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El Gobierno le pidió a la justicia de Estados Unidos suspender el fallo que ordenó transferir las acciones de YPF

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El Gobierno presentó un escrito ante la Justicia de los Estados Unidos para suspender la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios de juicio hasta que la Cámara de Apelaciones de Nueva York resuelva el recurso presentado en enero de 2024 contra la sentencia de fondo.

Se trata del reclamo por más de US$16.000 millones impulsado por los fondos Burford Capital y Eton Park por la forma en que se realizó la estatización de la petrolera en 2012. La Casa Rosada insiste en que la jueza se excedió en su jurisdicción al ordenar la entrega de activos argentinos y asegurá que apelará el fallo de primera instancia sobre la ejecución del juicio en la semana próxima.

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En el escrito que se presentó a la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, el Ejecutivo sostiene que la entrega de las acciones “implicarían un daño irreparable” y que no puede ejecutarse una sentencia parcial cuando el fallo de fondo aún no fue revisado por el tribunal superior.

“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, advierten los letrados al señalar que, si los demandantes tomaran control del paquete accionario y decidieran venderlo —como ya solicitaron en sus presentaciones judiciales—, el daño sería irreversible incluso si Argentina gana la apelación.

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La jueza Loretta Preska, del segundo distrito judicial de Nueva York, falló contra la Argentina por la expropiación de YPF. (Foto: NA. STROSE)

En la nueva presentación, el Gobierno no sólo le pidió a la jueza Preska que suspenda la entrega de las acciones, sino que también dicte una suspensión provisoria (interim stay) mientras la Cámara analiza si otorga una protección formal mayor. Entre los argumentos figura el impacto estratégico que tendría para la Argentina perder el control de YPF.

“Es la principal empresa energética del país, emplea a más de 23.000 personas y su control está garantizado por ley”, expresaron los abogados. La referencia es a la ley 26.741, que exige que el Estado conserve una participación mayoritaria y que cualquier movimiento accionario debe ser autorizado por el Congreso. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, agregan en el escrito.

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El Ejecutivo no ofreció garantías financieras -como un bono o activos- para frenar la ejecución. En la Casa Rosada aseguran que no piensan ceder el control de YPF ni iniciar ningún pago, y que las acciones no pueden ser vendidas sin una ley del Congreso. En ese marco, el planteo del Gobierno busca ganar tiempo y evitar que los fondos litigantes avancen con embargos sobre activos estratégicos en el exterior.

La definición ahora está en manos de la jueza Preska, que podría responder en los próximos días. En Nación sostienen que acudirán directamente al Segundo Circuito para solicitar la suspensión de la ejecución por vía de urgencia si la jueza niega el pedido.

El Gobierno apunta además a discutir el cálculo económico del fallo.
El Gobierno apunta además a discutir el cálculo económico del fallo.

El Gobierno apunta además a discutir el cálculo económico del fallo. Según pudo saber TN, los equipos técnicos del oficialismo creen que la fecha que se utilice para valorar las acciones puede alterar fuertemente el número. Lo mismo aplica para el tipo de cambio y para el precio de mercado de las acciones de ese momento.

El Ejecutivo descarta por el momento cualquier tipo de arreglo extrajudicial. “Las negociaciones están congeladas. Esto se va a definir en la Cámara”, aseguran. De hecho, hubo simulacros de audiencia en febrero y se espera que la audiencia pública ante el Segundo Circuito pueda celebrarse en septiembre.

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La Casa Rosada busca evitar que se materialice un embargo y sostiene que forzar la entrega de acciones ahora sería “mover los límites de lo aceptable en derecho internacional”. Insisten además en que la sentencia aún no está firme y que la Argentina tiene argumentos sustanciales para revertirla en segunda instancia.

Nación mantiene además la postura de que la orden judicial excede la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, ya que las acciones están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires y su cesión, incluso por orden judicial extranjera, choca con la legislación local vigente.

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Gobierno, Justicia, EE.UU, YPF

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Sandra Pettovello justificó el aumento de su patrimonio, que subió un 60% en un año

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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, jusificó el aumento de su patrimonio en casi un 60% entre los períodos fiscales 2023 y 2024. De acuerdo a la declaración jurada de la funcionaria que responde al presidente Javier Milei, documento al que se puede acceder a través del sitio web de la Oficina Anticorrupción (OA), pasó de $60.159.721,82 a $96.059.423,99.

Pettovello encabezó el posteo con la palabra “Mendaces”, que significa mentirosos o embusteros. Y afirmó: “En relación a mi transparente e inobjetable declaración jurada. Mi patrimonio no aumentó porque adquirí bienes o robé, puedo decirlo ante todos los ciudadanos a viva voz, aumentó por mi sueldo como ministra, que todos pueden consultar, y por la revalorización que hace el Estado todos los años de los bienes en general”.

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Fue en respuesta a un artículo de diario Perfil, que publicó la declaración de la ministra.

Según ella, el monto que aparece en el apartado de “Bienes recibidos por Herencia, Legado o Donación”, que es de $5.600.000, corresponde a la cuota alimentaria por su hijo de 21 años. Y concluyó: “Años de silencio con los corruptos y atacan a los honestos. Dan pena. Después se quejan cuando el Presidente los adjetiva”.

Entre otros bienes relevantes, figuran tres departamentos en su DDJJ. Uno, con cochera, destinado a vivienda, mantuvo su valor en $21,6 millones. Los otros dos, de 46 m² cada uno y destinados a alquiler, casi duplicaron su valuación: uno pasó de $10,8 millones a $23,5 millones y el otro de $9,7 millones a $21,3 millones.

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También se registró una fuerte revalorización en los vehículos declarados por la titular de la cartera de Capital Humano. El Mini Cooper 2012, que en la declaración de inicio figuraba en $5,7 millones, fue revaluado a $15,2 millones. El Volkswagen Fox 2017, en tanto, pasó de $6,1 millones a $8,8 millones.

En cuanto a dinero depositado en el sistema financiero, Pettovello declaró tener $713.293 en una caja de ahorro en pesos, frente a los $65.950 que consignaba al inicio. En dólares, mantuvo un saldo simbólico de US$0,34 -$349-, aunque en 2023 había reportado US$0,34 en cuenta bancaria más US$5000 en efectivo, equivalentes entonces a más de $4 millones. Ese efectivo en moneda extranjera ya no figura al cierre del período.

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El dinero en efectivo en pesos también se redujo, de $75.982 a $63.500. En paralelo, aumentó el monto declarado en fondos de inversión: pasó de $219.534 a $461.022. También creció la cifra de “créditos a favor” , que pasó de $8.813 a $1.339.085. Los bienes del hogar se duplicaron: de $1,5 millones a $2,7 millones.

En el apartado de ingresos, la funcionaria declaró haber percibido $45.202.072 netos por trabajo, alquileres y otras rentas durante 2024. De ese total, $40.164.335 corresponden a “renta del trabajo personal”, es decir, ingresos brutos laborales, entre los que se incluye su sueldo como ministra desde diciembre de 2023. El documento no detalla el salario mensual ni discrimina por actividad.

Pettovello no informó deudas ni al inicio ni al cierre del año. Tampoco declaró participación en sociedades comerciales, cargos electivos, retiro voluntario, ni otros vínculos contractuales con el Estado en los últimos tres años. Su grupo familiar declarado está compuesto por un hijo nacido en 2004.

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Sandra Pettovello,July 24, 2025,Sandra Pettovello,Declaraciones juradas,Conforme a,,Declaración jurada. El patrimonio de Máximo Kirchner creció un 75% por la revaluación de sus inmuebles y acciones,,Tech Security. Qué dijo Adorni sobre la licitación que ganó una empresa de los Menem,,Polémica. Una empresa de seguridad privada de los Menem se alzó con una licitación por $4000 millones del Banco Nación,Sandra Pettovello,,»Dato mata relato». Pettovello dijo que la pobreza “tiene una tendencia a la baja” y defendió la política económica,,El Gobierno pide investigar. Polémica en Tucumán por un supuesto audio de una profesora que adoctrina chicos en el aula,,Dardo a Pettovello. La Iglesia apuntó al Gobierno por el avance del narcotráfico y el “retiro del Estado” de los barrios

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Tras la tensión por la falta de patentes, el Gobierno aseguró que en septiembre se normalizará la entrega

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El Gobierno anunció que desde el 1° de septiembre se normalizará por completo el sistema de entrega de chapas patentes en todo el país. Según explicaron, por primera vez en años habrá stock garantizado para responder a la creciente demanda de vehículos, que alcanzó un récord de ventas de 0 km en el primer semestre del año.

El anuncio fue realizado este jueves por el Ministerio de Justicia de la Nación a través de sus redes sociales. Allí detallaron que entre mayo y julio ya se entregaron cerca de 500.000 patentes, y que en agosto se distribuirán otras 432.000.

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“El colapso del sistema en 2023, provocado por la crisis económica, trabas en las importaciones y la concentración del servicio en un único proveedor estatal, fue superado a través de una reforma estructural”, explicaron.

El comunicado del Ministerio de Justicia por la entrega de patentes. (Foto: X @MinJusticia_)

“La nueva gestión habilitó proveedores privados mediante licitaciones públicas, reforzó la logística y estableció un esquema de distribución para evitar el desabastecimiento”, adelantaron desde el gobierno.

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“Durante los meses de mayo y julio ya se entregaron cerca de 500.000 chapas, y en agosto se distribuirán otras 432.000. A partir del 28 de julio, los registros deberán informar en un plazo de 48 horas cuando están disponibles las chapas, y desde el 28 de agosto los ciudadanos podrán consultar el estado de su patente a través del sitio oficial de la Dirección Nacional del Registro del Automotor (DNRPA)”, expresaron en el comunicado.

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El faltante de patentes comenzó a notarse a mediados de 2023, pero se agravó con el repunte de ventas de autos 0 km en todo el país. Según datos oficiales, el desabastecimiento fue consecuencia de la falta de insumos para fabricar las placas, debido a las restricciones a las importaciones durante el gobierno de Alberto Fernández.

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Hasta entonces, la fabricación de las chapas estaba a cargo de la Casa de la Moneda. Sin embargo, la gestión actual habilitó a empresas privadas como proveedoras del servicio. La firma Tönnjes Sudamericana S.A. quedó a cargo de la tarea.

Con el nuevo esquema, el Gobierno busca ajustarse a lo establecido en el artículo 40 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, que exige que todo vehículo que circule en la vía pública porte placas de identificación visibles, normalizadas y reglamentarias, sin excepción.

El artículo 77, por su parte, establece que “la carencia de la placa identificatoria del dominio” constituye una infracción que puede derivar en la retención del vehículo.

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patente, Ministerio de Justicia de la Nación

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Llaryora, Pullaro y Frigerio desafían al gobierno nacional por los fondos que “pertenecen” a las provincias

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CÓRDOBA.- Los gobernadores de la región Centro, Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) mantuvieron firme la posición de que no renunciarán a los proyectos que ya tienen media sanción del Senado para la redistribución del Fondo de ATN y del impuesto a los Combustibles líquidos. También subrayaron que las provincias, al cubrir áreas de las que la Nación se “retiró”, están ayudando a sostener la paz social.

Los tres gobernadores coincidieron en Córdoba en la XIX Reunión Institucional de la Región Centro y, además de ratificar el compromiso con el federalismo y reiterar el pedido de que terminen las retenciones al campo, subrayaron los problemas que están generando la “destrucción” de las rutas nacionales.

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Ante la consulta de acerca de si los gobernadores están dispuestos a “negociar” los dos proyectos que impulsaron, frente a las críticas y advertencias de la Casa Rosada, Pullaro tomó la palabra: “Los tres ratificamos nuestra voluntad política y trabajo para que a la administración nacional le vaya bien […] Los proyectos que acompañamos no desfinancian en un solo centavo a la Nación, a la que acompañamos para que haya logrado superávit fiscal aun cuando en buena medida lo haya hecho sobre nuestras espaldas».

El gobernador santafesino enumeró -y también lo hizo Llaryora a su turno- que las provincias debieron hacerse cargo “de muchos aspectos y áreas de las que se retiró el Estado nacional, como educación, alimentos, medicamentos, transporte, lo que tiene un impacto en nuestras cajas. Lo pudimos hacer porque hemos ajustado y, en muchos casos, más que la Nación. Nuestras cuentan muestran superávit y, además, hacemos infraestructura».

Los gobernadores de la Región Centro coincidieron en Córdoba.

Sobre las iniciativas que ahora deben pasar por la Cámara de Diputados, precisó que se trata de “recursos que son de las provincias y que las provincias aplicaremos a lo que debemos aplicar”. Y puntualizó que “no hay marco de negociación, no hay uno por uno” en referencia a que no están negociando esas normas a cambio de sostener el veto presidencial anunciado para el paquete previsional.

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Llaryora sostuvo que el hecho de que las provincias se hayan hecho cargo de temas claves, como el boleto educativo, el incentivo docente, la ayuda alimenticia, es lo que “permite pacificar la sociedad, y sostener también la mejora de la macro”.

“Los recursos de los dos proyectos son de las provincias -abundó-. No se pueden usar para otra cosa, si se hace, es un delito. Son de las provincias». Para el cordobés ni siquiera hubiera sido necesaria una ley “si hubiera diálogo”.

Los tres gobernadores insistieron en que la Nación debe terminar con “malditas retenciones”. Frigerio señaló que será “bienvenida” si se concreta la baja de las cargas que pesan sobre las exportaciones de carne, un anuncio que se haría en la Rural de Palermo el sábado. “Ojalá se extienda a otros productos. Pero insistimos, no puede haber ninguna prioridad que no sean los sectores productivos. Estamos convencidos de que sin retenciones nuestra región tendría un impulso aun mayor».

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Pullaro señaló que, en general, las administraciones nacionales creen que “el campo es la gallina de los huevos de oro a la que hay que meterle mano. Que se terminen las malditas retenciones […] Los productores no se llevan la plata a otros países o a paraísos fiscales, invierten, dan trabajo».

En la primera discusión de la Ley Bases los tres mandatarios se opusieron al aumento de las retenciones que impulsó entonces el ministro Luis Caputo y mantuvieron siempre esa posición.

En el acto de los mandatarios se presentó la puesta en marcha de organismos técnicos de la Región Centro para la evaluación de la calidad educativa. Se proyectó un video con el eje en el federalismo, desde el nacimiento de las instituciones de la república. “Un Estado nacional que, a lo largo de los años ha saqueado nuestras economías sin siquiera devolvernos estabilidad y crecimiento”, sostiene una parte de la locución y, hacia el final, enfatiza que levantan “la voz en defensa de todos; es el mandato que nos legó la historia y lo honraremos».

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“Tenemos mucho respeto al gobierno nacional, pero creemos que la Región Centro marca un rumbo diferente, apostamos al fortalecimiento educativo, sanitario, productivo”, planteó Pullaro.

Educación, uno de los temas claves de la reunión en Córdoba.

Frigerio dijo: “Nos une la convicción de que queremos y necesitamos que le vaya bien al Gobierno nacional, vamos a trabajar para que así sea. Y eso no nos condiciona para defender nuestros derechos y convicciones y señalar lo que consideramos errado. Defendimos a nuestras provincias y lo vamos a hacer cada vez que consideremos que están en riesgo».

Para Llaryora el trabajo conjunto de “tres partidos distintos, sin gritar, sin agredir” es una propuesta que “si en la Capital se imitara, tal vez iría mejor”. Destacó el compromiso de los tres con la educación -Frigerio habló de la “pandemia educativa”- y apuntó que decidieron actuar porque Nación no lo hace. “No nos pueden quitar el Inta, el Conicet”, afirmó en otro tramo.

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