POLITICA
Cristina Kirchner les pidió a los legisladores del PJ que se opongan a la orden de la jueza Preska por YPF
El Partido Justicialista difundió este martes un comunicado, replicado por su presidenta, Cristina Kirchner, en el que rechaza el fallo de la jueza norteamericana Loretta Preska que benefició a los fondos que iniciaron un juicio por la expropiación de YPF, y les pidió los legisladores de ese espacio político que defiendan en el Congreso a la petrolera estatal.
La presidenta del PJ y exmandataria nacional instó a los legisladores de su partido a rechazar cualquier intento de convalidar la orden judicial extranjera mediante una eventual aprobación en el Congreso de la Nación. Desde su prisión domiciliaria, Kirchner catalogó la decisión como “un atropello contra la soberanía nacional” y llamó a resistir “cualquier avance sobre los recursos estratégicos del Estado argentino”, según se reflejó en publicaciones del PJ en la red social X.
La nueva disputa política y judicial impacta en el escenario institucional argentino tras la decisión de la jueza estadounidense, quien ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera estatal.
La medida, dictada desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York, involucra montos millonarios en juego. El trasfondo de esta controversia se relaciona con el acuerdo firmado por la administración nacional tras la estatización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino adquirió la mayoría accionaria de la empresa que previamente era controlada por Repsol. La jueza Preska, tras un proceso que lleva más de una década, dictaminó el lunes 30 de junio que la República Argentina debe transferir la mayoría accionaria de YPF S.A. a los fondos demandantes, que agrupan a acreedores de deuda por la expropiación de 2012.
El fallo establece que la transferencia de acciones requiere la aprobación previa de ambas cámaras legislativas, implicando un paso decisivo para el Congreso argentino. Las órdenes de la magistrada derivan del reclamo que mantienen desde 2015 los fondos Burford Capital y Eton Park, quienes compraron los derechos de litigio de accionistas minoritarios afectados por la nacionalización. El fallo reconoce la legitimidad de los títulos adquiridos por estos fondos y considera que el Estado argentino incumplió, tanto en la forma como en el fondo, con los mecanismos previstos en el estatuto de YPF al ejecutar la expropiación.
Desde su residencia, Fernández de Kirchner envió un mensaje a los referentes del bloque justicialista en la Cámara de Diputados y en el Senado, exhortando a “cerrar filas” frente a lo que definió como una “embestida contra el interés nacional”, según las publicaciones difundidas por el propio partido en su cuenta de X.
“Una vez más, la Senior United District Judge Loretta A. Preska que, al juzgar en el caso YPF aplicando ley argentina violó las más elementales normas del derecho público y privado de nuestro país, pone en evidencia su desprecio por la inmunidad soberana que corresponde a todos los países, disponiendo una orden colonial incumplible, inadmisible e ilegal”, indica el posteo de la cuenta del PJ, reposteado por CFK.
“Pretende, violando toda norma de Derecho Internacional, que el Congreso de la Nación Argentina autorice la entrega de las acciones de YPF, propiedad del Estado Nacional y de las Provincias, nada más ni nada menos que a un fondo buitre en Nueva York, para el pago de una deuda cuya existencia ha sido desconocida y apelada por el Estado argentino”, añade el texto.
El diputado Germán Martínez había declarado tras el fallo que “bajo ningún punto de vista se avalará una decisión dictada por tribunales extranjeros que afecte la titularidad estatal de YPF”.
En sus primeras reacciones, el gobierno del presidente Javier Milei mostró una postura similar, impulsando a sus dirigentes a defender la propiedad del Estado argentino, aunque responsabilizó al kirchnerismo por la expropiación que derivó en la demanda que hoy continúa.
POLITICA
La CGT se reunirá este lunes para evaluar un paro general durante el debate de la reforma laboral en Diputados
Tras la aprobación en el Senado de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, la conducción de la CGT resolvió convocar de urgencia a su Consejo Directivo. La cita será este lunes y tendrá como eje analizar una medida de fuerza que comenzó a ganar respaldo interno: un paro general de 24 horas para el día en que la Cámara de Diputados inicie el debate del proyecto promovido por Javier Milei.
En el Congreso, mientras tanto, los bloques opositores reconocen que no reúnen los votos necesarios para frenar la iniciativa en la Cámara Baja. Ante ese escenario, evalúan estrategias orientadas a dilatar el tratamiento y aumentar el costo político para el Gobierno.
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La reunión de la central obrera está prevista para las 16 y se realizará de forma virtual, ya que varios dirigentes se encuentran fuera de la Capital por el fin de semana largo. La convocatoria se aceleró a partir de las presiones de distintos sectores sindicales que reclaman una respuesta más contundente frente a la reforma, al considerar insuficientes las movilizaciones realizadas hasta ahora.
En un primer momento, los cotitulares de la CGT —Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio)— evaluaban reunir al Consejo Directivo recién hacia mitad de semana. Sin embargo, en las últimas horas optaron por anticipar la convocatoria ante las señales de varios referentes gremiales que impulsan un paro de 24 horas como forma de profundizar el rechazo al proyecto.
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La presión sobre la CGT por la reforma laboral
Según deslizan desde el propio ámbito sindical, el triunvirato no estaba convencido de avanzar con una huelga general. No obstante, advirtieron que en distintos gremios comenzaba a tomar forma la idea de un cese de actividades, lo que podría haber dejado a la central obrera desfasada si no asumía la conducción de la medida. De todos modos, aseguran que la definición se debatirá con intensidad en la reunión de este lunes.
Horas antes, el titular de la UOM, Abel Furlan, presionó a la CGT para que convoquen a un paro general en rechazo a la reforma laboral. “La CGT estuvo negociando con el Gobierno. Nosotros tenemos una opinión muy personal: no había nada para negociar en esos 213 artículos, porque presentan una pérdida de dignidad para los trabajadores. Había que rechazarlo de manera absoluta”, deslizó el dirigente a Futurock.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le hicieron el mismo reclamo a la central obrera. “Estamos pidiendo que la CGT convoque a un paro. Están dadas todas las condiciones y sobran motivos para llamar a una huelga general”, afirmó a TN, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.
Otro de los sindicatos combativos es la Federación de Aceiteros y su titular, Daniel Yofra, se sumó al reclamo de la UOM y ATE. Ante la consulta de si la CGT debe convocar a una huelga, Yofra respondió: “Ojalá que despierten antes del tratamiento de la ley en Diputados y larguen un paro. No hay posibilidades de frenar una ley como esta, si no hay un plan de lucha”.
CGT, reforma laboral, Diputados
POLITICA
El bloque libertario conducido por Bullrich admite ahora que sumó a último momento el cambio en las licencias, pero dice que “no se entendió”
Tras la nota de que mostró el desconcierto en el Gobierno sobre un cambio de último momento en la reforma laboral que permite reducir los salarios en casos de licencias, desde el bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), conducido por Patricia Bullrich, admitieron que allí se gestó la decisión de sumar el artículo.
Las limitaciones a las licencias motivaron críticas de aliados del oficialismo en la Cámara de Diputados, donde debe ahora ser tratado el proyecto.
Sin embargo, en el bloque libertario del Senado argumentaron que «no se entendió» cómo será la aplicación, que estuvo “mal interpretada” y que no busca quitar derechos laborales, sino que la intención es “terminar con las mafias” de las “licencias truchas” y escuchar el “ruego” de dueños de Pymes y de un grupo de jueces laborales.
Los cambios que reducen el porcentaje de pago de las licencias –del 100% actual al 75% o 50%, de acuerdo a las circunstancias- no estaban en el texto original que firmó el presidente Javier Milei.
Sin embargo, la modificación fue sumada a la media sanción aprobada del Senado, con el voto a favor de los aliados.
En el Gobierno, el viernes, tomaron distancia del cambio e incluso dijeron que debería haber sido idea de algún “senador”, mientras que los legisladores que colaboraron con la aprobación apuntaron directamente al oficialismo.
Este sábado, en diálogo con , desde el bloque libertario se hicieron cargo de haber incluido en el proyecto el artículo 44, del capítulo VII, con los cambios en el régimen actual de licencias.
“La introducción fue por pedido de jueces laboralistas razonables y por el ruego de los empresarios Pymes”, indicaron en la bacada conducida por Bullrich.
Ese grupo de magistrados, según el oficialismo, habría asesorado a La Libertad Avanza en el devenir de la reforma oficialista, cuyas conversaciones llevó adelante Bullrich en la Cámara alta. “Estamos para terminar con las mafias”, acotaron desde el bloque y dijeron: “Lo introdujimos con Legal y Técnica”.
El texto, aprobado en el Senado y en tránsito a Diputados, dice así: “En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis meses si las tuviera».
El artículo agrega que “si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente».
Según las fuentes del bloque que hablaron con , el texto “se entendió mal” por el “bajo conocimiento de derecho laboral”. Dijeron que, en realidad, lo que supuestamente quiere expresar es que la baja en los haberes se hará desde los tres meses y desde los seis meses de licencia, de acuerdo a cada caso. Además, se mostraron abiertos a que si hay que realizar más aclaraciones, se puedan incluir en la reglamentación de la ley o en el convenio colectivo de la actividad.
La cuestión generó un escándalo desde el momento mismo en que el miembro informante, el senador libertario de Chaco, Juan Cruz Godoy, sumó el apartado en plena sesión. Según pudo reconstruir , el agregado apareció en las conversaciones entre oficialismo y aliados durante la última etapa de negociaciones en el Senado.
En un primer momento, el kirchnerismo -que votó en contra- lo denunció. Después, el ministro Federico Sturzenegger fue a Radio Mitre y debió explicar de qué se trataba, y así el tema tomó estado mediático.
En el Gobierno, el viernes, nadie se hizo cargo de haber ideado o pedido esas modificaciones. Una voz importante de la Casa Rosada deslizó que podría haber sido “algún senador”.
Al mismo tiempo, otras fuentes refirieron que Sturzenegger tuvo que salir a explicar los cambios porque justo le hicieron una entrevista, pero que no había sido de ninguna manera el ideólogo de este extracto; que el ministro del Interior, Diego Santilli, tampoco estaba al tanto; y que al secretario de Trabajo, Julio Cordero, se lo había visto “indignado” por este tema. Mientras, fuentes del bloque habían desconocido el autor, pero habían justificado los cambios.
Este sábado, desde la bancada admitieron que la modificación salió de ahí. “En la práctica se verificó un incremento de reclamos laborales sustentados en certificados médicos apócrifos o carentes de respaldo clínico, mediante los cuales se extienden licencias en forma reiterada sin causa que lo justifique. Asimismo, se advierte la existencia de circuitos irregulares (truchos) en los que determinados profesionales emiten constancias médicas a cambio de sumas de dinero, que varían según la cantidad de días a justificar -con mayor costo cuando se trata de prórrogas- y la patología invocada. Esas certificaciones son usadas para justificar ausencias que en muchos casos no responden a situaciones reales“, señalaron desde el bloque que comanda Bullrich.
Dijeron, también, que esto genera un impacto “económico y organizacional significativo” en las empresas. “La reiteración de certificados médicos impide determinar con certeza la duración efectiva de la ausencia, lo que dificulta la planificación operativa y la eventual contratación de personal de reemplazo. Como consecuencia, se incrementan los costos laborales y se afecta de manera particular a las Pymes, que cuentan con estructuras más acotadas y menor capacidad de absorción financiera”, plantearon.
Además, argumentaron que la reforma laboral libertaria mantiene “toda la normativa” de la Ley de Contrato de Trabajo en relación a la conservación del empleo y la reincorporación del trabajador, prevista en los artículos 211 y 212.
El viernes, senadores aliados le echaron la culpa al Gobierno por los cambios y dijeron a que incluso la idea oficial era mucho más restrictiva sobre las licencias, pero que ellos no quisieron convalidar todos los planteos. Desde el bloque libertario dijeron no recordar nada en relación con eso.
Estallado el tema, distintos abogados laboralistas advirtieron por una posible judicialización.
Ahora, además, el Gobierno está alerta por la posibilidad de que esa parte del articulado sea rechazada en Diputados o por la chance de que le introduzcan cambios, lo que dilataría los tiempos, ya que el proyecto tendría que volver al Senado. Eso iría en contra de la idea de la Casa Rosada, que era tener aprobada la reforma laboral antes de marzo.
nota de LA NACION,Paula Rossi,Reforma laboral,Senado de la Nación,Conforme a,,Pago de licencias. Acusaciones cruzadas y desconcierto en el Gobierno por un cambio a última hora en la reforma laboral,,Denuncian aprietes. Se agudiza la interna peronista y cada vez hay más ruido de ruptura en el kirchnerismo del Senado,,Tratado comercial. Las relaciones cárnicas: de Roca-Runciman a Milei-Trump,Reforma laboral,,¿Al cine le quedan dos años? Cómo impactan los cambios de la ley laboral en la financiación de las películas argentinas,,Pago de licencias. Acusaciones cruzadas y desconcierto en el Gobierno por un cambio a última hora en la reforma laboral,,Reforma laboral. Qué pasaría con las jubilaciones al reducirse las contribuciones patronales
POLITICA
Aplausos y abrazos: la emoción de los familiares de víctimas cuando se aprobó la Reforma Penal Juvenil en Diputados
La media sanción del nuevo régimen penal juvenil en la Cámara de Diputados generó una reacción inmediata en los palcos, finalizado el momento de la votación. Es que sobre uno de los laterales estaban presentes familiares de víctimas de la inseguridad y de crímenes cometidos por adolescentes, que aplaudieron la decisión en un clima de emoción y abrazos.
Al aprobar el proyecto de ley, la mayoría de los diputados le dedicaron un fuerte aplauso a los representantes de organizaciones como Madres del Dolor y USINA de Justicia, y de los allegados directos de familiares asesinados que asistieron al debate.
Entre los presentes, asistieron Viviam Perrone, Isabel Yaconis, Adriana Mónica Álvarez, la familia Sperani, Laura Fernández, Romina Monzón, Virginia y Guillermo Bargna, así como a Marcos Rodríguez, todos familiares de víctimas y referentes de asociaciones.
Durante la sesión, el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, destacó la relevancia de la presencia de estos invitados, al subrayar que es una de las pocas ocasiones en que el oficialismo autoriza el acceso de público a los balcones en un día de debate clave.
“Me parece importante que en este debate que estamos dando sepamos que nos están acompañando ellos en los balcones y están muy interesados en que esta ley, al final del día, tenga media sanción”, dijo el jefe del bloque libertario. En ese instancia, oficialistas y aliados se levantaron de sus bancas para darles un primer aplauso por unos minutos.
También en sectores del peronismo y la oposición “dura” hubo acompañamiento. Desde la bancada de Unión por la Patria (UP), la diputada Cecilia Moreau saludó a los familiares y recordó el impulso al Observatorio de Víctimas durante la presidencia de Sergio Massa en la Cámara.
“Tuvimos la suerte de ser nosotros, cuando Sergio Massa presidía la Cámara, quienes en conjunto con ella pusimos en marcha el Observatorio de Víctimas que llevaron adelante. Ojalá siga funcionando”, expresó. Al momento de la votación, los legisladores del Frente Renovador apoyaron varios artículos de la iniciativa en la votación en particular.
El presidente de Diputados, Martín Menem, también reconoció la participación de los invitados en la sesión.
La aprobación en Diputados del proyecto que había sido impulsado por la entonces ministra de Seguridad nacional y ahora senadora, Patricia Bullrich, obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones.
El texto plantea la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años y fue respaldado por legisladores del PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo, y Por Santa Cruz, además de La Libertad Avanza.
El peronismo votó en contra de manera unificada, aunque durante la votación en particular, integrantes del Frente Renovador se diferenciaron y apoyaron la reducción de la edad de punibilidad.
El nuevo régimen no solo establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves, como homicidio, robo violento, abuso sexual o secuestro, sino que introduce alternativas para condenas menores a 10 años: amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricción de acceso a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.
Entre los familiares presentes, Romina Monzón —madre de Jeremías Monzón, adolescente asesinado recientemente— relató ante la prensa las circunstancias del crimen de su hijo, ocurrido menos de dos meses atrás.
“Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses asesinaron violentamente a mi hijo. De los tres menores de edad, hoy dos están en libertad sin siquiera tener un antecedente penal”, expresó la mujer al ser consultada por un periodista de TN.
Hace dos meses, el adolescente de 15 años fue emboscado y sometido a torturas antes de recibir la estocada mortal. El grado de ensañamiento y la participación activa de los implicados, entre ellos una joven de 16 años y dos adolescentes de 14, provocó conmoción pública tras la viralización de las imágenes del hecho, lo que reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de menores.
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