carne de frigoríficos británicos, pagar con ello deuda contraída en Londres y dar trato preferencial a otros productos. Sin embargo, la conclusión de que Argentina cometió un error por atarse a una potencia declinante—cuando Estados Unidos estaba en plena depresión y Gran Bretaña poseía el mayor imperio de ultramar de la historia, abarcando aproximadamente un cuarto de la tierra y su población—es anacrónica.
El destino del Imperio Británico distaba de ser evidente en ese entonces. En la larga cadena de contingencias imprevisibles que lo fue develando, una ironía notable se dio cuando, tras el hundimiento del Graf Spee en diciembre de 1939, el canciller José María Cantilo propuso al embajador británico Sir Esmond Ovey romper relaciones con Berlín, pero Londres concluyó que la neutralidad argentina era más funcional para que el suministro de carne—la cuota asegurada por Roca (h)—pudiera sortear a los submarinos alemanes y la propuesta fue descartada. Así, aquellas relaciones cárnicas tuvieron consecuencias terribles para la Argentina, pero las razones son mucho más complejas e imprevisibles de lo que la historiografía revisionista presupone.
Aun cuando históricamente imprecisa, la analogía con el tratado Roca-Runciman permite formular la más relevante de las preguntas geopolíticas por detrás de este acuerdo ¿Se está alineando Argentina otra vez con un hegemón en declive?
Aunque China hoy duplica la producción y el comercio manufacturero de Estados Unidos—como este duplicaba a Gran Bretaña en el período de entreguerras—por entonces la economía norteamericana triplicaba a la británica y ya igualaba su productividad per cápita. Pekín, en cambio, incluso con las mediciones más favorables, apenas iguala el producto global de su rival pese a tener una población cuatro veces mayor. A diferencia del período de entreguerras, el 65 por ciento de la economía mundial hoy se concentra en los servicios, mientras que las manufacturas—ámbito en el que el gigante asiático ha logrado destacarse—representan apenas una quinta parte. Medida en términos per cápita, esta ventaja en riqueza y productividad es tres veces mayor a la que el Reino Unido jamás tuvo sobre los Estados Unidos.
Pero para anticipar quién prevalecerá no basta la economía: el equilibrio militar es decisivo. La transición entre el Reino Unido y Estados Unidos sólo fue sellada tras dos guerras mundiales. En este sentido, aunque China haya podido ponerse a la par en algunos aspectos económicos, esto la ha convertido en un rival prodigioso en el Pacífico y desatado dinámicas geopolíticas que pueden llegar a detener su ascenso.
Hoy Estados Unidos no enfrenta ningún desafío a su hegemonía militar—al menos nada remotamente comparable al desafío que Alemania representó para Gran Bretaña. El gasto en defensa de Washington es cuatro veces el de Pekín en términos absolutos. Militarmente, China está contenida por tres portaviones y bases estadounidenses en la primera cadena de islas frente su costa, apoyadas en alianzas estrechísimas con Seúl, Taipéi y Tokio—sin considerar el control de rutas marítimas más allá.
Más aún, aislado por dos océanos y sin rivales inmediatos en su vecindario, Estados Unidos podría cómodamente replegarse y dejar que los vecinos de China—desde Japón hasta la India, e incluso Rusia en el largo plazo—tomen cuenta de su contención. Estados Unidos está mejor posicionado para jugar en el Asia del siglo XXI un papel similar al que desempeñó en la Europa del siglo XX, emergiendo como árbitro estratégico.
Claro, si China siguiera creciendo pacíficamente, cuadruplicando sus cifras actuales de productividad per cápita y gasto militar, llegaría un punto en el cual igualaría a los Estados Unidos. Quizás entonces podría sobreponerse a sus poderosos vecinos y al cerco norteamericano. Frente a este escenario la pregunta del millón es si Washington puede frenar el ascenso chino. Claramente, el intento actual de aislar económicamente a Pekín responde a esta preocupación.
Algo es casi seguro: mientras China no abandone sus ambiciones, Estados Unidos no dejará de intentar frenarla. Esta observación es, quizás, central para la planificación estratégica de países como la Argentina en el mediano plazo. Este año, Pekín logró una tregua momentánea al intento de desacople norteamericano por su control sobre la producción de tierras raras, pero Estados Unidos volverá a la ofensiva. Como lo declaró Marco Rubio, Argentina viene a jugar un papel central en la estrategia de Washington de diversificar estos suministros y esto se refleja en el acuerdo.
Sin dudas, el acuerdo Milei-Trump fue asimétrico. Como en todos los acuerdos de este tipo firmados recientemente—por Guatemala, Ecuador y El Salvador—Washington requirió concesiones unilaterales en acceso a mercados, reducción de trabas burocráticas, propiedad intelectual y la exclusión de China de ciertas áreas.
Sin dudas, con mejores equipos negociadores se podría haber obtenido un resultado más decoroso en aspectos que van desde el tono del acuerdo, hasta los mecanismos adoptados para efectivizar las concesiones políticamente acordadas—como la ausencia de la cuota, la mayor concesión norteamericana, en el mismísimo acuerdo. Pero una crítica honesta requiere consistencia lógica y una dosis de realismo respecto de las alternativas sobre la mesa. De lo contrario, las críticas ideológicas incurren en contradicciones espectaculares, como quienes rechazan el tratado Roca-Runciman desde el antiimperialismo y defienden el alineamiento con otra potencia hegemónica, o quienes critican el acuerdo con Trump por su impacto en nuestro tejido industrial y proponen vínculos con China basados en nuestra mayor complementariedad como exportadores de materias primas. En definitiva, un acuerdo solo puede evaluarse en relación con las alternativas disponibles.
En las Américas, frente a Trump, no parece haber hoy en día muy buenas alternativas. Sin siquiera considerar la delicada situación de Delcy Rodríguez, los casos de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro demuestran que las concesiones que no se ofrecen inicialmente, se consiguen a través de los palos. Mientras Lula (como von der Leyen) inició la partida bajo aranceles del 50 por ciento, Milei (como Takaichi y Starmer) prefirió aceptar la asimetría desde un inicio ates que sumarle a esta los costos adicionales de la confrontación. Se verá si ser un aliado confiable en el hemisférico occidental es una buena estrategia, pero la primera mano, en términos comparados, no se ve tan mal.
En el escenario doméstico, el tratado sin dudas ha tenido un saldo positivo y provee de un ancla comercial y geoestratégica que se suman a la monetaria, cambiaria y fiscal.
La diplomacia de las relaciones cárnicas deberá ser procesada domésticamente también en lo que puede ser una caja de Pandora, por los intereses que toca—que ya se han cobrado dos cancilleres.
No deberíamos olvidar que tras el acuerdo Roca-Runciman la polarización en torno al infame escándalo de las carnes ensangrentaría las bancas del Congreso; una tragedia que, esperemos, no se repita ni siquiera como farsa.
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POLITICA
Sin votos para rechazar la reforma laboral en Diputados, la oposición apuesta por ganar tiempo y desgastar al Gobierno
El gobierno de Javier Milei está envalentonado. En la última semana avanzó con la media sanción de la reforma laboral en el Senado y con la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo entre Mercosur y UE en Diputados. El objetivo de la Casa Rosada es que el Presidente pueda inaugurar el período ordinario del Congreso, el 1 de marzo, con todos los proyectos aprobados, como señal de fortaleza política. Pero la oposición afina su estrategia para ganar tiempo.
Los libertarios no solo lograron la aprobación de las iniciativas que incluyeron en el temario de las sesiones extraordinarias, sino que consiguieron amplios consensos con sectores aliados y dialoguistas. El panorama es muy complejo para la oposición y ya reconocen abiertamente que no tienen los votos necesarios para frenar la avanzada.
“Hay que resistir. Esto se parece al primer semestre del gobierno de Milei, cuando lograron avanzar con la Ley Bases y sostuvieron el DNU 70. Pero después el clima social terminó cambiando y la oposición pudo avanzar contra los recortes en discapacidad, universidades y jubilaciones”, analizó un diputado del peronismo, con cierto aire de resignación.
Entre los diputados de la oposición dura entienden que es lógico que un gobierno fortalecido por el triunfo electoral aproveche para avanzar con su agenda legislativa lo más rápido posible. En ese marco, la principal estrategia opositora es enfocarse en los artículos más polémicos de la reforma electoral para hacer modificaciones y enviarla nuevamente al Senado.
“Mucho más que eso no se puede hacer por ahora. Tal vez podremos ganar tiempo y arruinarle a Milei la fiestita del 1 de marzo. No hay clima social para otra cosa, hasta la CGT tuvo problemas para convocar a un paro en contra de la reforma”, sintetizaron.
En los pasillos de la Cámara de Diputados, referentes de varios bloques ya dejaron trascender su malestar con varios puntos del texto. Ahora buscarán tejer consensos sobre un puñado de puntos polémicos para forzar una modificación que envíe el proyecto de vuelta al Senado para su revisión.
Además del peronismo y la izquierda, diputados del socialismo santafesino y el radicalismo disidente que integran Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el bloque de Pichetto y Massot y referentes gremiales, como el chubutense “Loma” Ávila, tienen una visión crítica de la reforma laboral.
Los cambios sobre el régimen de licencias por accidentes y enfermedades, y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) ya se perfilan como los principales focos de conflicto.
Luego de los últimos cambios, el proyecto reduce los plazos de licencia paga y modifica los porcentajes de remuneración que percibirán los trabajadores afectados, estableciendo nuevas condiciones según el origen del evento y la existencia de cargas de familia.
“En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera”, señala el artículo 208 del proyecto. En caso de que el accidente o la enfermedad no sea consecuencia de una actividad voluntaria, el trabajador cobrará el 75% de su sueldo básico.
En el caso del FAL, los principales cuestionamientos giran en torno al desfinanciamiento de la ANSES. El fondo para asistir a las empresas con el pago de las indemnizaciones estará nutrido de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Pero esos aportes patronales hoy se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones.
Ante la consulta de Infobae, un diputado de Provincias Unidas reconoció que la mitad del bloque no ve con buenos ojos el FAL y también rechaza la reducción de las licencias por accidentes y enfermedades. De hecho, ya hubo algunas señales concretas: la senadora de Córdoba Alejandra Vigo apoyó la reforma pero votó en contra del FAL y también de la derogación de estatutos como el del periodista y el de los viajantes. Ese bloque será clave para terminar de inclinar la balanza. Cabe destacar que provincias como Córdoba mantienen históricos reclamos con Nación sobre los fondos de las Cajas Previsionales.
En el Senado el artículo del FAL fue rechazado por otros dos aliados del oficialismo: el radical Maximiliano Abad y Flavia Royón (Salta). El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tiene tres representantes en Diputados, dentro del bloque Innovación Federal. Este espacio también tendrá un papel determinante.
Por su parte, el oficialismo giró este viernes el texto de la reforma laboral a la Cámara de Diputados y se prepara para convocar a un plenario de comisiones el miércoles 18 para dictaminar. A partir de ahí las opciones son: llamar al sesión el jueves 19 o el miércoles 25.
La primera opción resulta seductora para el Gobierno porque dejaría tiempo para que el Senado insista ante cualquier cambio que se produzca en Diputados. “Este es el texto definitivo, tengo los votos para insistir”, dijo Bullrich a sus allegados tras la media sanción. Sin embargo, representa un desafío logístico porque los feriados por Carnaval hacen más difícil conseguir vuelos para todos los diputados.
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POLITICA
Cristina Kirchner hizo su primera aparición pública del año, tras el revés judicial que le mantuvo el uso de la tobillera electrónica
En su primera aparición pública de este año, la ex presidenta Cristina Kirchner salió al balcón de su departamento en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, para observar una comparsa que se congregó en la calle.
El episodio, que quedó registrado en video, ocurrió este viernes, durante la previa del fin de semana largo por Carnaval.
“¡Llevamos un poco de carnaval a quien nos devolvió el carnaval!”, describió Mariel Fernández, intendente de Moreno, quien participó del evento y compartió imágenes del mismo.
En su cuenta de X, escribió este sábado por la madrugada, tras la comparsa: “¡Amor con amor se paga cantaron las murgas de Moreno! Ya pasaron quince años de la recuperación del feriado de carnaval y la vuelta de los Corsos”.
Y agregó: “¡Los pueblos tristes no vencen! ¡Y hoy desbordamos de alegría desde el asfalto al balcón!”.
El Carnaval Porteño reunirá a miles de personas a lo largo de todo febrero y hasta el domingo 1 de marzo, con más de 100 murgas que participarán en 20 corsos ubicados en distintos barrios. Durante este fin de semana largo, se prevén cuatro días de festejos que se extenderán hasta el próximo martes.
Este viernes, la Cámara Federal de Casación rechazó los recursos de la defensa de CFK, con lo cual seguirán vigente el uso de tobillera electrónica y las restricciones vinculadas a las visitas y uso de la terraza en la prisión domiciliaria de la expresidenta, condenada en la causa Vialidad.
La sala IV del máximo tribunal penal del país dejó firme así en un voto mayoritario de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña las decisiones y la ampliación de restricciones resueltas por el juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2, que juzgó y condenó a la expresidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta en el expediente que analizó la asignación irregular de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
En disidencia votó el camarista Mariano Borinsky, quien consideró que lo resuelto en la etapa de ejecución de la pena no constituyó un “temperamento válido como derivación razonada del derecho vigente conforme a las constancias de la causa”, según el fallo de 131 carillas al que tuvo acceso Infobae.
“Evitar privilegios indebidos”
CFK está detenida desde junio de 2025 con prisión domiciliaria en un departamento en San José 1111, Constitución. Sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy habían presentado dos recursos ante la Casación Federal contra decisiones vinculadas a la forma en que su defendida cumple la condena: el uso de tobillera electrónica, los límites a las visitas, reforzados luego del escándalo por una reunión en su domicilio con nueve economistas en noviembre pasado, y el máximo de dos horas diarias otorgado para subir a la terraza del edificio.
En su exposición, el juez Hornos remarcó que “lejos de evidenciar un trato desigual en perjuicio de la condenada, la decisión cuestionada se inscribe precisamente en la exigencia constitucional de evitar privilegios indebidos”.
“Lo contrario (esto es, flexibilizar sin control las condiciones de cumplimiento de la pena en atención a la notoriedad pública, el rol institucional previo o la gravitación política de la persona condenada) comprometería seriamente la legitimidad del sistema de justicia penal y supondría un apartamiento inadmisible del principio de igualdad”, agregó el titular de la sala IV.
Este criterio cobra mayor relieve cuando se tiene en cuenta que, expresó, se trata de “vinculadas a delitos graves de corrupción que involucraron a las máximas autoridades del Estado”.
“Las restricciones cuestionadas se encuentran dentro del marco de facultades que la ley reconoce al órgano encargado de supervisar la ejecución de la pena”, agregó el juez en alusión al Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio por el direccionamiento del 80 por ciento de la obra vial nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez durante el kirchnerismo y resolvió una condena que quedó firme en la Corte Suprema de Justicia y comenzó a cumplirse.
Hornos recordó el episodio del 17 de noviembre último -la visita simultánea de los economistas- y su posterior difusión “efectuada por la propia Fernández de Kirchner en la red social ‘X’”.
En ese momento, el juez de ejecución Gorini interpretó que se incumplieron autorizaciones vigentes y estableció que en lo sucesivo dichas visitas deberán ser autorizadas de manera individual, expresa y previa, con motivación concreta, fijando un límite máximo de dos horas de duración, hasta dos veces por semana y con un máximo de tres personas por ocasión. Casación dejó ahora esto en pie.
También ratificó el uso de tobillera electrónica y la restricción diaria para subir a la terraza. “No se advierte arbitrariedad ni irrazonabilidad en las condiciones impuestas para el cumplimiento de la detención domiciliaria”, precisó el fallo.
La defensa “no ha logrado demostrar que las medidas cuestionadas resulten innecesarias o desproporcionadas en relación con los fines de control que persiguen”, concluyó.
En cuanto a la tobillera, Hornos y Barroetaveña coincidieron en que “el monitoreo electrónico constituye una herramienta válida para asegurar el cumplimiento efectivo de la modalidad de detención dispuesta».
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