La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) implementó un plan de retiros voluntarios dirigido a sus trabajadores permanentes con al menos dos años de antigüedad. Esta medida, oficializada mediante la Resolución 68/2026, se inscribe en el contexto de la política de reducción del empleo público que impulsa el gobierno de Javier Milei y forma parte de la reorganización estatal que respalda la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública junto con la Secretaría de Hacienda.

La decisión surgió tras un proceso administrativo que incluyó evaluaciones presupuestarias, jurídicas y la adecuación a la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y el Convenio Colectivo de Trabajo de Anses N° 305/98 “E”. El objetivo central consiste en disminuir la planta permanente del sector público, optimizando recursos y ajustando la estructura de la entidad encargada de la seguridad social en Argentina.

El programa, denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), permite a los empleados desvincularse del organismo a través de un acuerdo mutuo, que debe formalizarse ante la autoridad administrativa del trabajo. Este régimen establece una gratificación extraordinaria como incentivo principal, que puede alcanzar hasta $80 millones en una sola cuota, dependiendo de los años de servicio y la remuneración mensual habitual del trabajador.

Para acceder al plan, los trabajadores deben cumplir con un mínimo de dos años de antigüedad y pertenecer a la planta permanente de Anses. La Dirección General de Recursos Humanos del organismo asume la responsabilidad de implementar el proceso, aprobar los modelos de acuerdos de desvinculación y garantizar que cada trámite se formalice ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria.

El régimen detalla las exclusiones específicas. No pueden adherirse quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, aquellos que enfrenten procedimientos disciplinarios, empleados que hayan iniciado su trámite jubilatorio o presentado su renuncia, personal mayor de 62 años, ni agentes con litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de los mismos. Además, los trabajadores que ocupen cargos sindicales deben renunciar a esa representación y a la tutela sindical para ser admitidos en el plan.

El plazo para adherirse al régimen vence el 5 de abril. Los empleados que se encuentren de licencia anual o por maternidad pueden postergar la firma del acuerdo hasta el fin de su licencia. La adhesión implica la extinción definitiva del vínculo laboral por mutuo acuerdo y el trabajador debe declarar no tener reclamos pendientes contra el organismo, condición indispensable para concretar la desvinculación.

La compensación extraordinaria establecida equivale al 90% del salario bruto mensual por cada año de antigüedad, con un tope máximo de 24 sueldos. Si la suma total a percibir no supera los $80 millones, el pago se efectúa en una sola cuota. Cuando el monto excede ese límite, la gratificación se abona en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Los acuerdos resultantes de este régimen requieren homologación y asesoramiento letrado obligatorio, garantizando la validez legal del proceso y la transparencia en la extinción laboral. Los representantes de Anses ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria son los encargados de formalizar las extinciones laborales, lo que refuerza el marco normativo y administrativo del plan.

La restricción para reincorporarse a la administración pública nacional constituye una de las condiciones más estrictas del programa. Quienes acepten el retiro voluntario no podrán reingresar a ningún organismo estatal nacional bajo ninguna modalidad de contratación durante un período de cinco años. Esta disposición pretende desalentar la utilización del beneficio como mecanismo transitorio y consolidar la reducción de la nómina estatal.

La medida se enmarca en un proceso más amplio de recortes en organismos públicos. El cronograma oficial ubica al 21 de marzo como una fecha relevante para avanzar en una nueva etapa de reducción de cargos, en la que se prevé que al menos 5.000 puestos queden vacantes. Esta política responde a la estrategia integral del gobierno nacional de achicar el gasto público y reorganizar estructuras estatales con énfasis en la eficiencia y el control presupuestario.

El plan de retiros voluntarios fue diseñado tras un análisis conjunto de las áreas técnicas y administrativas de Anses, en consulta con la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, así como la Secretaría de Hacienda. La elaboración del régimen contempló tanto los aspectos presupuestarios como los requerimientos legales, para asegurar su encuadre normativo y la viabilidad operativa.

El proceso de adhesión exige la manifestación expresa de la voluntad de desvinculación por parte del trabajador y la aceptación formal del organismo. Cada acuerdo debe documentarse y firmarse ante la autoridad administrativa laboral, con la intervención obligatoria de un asesor legal, garantizando la protección de los derechos de ambas partes.

Las exclusiones previstas buscan evitar que personas con causas penales, conflictos laborales activos o situaciones incompatibles puedan beneficiarse de la gratificación. La renuncia a la tutela sindical para quienes tengan representación gremial constituye otra condición ineludible, reforzando la intención de evitar privilegios o excepciones en la aplicación del régimen.

La gratificación extraordinaria representa un incentivo económico relevante para quienes opten por la desvinculación, especialmente para los empleados con mayor antigüedad y salarios más altos. El tope de hasta 24 sueldos y la posibilidad de percibir hasta $80 millones en una sola cuota marcan el carácter excepcional del plan dentro del marco de políticas estatales de reducción de personal.

La Dirección General de Recursos Humanos de Anses tiene la facultad de aprobar los modelos de acuerdos de desvinculación y supervisar la correcta ejecución de los trámites. El organismo habilitó la representación ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria para formalizar los acuerdos y garantizar el cumplimiento de todas las condiciones legales.

El programa excluye a quienes hayan iniciado el trámite jubilatorio o hayan presentado su renuncia, así como al personal mayor de 62 años. De igual modo, los agentes con litigios laborales pendientes solo pueden acceder si desisten explícitamente de sus reclamos. Estas restricciones buscan acotar el universo de beneficiarios y enfocar el plan en la reducción efectiva de la dotación activa.

La medida se suma a otras iniciativas de transformación y modernización del Estado, impulsadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda intervinieron en la elaboración y supervisión del régimen, asegurando su alineación con los objetivos de racionalización del gasto y eficiencia administrativa.

El control sobre el regreso al sector público nacional durante cinco años se configura como una barrera adicional que distingue este plan de otros esquemas de retiro voluntario implementados previamente en la administración pública argentina. La prohibición de reincorporación alcanza a todas las modalidades de contratación, incluyendo eventuales, temporarias y contratos de locación de servicios.

El plazo de adhesión, que finaliza el 5 de abril, coincide con el calendario de recortes en organismos públicos. El 21 de marzo se presenta como un hito para la implementación de nuevas medidas, incluyendo la reducción estimada de al menos 5.000 puestos en el sector estatal. La estrategia oficial espera que el plan de retiros voluntarios contribuya a la reestructuración y disminución del gasto, manteniendo la cobertura y operatividad de los servicios esenciales.

La documentación que rige el plan detalla que la compensación se calcula sobre los conceptos mensuales habituales del salario bruto y establece el pago en una o dos cuotas, según el monto a percibir. Los acuerdos requieren la homologación ante la autoridad administrativa laboral, lo que otorga seguridad jurídica tanto para los trabajadores como para el organismo.

El régimen de retiros voluntarios de Anses se inscribe como una herramienta central en la política de ajuste y modernización estatal que lleva adelante el Poder Ejecutivo, dentro de los márgenes legales y con control administrativo reforzado. La posibilidad de acceso al beneficio para el personal de Anses se mantiene restringida a las condiciones definidas en la resolución y su anexo, mientras la administración nacional avanza con su agenda de reorganización y reducción del empleo público.

Las principales cadenas ofrecen rebajas de hasta el 60% en aspiradoras, con modelos desde $19.499 y planes sin recargo en todas las categorías

16/03/2026 – 08:04hs

Aspiradoras con descuentos de hasta 60% inundan las góndolas de los principales supermercados del país. Carrefour, Jumbo y ChangoMás lanzaron ofertas agresivas en electrodomésticos de limpieza que incluyen modelos desde aspiradoras de mano hasta robots inteligentes con WiFi.

La liquidación abarca todas las gamas de productos. Hay opciones desde $19.499 para modelos básicos hasta $435.999 para equipos premium con tecnología de última generación.

Las tres cadenas ofrecen además planes de financiación extendida. Los compradores pueden acceder a hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y programas de crédito propios de cada supermercado.

Las ofertas más agresivas están en Jumbo

Jumbo presenta los descuentos más pronunciados de esta liquidación. La cadena rebaja hasta 60% en aspiradoras de la marca Nex, una línea que compite directamente con marcas tradicionales del mercado.

La aspiradora ciclónica Nex de 1200W pasó de $151.400 a $60.560. Se trata de un modelo sin bolsa con capacidad de 1,2 litros que ahora cuesta menos de la mitad de su precio original.

Otra alternativa destacada es la aspiradora de arrastre Nex de 2000W. Este equipo de mayor potencia y 4 litros de capacidad se vende a $82.200, con un descuento del 60% desde los $205.500 iniciales.

Todas las opciones en Jumbo incluyen financiación en 6 cuotas sin interés con tarjetas participantes. El catálogo suma 10 modelos diferentes, desde aspiradoras verticales hasta robots inteligentes.

Carrefour apuesta por marcas reconocidas con descuentos de hasta 51%

La cadena francesa privilegia marcas establecidas en su oferta de aspiradoras. Electrolux, Gadnic y Sansei lideran el portafolio con rebajas que llegan al 51%.

El modelo más rebajado es la aspiradora sin bolsa Electrolux LIT31 de 1600W. Cuenta con filtro HEPA y bajó de $199.999 a $97.999, prácticamente a mitad de precio. Carrefour la financia en 6 cuotas sin interés.

Para quienes buscan practicidad, la aspiradora vertical Power Speed Electrolux STK12 ofrece 25% de descuento. Su precio cayó de $111.110 a $82.999, con opción de 3 cuotas sin interés.

Carrefour incluye en esta liquidación robots aspiradores con tecnología WiFi, como el Gadnic Z700 que se controla desde una aplicación móvil y tiene tres modos de limpieza programables.

Los clientes que usan Mi Carrefour Crédito acceden a planes de financiación extendida. Algunos modelos se pueden pagar en hasta 12 cuotas fijas con esa modalidad.

El catálogo de Carrefour suma 9 opciones diferentes. Incluye desde aspiradoras de mano inalámbricas de $49.299 hasta robots trapeadores de $238.099.

ChangoMás combina descuentos con cuotas fijas extendidas

La cadena de supermercados online presenta 6 modelos en oferta. Los descuentos van del 10% al 50%, con el foco puesto en la financiación a largo plazo.

El producto estrella es el robot aspirador Smartlife RVC013. Tiene 50% de descuento y pasó de $459.999 a $229.999,50. ChangoMás lo financia en hasta 12 cuotas fijas de $32.972,34.

Para potencia industrial, la aspiradora Atma de 2000W modelo AS9121PI ofrece 10% off. Su precio final es de $188.999,09, con cuotas fijas mensuales de $27.094,59.

ChangoMás también apunta al segmento automotriz. La aspiradora Goodyear para auto de 12V y 60W cuesta $19.499,25 con 25% de descuento, siendo la opción más económica de toda la liquidación.

Las marcas Samsung y Philco completan la oferta. La aspiradora Samsung negra de 2000W se vende a $233.891,09 con 10% de rebaja y financiación en 12 cuotas fijas, posicionándose como una alternativa de gama media-alta accesible.

Esta liquidación marca un hito en el mercado de electrodomésticos. Los descuentos de hasta 60% en aspiradoras reflejan la estrategia de las cadenas por captar consumidores en un contexto de búsqueda permanente de ofertas y financiación accesible.

La Ley de Inocencia Fiscal actualizó los montos a partir de los cuales se encuadran los casos de evasión fiscal en la Argentina, lo que transformó el escenario judicial. Una de las consecuencias de su implementación es que quedaron sin efecto más de 4.000 juicios por evadir impuestos que habían sido impulsados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Además de incentivar el uso de “dólares del colchón” para reactivar la actividad económica, la nueva ley elevó los umbrales para que una maniobra se considere delito fiscal, llevó a una revisión inmediata de expedientes y la aplicación masiva del principio jurídico de la aplicación de la ley penal más benigna en miles de causas que perdieron vigencia.

“La cantidad de causas en trámite registradas ante esta Agencia que se encuentran tipificadas en los delitos previstos en los artículos 1 y 2 del Título IX de la Ley 27.430 (evasión simple y agravada) que, en principio, no superarían los montos vigentes según el texto del Título I de la Ley 27.799, son 4.199″, fue la respuesta de ARCA ante un pedido de información pública de Infobae.

La respuesta oficial destaca que dicha estimación se basa en información de las denuncias formuladas por el organismo y que no contempla las de terceros, en cuyo caso la decisión respecto a la finalización o no de la causa penal es decisión del Poder Judicial de la Nación.

Cabe recordar que, con la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, el monto para encuadrar en evasión simple pasó de $1,5 millones a $100 millones. Mientras que el de evasión agravada pasó de $15 millones a $1.000 millones. Sin embargo, en el caso de que hubieren intervenido personas humanas o jurídicas o entidades interpuestas, o se hubieren utilizado estructuras, negocios, patrimonios de afectación, instrumentos fiduciarios y/o jurisdicciones no cooperantes para ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado, el monto pasa de $2 millones a $200 millones. Lo mismo en el caso de que el obligado hubiera utilizado fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales.

Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, confirmó que la cifra de causas corresponde a juicios iniciados por la propia ARCA y que no superan los nuevos límites definidos por la Ley de Inocencia Fiscal.

“Son 4.199 causas a las que se les aplicaría el principio de la ley más benigna porque no superarían los montos objetivos de punibilidad actualizados por la Ley de Inocencia Fiscal”, detalló. Según su análisis, la cantidad total de casos es mayor, pues además de haber causas que superan el nuevo límite de $100 millones, hay otras que provienen de denuncias de terceros. “Muchas de estas causas podían estar encuadradas en evasión agravada y ahora lo estarán en evasión simple”, indicó.

Domínguez consideró que el congelamiento de los montos durante años generó distorsiones. “Esto es una clara demostración del problema que generó que la Ley no tuviera una actualización. Los valores quedaron tan desactualizados que, en muchos casos, se hacían denuncias penales por montos evadidos que no ameritaban considerarse un delito”, explicó.

En esa línea, la gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, puso el foco en la vigencia del principio de ley penal más benigna, que habilita la aplicación retroactiva de la norma más favorable para el imputado, aun en hechos ocurridos antes del cambio legal. “A partir del cambio normativo, el organismo recaudador dictó la Instrucción General 1/2026, mediante la cual se establecen lineamientos para revisar las causas penales tributarias, aduaneras y de la seguridad social en trámite y evaluar, en cada caso, la eventual aplicación de este principio”, precisó.

Según su explicación, el análisis de los expedientes busca determinar si los montos involucrados continúan superando los nuevos mínimos de punibilidad. “En caso de que los montos investigados no superen los nuevos umbrales establecidos por la Ley 27.799, podría resultar aplicable el principio de ley penal más benigna. En esos supuestos, la conducta investigada dejaría de encuadrar en los delitos previstos por el régimen penal tributario”, indicó. Para Girardi, la actualización de los umbrales y la revisión de causas permiten reordenar el sistema penal tributario y concentrar recursos en expedientes de mayor impacto económico.

El contador Marcos Felice coincidió en la valoración de la reforma y sus efectos inmediatos. “Es positivo y es lo que corresponde por aplicación de la nueva ley y el principio de ley más benigna. Muchísimas causas eran por montos ínfimos por falta de actualización y esto es algo que ayuda a descomprimir el ámbito judicial y de ARCA para enfocarse en los casos de evasión real con los nuevos montos”, afirmó Felice ante Infobae.

El impacto de la normativa se observa en la práctica judicial. De acuerdo con fuentes en off the record consultadas por Infobae, en la mayoría de los juzgados se inició el análisis de expedientes para aplicar el principio de ley penal más benigna y cerrar causas que quedan por debajo de los nuevos pisos legales. La revisión de expedientes involucra causas penales tributarias, aduaneras y de la seguridad social. La instrucción general dictada por la autoridad recaudadora estableció lineamientos para que los funcionarios evalúen, causa por causa, si corresponde aplicar el nuevo umbral y si la conducta investigada subsiste como delito.

El esquema de actualización anual por inflación apunta a evitar nuevos atrasos en los parámetros que determinan la intervención penal en materia tributaria. El sistema prevé que cada año los montos mínimos requeridos para configurar delitos como la evasión simple o agravada se modifiquen conforme al índice UVA, ajustando la vara del sistema penal económico a la realidad inflacionaria.

Domínguez valoró que en la Ley de Inocencia Fiscal se estipule la actualización de los montos y la incorporación de una cláusula de ajuste anual automático por UVA, aunque planteó un interrogante respecto a cómo será su aplicación para las causas que se inicien este año. “Lo que habrá que ver es si cada vez que se actualiza ese valor por UVA se vuelve a aplicar el principio de la ley más benigna o si esto no es receptado por la jurisprudencia. Esto se va a saber el año que viene cuando se actualicen por primera vez los montos objetivos de punibilidad y la Justicia tenga que fijar una postura”, evaluó Domínguez.

Especialistas y autoridades coinciden en que durante años los valores mínimos del régimen penal tributario permanecieron desfasados respecto de la inflación, lo que derivó en la apertura de causas por importes bajos y una sobrecarga del sistema penal. El cambio normativo busca canalizar la respuesta judicial hacia los casos de mayor impacto económico, eliminando la persecución penal en expedientes que, con los nuevos montos, ya no configuran delito.

El futuro inmediato dependerá de la jurisprudencia que fijen los tribunales federales en las próximas actualizaciones anuales de los montos y del criterio que adopten en la aplicación del principio de ley penal más benigna. El universo de causas alcanzadas podría incrementarse si se computan las denuncias de terceros, además de las impulsadas por la ARCA.