POLITICA
El juez Bailaque quedó detenido en su casa con pulsera electrónica y buscará cobrar una jubilación de privilegio

El exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, quedó detenido bajo el régimen de prisión domiciliaria con pulsera electrónica. La medida fue dispuesta por la Justicia federal como parte de tres investigaciones que lo acusan de extorsión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros cargos.
A través del Decreto 443/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno aceptó la renuncia del exmagistrado. El documento, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, señala que la dimisión de Bailaque al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Rosario será efectiva a partir del 1° de julio de 2025.
Leé también: Sin acuerdo con Nación, los gobernadores buscan alternativas para repartir fondos y mejorar su recaudación
Bailaque enfrenta un proceso judicial por favorecer -presuntamente- a personas implicadas en causas de narcotráfico en Rosario. El Consejo de la Magistratura había iniciado investigaciones que se encaminaban a un jury en perjuicio del exjuez. Sin embargo, Bailaque decidió renunciar para no perder su jubilación.
Hace una semana, el exmagistrado se defendió de las acusaciones mediante una carta en la que negó cualquier vínculo con narcotraficantes. A pesar de sus declaraciones, su desempeño había sido cuestionado por la Procuración General de la Nación y el Consejo de la Magistratura, que promovieron investigaciones internas basadas en informes y testimonios confidenciales.
Los documentos analizados por organismos federales revelaron presuntas demoras en trámites judiciales y omisiones en investigaciones sobre lavado de dinero. La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) aportaron pruebas de maniobras irregulares en casos de tráfico de drogas y delitos económicos, tramitados en los juzgados de Bailaque.
Las acusaciones contra Bailaque
Bailaque estaba a cargo del Juzgado Federal N°4 de Rosario hasta que en noviembre del año pasado avanzó la acusación en su contra.
El juez federal está imputado por los delitos de extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal.
Una de las causas más graves que el magistrado enfrenta es por presuntas maniobras dilatorias en favor del capo narco Esteban Alvarado y su exesposa Rosa Natalí Capuano.
El magistrado está imputado también por el armado de una causa contra dos financistas para cobrarles una coima. En ese expediente hubo un arrepentido: el extitular de ARCA de Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna.
El fiscal federal Diego Velasco, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), había pedido la detención del magistrado por considerar que existían riesgos de entorpecimiento de la investigación.
En marzo de este año, la Cámara Federal de Casación Penal definió la situación judicial de Bailaque y de su colega Gastón Salmain, investigados en un supuesto entramado de corrupción donde están incluidos narcos, exfuncionarios de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y financistas.
Leé también: Bailaque no fue al Consejo de la Magistratura y espera que el Gobierno acepte su renuncia para evitar el jury
El tribunal determinó que el caso sea investigado bajo el sistema penal acusatorio. Sin embargo, la defensa del juez federal reclamó que se haga bajo el viejo código, que es más lento y le permitiría al magistrado ganar tiempo mientras el Consejo de la Magistratura formula la demanda por supuesto mal desempeño.
Sin embargo, dos semanas después de aquel pedido, Bailaque decidió presentar su renuncia.
Marcelo Bailaque, Juez, Rosario
POLITICA
La Justicia embargó por más de $157.000 millones al gobierno bonaerense por un caso de contaminación “aberrante”

Un embargo de $157.164.287.201 recae desde esta semana sobre la provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof, a raíz de su prolongada inacción frente a la grave contaminación cloacal e industrial que afecta la cuenca conformada por el río Santiago, el arroyo El Gato y el Río de la Plata.
La medida, dispuesta por el juez federal en lo Civil, Comercial y Contencioso de La Plata N°4, Alberto Recondo, busca forzar el inicio inmediato de las obras de saneamiento demoradas por más de veinte años y obliga a la Provincia a enfrentar uno de los mayores litigios ambientales en su historia reciente.
El magistrado se fundó en un informe presentado por la Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia Gestión Ambiental (Uidet GA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) aportó pruebas concluyentes del daño actual, al señalar que se trata de un «grado de contaminación aberrante de todo el sistema que ha sido convertido en un sumidero de aportes cloacales y desperdicios varios“.
Según los peritos, el aporte cloacal masivo de La Plata se verifica en El Gato. El cauce se convirtió en un colector cloacal, con mala calidad del agua caracterizada por “elevada conductividad y carga orgánica”, especialmente a partir de la calle 1, donde se detectaron altos niveles de nitrógeno total procedente de orina humana. Los valores superan las normas nacionales e internacionales e incompatible con cualquier uso recreativo.

También se reportó contaminación significativa aguas arriba, en zonas como la calle 143, La Granja y Melchor Romero. Además, arroyos urbanos como Saladero en Berisso, Canal Oeste y Doña Flora en Ensenada contribuyen de manera secundaria y principal, respectivamente, a la carga urbana e industrial de desechos. El impacto de la descarga del Arroyo El Gato en el Río Santiago es muy significativo, con un marcado deterioro de la calidad de agua en el sector del Club de Regatas La Plata.
Otro estudio técnico incorporado al expediente, basado en muestreos en el Río de la Plata, confirmaba la presencia de un “corredor costero de aguas contaminadas” con residuos provenientes de actividades domésticas e industriales que se suceden desde la Capital Federal hasta Punta Piedras, involucrando a municipios como Avellaneda, Quilmes, Berazategui, La Plata, Magdalena y Punta Indio.
Según La Nación, Recondo fundamentó el fallo que la omisión estatal para implementar políticas de depuración de efluentes se remonta a más de dos décadas. Es decir, exceden al plazo de los dos mandatos de la gestión de Axel Kicillof. Ahora bien, las carencias presupuestarias con las que se excusó la Provincia en el expediente “aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones”.

El magistrado también dispuso la obligación de retirar mecánicamente los residuos sólidos urbanos acumulados en los principales cursos de agua afectados.
El inicio de las obras suspendidas para el tratamiento de efluentes cloacales estaba previsto para 2022, durante el primer mandato de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires. En ese momento, la inversión necesaria para reparar el daño ambiental representaba el 0,67% del total del presupuesto provincial.
En el año 2022, autoridades de la Presidencia de la Nación, la Fiscalía de Estado bonaerense y representantes del Congreso de la Nación fueron notificados sobre la urgencia de iniciar las obras destinadas al saneamiento de los efluentes cloacales en la región. La intención era acelerar la respuesta del Estado frente a una problemática con impacto directo en la salud pública y el ambiente, pero se incumplieron las advertencias.

En la resolución judicial, Recondo afirmó: “Esto permite concluir que la imposibilidad de ejecutar las obras ordenadas no se sustenta en la falta de financiamiento internacional, sino en decisiones que el Estado provincial adopta hace más de veinte años a la hora de asignar recursos“.
La demanda original fue impulsada desde hace años por Iván Vigo Mariños y el abogado Aníbal Falbo, patrocinados por la Secretaría de Extensión de la UNLP. Antes de que se decretara este embargo, pese a sucesivas medidas cautelares, la Provincia no ejecutó ninguna acción concreta encaminada a remediar la contaminación generalizada con un plan integral.

El gobierno bonaerense no respondió a las consultas de Infobae sobre la causa y el reclamo ambiental.
En 2024, el juez Recondo ya había dictado una medida cautelar para que tanto el gobierno bonaerense, como a la Municipalidad de La Plata y la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA), realicen acciones concretas para dejar de contaminar el Arroyo El Gato e instalen barreras flotantes de contención y extracción, con el fin de facilitar el retiro de los residuos sólidos del curso hídrico.

Los municipios estaban obligados a realizar un relevamiento de toda la extensión de la cuenca, a fin de identificar todos los puntos a través de los cuales se produce el vertido de sustancias contaminantes.
sedimento,río,monitoreo,ambiental,investigación,calidad del agua,muestreo,embarcación,ciencia,ecosistema,Arroyo el Gato,contaminacion ambiental,Provincia de Buenos Aires
POLITICA
El Gobierno dio marcha atrás con los puntos más espinosos de su Plan de Inteligencia Nacional

En silencio, el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con los puntos más polémicos del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que había enviado la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Era un documento secreto de 170 páginas que, según las fuentes consultadas y el análisis de su redacción original, entreabría la puerta a tareas de espionaje ilegal contra opositores, economistas, movimientos sociales y periodistas. Las modificaciones a ese texto original fueron confirmadas a por tres fuentes al tanto de las correcciones y enmiendas.
Desarrollado por el entonces titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y sus máximos colaboradores, el PIN fija cuáles son los lineamientos estratégicos del país para, en base a esos lineamientos, trazar los objetivos generales y las acciones particulares que debe adoptar la comunidad de inteligencia para impulsarlos o defenderlos. Pero la redacción libertaria levantó polvareda cuando reveló sus aspectos más controvertidos, el 25 de mayo pasado. Tras esa publicación y el debate político y social que generó, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso emitió en septiembre un dictamen crítico sobre el documento.
“Es cierto, eliminaron los aspectos más controvertidos del PIN y lo reenviaron a la comisión después de las elecciones de octubre”, indicó una de las fuentes consultadas, que requirió resguardar su identidad por tratarse de secretos oficiales. “Sólo puedo decirle que la SIDE receptó la mayoría de las observaciones que le hicieron los legisladores”, abundó.
En su redacción original, el PIN afrontó cuestionamientos porque la SIDE determinaba que quedaban bajo su lupa todos aquellos que buscaran “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios a cargo de velar por la seguridad de la Nación, sin precisar si aludía a agentes de otras naciones o a expertos, periodistas y ciudadanos que cuestionaran los operativos de la entonces ministra Patricia Bullrich para evitar los cortes de tránsito, por ejemplo, frente al Congreso.
La SIDE libertaria también fijó como foco de interés de su primer PIN a aquellos “actores” que promovieran la “distorsión” de la “percepción” y afectaran los procesos “cognitivos” de la opinión pública. Por ejemplo, a través de las nuevas tecnologías y, en particular, por medio de la inteligencia artificial. Eso, con la nueva redacción, quedó atrás, confirmaron dos de las fuentes consultadas a .
“Quitaron todo lo que se prestaba al espionaje interno o lo modificaron o insertaron aclaraciones y salvedades, para transmitir antes de que se fuera Neiffert que querían cumplir con todo o que no querían problemas”, graficó una de las fuentes consultadas. “Cuando aludían al proceso ‘cognitivo’, por ejemplo, indicaron que aludían a agentes ‘externos’, como otros países”.
Así, al decir de las fuentes consultadas, Neiffert y sus colaboradores también habrían editado su foco sobre aquellos “actores” que pudieran generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del Gobierno, sin precisar quiénes podrían quedar bajo la lupa. También, sobre aquellos que pudieran “manipular” a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar la “desinformación”.
Desde el Congreso, en tanto, marcan otro foco de interés o preocupación: el decreto 941/2025, que Milei firmó a fin de año, sin debate parlamentario. Así, mientras el Gobierno reescribía los pasajes más cuestionados del Plan de Inteligencia , el Presidente amplió por decreto las facultades de la SIDE, que quedó facultada a detener personas sin control judicial previo y al cruce masivo de información y datos personales.
La renovación del Poder Legislativo dejó a la comisión bicameral en suspenso, a la espera de una definición sobre quiénes serán sus nuevos integrantes, que a su vez deberán analizar la nueva versión del Plan de Inteligencia Nacional, que todavía no recibió su revisión definitiva. Para algunas fuentes consultadas, eso implica la vigencia de la versión más polémica del documento; otras fuentes no comparten esa interpretación.
“Nosotros damos por vigente el PIN que se envió al Congreso, con las correcciones, aunque no esté perfeccionado con el visto bueno de la comisión”, indicó una cuarta fuente consultada por . “El motivo es sencillo: el Plan lo redacta el Ejecutivo y recibe observaciones y sugerencias de la comisión, que tiene facultades para revisarlo y observarlo, pero no para aprobarlo ‘per se’ o rechazarlo”.
De acuerdo con la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), cabe aclarar, la Comisión Bicameral ejerce el control parlamentario del Sistema de Inteligencia Nacional y tiene entre sus funciones supervisar las actividades, planes y recursos de los organismos de inteligencia para garantizar que su actuación respete las garantías constitucionales.
La decisión de editar y reescribir el Plan de Inteligencia Nacional se combinó con una maniobra orquestada entre los miembros oficialistas y kirchneristas de la Comisión Bicameral que benefició a ambos sectores. Juntos aprobaron en simultáneo el último año de gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la presidencia de Alberto Fernández y el primer año de gestión de la SIDE de Milei.
“Fue durante la última reunión del año”, indicó, en alusión al encuentro que los senadores y diputados que integraban la Comisión Bicameral mantuvieron el martes 2 de diciembre, la semana previa a la renovación parcial de ambas cámaras del Congreso. “Se aprobó el año de gestión y esa misma tarde o al día siguiente, Neiffert se fue de la SIDE”, precisó.
Presidencia anunció la salida de Neiffert minutos antes de la medianoche del 2 y horas después publicó la designación al frente de la SIDE del contador Cristian Auguadra, otro alfil del asesor Santiago Caputo. La versión oficial es que había “concluido la primera etapa de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional” (SIN) y comenzaba la “modernización técnica y operativa” de la SIDE.
Desde el kirchnerismo, defendieron la maniobra en tándem con los libertarios. “Se aprobaron los balances y las rendiciones de partidas”, indicó una segunda fuente. “No había motivo para no aprobar los números. No encontramos ninguna irregularidad contable y la gestión de Neiffert, en cuanto a los números, fue bastante prolija y se comprobó que devolvieron al Tesoro los 100.000 millones [de pesos] que tenían que devolver después que les volteamos el DNU [por el decreto de necesidad y urgencia], más allá de las reasignaciones presupuestarias posteriores”, sostuvo.
Desde el kirchnerismo confirmaron lo que definieron como “una suerte de acuerdo” con el oficialismo, aunque afirmaron que fue “sólo con respecto al último año de la AFI [con Fernández] y el primero de la SIDE [con Milei], pero lo más ‘picante’ de este año ocurrió en 2025, con Scatturice”, afirmó el informante, en alusión al exagente de inteligencia, lobista y empresario dueño de FlyBondi, muy cercano a Santiago Caputo.
Otros, sin embargo, se mostraron más críticos sobre lo ocurrido. “Se pelearon o simularon sacarse chispazos dentro de la comisión durante todo el año, pero llegaron a la última reunión con el informe ya escrito y sin objeciones para hacerse de los dos lados, y lo aprobaron sin dar muchas vueltas”, resumió.
El entendimiento transaccional entre oficialistas y kirchneristas llegó sobre el filo de los mandatos de la mayoría de los 14 legisladores que integraban la comisión; entre ellos, de su presidente, el entonces senador Martín Lousteau (UCR), el vice, el diputado Leopoldo Moreau (Unión por la Patria), y el entonces senador Oscar Parrilli (Unión por la Patria) como secretario. En la actualidad, Lousteau es diputado y los dos restantes dejaron el Congreso.
Secretaría de Inteligencia del Estado,LA NACION reveló sus aspectos más controvertidos,decreto 941/2025,amplió por decreto las facultades de la SIDE,Presidencia anunció la salida de Neiffert,Hugo Alconada Mon,SIDE,Congreso Nacional,Conforme a,SIDE,,Ola de renuncias. Con la salida de Lavagna, se fueron del Gobierno 45 funcionarios en solo dos meses,,Aval al Gobierno. Un juez rechazó un pedido para suspender el DNU de Milei que reformuló la SIDE,,Agente de inteligencia. Murió Raúl Guglielminetti, un símbolo del espionaje de la dictadura que se infiltró en la democracia
POLITICA
Manuel Adorni habló sobre las críticas por el viaje de su esposa a EEUU: “Las comitivas de este Gobierno son las más chicas de la historia”

Desde Nueva York – Luego de las repercusiones sobre el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, habló con Infobae. En una sala privada, mientras se desarrollaba la segunda jornada del Argentina Week en el edificio del Bank of America (BofA).
El funcionario aseguró que “no hubo ningún episodio extraño” y que cree que no tiene que dar explicaciones sobre el tema. “Yo quería que mi mujer me acompañe y fue invitada de Presidencia, punto. El resto de las explicaciones ya las di. No hay nada malo ni nada que aclarar. Incluso acá hay mujeres de otros funcionarios. Es normal que uno viaje con su esposa”.
“Es el momento ideal para pegarme. Venimos de arrasar en las elecciones. Mostramos todo lo hecho y lo que viene. Abrimos la Argentina a un mundo de inversiones desconocido para el país en treinta años. Hay sectores de la política y empresarios de la vieja guardia que no quieren que a la Argentina le vaya bien. Esto pasó muchas veces, como con la mujer de Sturzenegger, hace poco, cuando fue criticada sin razón. Es parte del juego, pero estamos para otra cosa, no para discutir pequeñeces», agregó.
— Circularon en redes críticas suyas de años anteriores respecto a las comitivas presidenciales de otros gobiernos.
— Las comitivas actuales son las más chicas de la historia. Antes viajaban periodistas como parte de las delegaciones oficiales. Ahora, quien no sea parte debe costear todos sus gastos.

El jefe de Gabinete dijo que los gastos de su mujer no los paga el Estado y dejó ayer una frase que resonó en redes: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”.
— ¿Cómo marcha Argentina Week?
— Abrí el evento en el consulado. Fue mi primer choque real con todo esto. Me impresionó la cantidad de gente, empresarios y CEOs interesados en la Argentina, tanto argentinos vinculados como empresarios que no lo están. La expectativa real sobre el país es fuerte. Hacemos hincapié en mostrar cómo está la Argentina hoy y en explicar por qué creemos que es sostenible. Lo primero que se pregunta cualquier inversor es qué pasará en dos años, cuando haya elecciones. Argentina entra en un bucle electoral complejo cada dos años. Nosotros queremos exterminar ese ciclo, que todos sepamos hacia dónde vamos, sin importar quién gobierne.
— ¿En qué contexto buscan eliminar ese ciclo?
— Que el rumbo del país no dependa de quién gobierne. Noté que había convencimiento sobre el camino elegido y también la sensación de que esta vez va en serio. Antes, en campaña, prometíamos un país mejor, pero no teníamos resultados. Ahora sí, y buscamos que cuestiones como la estabilidad macroeconómica, la defensa de la propiedad privada y el orden en las calles no se discutan más.
— ¿Qué le dicen los inversores? ¿Qué falta para que se concrete lo que buscan?
— Muchos ya están interesados. Otros esperan la aprobación del RIGI, que implica miles de millones de dólares pendientes. Hubo buena recepción de la modernización laboral, tema principal para muchos. Hoy, en la Cámara de Comercio Americana, destacaron que ahora se respeta a rajatabla las reglas del juego.

— ¿Y lo que falta?
— El país era inviable porque las reglas se cambiaban en medio del juego. Ahora hay mucha expectativa y algunos pendientes por aprobar, sobre todo en farma y agro, dos sectores clave. El Presidente dijo que esos temas se resolverán rápido en el marco del acuerdo. Hay mucha tranquilidad con la nueva fuerza legislativa. Por primera vez, quienes queremos un país normal tenemos mayoría, no el peronismo. Eso dice mucho de la sociedad y de hacia dónde queremos ir. Estamos inmersos en iniciar ese camino legislativo.
Adorni adelantó que buscarán realizar otro Argentina Week este mismo año y que luego debería ser un evento anual. “Este ya es un evento exitoso. En esta ventana mostramos una Argentina seria, con oportunidades de inversión y alta rentabilidad. Energía, minería, servicios, inteligencia artificial y agro son sectores con gran potencial. El Presidente siempre dijo que cuanto antes lleguen, mayor rentabilidad obtendrán», cerró.
Argentina Week
CHIMENTOS3 días agoEl ex novio de Luana de Gran Hermano reveló información sensible sobre su relación: “El bolso tenía plata”
CHIMENTOS3 días agoSorpresa en Gran Hermano tras la expulsión de Carmiña: la reacción de la producción y las dudas sobre su reemplazo
CHIMENTOS2 días agoEmanuel Noir, de Ke Personajes, anunció que dejará las redes sociales: “Una búsqueda mayor a la que creí, apareció”
















