POLITICA
Francisco Paoltroni, segundo en las elecciones de Formosa, exigió la intervención de la provincia
El senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, lanzó duras críticas contra el régimen político de su provincia tras quedar en segundo lugar como candidato del Frente Amplio Formoseño en las recientes elecciones.
“La República está muerta en Formosa hace mucho tiempo. Aquí no existe la ciudadanía, son habitantes secuestrados”, afirmó Paoltroni en diálogo con Infobae en Vivo, donde reclamó que el Gobierno nacional intervenga la provincia ante la avanzada del gobernador Gildo Insfrán para reformar la Constitución y perpetuarse en el poder.
“Al pueblo lo llevan a votar, le ponen en el bolsillo lo que tienen que meter en el sobre y le entregan una bolsa de mercadería. Nadie asume sus responsabilidades y eso hace que la República siga muerta”, enfatizó con crudeza el legislador.
Estas declaraciones fueron realizadas durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. El contexto estuvo marcado por las elecciones en las que Insfrán, máxima figura del PJ local, volvió a imponerse, consiguiendo además el respaldo de los convencionales constituyentes que buscarán habilitar su reelección indefinida.
Pese a los esfuerzos de Paoltroni y la oposición, el oficialismo provincial mantiene el control político casi absoluto, amparado —según Paoltroni— en el clientelismo, la falta de controles reales y la ausencia de alternancia.
Apenas 24 horas después de la derrota electoral del Frente Amplio Formoseño, Paoltroni hizo un crudo diagnóstico sobre la situación institucional, social y económica en Formosa, apuntando directamente contra el sistema que, a su entender, “secuestra a la población” y perpetúa la desigualdad: “En Formosa no hay República. Lo dice la Constitución, artículo 5.º: debe garantizarse la forma republicana de gobierno. Pero todo sigue igual porque nadie le exige nada al gobernador —que recibe coparticipación nacional— y logra que el pueblo esté secuestrado con pobreza estructural”, disparó.
Según el senador, mientras la pobreza se utiliza como método de control social, “ni siquiera existe real ciudadanía, la gente va a votar porque la llevan y le dicen qué poner en el sobre, a cambio de una bolsa de mercadería”.
Ante la consulta de los conductores sobre qué esperan concretamente del Gobierno nacional y el Congreso, Paoltroni no titubeó: “Hay que intervenir la provincia”. Precisó, además, que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, incurrió en un error al argumentar que no había mayoría para una intervención. “No se necesitan dos tercios, es por mayoría simple. Es una decisión del Presidente de la Nación”, sentenció, instando al Ejecutivo a asumir la responsabilidad. “Intervienen Formosa y se termina esto”, remarcó.
Paoltroni profundizó al afirmar que “la alternancia en el poder y la división de poderes no existen” desde hace años, calificando al mandatario provincial como “un gobernador ilegítimo” tras la última reelección. “Ya lo dijo la Corte Suprema: tenemos un gobernador ilegítimo. Léanse el fallo de la Corte, por favor. Incluso el voto del juez Rosen dice que, además de ilegítimo, es ilegal, porque Insfrán no podría haber sido candidato en 2023”, explicó el senador, sosteniendo que existe un aval judicial para avanzar con la intervención.
El resultado de las elecciones provinciales celebradas en Formosa dejó al Frente Amplio Formoseño con apenas dos concejales, un dato que, según Paoltroni, es el resultado directo de la fragmentación opositora: “Se perdieron los pocos concejales porque la oposición se dividió. Lo dije antes de las elecciones: debíamos ir todos juntos. Así, el partido presidencial salió debilitado, y nuestra única intención es recuperar la República en la provincia de Formosa”.
Consultado sobre las herramientas judiciales disponibles, Paoltroni fue tajante: “No se puede hacer más nada, porque Insfrán controla la mayoría de diputados y de convencionales. La República está muerta, métanselo en la cabeza. El Congreso y el Ejecutivo nacional no pueden hacerse los tontos”.
Esta ausencia de alternativas lleva al legislador a insistir en la necesidad de una intervención federal como única salida institucional. Sobre las denuncias históricas de irregularidades electorales, el senador y empresario rural recordó su largo recorrido luchando contra el sistema formoseño: “¿Te parece que se ha hecho poco? Yo vendí dos campos, financié cuatro campañas. Expuse la realidad en todos los medios nacionales. Se logró el fallo de la Corte Suprema porque el hijo de Insfrán no llegó a la Corte”, puntualizó. “Banco de mi bolsillo toda esta campaña”.
En otro tramo de la entrevista, se abordó el papel del empleo público como herramienta de control y disciplinamiento social. Paoltroni distinguió que ese sector “todavía tiene algo de ciudadanía, obra social, aportes jubilatorios”, pero remarcó el drama de la pobreza estructural: “El problema es la pobreza estructural. El recambio generacional no existe porque los jóvenes ya se fueron de la provincia; la mitad de nuestros fiscales de hace dos años ya no están en Formosa. Se fueron buscando oportunidades”, lamentó.
La migración masiva quedó expuesta con cifras contundentes: “En 30 años, se fueron 120.000 formoseños. Los chicos que cursan los últimos años del secundario ya están pensando adónde se irán. En Chubut y Formosa tenemos poblaciones similares, pero Chubut tiene 100.000 empleos privados y Formosa solo 20.000; de los cuales, 10.000 son de empresas vinculadas a políticos oficialistas”, aseguró Paoltroni.
Uno de los focos más discutidos durante la conversación con los periodistas de Infobae en Vivo fue el mecanismo de coerción electoral que denunciaría la oposición. El propio Paoltroni lo expresó sin rodeos: “La gente vota para poder comer, es así de triste”.
Según describió, los ciudadanos “meten en el sobre lo que les dan en la mano a cambio de llevarlos y traerlos a votar, con una bolsa de mercadería”, en una práctica naturalizada. Los periodistas mencionaron videos virales donde punteros oficialistas explicaban cómo entregar bolsas de comida a cambio del voto y la exigencia del troquel electoral, algo que Paoltroni calificó de “burla al sistema democrático” y “coreografía vacía”.
El senador también expuso la situación de las comunidades indígenas, a las que identificó como “secuestradas” por la ausencia absoluta de conciencia ciudadana y por la necesidad. “No hay pensamiento crítico, no hay ciudadanía. Votan por hambre, ni siquiera se movilizan por sus medios”, relató.
Respecto al empresariado local, Paoltroni consideró que “no hay alternativa para el sector privado independiente”, ya que “en Formosa, si enfrentás al poder, te destruyen”. Aseguró llevar años enfrentando obstáculos, entre ellos el acceso al derecho básico de la energía: “Hace cuatro años tengo el planteo por la energía en la Corte Suprema. El Estado maneja la energía, el agua, la justicia y la salud: controla absolutamente todo”, denunció.
El propio Paoltroni, lejos de mostrarse vencido, enfatizó el liderazgo ejercido por su espacio en la reciente elección, asegurando que “lideraron ampliamente el voto libre” en la provincia, e insistió en que la única forma de romper la trampa política fue, es y será la intervención federal.
En el cierre de la entrevista realizada en el programa de la mañana de Infobae en Vivo, Paoltroni reiteró su convicción: “Esta trampa solo se rompe cumpliendo con los deberes de los legisladores nacionales y del Ejecutivo nacional. Si no se interviene, nada cambiará. La gente seguirá migrando, la oposición dividida y la República muerta en Formosa”.
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POLITICA
Martha Pelloni, sobre el triple crimen: “Los narcos financian la política de la provincia de Buenos Aires”
Mientras continúa la investigación por triple crimen en Florencio Varela, la religiosa Martha Pelloni denunció con fuerza que “los narcos financian la política en la provincia de Buenos Aires” y aseguró que esta problemática “no es algo de hoy”. A pesar de la gravedad, afirmó con optimismo: “Vamos a salir adelante”.
En diálogo con A24, Pelloni analizó el asesinato de las tres jóvenes de La Matanza y señaló que “lo que va apareciendo día a día, relacionado con la Policía, los políticos y la Justicia, revela un entramado social terrible, sobre todo en Buenos Aires”.
Detuvieron al narco “Pequeño J”, el principal sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela
La religiosa advirtió que “el narcotráfico es un problema que supera este caso, afecta a todas las mujeres, con femicidios diarios donde la violencia se intensifica donde la droga está presente”. Subrayó además que “las mujeres son víctimas no solo de la violencia, sino también de la trata”.
Pelloni remarcó que esta crisis “está concentrada en la provincia de Buenos Aires” y lanzó una fuerte acusación: “aunque estén presos, los narcos siguen financiando la política y eso debe terminar. Lo sucedido no habría ocurrido si los políticos no estuvieran involucrados”.
En declaraciones anteriores, Pelloni ya había señalado la relación directa entre narcotráfico y política, especialmente tras la muerte de las jóvenes y la detención en Perú de Pequeño J, presunto jefe narco y autor intelectual del crimen.
El video:
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MARTHA PELLONI,Narcotráfico,Provincia de Buenos Aires,TRIPLE CIRMEN
POLITICA
Reglamentaron la ley que amplía el registro de datos genéticos y pone el foco en el ADN de violadores
El Gobierno oficializó este jueves un cambio de fondo en la política criminal argentina al aprobar, mediante el Decreto 709/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial, la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.
El decreto establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación de la ley, desplazando así a la órbita de Justicia que hasta ahora tenía bajo su control la base de datos. El texto ordena la transferencia de toda la información existente en el antiguo registro al nuevo sistema, que amplía su alcance a la investigación de una gama más amplia de delitos graves.
La decisión central del Ejecutivo responde a la necesidad de adaptar el marco normativo a los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, así como a las modificaciones introducidas por la Ley 27.759, que amplió el objeto del registro.
Según el decreto, la individualización genética se considera “la herramienta más eficaz y certera usada para la identificación criminal”, y su uso forense resulta clave para el esclarecimiento de hechos bajo investigación judicial, la identificación de presuntos autores y la desvinculación de personas ajenas al delito.
En el considerando de la norma, enfatizaron que el almacenamiento, registro y tratamiento de los datos personales deberán realizarse bajo “estricto secreto y confidencialidad”, en línea con la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326 y los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.
Además, se dispone que los perfiles genéticos se almacenen en una base de datos separada de la información filiatoria de los aportantes, y que se guarde constancia de los funcionarios que accedan al registro, garantizando la trazabilidad y la administración segura de la información.
A su vez, subrayaron que el registro contribuirá a evitar la revictimización que se produce cuando los delitos quedan impunes, y que su objeto incluye también la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, así como la discriminación de las huellas del personal que interviene en la escena del hecho delictivo.
En este sentido, la reglamentación prioriza el ingreso de perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados por homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
La nueva normativa refuerza la coordinación federal y la interoperabilidad entre jurisdicciones, promoviendo el intercambio de información con registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con lo estipulado, esta base de datos contará con información proveniente de laboratorios acreditados bajo normas de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y del Organismo Argentino de Acreditación.
En cuanto a la conducción del organismo, el decreto dispone que, hasta que se sustancie el concurso público de oposición y antecedentes para la designación del director titular, el Poder Ejecutivo podrá nombrar a un director interino con especialización en genética forense y experiencia probada en la materia. La autoridad de aplicación deberá aprobar el procedimiento del concurso en un plazo de 120 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto.
Para esto, derogaron la reglamentación anterior, aprobada en 2017, bajo el argumento de “readecuar y reforzar el marco normativo vigente para el uso forense de datos genéticos, mediante el establecimiento de altos estándares de seguridad, confidencialidad, interoperabilidad entre jurisdicciones y respeto por los derechos fundamentales, con especial énfasis en la rigurosidad científica, la coordinación federal y la transparencia en el manejo de datos personales sensibles”.
La reglamentación también prevé la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, encargada de coordinar, asesorar y supervisar la implementación y funcionamiento del registro, así como de intervenir en el concurso para la designación del director.
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El anexo del decreto aclara cómo funcionará la recolección, almacenamiento y uso de perfiles genéticos en investigaciones penales:
- Para la obtención de perfiles genéticos de personas imputadas, procesadas o condenadas, la normativa exige que las autoridades judiciales ordenen la extracción de muestras biológicas dentro de los cinco días hábiles posteriores al acto procesal correspondiente. Se priorizarán los perfiles de imputados, procesados o condenados por homicidio doloso, abuso sexual, narcotráfico y robo agravado.
- Una vez extraída la muestra y configurado el perfil genético, el laboratorio interviniente deberá remitir al Registro, en un plazo de cinco días hábiles, la información filiatoria y genética pertinente, junto con copia de la resolución judicial.
- Los perfiles genéticos serán eliminados del Registro si la situación procesal no se resuelve y la investigación supera los tres años, o si una resolución judicial desvincula definitivamente a la persona de la causa penal.
- El Registro no podrá negar a los titulares el acceso a sus datos. Se deberá dejar constancia de las consultas y dar a conocer el procedimiento para solicitar la rectificación de datos erróneos, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.
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POLITICA
El Senado le exige a Guillermo Francos que aplique la Emergencia en Discapacidad y amenaza con removerlo de su cargo
En la sesión de este jueves, el Senado se opuso al decreto 681/2025 por el cual se promulgó la ley de Emergencia en Discapacidad -luego del rechazo del Congreso al veto de Javier Milei-, pero suspendió su aplicación. El Ejecutivo considera que el Parlamento omitió indicar la manera en la cual se financiaría.
La iniciativa, redactada por el legislador de la UCR Martín Lousteau, se aprobó en la sesión de este jueves por 54 votos a favor y cinco en contra. “(El Ejecutivo) está incumpliendo con la ley por no aplicar la Emergencia en Discapacidad”, advirtió Lousteau.
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Acompañado por los senadores Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), el senador de la UCR además apuntó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al advertir que el funcionario se atribuye competencias legislativas al suspender la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad.
Según explicó Lousteau, el ministro Coordinador tiene la obligación de realizar las ampliaciones y las modificaciones presupuestarias, para de esa manera asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Congreso.
“Hace dos años que no hay presupuesto por decisión del propio Gobierno, que impidió su tratamiento, por lo que desde entonces las partidas se asignan discrecionalmente“, concluyó el senador.
La iniciativa fue acompañada por el bloque de Unión por la Patria. “hay una falta de interpretación del Presidente de lo que es el Estado de Derecho, y esto genera una gran inseguridad jurídica”, argumentó el presidente del bloque, José Mayans.
Pedidos de moción de censura contra el ministro Francos
Por el incumplimiento de la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad, tanto en Diputados como en el Senado -y desde distintos bloques opositores- hay pedidos de mociones de censura contra Guillermo Francos.
En la próxima sesión de la Cámara Baja (sería el 8 de octubre) se fijarían una fecha para tratar los pedidos de interpelación en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se trata del primer paso para llevar adelante una moción de censura. De aprobarse esa moción en ambas cámaras, el jefe de Gabinete perdería la confianza del Congreso y debería ser removido del cargo.
“Conforme al artículo 101 de la Constitución Nacional pedimos la interpelación del jefe de Gabinete para que cumpla con el artículo 19 de la Ley de Emergencia en discapacidad y asigne las partidas presupuestarias. Es su obligación legal. De lo contrario, deberá afrontar las consecuencias. Las leyes se cumplen”, posteó Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, uno de los espacios que realizó la presentación contra Francos. Desde Unión por la Patria, Encuentro Federal y Coherencia -el bloque que agrupa a los exlegisladores oficialistas- hicieron pedidos similares.
Qué es la moción de censura
Es el procedimiento por cual el Poder Legislativo puede exigir la responsabilidad política al Ejecutivo. Se requieren dos etapas. La primera, consiste en la aprobación de un pedido de interpelación a los efectos del tratamiento de la moción de censura. Esta etapa puede ser promovida en cualquiera de las cámaras y requiere una mayoría absoluta de los miembros.
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La segunda etapa de ejecución -la moción de censura- también requiere el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de cada una de las cámaras y cuyo efecto es la remoción del funcionario. Sin embargo, no hay impedimento para que el Presidente vuelva a nombrarlo.
Senado, Discapacidad, Martin Lousteau
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