La reciente filtración de documentos contables que atribuyen a GAESA activos líquidos por más de 18.000 millones de dólares volvió a poner foco en el corazón financiero de la dictadura cubana. Los papeles, obtenidos y verificados por el Miami Herald, describen depósitos y disponibilidades por encima de los 14.000 millones de dólares a marzo de 2024 y enumeran empresas del grupo hasta ahora poco conocidas por el público. Es la radiografía más precisa de un conglomerado que maneja divisas, turismo, comercio minorista, remesas y servicios claves sin someter sus balances al escrutinio ciudadano.

La dimensión y la opacidad de GAESA —el Grupo de Administración Empresarial S.A. de Cuba, vinculado al estamento militar— no son nuevas para los analistas. Así lo denunció en un reciente artículo el general cubano Rafael del Pino, un ex alto oficial que desertó en 1987. En 2017, Reuters describió a GAESA como una red de decenas de compañías que llegaba a captar entre el 40% y el 60% de las divisas que ingresaban a Cuba, con contabilidad cerrada y una estructura blindada frente a controles externos. Ese diagnóstico, aunque fechado ocho años atrás, ayuda a explicar el impacto político de la filtración actual: por primera vez pone sobre la mesa cifras internas que hasta ahora eran conjeturas.

En su artículo, el general Rafael del Pino describe a GAESA como instrumento de una élite “cleptocrática”: “Una oligarquía cleptocrática ha creado un estado al interior del Estado formal” y “la nueva oligarquía engendrada alrededor de la familia Castro ha instalado un estado mafioso”. Del Pino sostiene que esa cúpula controla nombramientos civiles y militares, captura los principales recursos económicos y financieros, y se desentiende del bienestar social.

El contraste social es brutal. De acuerdo con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en 2024 el 89% de las familias vive en pobreza extrema. Siete de cada diez personas dejaron de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o de alimentos.

Del Pino discute además un lugar común: “Contrario a lo que suele afirmarse, las FAR no controlan GAESA”, escribe. Afirma que la corporación opera con “empresas registradas como sociedades anónimas en Panamá y cuentas bancarias en paraísos fiscales”, bajo la cobertura de la Contrainteligencia Militar. Y propone una salida tajante: “GAESA debe ser nacionalizada, intervenida, confiscada, auditada y disuelta”.

GAESA ha estado bajo conducción de oficiales o allegados a la cúpula política, que concentra sectores neurálgicos del turismo y del comercio minorista en Cuba, y opera sin auditorías ni balances públicos verificables.

El tablero externo también condiciona el desenlace. La Ley Helms-Burton fija los parámetros que Washington considera indispensables para reconocer una transición democrática: liberación de presos políticos, legalización de partidos, elecciones libres, entre otros.

Desde 2019, el Título III está activado, lo que abrió la puerta a demandas contra quienes “trafiquen” con propiedades confiscadas tras 1959. Y, tras idas y vueltas regulatorias, el Departamento de Estado volvió a publicar en julio de 2025 la “Cuba Restricted List” con entidades y subentidades vedadas para transacciones, una nómina donde han figurado pilares de GAESA.

Del Pino alerta, además, sobre un eventual “cambio fraude”: filtraciones selectivas y gestos de apertura que preserven el núcleo del poder económico y busquen aval internacional. La advertencia encuentra un límite jurídico claro en la propia Helms-Burton y un límite político en la desconfianza social acumulada. El riesgo, sin controles y sin auditorías, es transformar la filtración en cortina de humo antes que en palanca de reforma.

El general también responsabiliza a la cúpula cubana de sostener a la dictadura de Nicolás Maduro. Hay evidencias sólidas de cooperación en materia de seguridad: una investigación de Reuters documentó cómo asesores cubanos ayudaron a rediseñar la contrainteligencia venezolana para vigilar a militares y sofocar disidencias. En paralelo, informes de Human Rights Watch, de la Misión de la ONU y de organismos interamericanos describen patrones de persecución, detenciones arbitrarias y torturas en Venezuela que apuntalan la caracterización de dictadura.

La ausencia de respuestas oficiales detalladas sobre las cifras de GAESA sostiene el clima de opacidad. Hasta ahora, La Habana no ha desmentido con datos los documentos publicados, mientras la crisis social se profundiza y las remesas pierden poder de compra. En este contexto, Del Pino formula un llamado directo: “reitero nuestro llamado a los oficiales y clases… a que hagan uso del sagrado derecho de insubordinación y rebelión” y a formar una coalición civil y militar que encare una transición con “elecciones libres, democracia, estado de derecho y plenas libertades económicas”.

A su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se ha empeñado en modificar radicalmente el rumbo de la política estadounidense y deshacer el camino de su antecesor, el demócrata Joe Biden, cambios que también han dejado su rastro dorado en las paredes del Despacho Oval y cubierto con asfalto la Rosaleda de la icónica Jackie Kennedy.

En menos de seis meses desde su toma de posesión, la reconocible oficina presidencial parece otra, que recuerda cada día más a la pomposa residencia del republicano en Mar-a-Lago (Florida) y menos al sobrio centro de poder reflejado en fotografías de mandatarios anteriores.

Trump nunca ha escondido su fascinación con el oro. Su estilo grandilocuente es inmediatamente visible para quien visite el refugio floridano del neoyorquino, comparado con el Versalles de Luis XIV por su decoración recargada. A diferencia de su primer mandato (2017-2021), cuando instaló una nueva alfombra y reemplazó las cortinas rojas usadas por Barack Obama (2009-2017) por unas doradas que Biden conservó, Trump ha ido mucho más allá.

Desde su regreso en enero, ha doblado el número de cuadros en el Despacho Oval y agregado espejos con pesados marcos de color oro, además de añadir detalles dorados a las cornisas de la chimenea, las mesas y hasta las paredes. Mes a mes, los ornamentos parecen multiplicarse, y donde a primera vista parecía no existir más espacio para filigranas, surge un nuevo adorno.

La diferencia es notable si se comparan lado a lado fotografías de Trump y Biden en una reunión en la Casa Blanca en noviembre, y otras mas recientes del magnate con otros visitantes. La hiedra sueca que sirvió de fondo para importantes sucesos en el Oval desde hace más de medio siglo también desapareció del manto de la chimenea. En su lugar, Trump escogió lo que parecen ser trofeos dorados, a los que más recientemente incorporó un reloj, también color oro.

Otras adiciones notables: a la entrada del Despacho Oval colgó -en un marco dorado- la portada del diario New York Post con la foto policial tomada durante su fichaje en Georgia en agosto de 2023 por presuntamente intentar revertir los resultados electorales de 2020 en ese estado.

Los cambios no se limitan a la famosa oficina. En unas de sus redecoraciones más polémicas, Trump ordenó cubrir con asfalto el césped de la Rosaleda que rodea al Despacho Oval, diseñada en 1962 por la entonces primera dama Jacqueline Kennedy. La intención del mandatario es facilitar la celebración de eventos en el emblemático espacio de aproximadamente 40 por 20 metros, rodeado de parterres con rosas.

Bajo sus órdenes también se instalaron dos mástiles de 30 metros de altura para izar grandes banderas estadounidenses, financiados de su propio bolsillo. Además, ordenó talar una emblemática magnolia plantada durante el mandato del séptimo presidente, Andrew Jackson (1829-1837), alegando que el árbol estaba enfermo.

En una decisión que tomó por sorpresa al público, el presidente colgó un retrato suyo en la pared donde hasta hace poco estaba el retrato de la ex primera dama Hillary Clinton, como parte de la colección de pinturas de las esposas presidenciales. Trump ha adelantado que quiere construir un salón de baile en la Casa Blanca, a semejanza del que tiene en Mar-a-Lago, con un coste estimado de unos 200 millones de dólares.

Estas controversias no son nada nuevo, según el presidente de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, Stewart McLaurin, quien recuerda en su ensayo “Una Casa Blanca en constante cambio” que el edificio ha sufrido grandes modificaciones desde su construcción en 1792. Las reformas ordenadas por los presidentes Thomas Jefferson (1801-1809) y Andrew Jackson, que añadieron las columnatas y el ahora icónico pórtico norte del edificio, fueron criticadas por su extravagancia y costo.

Irónicamente, el rediseño de Jackie Kennedy fue considerado elitista en su época. Las acusaciones también le llovieron a Richard Nixon (1969-1974), quien convirtió la piscina bajo techo de Franklin D. Roosevelt (1933-1945) en lo que es ahora la sala de prensa de la Casa Blanca.

A pesar de las críticas, “muchas de estas alteraciones se han vuelto parte integral de la identidad de la Casa Blanca”, a la que resulta difícil imaginar hoy sin estas evoluciones y adiciones”, concluye el experto McLaurin.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que su nuevo plan militar para ocupar por completo Gaza “es la mejor forma de terminar la guerra” contra Hamas.

En tanto, en Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de manera urgente para analizar el conflicto. Allí, el secretario general adjunto de la ONU, Miroslav Jenca, advirtió que el plan israelí “probablemente desencadenará otra calamidad”.

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En la reunión, el representante adjunto israelí, Jonathan Miller, dijo que el gobierno israelí “no planea ocupar Gaza permanentemente”.

Israel “no tiene planes o el deseo de ocupar permanentemente Gaza”, sostuvo Miller. El representante israelí recibió el respaldo de Estados Unidos, uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Benjamin Netanyahu enfrenta una fuerte presión

Después de 22 meses de guerra, Netanyahu enfrenta una fuerte presión en Israel por el destino de los 49 rehenes todavía en manos del movimiento islamista palestino.

También recibe presiones del extranjero para que termine con la guerra en la devastada Franja de Gaza, donde más de dos millones de palestinos están amenazados de una “hambruna generalizada” según la ONU.

“Hemos completado gran parte del trabajo. Tenemos entre el 70% y el 75% de Gaza bajo control militar israelí”, declaró durante una rueda de prensa en Jerusalén. “Pero nos quedan todavía dos bastiones: son Ciudad de Gaza y los campos” del centro de la Franja, agregó.

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Este plan “no tiene como objetivo ocupar Gaza, sino desmilitarizar Gaza”, repitió Netanyahu. “Esta es la mejor forma de terminar la guerra y la mejor forma de terminarla rápido”, indicó.

“En primer lugar, desarmar a Hamas. En segundo lugar, liberar a todos los rehenes. En tercer lugar, desmilitarizar Gaza. En cuarto lugar, Israel ejercerá un control de seguridad preponderante. En quinto lugar, una administración civil pacífica no israelí”, resumió.

Hamás reaccionó acusando a Netanyahu de “mentir”.

“Sigue mintiendo, engañando y tratando de inducir a error al público. Todo lo que dijo en la conferencia de prensa constituye una serie de mentiras. Es incapaz de enfrentarse a la verdad y, en cambio, se dedica a distorsionarla y ocultarla”, declaró Taher al-Nunu, asesor de medios del jefe de la oficina política de Hamas.

La ONU advirtió sobre una “nueva calamidad”

En tanto, un importante funcionario de la ONU advirtió que el plan de Israel para tomar el control de la ciudad de Gaza “probablemente desencadenará otra calamidad” con consecuencias más allá del territorio asediado.

“Si estos planes se implementan, probablemente desencadenarán otra calamidad en Gaza, con derivas en toda la región y más desplazamientos forzados, asesinatos y destrucción”, dijo Miroslav Jenca, secretario general adjunto de la ONU, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebra este domingo una reunión de urgencia para abordar el plan de Israel, criticado por numerosos países y considerado por el jefe de la organización, Antonio Guterres, como una “peligrosa escalada”.

El embajador de Eslovenia ante la ONU, Samuel Zbogar, hablando en nombre de los cinco miembros europeos del Consejo de Seguridad antes de la reunión, dijo que “esta decisión del gobierno israelí no hará nada para asegurar el regreso de los rehenes (en poder de la organización palestina Hamas, ndlr) y corre el riesgo de poner aún más en peligro sus vidas.”

“También agravará la ya catastrófica situación humanitaria en Gaza y corre el riesgo de causar más muertes y desplazamientos masivos de civiles palestinos”, añadió.

(Con información de EFE y AFP)