POLITICA
Espert, contra Larroque por YPF: “No pueden ser tan mentirosos”
El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, realizó su primer informe de gestión en la Legislatura porteña, que reactivó su actividad luego de meses sin sesionar. Durante la presentación, destacó los principales ejes de la administración de Jorge Macri, que incluyen cambios en materia de higiene urbana, transporte, seguridad y desburocratización del Estado.
“Somos un Gobierno proactivo, que avanza y ejecuta, pero que por sobre todo pone al vecino y a Buenos Aires primero”, explicó el funcionario. Su intervención definió los principales objetivos de la administración amarilla tras la derrota en las elecciones legislativas del 18 de mayo.
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El diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert arremetió contra el dirigente camporista Andrés Larroque tras un tuit en donde el exfuncionario nacional reclamaba: “YPF no se vende”. “No pueden ser tan mentirosos, perversos y cínicos. Uds, los grandes (falsos) nac & pop, YA se la entregaron a los buitres. Ahora nosotros veremos cómo hacemos para sacársela y que vuelva a ser nuestra”, le recriminó Espert.
A través de su cuenta de X, el diputado nacional Hugo Yasky opinó sobre el fallo que obliga a la Argentina a pagar con el 51% de las acciones de YPF el juicio por la expropiación en 2012. “Gracias a que con CFK recuperamos YPF, hoy existe Vaca Muerta. El fallo de la jueza yanqui es un robo. Axel tiene razón, el cipayismo de Milei pone en riesgo nuestra soberanía y pisotea la Constitución para servir a los intereses extranjeros. YPF no se vende, se defiende!”, escribió.
El Gobierno no da un paso atrás en su plan. Frente a las críticas y advertencias que diferentes economistas realizan por la apreciación cambiaria y el rojo en la cuenta corriente del balance de pagos, el ministro de Economía, Luis Caputo, adoptó un tono burlón y disparó: “El dólar flota, por lo tanto, al que le parezca que está barato… Agarrá los pesos y comprá. ¡No te lo pierdas campeón!”.
Así, el titular del Palacio de Hacienda atacó a los “empresarios, periodistas y colegas” que plantean dudas sobre la sostenibilidad del programa económico y las consecuencias de la política cambiaria oficial. Fue en una presentación en la que retomó el estilo confrontativo de Javier Milei. No casualmente, Caputo dijo ser “como hermanos” con el Presidente y enfatizó en la “simbiosis” que lo une con el primer mandatario.
La jueza federal María Servini de Cubría habló sobre la condena a prisión de seis años de Cristina Kirchner en el caso Vialidad y opinó que no cree que la cumpla completa. “No visualizo una prisión a largo plazo porque es tan conflictiva la prisión domiciliaria que llega un momento que no se la puede mantener”, consideró la magistrada.
Servini señaló que a lo largo de la historia pocos exmandatarios condenados cumplieron por completo su condena (mencionó a Nelson Mandela) y que el caso de la expresidenta no sería la excepción.
“Dígame a cuál ha visto que ha cumplido la condena de prisión, toda. Hay un presidente que fue famoso, creo que de África, una cosa así… dígame si hay otro. Es un conflicto permanente de todos los días”, remarcó entrevistada en El Destape Radio.
Cecilia Devanna
El gobierno argentino presentó esta noche un escrito ante la jueza de Nueva York Loretta Preska en el que pide la suspensión de la decisión que tomó este lunes sobre YPF hasta que la Cámara revisora se expida sobre la cuestión de fondo. “Se pide que suspenda su decisión, hasta tanto se revise su decisión”, indicaron a altas fuentes con acceso al expediente.
En paralelo, el Gobierno ya diseña la apelación sobre la cuestión de fondo que presentará, todo indica, antes de mediados de mes.
El pedido de suspensión es el primer paso del Estado argentino en el caso, luego de que este lunes Preska ordenara al país que entregue en 14 días el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera, Burford y Eton Park.
Por Mariano Spezzapria
El gobernador Axel Kicillof defendió la expropiación de la compañía petrolera YPF, que protagonizó como viceministro de Economía de Cristina Kirchner en 2012, y cargó contra la jueza norteamericana Loretta Preska, que falló en contra del Estado argentino. Cuestionado por su actuación en aquellos años, el mandatario ensayó una defensa política y sugirió que el presidente Javier Milei “tiene vínculos” con el fondo Burford, a los que dijo que investigará “en detalle”.
“Quieren hacer política y campaña electoral con esto”, advirtió Kicillof. Y atribuyó al gobierno nacional la intención de “entregar YPF en base a un fallo que no corresponde”. Además, afirmó que las acciones de la compañía “no están al alcance de un país extranjero” pese al emplazamiento de Preska, porque cualquier definición de ese tipo debe “pasar por el Congreso”.
La Casa Rosada y los gobernadores atraviesan un invierno de fuertes tensiones y desconfianzas mutuas. Las decisiones políticas que se avecinan ofrecen un cóctel complejo: las provincias reclaman por fondos a la Nación (por ahora sin respuesta satisfactoria), la Casa Rosada necesita evitar un frente de tormenta en el Congreso y todo eso se mezcla con las definiciones electorales a lo largo y a lo ancho del país.
Es que, aunque Javier Milei necesita garantizar gobernabilidad (tanto para defender eventuales vetos como para impulsar reformas de fondo en la segunda mitad de su mandato), cuando se sumerge en la negociación por las listas La Libertad Avanza (LLA) está lejos de mostrar generosidad con los mandatarios provinciales aliados para cerrar acuerdos electorales y armar nóminas conjuntas.
Por Cecilia Devanna
El Gobierno mantuvo a lo largo de todo el día distintas reuniones con eje en el fallo de la justicia estadounidense sobre YPF y la estrategia que se desarrollará a partir de ahora.
En la Casa Rosada, donde se desarrollaron al menos dos de esos encuentros por el tema, ratificaban la decisión de apelar el fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que anticipó este lunes el propio presidente, Javier Milei.
Preska ordenó este lunes a la Argentina que entregue en 14 días el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera. Se trataría de una forma de pago por la sentencia en contra del país en primera instancia, de US$16.100 millones más intereses, que se determinó en 2023.
Por Ailén Vila
La Fundación de la Hemofilia está al borde del cierre luego de que el Gobierno decidiera eliminar un subsidio que sostenía hasta el 70% de su financiamiento.
La medida amenaza con desmantelar la única institución del país que atiende a más de 4800 pacientes con hemofilia y que es un centro de referencia mundial hace más de 80 años en el tratamiento de un trastorno poco común y sin cura. “No vemos futuro”, advierten desde adentro de la organización. Sin recursos, estiman que en menos de tres meses no podrán pagarle a su equipo médico, considerado entre los mejores del mundo.
“Queremos reestructurarnos para sobrevivir, pero, al ser tan abrupto el cambio, es imposible”, explicó el vicepresidente de la Fundación, Lucas Figola, que también es paciente.
Por Hernán Cappiello
El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pidió visitar a Cristina Kirchner en su departamento de Constitución, donde la expresidenta cumple arresto domiciliario por la condena a seis años de prisión que le fue impuesta en la causa Vialidad.
Lula llegará a Buenos Aires el miércoles por la noche y partirá de regreso a su país el jueves después de mediodía, tras participar de una cumbre del Mercosur, donde asumirá la presidencia por témpore del organismo pero no habrá una reunión bilateral con el presidente Javier Milei.
En cambio, si manifestó su voluntad de ver a la expresidenta en su casa de San José 1111.
Arranca el segundo semestre del año, más desafiante para el Gobierno. No solo terminó este martes la baja temporaria de las retenciones al maíz y la soja, una medida que incentivó las liquidaciones del campo y favoreció la calma en el mercado cambiario, sino que también aparecen en el horizonte las elecciones legislativas de octubre y se ponen en duda que sigan las tasas reales de interés en pesos. Estos son algunos factores que empezarán a presionar sobre el dólar en los próximos meses, aunque analistas esperan que la pax cambiaria se mantenga, al menos, una quincena más.
El volumen de liquidaciones de exportadores de cereales y oleaginosas totalizó en junio los US$3700 millones, un aumento del 46% frente al año pasado. Al ajustar por precios internacionales, se trató del mayor ingreso de divisas para dicho mes desde junio de 2018, de acuerdo con un análisis de Romano Group.
Rodeada de casi todos los gobernadores, su gabinete y con la plana mayor de La Cámpora en la primera fila, Cristina Kirchner anunció el 16 de abril de 2012 la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que por entonces estaba en manos de la española Repsol.
La por entonces presidenta, hoy con prisión domiciliaria acusada por corrupción en la obra pública, envió ese día un proyecto de ley al Congreso en el que se declaraba de “interés público y nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos”. La iniciativa tuvo amplio respaldo en ambas cámaras y se avanzó de esta manera en la expropiación, que derivó en un juicio contra la Argentina que tramita en los tribunales de Nueva York.
El conflicto judicial se origina en la forma en que el Estado argentino ejecutó la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, mediante el incumplimiento de las normas internas de la compañía. El estatuto de la propia petrolera, una compañía con cotización en la Bolsa de Nueva York, exigía que cualquier cambio de control accionarial obligaba al nuevo dueño a realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los accionistas.
La reciente sentencia judicial en el juicio por la expropiación de YPF reavivó viejas tensiones políticas y económicas en Argentina. La decisión de la jueza Loretta Preska, que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos Burford y Eton Capital, generó un cruce de acusaciones entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el presidente Javier Milei. La disputa se centra en la responsabilidad por el fallo adverso y las consecuencias para el futuro de la empresa estatal.
Axel Kicillof tuvo un rol central en la expropiación del 51% de las acciones de YPF a Repsol en 2012. En ese entonces, era viceministro de Economía y lideró la estrategia técnica y política detrás de la medida; relegó así al ministro formal, Hernán Lorenzino.
Kicillof impulsó el proyecto de ley que declaró de utilidad pública las acciones y defendió la expropiación en el Congreso. Argumentó que Repsol desinvirtió en la producción y vació la empresa, para justificar la necesidad de recuperar el control de los recursos energéticos para el Estado.
Miércoles 2 de julio:
08.30 – Reunión de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados
09.45 – Arribo de los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Partes del Mercosur al Palacio San Martín.
10.00 – LXVI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC) – Sesión de los Estados Partes del Mercosur.
12.55 – Arribo de los Jefes de Delegación de los Estados Asociados del Mercosur.
15.00 – LXVI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común – Sesión Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados.
Jueves 3 de julio
09.30 – Arribo de los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados al Palacio San Martín.
10.00 – Sesión plenaria de los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados
Por María José Lucesole
LA PLATA.– A nueve días del cierre de listas, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se reúne este mediodía para convocar formalmente al congreso que dará lugar a la conformación de alianzas para los próximos comicios del 7 de septiembre y empezar a definir la posibilidad de una lista conjunta.
El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, está a cargo del cónclave para ordenar la política partidaria, luego de la reunión que sostuvo el domingo con el gobernador Axel Kicillof y el excandidato a presidente Sergio Massa.
A 51 años de la muerte de Juan Domingo Perón el cónclave comenzó con un homenaje formal al fundador del movimiento. Luego se pasará a la convocatoria al Congreso del sábado en Merlo, y a un pedido por la libertad de Cristina Kirchner.
Finalmente se hará un análisis de la coyuntura tras el fallo por la estatización de YPF que puso en el centro de la controversia a Kicillof por su papel cuando era ministro de Economía de Cristina Kirchner.
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Por Sofía Diamante
Más de una década pasó desde que los fondos Burford Capital y Eton Park presentaron —por separado— una demanda contra la República Argentina e YPF por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera, ocurrida en 2012. Desde entonces, los fondos obtuvieron un fallo favorable en primera instancia, que ordenó al país pagar una indemnización de US$16.100 millones. Aunque la Argentina apeló la sentencia, los demandantes ya iniciaron contactos con el Gobierno para negociar un acuerdo y cerrar el litigio.
La decisión que tomó ayer la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, podría acelerar las conversaciones. La magistrada ordenó al Estado argentino entregar sus acciones de YPF en un plazo de 14 días. En su escrito señaló: “La República tiene varias opciones que puede perseguir legalmente: (1) obtener el permiso del Congreso Nacional con dos tercios de los votos [para ceder las acciones], (2) impulsar un cambio legislativo, o (3) cumplir con la sentencia a través de un acuerdo separado con los demandantes. Si bien la República exige la cortesía de este Tribunal, al mismo tiempo se niega a hacer algún esfuerzo para cumplir con el fallo que no ha sido suspendido”.
El mes de julio comienza con una serie de aumentos programados en servicios clave que impactarán directamente en el bolsillo de los consumidores y añadirán presión sobre el índice de inflación.
En el marco de la sección “El termómetro psicoeconómico”, emitido en el programa conducido por Esteban Trebucq en LN+, se detallaron las tarifas de luz, agua y combustibles, y los nuevos ajustes que registrarán desde este mes, como parte del plan de sinceramiento de precios y quita de subsidios que impulsa el Gobierno.
El exsenador nacional Jorge Yoma cruzó con dureza al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por la estatización de YPF que fue aprobada en el Congreso en 2012, que adquirió mayor ruido en las últimas horas luego de que la Justicia de Estados Unidos ordenara a la Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera como parte de pago de la sentencia de 2023 que condenó al país a pagar US$16.000 millones.
La secuencia comenzó cuando Menem reflotó un mensaje suyo que data del 2023, en el que apuntaba contra los legisladores riojanos -él también es oriundo de La Rioja- que votaron a favor del proyecto de ley presentado por la expresidenta Cristina Kirchner para la expropiación de YPF. Esa ley derivó en una causa en Estados Unidos que luego terminó en una condena histórica para la Argentina en 2023.
“Riojanos que votaron a favor de la expropiación de YPF. Diputados: Jorge Yoma, Julio Martínez, Inés Brizuela y Doria, Javier Tineo, Griselda Herrera. Senadores: Hilda “beba” Soria y Mirtha María Teresita Luna. El ÚNICO que NO participó de este atropello fue [el expresidente Carlos] MENEM», publicó el 10 de septiembre de 2023, en plena campaña electoral presidencial.
JP Morgan recomendó a sus clientes reducir la tenencia de bonos del Tesoro argentino, tras advertir que se disiparon algunos factores que impulsaban la estabilidad cambiaria y financiera del país. Según se desprende del informe titulado Argentina: Tomando un respiro, el importante banco de Estados Unidos valoró la solidez del proceso de desinflación y la mejora fiscal acumulada, pero señaló riesgos asociados a la merma de ingresos registrados por el sector agropecuario, la persistencia de salida de divisas por turismo y la incertidumbre electoral que, según consideran, podría profundizarse en los próximos meses.
El informe advierte: “Con el pico de ingresos agrícolas ya superado, la probabilidad de salidas continuas de divisas por turismo, posible ruido electoral y cierto bajo rendimiento del peso, que motiva una intervención cambiaria a través de derivados, preferimos dar un paso atrás y esperar a que haya mejores niveles de entrada para volver a posicionarnos”.
En junio pasado, la liquidación de divisas de la agroexportación fue de U$S3706 millones, un 87% mayor en relación al mismo mes de 2024 y un incremento del 21% en relación a mayo de 2025, cuando ingresaron U$S3054 millones.
Esta cifra lleva a un acumulado anual en 2025 de US$15.419.643 que, comparado al 2024, significó una suba entre enero a junio del 40%. Así lo informaron en la Cámara de la Industria Aceitera de la República (Ciara) y el Centro Exportadores de Cereales (CEC).
Según la entidad, este importante ingreso de divisas del mes de junio “es el resultado de la finalización de la reducción de los Derechos de Exportación (DEX), bajo el decreto 38/25 que venció el día 30 de junio y únicamente fueron renovados para trigo y cebada”.
La Cámara de Diputados se prepara para otro miércoles de suspenso. Distintos bloques de la oposición convocaron a dos sesiones especiales ese día con el propósito de debatir un conjunto de iniciativas que, si bien no tienen por ahora impacto fiscal alguno, pondrán a prueba la lealtad de los bloques aliados del oficialismo en un contexto de tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores.
Más desordenados que en otras oportunidades, los distintos bloques opositores no lograron ponerse de acuerdo en unificar sus respectivas agendas en una única sesión -los intereses electorales de unos y otros lo impidieron-, por lo que hoy parece difícil aventurar si tendrán quórum, aunque los convocantes están confiados. Se descuenta que el oficialismo hará lo imposible, una vez más, por bloquearla.
Para acercarse al quorum, los impulsores de la sesión incluyeron tres temas, dos de ellos de alta sensibilidad social, el financiamiento de las universidades y la declaración de emergencia de la salud pediátrica, originada por el conflicto en el Hospital Garrahan.
El exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías analizó este lunes en LN+ la decisión de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina que entregue el 51% de las acciones a los fondos Burford y Eton Capital. En ese marco, el exfuncionario de Mauricio Macri aseguró que el fallo “viola leyes” norteamericanas y argentinas y planteó qué podría hacer el gobierno de Javier Milei.
“Es un fallo grave por la decisión de fondo que toma la jueza y por cómo lo hace, que la Argentina entregue el 51% de las acciones que ostenta en el capital accionario de YPF como pago parcial de la sentencia que ella ya ha dictado en contra del país por US$16.000 millones”, introdujo Saravia Frías en el programa Odisea Argentina, que conduce Carlos Pagni en LN+.
En esta línea, sostuvo que Preska “llegó a un punto de hartazgo” porque “no quiere que su sentencia de US$16.000 no quede incumplida”, y por eso la jueza decidió ir por las acciones argentinas.
Para intentar destrabar el conflicto en ciernes con todos los gobernadores que firmaron un proyecto de ley para modificar la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se reunirá este martes con los ministros de Economía de Economía provinciales para intentar acercar posiciones. El encuentro llega horas después de que se conociera que en junio las transferencias automáticas crecieron 6,5% real interanual, pero cayeron 4,3% real respecto a mayo.
En el encuentro de hoy Guberman insistiría con la posición de que si se eliminan los fiduciarios, las provincias deben hacerse cargo de las obras públicas viales. El propio presidente Javier Milei era partidario de terminar con esos fondos.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó que “el Poder Ejecutivo de la Nación decidió aceptar la renuncia del Juez Federal Marcelo Bailaque, acusado de extorsión y vínculos con el narcotráfico”.
“Esto implica la pérdida de sus fueros y permitirá que se haga efectiva su prisión preventiva dictada por el Juzgado Federal 4 de Rosario, Santa Fe, y confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario”, afirmó.
En este sentido, Cúneo Libarona detalló que “el magistrado está imputado como autor de los delitos de extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal”.
Horas después de la victoria en Rosario, Juan Monteverde, líder de Ciudad Futura, una agrupación de centroizquierda que se alió al peronismo en las últimas dos elecciones, recibió el llamado de Cristina Kirchner desde su departamento del barrio de Constitución, donde cumple la detención domiciliaria. Después del triunfo, Monteverde contó que habló con la expresidenta sobre “la crisis de representación” que asomó en esta elección, donde en Rosario sólo fue a votar el 48 por ciento de los ciudadanos. “Coincidimos en discutir desde la política lo que se hizo mal. Fue una discusión más profunda que coyuntural”, explicó Monteverde este lunes.
En el último tramo de la etapa proselitista, el fallo de la Corte Suprema de la Nación contra Cristina Kirchner se metió en la campaña electoral rosarina. Tanto los candidatos de La Libertad Avanza como del oficialismo provincial, de Unidos para Cambiar Santa Fe, salieron a arrinconar a Monteverde y a ligarlo con la figura de la expresidenta y del kirchnerismo.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que el Gobierno apelará “en todas las instancias” el fallo de la jueza Loretta Preska por la causa YPF. Según expresó en una entrevista emitida por LN+, la estrategia oficial contempla tanto una apelación de fondo como una presentación contra la decisión específica de la magistrada estadounidense. Además, el funcionario remarcó que la administración buscará agotar todas las herramientas legales disponibles.
Durante la conversación, el periodista Luis Majul sugirió que la Argentina, tarde o temprano, deberá afrontar el pago derivado de la sentencia. Frente a esa observación, Francos reiteró que el Gobierno persistirá con las apelaciones y negó que el pago resulte inevitable en esta instancia del proceso.
Por Diego Cabot
La trama judicial que se inició hace muchos años, después que las desprolijidades del gobierno kirchnerista que ingresó en malón a YPF, ha empezado a transcurrir los últimos y más importantes casilleros. Y, para entender, cada uno que se consume significan miles de millones de dólares.
La impronta estatizadora del segundo gobierno de Cristina Kirchner y sus laderos energéticos Julio Miguel De Vido y Axel Kicillof tuvo su momento de éxtasis cuando en abril de 2012 se estatizaron las suficientes acciones de Repsol que permitieron tener al Estado el 51% del paquete accionario de la petrolera YPF. De ahí en más, todo fue un peregrinaje judicial para pagar los errores y horrores que cometieron los amantes del Estado presente.
Por Camila Dolabjian
El presidente Javier Milei aceptó la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, acusado de proteger a narcotraficantes, extorsionar empresarios y malversar fondos. La decisión, confirmada por fuentes gubernamentales a , implica que el magistrado evitará el juicio político y podrá acceder a una jubilación de privilegio, pero también que quedaría detenido una vez que se oficialice la decisión.
La medida fue firmada por el Presidente y por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y oficializada a través del decreto 443/2025 del Boletín Oficial. Dejó sin efecto el proceso de destitución que avanzaba en el Consejo de la Magistratura y no contiene ninguna fundamentación, como suelen incluirse en los decretos presidenciales.
Por Carlos Pagni
Uno de los cuentos más clásicos de Jorge Luis Borges es “El Aleph”, un cuento fantástico en el que imagina que existe un punto que contiene todos los puntos del universo. El caso YPF, sobre el que este lunes hubo una novedad judicial en Estados Unidos, y toda la peripecia de la empresa durante el kirchnerismo, es una especie de Aleph donde uno puede encontrar los distintos planos y dimensiones de la corrupción en la Argentina.
Este caso demuestra que no estamos ante la evidencia sistemática y reiterada de distintos episodios de corrupción, sino que hay un sistema que produce, como si fuese una usina, este tipo de miserias. Para que ocurran, deben coordinarse funcionarios, empresarios y Poder Judicial. Una mezcla de malicia e incompetencia deliberada, donde uno no termina de discernir si lo que hay es gente extraordinariamente astuta, o demasiado tonta, por las consecuencias costosas de sus actos. YPF permite ver, como ningún otro caso en la era kirchnerista, este fenómeno.
Por Luciana Vázquez
Del affaire YPF de Kicillof y los Kirchner al triunfo de Gildo Insfrán en Formosa y de ahí a la profecía económica maldita como la herramienta política preferida de Cristina Kirchner: entre el fin de semana y este lunes, la larga sombra del kirchnerismo que pende sobre la Argentina de Milei acaba de saltar al primer plano. Ayer, ese legado oscuro adquirió nueva vigencia a partir de una última noticia, la orden de la jueza Loretta Preska al Estado argentino para que se desprenda del 51% de sus acciones en YPF y compensar así a los fondos Burford y Eton Park por la expropiación de YPF durante la presidencia de Cristina Kirchner, con el Ministerio de Economía en manos de Axel Kicillof.
De todos los eventos fortuitos que pueden traer obstáculos a la recuperación económica de la Argentina, tanto externos como internos, el menos esperado era un fallo judicial que, de cumplirse, puede llegar a quitarle una de las joyas de la abuela. YPF y su rol en la extracción del potencial de Vaca Muerta son una pieza central del modelo productivo de la Argentina de Milei, hecho por ahora de dólares de la energía y minería y commodities del agro.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó el fallo judicial emitido por la juez Lorretta Preska en el juicio por la expropiación de YPF, que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera. “Es un disparate”, dijo el mandatario a través de la red social X este lunes por la noche.
En la misma publicación, ofreció respuesta a las críticas del presidente Javier Milei, quien lo responsabilizó por el fallo adverso. “Lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger”, planteó.
Por Cecilia Devanna
El presidente Javier Milei responsabilizó al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por el juicio en contra del país a raíz de la expropiación de YPF y la decisión de la jueza estadounidense Loretta Preska, que este lunes ordenó al Estado entregar el 51% de las acciones de la compañía a los fondos Burford y Eton Capital, quienes compraron a la familia Eskenazi el derecho a litigar contra el país por esa estatización.
El mandatario también adelantó que la Argentina apelará la decisión, para lo cual tiene un plazo de 15 días a partir de la fecha de notificación.
Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación, apuntó con una catarata de insultos y adjetivos descalificativos contra la periodista María O’Donnell por una editorial en la que cuestionaba los términos utilizados por Javier Milei para referirse a referentes de la oposición. Además de llamarla “pelotuda”, “estúpida” e “imbécil”, Oría le pidió a O’Donell pronunciarse sobre temas como la orden de la jueza Loretta Preska en el juicio por la expropiación de YPF, y chicaneó: “¿El que te da la pauta no te deja criticar a Kicillof?”. Los agravios del asesor tuvieron respuesta.
Previo al ataque de Oría, la periodista había puesto bajo la lupa las dos últimas presentaciones -una cena privada en el Yacht Club de Puerto Madero y el primer congreso libertario bonaerense- del jefe de Estado. “Los dos discursos son parecidos en términos de tono: el nivel de agravios e insultos. Entre ellos ‘rata’, ‘inmundo’, ‘el enemigo ha sido identificado’, ‘con ellos son cruel’”, resaltó el pasado viernes en su programa en Urbana Play.
Por Eduardo Ledesma
CORRIENTES.– A pesar de las versiones que afirmaban que se encaminaban hacia una alianza, el gobierno de Corrientes, encabezado por el radical Gustavo Valdés, y La Libertad Avanza no sellaron un acuerdo electoral. De esta manera, el partido del presidente Javier Milei no será parte de la alianza oficialista “Vamos Corrientes”, que el próximo 31 de agosto irá a las urnas para renovar todo el poder provincial, desde gobernador y vice hasta concejales en 73 de los 74 municipios del territorio.
“No hay acuerdo”, le dijo a el propio gobernador Valdés, negociador del armado oficialista en su calidad de presidente de la UCR. Así, el gobernador frenó las versiones y La Libertad Avanza tendrá una fórmula local para competir en las elecciones provinciales.
La periodista Romina Manguel respondió a las críticas e insultos que el presidente Javier Milei le dedicó el domingo durante su paso por una señal de streaming.
El mandatario la había tildado de “imbécil”, “pelotuda”, “incapacitada mental” y “primate”. También aclaró que solo le daría una entrevista si le pidiera disculpas -el jefe de Estado no especificó el motivo por el cual Manguel debería disculparse-.
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El gobierno de la provincia de Entre Ríos otorgó este jueves un aumento salarial a los efectivos de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario.
El incremento será en la suma no remunerativa y no bonificable que percibe el personal de seguridad. A partir de febrero de 2026 pasará a ser de $200 mil para los agentes de menor antigüedad. El techo será de $350 mil, de acuerdo con la escala correspondiente.
La medida se tomó mientras el Gobierno de Santa Fe buscaba una salida para descomprimir la crisis en Rosario. La administración de Maximiliano Pullaro dejó de lado las amenazas de sanciones y se enfocó en mejorar los ingresos de la tropa.
El movimiento policial rosarino removió viejos recuerdos del otro lado del río Paraná. En 2013, la Policía se acuarteló en Concordia. La crisis social generada devino en saqueos que se cobraron tres muertes.
Casi en paralelo a los sirenazos en Rosario, un grupo de familiares de agentes policiales y penitenciarios entrerrianos organizó una convocatoria. El llamado no revestía demasiado peligro. La fecha prevista para la protesta recién era a mediados de marzo.
Sin embargo, el gobierno de Rogelio Frigerio entrerriano cortó por lo sano e hizo este anuncio. Otro factor que enlaza lo que ocurría en Santa Fe con la decisión del gobierno provincial es que el escalafón de seguridad recibió el incremento antes que otros siquiera hayan sido llamados a discutir recomposición de haberes para el 2026.
Recién 24 horas después de que se hiciera público el incremento a policiales y penitenciarios se conoció la convocatoria a los demás estamentos. La primera reunión de la paritaria estatal se concretará el 19 de febrero. El turno de los docentes será recién el 23, una semana antes del comienzo del ciclo lectivo.
En qué consiste el incremento
El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, precisó que la medida implica el reemplazo de los códigos 101 y 133, para el personal en actividad. Con este incremento, un agente de la Policía, con un año de antigüedad, cobrará $1.302.000.
Asimismo, se dispuso la actualización de la suma que perciben los pasivos de ambas fuerzas de Entre Ríos. Se estableció un monto fijo mensual de 100.000 pesos a partir de febrero de 2026.
El mandatario provincial suele destacar de forma pública la labor de la Policía de Entre Ríos. “Tenemos la mejor del país” ha repetido en varios actos oficiales.
Cuál es el panorama general de los salarios
Entre la caída de la recaudación propia y la merma en los recursos coparticipables, la Administración Frigerio hace malabares para cubrir las demandas de los agentes públicos.
“Venimos trabajando en la propuesta que podemos realizar, siempre en el marco de diálogo con los gremios. No tengo un número para decir ahora”, afirmó el ministro de Economía entrerriano, Fabián Boleas, cuando se le consultó sobre la oferta a estatales.
“Estamos delineando, tratando de cerrar lo antes posible esa cuestión para luego plantearla”, agregó, subrayando que será una oferta que el Estado provincial pueda afrontar. “No vamos a comprometernos a nada que no podamos cumplir”, destacó.
Frigerio se manifestó en esa sintonía. “El año pasado tuvimos una paritaria histórica anual. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo en ese mismo sentido”, expresó. Luego, puso límites a las expectativas de incremento de haberes. La oferta oficial tendrá en cuenta “lo que es de público conocimiento: la recaudación de las provincias en general y la nuestra no es una excepción, no se ha recuperado todavía”.
POLITICA
Aceleración oficialista en el Congreso: giro al “realismo libertario” y golpe al discurso anticasta
Patricia Bullrich usó un dicho de la política tradicional para destacar que fue una larga negociación lo que le permitió al oficialismo avanzar con la reforma laboral en el Senado. “El tango se baila de a dos”, escribió en X. El diputado Benegas Lynch lo sostuvo de otra forma, más directa. “Cuando vos te metés en el recinto, es para ganar una votación, no para que te llenen la cara de dedos”, dijo en una entrevista con este medio. ¿A quién le hablaban? Sonó, especialmente en boca del legislador, a mensaje para la propia tribuna. Una especie de justificación para sostener el giro al “realismo libertario” y amortiguar el golpe al discurso anticasta.
Entre las muchas consideraciones que pueden ser hechas sobre el texto aprobado en el Senado -y enviado 48 horas después a Diputados, para acelerar el trámite-, se anotan las decenas de puntos que decidió modificar el Gobierno en tren de reunir votos. No fue tampoco una novedad absoluta, aunque esta vez prefirió evitar lo ocurrido con el Presupuesto 2026, en las vertiginosas sesiones de fin del año pasado. Aquella vez, el oficialismo perdió en Diputados una votación de alto impacto, por el capítulo que incluía el fin de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Procesó su enojo, no insistió en el Senado y pudo celebrar la sanción de la ley.
Visto de entrada que la reforma laboral demandaba negociaciones y cambios, enfrentó la prueba del Senado -y la pasó con comodidad numérica- en base a tratativas que tuvieron como foco a los gobernadores pero que, con menor visibilidad mediática, incluyó señales a los jefes sindicales y no sólo al mundo empresarial. Traducido según los criterios básicos de su “batalla cultural”, se trataría de un arreglo con “la” política (los jefes provinciales) y con la casta sindical.
Por supuesto, la trascendencia del proyecto laboral podrá ser medida por sus efectos prácticos en las relaciones de trabajo. Habrá que esperar la sanción definitiva, la reglamentación, la aplicación que demandará tiempo. Pero en lo inmediato, los primeros ruidos se registraron en un terreno que durante bastante tiempo el oficialismo asumía como propio o, al menos, cómodo: las redes sociales, con particular foco en X.
En ese circuito que tiende al reduccionismo y la chicana, los puntos destacados fueron el trato cerrado con los gobernadores y, más aún, la modificación de artículos que afectaban a la estructura sindical. En el primer caso, fue un acuerdo de necesidad compartida: finalmente, fue liquidado el punto de la baja de Ganancias. Ni a las provincias ni al Gobierno les convenía. La recaudación viene cayendo de manera sostenida desde hace seis meses, con el consiguiente impacto en las cuentas nacionales y, según el impuesto, en la coparticipación federal.
Los gestos hacia los jefes sindicales -expresión de negociaciones más reservadas, entre otras razones por cuestión de imagen– terminó siendo un dato potente, provocado en buena medida por desmanejo discursivo del oficialismo. Puso énfasis en adjudicar al proyecto un sentido de combate con el sindicalismo, casi como elemento mayor, y las concesiones terminaron destacando eso mismo, pero al revés. Los aspectos que sí podrían haber afectado a las organizaciones gremiales -y su dirigencia- fueron dados de baja. No hubo rebaja de aportes a las obras sociales y también quedó en el camino la idea de bloquear los aportes “solidarios” a los sindicatos y el modo de recaudar la cuota gremial, a través de las empresas. Mal momento para Federico Sturzenegger.
Desde el lado sindical, el elemento inquietante tuvo poco que ver con las advertencias de movilización y medidas de fuerza. En ese juego, quizás haya pesado más la latente posibilidad de demandas para judicializar algunos aspectos de la reforma. El sindicalismo peronista carece prácticamente de poder legislativo. Es una tendencia que, en rigor, se profundizó en era K. Pero a los jefes cegetistas le quedan otros recursos. Algunas municiones del oficialismo sobre el fuero nacional del trabajo alimentan todo tipo de especulaciones.
Más visible resultó la afirmación del poder de negociación de los gobernadores. Fue notable en el pasado capítulo del Presupuesto y determinante en un tema como la ley laboral. El Gobierno los terminó poniendo en el centro de la discusión con la propuesta de la baja en Ganancias para empresas, que corrió el eje del tema a pesar de que Economía sabía de su propia debilidad en ese frente. La decisión de llevar a la larga el asunto terminó para agrandarlo. Y, más allá de la combinación de necesidades, quedó como una cesión del oficialismo.
El Gobierno, entre tanto, apuesta a capitalizar el momento legislativo. Avanza con otros temas y anuncia más. En esa movida, se destaca el proyecto de régimen penal juvenil, una iniciativa recreada por el oficialismo y que, al menos mediáticamente, quedo teñida exclusivamente por la baja de la edad de imputabilidad. Ese punto fue acordado con socios y aliados. Pasó de Diputados al Senado, que debe apurar el paso la semana que viene para llegar al recinto antes de fin de mes. Una cuestión que generó algo de debate en el trámite inicial podría plantear otra prueba y tratativas con las provincias: los fondos para ir adecuando los servicios penitenciarios a la letra de la iniciativa.
La actitud negociadora aparece insinuada además en la intención de incorporar a la agenda un proyecto que de algún modo cierre el tema de los fondos para universidades. Existe una necesidad generada por el frente judicial abierto ante el incumplimiento de la ley de financiamiento que aprobó el Congreso, vetó Javier Milei y sigue en pie por la insistencia legislativa. Trascendieron conversaciones con los rectores. Y esas tratativas están a cargo de Carlos Torrendel y Alejandro Alvarez. El encargado de Políticas Universitarias es sin dudas el funcionario del área que encaró con mayor dureza mileista su tarea. Ahora, al parecer, las necesidades son otras.
En cualquier caso, este momento de “realismo libertario” -cuya extensión en el tiempo nadie podría asegurar- es similar a otros “realismos” que han expuesto las debilidades prácticas de las ideologías rígidas.
Los sindicatos presionan a la Confederación General del Trabajo (CGT) para que convoque a un paro general en rechazo a la reforma laboral que será tratada en Diputados. Aseguran que “sobran motivos para llamar a una huelga” y que no hay posibilidades de “frenar” el proyecto de ley sin un plan de lucha.
La iniciativa recibió media sanción el miércoles pasado en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra en el tratamiento en general. El objetivo del Gobierno es sostener el proyecto en Diputados tal como fue aprobado en la Cámara Alta.
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El día previo a que el Senado tratara la reforma laboral, la CGT logró cambios clave en el proyecto. El texto oficial tuvo 28 modificaciones y dos de ellas eran exigidas por la central obrera: se mantienen las cuotas solidarias y se eliminó el artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales.
Frente a ello, este sábado, el titular de la UOM, Abel Furlán, apuntó contra la CGT y adelantó que le pedirán al triunvirato que convoque a una huelga general durante el tratamiento del proyecto en Diputados.
“La CGT estuvo negociando con el Gobierno. Nosotros tenemos una opinión muy personal: no había nada para negociar en esos 213 artículos, porque presentan una pérdida de dignidad para los trabajadores. Había que rechazarlo de manera absoluta”, deslizó Furlán a Futurock.
Ahora, el oficialismo busca obtener dictamen de mayoría para tratar la reforma laboral el miércoles 18 de febrero y llevarla el jueves 19 al recinto de la Cámara de Diputados. En ese sentido, Furlán adelantó: “Hemos decidido llevar un pedido a la CGT para pedir un paro general con movilización”.
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Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le hicieron el mismo reclamo a la central obrera. “Estamos pidiendo que la CGT convoque a un paro. Están dadas todas las condiciones y sobran motivos para llamar a una huelga general”, afirmó a TN, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.
Otro de los sindicatos combativos es la Federación de Aceiteros y su titular, Daniel Yofra, se sumó al reclamo de la UOM y ATE.
Ante la consulta de si la CGT debe convocar a una huelga, Yofra respondió: “Ojalá que despierten antes del tratamiento de la ley en Diputados y larguen un paro. No hay posibilidades de frenar una ley como esta, si no hay un plan de lucha».
Reforma laboral: el sindicalismo volverá a las calles y realizará una medida de fuerza
Este viernes, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) que integra la UOM, Aceiteros, las dos CTA y ATE, entre otros, anunció un nuevo plan de lucha.
La decisión incluye la convocatoria a movilizaciones en distintas provincias y la realización de paros y protestas cuando la iniciativa se trate en la Cámara Baja.
“El Frente de Sindicatos Unidos definió un nuevo paro general con movilización al Congreso el día que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados”, señala el comunicado.
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Por su parte, el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró: “Tenemos que construir un clima de mayor hostilidad para los diputados que aquel que enfrentaron los senadores. No es una utopía voltear la ley o al menos que se empantane su tratamiento”.
De este modo, además de la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, irán a un paro la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Molineros, CONADU y Viales.
CGT, Paro, reforma laboral, Diputados, Gremios
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