El Gobierno postergó por un plazo “excepcional e improrrogable” de tres meses la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Justicia federal y en la justicia en lo penal económico, que estaba previsto para el 11 de agosto.

El Ministerio de Justicia dijo que lo hizo “como consecuencia de reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción”.

Así lo mencionó en un comunicado oficial, que levantó una polvareda de protestas entre los fiscales, ya que consideran que se los está señalando como poco preparados para afrontar casos complejos.

“Es inaudito. Se suspende por falta de recursos, no porque no estemos preparados. Si nosotros llevamos adelante las investigaciones más complejas, investigamos y llevamos a la condena a un vicepresidente y a una presidenta por corrupción y hoy tenemos el caso más saliente, con los cuadernos de las coimas. ¡Cómo que hay una falta de preparación suficiente para investigar casos complejos!“, se indignó un encumbrado fiscal de Comodoro Py.

“Este Gobierno considera que la transformación cultural iniciada es irreversible, que el sistema judicial penal federal cuenta con recursos suficientes para poner en marcha esta reforma”, señaló el comunicado del ministerio que encabeza Mariano Cúneo Libarona. Y añadió: “La Justicia debe adaptarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas”.

El tono no se corresponde con el diálogo que vienen manteniendo la procuración, a cargo de Eduardo Casal, con Cúneo Libarona, que impulsa la puesta en marcha del nuevo código en todo el país.

“Desde el inicio de la implementación, y de forma permanente, este Ministerio ha brindado asistencia técnica, financiera e institucional”, dijo el Gobierno. Los fiscales, en tanto, se quejan de que no les dieron lo que pidieron: recursos, computadoras, personal.

Dice el comuncado que durante años hubo “desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial, que postergó injustificadamente la implementación de un sistema que acorta la duración de los procesos y permite la ejecución de una política criminal estratégica y racional”.

“Las deficiencias edilicias y tecnológicas no justifican ni habilitan que se incumpla una ley vigente desde hace más de una década”, señaló el Ministerio.

Y concluyó con el párrafo que mas enervó a los fiscales: “No obstante, como consecuencia de reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción, esta cartera resuelve diferir la entrada en vigencia por un plazo excepcional e improrrogable de tres meses”.

El ministerio difundió luego un texto en el que señala que “esta decisión tiene como único objetivo remover obstáculos políticos y corporativos y garantizar en esta jurisdicción una plena coordinación entre los tres poderes del Estado”.

El nuevo sistema comenzará a regir en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires a partir del próximo 10 de noviembre de 2025, dice el parte oficial.

Señala que el cronograma establecido para las demás jurisdicciones se mantendrá sin modificaciones y que la implementación del sistema acusatorio no admite retrocesos».

“La ciudadanía exige una Justicia transparente, ágil y eficaz; la ley debe ser aplicada y este Gobierno no va a aceptar que se posterguen los cambios que el país necesita”, señala el mensaje donde se anuncia la postergación.

El nuevo Código Procesal Penal Federal ya se puso en marcha en Salta y Jujuy y está en funcionamiento desde este año en Santa Fe, Rosario, Mar del Plata, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, General Roca, Comodoro Rivadavia y Río Negro.

Su funcionamiento se basa en que los jueces dejan de estar a cargo del proceso y la investigación queda en manos de los fiscales. Hay oralidad en cada incidencia con audiencias públicas y grabadas y desaparece el expediente de papel.

La Cámara en lo Penal Económico pidió hace una semana suspender la implementación porque cuenta con solo dos jueces de los seis que deben integrar ese tribunal. Y los fiscales vienen advirtiendo sobre los problemas de implementación. El Ministerio de Justicia les cedió un edificio de la ex ESMA para su uso, pero surgieron problemas para su utilización.

El Procurador Casal le envió cerca de 30 notas a Cúneo Libarona reclamando más recursos. La última fue el 2 de julio, cuando le reiteró un preocupante panorama de insuficiencias y obstáculos que, de no atenderse, podría comprometer la eficacia del sistema.

El documento, que amplía un diagnóstico previo de mayo, subraya que las condiciones actuales del Ministerio Público Fiscal (MPF) resultan insuficientes para el normal desempeño bajo el nuevo modelo procesal.

La preocupación se centra en varias áreas críticas. Por ejemplo, no se actualizaron los créditos presupuestarios, y por el contrario, la Secretaría de Hacienda pidió reducir un 2,5% los fondos ya otorgados.

Asimismo, se mencionaron falencias de personal por la asimetría entre la cantidad de jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación en comparación con los de las fiscalías. En las jurisdicciones federales de la Capital Federal, el Poder Judicial cuenta con 71 jueces, frente a 40 fiscales, y 1532 funcionarios y empleados, contra 569 del Ministerio Público.

Por eso, Casal reclamó la incorporación de personal, con el agravante de que el proceso de traspaso del Poder Judicial al Ministerio Público Fiscal requiere más tiempo que el que demanda la puesta en marcha del nuevo código.

A estos problemas se suman las dificultades que originan la falta de jueces (33% de los juzgados sin cubrir), ya que la falta de integración de tribunales y la necesidad de un cuarto juez para juicios prolongados dificulta la programación de audiencias.

También hay problemas con los edificios actuales, que no son apropiados. Casal dijo que hay retrasos en capacitación y formación y carencias tecnológicas. Y reclamó sin éxito computadoras potenciadas y licencias de software específicas.

Con el nuevo Código, los fiscales asumen la investigación y requieren cuerpos periciales propios, por lo que pidieron traspasar los del Poder Judicial.

Ante este panorama, el Gobierno decidió posponer el nuevo Código por tres meses, pero responsabilizó a los fiscales por la decisión, lo que los hizo estallar en protestas.

La presidenta del Consejo Deliberante de Quilmes, Eva Mieri, denunció terrorismo de estado de baja intensidad y persecución política durante su participación en un foro de derechos humanos de las Naciones Unidas, esta semana. La concejala está procesada, entre otros delitos, por “incitación al odio” a raíz del ataque a la casa del diputado nacional José Luis Espert.

“Quiero aprovechar este encuentro para alertar sobre la grave situación institucional que vivimos en Argentina donde hay un terrorismo de baja intensidad que amenaza a la libertad de expresión y la participación política de dirigentes, periodistas y ciudadanos que se expresen en desacuerdo al gobierno nacional”, sostuvo Mieri, según consigna en una transcripción del discurso a la que pudo acceder .

Mieri volvió ayer de su viaje a Ginebra, Suiza, donde compartió un evento sobre derechos humanos y gobiernos locales con otros alcaldes, académicos y representantes de la sociedad civil. La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación por la vandalización del domicilio de Espert, había autorizado su salida del país entre el 20 y 24 de julio, conforme se había previsto antes del incidente en la casa del diputado nacional.

Según explicaron en el gobierno de Quilmes, la concejala concurrió al evento en representación de la intendenta Mayra Mendoza, quien debía exponer sobre las políticas de género, ambiente y derechos humanos que se adoptaron durante su gestión municipal. El cierre de listas bonaerense del sábado impidió que la mandataria local -que integra la lista de candidatos de Fuerza Patria en la tercera sección electoral- pudiera asistir.

“Eva [Mieri] expuso acerca de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales a través de los servicios públicos locales”, respondió a Mendoza, quien también aclaró que el viaje no estuvo financiado ni por la municipalidad ni por el Consejo Deliberante local. “Nos parecía importante la presencia del municipio allí, para llevar la posición de nuestro gobierno tanto en materia de gestión en derechos humanos como nuestra mirada política acerca de lo que venimos denunciando en cuanto a los déficits institucionales que padece Argentina”, continuó.

En este contexto, además de detallar las medidas impulsadas a nivel municipal, la concejala aprovechó la ocasión para cuestionar al presidente Javier Milei por los recortes presupuestarios que -según manifestó- dificultan la implementación de “políticas de inclusión y justicia social” a nivel local. “Los municipios de Argentina no tenemos autonomía financiera y dependemos de la voluntad política del Ejecutivo Nacional, el cual desde 2024 ha atacado y discontinuado todas las iniciativas vinculadas a garantizar y ampliar derechos a la ciudadanía”, expresó.

En su alocución también acusó a la administración libertaria de ejercer “terrorismo de baja intensidad” en línea con lo planteado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de que el mandatario de Brasil Lula Da Silva la visitara en prisión domiciliaria. “Argentina vive una auténtica deriva autoritaria de la mano del Gobierno de Milei, en lo que podemos identificar como terrorismo de baja intensidad”, había escrito en X la titular del Partido Justicialista en aquella oportunidad.

Ahora, en la cumbre de las Naciones Unidas, Mieri ratificó este planteo: “Provengo de una Argentina en la que el pacto democrático se rompió. Construido desde la recuperación de la democracia en 1983 -tras la última dictadura cívico militar- tiene en Milei al último y más grave eslabón de un proceso de degradación política, económica y social y que nos está arrastrando en una espiral descendente de violencias y empobrecimiento, donde más del 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza”.

Y, según figura en la transcripción, continuó: “Se está utilizando el aparato estatal para infundir miedo y neutralizar a la oposición, para acallar la respuesta social al desastre económico y social que el proyecto de Milei está llevando a cabo en Argentina”.

El discurso de Mieri se dio a menos de una semana de que Arroyo Salgado la procesara, en el marco de la causa por el ataque con estiércol a la casa de Espert, por un delito similar al que ella misma denuncia: “incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas”. Se la investiga también por “atentado contra el orden público”, “amenazas agravadas”, “falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrado” y “malversación de caudales públicos”.

Por este incidente, Mieri estuvo detenida durante 13 días en el penal de Ezeiza. El martes pasado, la Cámara Federal de San Martín, ordenó su excarcelación.

Ante la consulta de , Mendoza negó que se haya reconsiderado la participación de la concejala en la cumbre de la ONU luego del incidente en la casa de Espert y la apertura de la causa judicial en su contra y destacó que relevarla ocasionalmente en sus funciones es parte de su trabajo como intendenta interina.

“Mieri es intendenta interina de Quilmes, que es como se denomina institucionalmente al concejal que reemplaza al intendente o intendenta en sus funciones cuando así se lo requiere. La decisión de que ella asista a este evento en mi lugar fue tomada antes del hecho”, especificó. “La decisión ilegal, ilegítima e injusta de Arroyo Salgado sobre la concejala no invalida eso”.

Y concluyó: “Eva está procesada, pero ello no le quita su condición de inocente, la que solo se pierde hasta la existencia de sentencia firme, pasada en autoridad de cosa juzgada y siempre que esté basada en la legalidad y no en política”.