POLITICA
Ley jubilatoria: expectativa en el Senado por una reunión clave para el inicio del debate
La ley que mejora las jubilaciones aprobada en Diputados y con anuncio de veto asegurado desde la Casa Rosada -como el año pasado- tendrá una instancia clave mañana, cuando la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta se junte para ratificar o modificar a sus autoridades. Es la cabecera de un debate de un proyecto que, para ser dictaminado, deberá ser analizado en una reunión plenaria junto con la de Presupuesto y Hacienda, aunque tiene voluntades de sobra para ser sancionado.
En 2024, la Presidencia de Trabajo estuvo en manos de la macrista y aliada libertaria Carmen Álvarez Rivero (Córdoba). El oficialismo prefiere su continuidad, aunque otros legisladores dialoguistas pusieron en duda dicha estrategia, por lo que el encuentro de mañana será de especial atención, sobre todo, para la oposición.
De seguir como titular de dicha comisión, la discusión estaría amortiguada no sólo por Álvarez Rivero, sino también por el jefe libertario en el Senado y presidente de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy). Por eso la importancia de la reunión de mañana y la lupa direccionada hacia qué hará el kirchnerismo -si es que asiste-, más preocupado las últimas semanas en su condenada líder que en la agenda legislativa. No sólo por las iniciativas que demoran meses en tratarse, sino también por sugestivos silencios a la hora de referirse a funcionarios y asesores de la Casa Rosada.
La reanimación de la comisión de Trabajo fue resuelta días atrás, cuando referentes de los sectores -por ahora- “dialoguistas” se vieron con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Allí estuvieron Atauche; su par del radicalismo, el zigzagueante Eduardo Vischi (Corrientes); el vice del PRO, Martín Goerling (Misiones); el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta); y la rionegrina Mónica Silva, entre otros. También participó el oficialista y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis).
Para las próximas horas, también se aguardan movimientos desde el kirchnerismo, que dudó los últimos 20 días sobre una solicitud de recinto para empujar jubilaciones, la emergencia en discapacidad y la moratoria previsional, por mencionar algunos objetivos de normas. Las últimas dos también ya fueron aprobadas por la Cámara baja. Los tres textos no tienen dictamen de mayoría, por lo que tendrían que ser habilitados por dos tercios ante una potencial sesión.
A partir de este punto es donde surgen las dudas en relación con la especulación del Frente de Todos y una supuesta intención genuina de otras bancadas dialoguistas de acelerar todo esto. “Con los dos tercios, ya lo hubiesen realizado. Por eso lo operaron, pero quedó en la nada. Veremos qué hacen en las próximas horas ya que, en algún momento, van a cambiar de marcha. Lo que importa no es el articulado o una mejora a los jubilados, sino cuándo pegarle al Gobierno. Por eso son una farsa y cada vez le cree menos gente”, deslizaron a Infobae desde el oficialismo.
Lo que es objetivo es que la ley previsional que avalaron diversos opositores en Diputados -algunos macristas se abstuvieron- implica un aumento real para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación. Con menos votos fue avalada en la Cámara baja la restitución por dos años de la moratoria, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
En el informe de gestión que ofreció el jueves último en el Senado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió: “Según datos oficiales, en nuestro país tenemos 1.862.000 jubilaciones otorgadas sin moratoria y 3.912.000 jubilaciones otorgadas con moratoria. Esto implica que hay más jubilaciones por moratoria que por aportes en una proporción de dos a uno. Si sumamos las pensiones, tenemos un total de 3.384.000 beneficiarios sin moratoria y 4.110.000 con moratoria. Los datos demuestran con claridad que estamos frente a un sistema deficitario e inviable. Solo entre la modificación de la fórmula jubilatoria y el incremento del bono impactaría en un 0,8 por ciento del PBI”.
Francos se retiró del recinto tras la acusación de “mentiroso” de la senadora ultra kirchnerista Cándida Cristina López (Tierra del Fuego), que recibió una reprimenda de su propia bancada, más allá de los insultos y agresiones diarias del Gobierno y el cuero más que curtido del jefe de Gabinete, que aprovechó y partió rápido de la Cámara alta. “Suele desubicarse y nos hace quedar cada vez peor”, confiaron desde el Frente de Todos a este medio sobre la legisladora, una cristinista de paladar negro que ahora intenta promocionarse como “peronista”.
POLITICA
La UBA irá a la Justicia para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario
La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, sancionada por el Congreso y promulgada por decreto, pero con su aplicación suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.
El Consejo Superior de la institución adoptó la decisión por unanimidad durante su sesión del 22 de octubre de 2025. En su resolución, la UBA sostuvo que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
El texto aprobado agrega que la medida del Ejecutivo “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.
La resolución, registrada bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, instruyó al rector a iniciar las acciones judiciales pertinentes “a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”. También dispuso que se comunique la medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la universidad.
El Consejo Superior fundamentó la decisión en la situación económica que atraviesa el sistema universitario nacional. En los considerandos se expresó que “esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.
Asimismo, recordó que la UBA “ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria” y que la norma aprobada por el Congreso “tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.
En otro tramo del documento, el cuerpo colegiado enfatizó que “la Ley da respuesta a la situación crítica tanto de funcionamiento de las universidades nacionales, como salarial de sus trabajadores y trabajadoras, y por tanto su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”.
El texto señala también que “la no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.
Por último, el Consejo remarcó que resulta “imprescindible que de manera inmediata el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario, asignándose en forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes”.
El máximo órgano de gobierno de la UBA, que integran el rector, los decanos de las trece facultades y representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes, consideró que el cumplimiento de la ley es esencial para garantizar la educación pública y la institucionalidad democrática en el país.
Este martes, el Gobierno promulgó la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en la República Argentina por un año. Sin embargo, la aplicación de ambas quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. Hace un mes ocurrió lo mismo con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Esta decisión fue oficializada en la madrugada de este martes, con la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial. Así, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de las legislaciones, debido al impacto fiscal que, consideran, traería a las cuentas del Estado.
marcha universitaria congreso
Las elecciones 2025 son este domingo 26 de octubre. Durante la jornada, los argentinos se deben acercar a las mesas electorales a emitir su voto. Para hacerlo, hay que entregar documentación válida que las autoridades presentes puedan utilizar para confirmar los datos personales y la identidad.
Tal como informa el Gobierno a través de su sitio oficial, los siguientes tipos de documentos, expedidos por el Estado nacional a lo largo de los años, son válidos para emitir el sufragio en las elecciones legislativas del 26 de octubre:
Desde la cartera confirman que los documentos que contienen la leyenda “No válido para votar” sí son válidos para sufragar, aunque estas tarjetas no informan de qué tipo de ejemplar de DNI se trata. También se recuerda a los electores que el documento a presentar en la mesa de votación debe ser el mismo que figura en el padrón o uno posterior.
Asimismo, desde la cartera oficial advirtieron que no se puede votar con un certificado de DNI en trámite, ni tampoco si el DNI está en el celular.
Para conocer el establecimiento, la mesa y el número de orden asignado para votar, los electores pueden consultar el padrón electoral online siguiendo estos pasos:
El padrón electoral se encuentra disponible a través de la plataforma oficial de la CNE.
El consultante deberá completar un formulario con su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), su género y el distrito electoral al que pertenece.
Antes de enviar el formulario, el sistema solicitará la introducción de un código de validación captcha. Una vez completado, se debe hacer click en el botón “Consultar”.
Instantáneamente, el sistema proporcionará de manera precisa la dirección del establecimiento donde se debe votar, el número de mesa asignado y el número de orden dentro del padrón.
La Boleta Única de Papel (BUP) es un modelo de votación que reúne a todos los candidatos en una sola boleta. De esa forma, se garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación y se elimina la posibilidad de que falten boletas de algún partido.
El elector debe entregar su DNI para que se verifique su identidad y si puede votar. Una vez chequeado esto, el votante recibirá la boleta, firmada por la autoridad de mesa, y una lapicera.
En la cabina de votación, se debe marcar el casillero correspondiente al candidato o lista elegida. Es importante recordar que se debe realizar una sola marca por categoría.
Luego de marcar la preferencia, se dobla la boleta por la línea punteada y se deposita en la urna. Al finalizar, el elector debe firmar el padrón y recibirá la constancia de voto junto con su DNI.
emitir su voto,a través de su sitio oficial,Agenda,Elecciones 2025,Agenda,,NASA. Cómo ver el nuevo canal HD que transmite la Tierra desde el espacio,,Uno por uno. Quiénes subió al balcón en MasterChef Celebrity ayer,,Prohibiciones. ¿Qué no se puede hacer al momento de votar?
POLITICA
El Gobierno dará de baja los 80 nombramientos que Werthein firmó antes de renunciar como canciller
El Gobierno de Javier Milei dará de baja la lista de traslados al exterior de funcionarios que firmó el saliente canciller Gerardo Werthein antes de renunciar de forma anticipada. Su salida se hará efectiva después de las elecciones de este domingo 26 de octubre.
De esta manera, en Balcarce 50 no avalaron las firmas del ministro y confeccionarán una nueva lista de designaciones una vez se nombre al reemplazante de Werthein.
Gerardo Werthein renunció como canciller y dejará su cargo luego de las elecciones legislativas
La medida firmada por Gerardo Werthein (enmarcada en la resolución 2025-193) incluía más de 80 designaciones y movimientos de funcionarios del Servicio Exterior hacia embajadas y consulados argentinos en diferentes países como Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido.
El Ejecutivo tomó la decisión de revisar dichos nombramientos dispuestos en los últimos días por el saliente ministro, en aras de garantizar que respondan o no a la nueva orientación política que se le dará a la cartera con quien lo reemplace.
Guillermo Francos lamentó la salida de Werthein del Gabinete: “Fue un funcionario valioso”
Entre los nombramientos de Gerardo Werthein figuran traslados a los consulados argentinos en Nueva York, Miami, Shanghái, Beijing, Londres y Moscú, además de nuevas asignaciones a África, Medio Oriente y el Caribe.
A su vez, desde el Gobierno sostienen que la renuncia de Werthein puesta a disposición este miércoles, no será convalidada por el presidente hasta el 27 de octubre, el día después de las elecciones legislativas, y el momento en el que se confirme, eventualmente, la nueva conformación del gabinete libertario.
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