POLITICA
Javier Milei querelló a Fabián Doman y Jorge Rial por hablar de su vida sexual en un streaming
El presidente Javier Milei presentó una querella criminal contra los periodistas Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico, a quienes acusó de atentar contra su honor y vulnerar su intimidad por hablar de su vida sexual en un canal de streaming.
La querella, firmada de puño y letra por Milei, con el patrocinio de su habitual abogado Francisco Oneto, está motivada en el programa Cónclave, que se emitió por el canal de streaming Carnaval del 23, en junio pasado.
Doman dijo a que no cometió ninguna injuria. Y que “en todas los manuales de derecho, cuando hay un caso de interés publico, está claro que hay injuria”.
El periodista entendió que hablar del Presidente y su pareja es a todas luces un caso de interés público, como lo fue en Estados Unidos la relación Kennedy-Marilyn Monroe o en la Argentina lo es el vínculo entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez.
Doman dijo que aspira a que “este caso permita resolver una demanda civil anterior” que le hizo Milei en 2021, que tramita en el juzgado civil 33 de Horacio Liberti, ”que está paralizada». Afirmó que es necesario que se abra a prueba y se establezca en ese expediente que no cometió ningún daño.
“Es incómodo tener dos denuncias de un Presidente y para colmo cuando soy liberal, fui afiliado a la Ucedé, no soy kirchnerista. Soy del palo. Me siento un bobo cuando hay cosas del Gobierno que yo defiendo mucho”, se quejó el periodista ante las “insólitas” demandas del Presidente.
En el streaming Doman y Federico dialogaban sobre Milei. En un momento Federico -según el texto de la querella- preguntó a Doman: “¿Garcha Milei? Para mí es parte de la salud mental de un mandatario». Y preguntó si es importante saber “si garcha o no garcha” en relación a su vida de pareja.
A lo que Doman respondió: “Sí. Para mí es importante saber si la mujer de (Emmanuel) Macron le metió un sopapo a Macron. Para mí no es menor si Donald Trump tiene una pareja real, vaya a saber la vida de Trump, o si con Melania tiene un contrato. Hace a la política, hace al esquema de poder. Hace al interés público”.
La demanda también apunta a Rial, a quien Federico aludió en el programa. Federico afirmó: “El titular de esta banca se obsesionó en determinado momento con la temática de los perros de Javier Milei y nos ponía a nosotros en el desafío de conseguir información porque básicamente generaba mucha curiosidad, había mucho interés de la gente que nos miraba, y había como una cosa desafiante. Él se enteró, Jorge me refiero, se enteró, por fuentes muy directas, que eso lo molestaba y entonces dijo ‘vamos a hincharles las pelotas. El periodismo tiene que molestar”.
Aunque Rial no estuvo presente en esa emisión, la querella señala que “forma parte del programa antes mencionado” y se le atribuye la “orden” de hostigamiento.
Milei sostuvo que las declaraciones de Doman y Federico se refieren a su intimidad y vida privada. Argumentó que el objetivo de los periodistas es hostigarlo “constantemente, con total despreocupación respecto de la veracidad de la información difundida”.
La querella afirmó que el fin de “hincharle las pelotas” a un Presidente no contribuye al interés público ni al sistema democrático, sino que “desprestigia a las instituciones y afecta gravemente la democracia”.
En cuanto a la referencia sobre su vida sexual, Milei enfatizó en su escrito que “esas cuestiones nada tienen que ver con el interés público ni con el sistema democrático. Son difamaciones y cuestiones ajenas al interés público, tratadas en los medios de comunicación con el único fin de afectar mi imagen, molestarme y atraer a la audiencia”.
El Presidente recalcó, en el escrito, que las cuestiones vinculadas a su vida privada, incluyendo sus relaciones sexuales o de pareja, “carecen de interés público” y pertenecen a su intimidad, por lo que no afectan su gestión de gobierno ni su rol como presidente.
Milei dijo que afectaron su honor. Admitió en su escrito que si bien los funcionarios públicos tienen una esfera de intimidad más reducida, no pierden su derecho y no se les puede exigir “que soporten estoicamente cualquier afrenta a su honor sin que se les repare el daño injustamente sufrido”.
Milei, que esta semana recrudeció con sus insultos a los periodistas, dijo que Doman y Federico con sus expresiones “promueven un debate de insultos y vejaciones, que no está amparado por ningún derecho constitucional”.
“No hay un derecho al insulto, a la vejación gratuita e injustificada”, se indicó en el texto firmado por Milei y se señaló que las “prácticas sexuales, propias de mi intimidad, y la ‘temática de los perros de Milei’ no guardan, en absoluto, relación con el ejercicio de la presidencia de la Nación ni con el sistema democrático”.
Dijo que hay una grave afectación a su honor y que la libertad de expresión “tiene límites” y que no confiere inmunidad. Sumó que la responsabilidad ante la Justicia existe “por los delitos y daños cometidos en el ejercicio del derecho de buscar, dar, recibir y difundir información e ideas de toda índole”.
El primer juicio de Milei a Doman fue por el programa Intratables del 17 de junio de 2021. Dos participantes del programa tildaron a Milei de nazi. Doman pidió que se analice el tema nuevamente y terminó el debate al afirmar: “Lo señalado es un concepto facho para un espacio político”.
Doman no mencionó ni a Milei ni la idea de nazi. Sin embargo, el Presidente lo demandó en la Justicia civil por “banalizar el holocausto”, al utilizarse al aire el término “nazi”. El expediente judicial está parado.
POLITICA
El Poder Ejecutivo avanza con los nombramientos judiciales y envía más de 50 pliegos al Senado
El proceso de designación de jueces comienza a acelerarse. Luego del anuncio del ministro de Justicia de la Nación que iban a mandar una tanda de pliegos al Senado, en el día de hoy comenzaron a ingresar los documentos de los propuestos.
El funcionario nacional había adelantado que iban a enviar en tandas de pliegos los nombres que propone el Poder Ejecutivo con el fin de cubrir los más de 300 juzgados vacantes y, durante la mañana de hoy, ingresaron a la Cámara Baja 52 de ellos. “La intención del oficialismo es acelerar”, el ministro había señalado que iba a mandar 60 pliegos. Los restantes formarían parte de las negociaciones con los gobernadores -buena parte de los juzgados son en las provincias- para definir cuál de los tres candidatos que enviaron desde el Consejo de la Magistratura es el que mayor consenso conseguiría a la hora de votarlos.
Otro punto a tener en cuenta respecto de los plazos es que, aunque entraron hoy, no van a poder ser discutidos en la Comisión de Acuerdos esta semana que es corta, por lo que se espera que Mahiques pueda completar el envío de los 62 pliegos que había anunciado en sus redes sociales hace una semana atrás.
Entre los pliegos se presentan los casos de 6 candidatos para el fuero Criminal y Correccional Federal, de los cuales 5 son para juzgados de La Plata y uno para los juzgados de San Martín. En el caso del fuero Criminal y Correccional de Capital Federal se presentaron 9 pliegos.
Para el fuero de los juzgados de Menores de Capital Federal llegaron dos propuestas al Senado de la Nación. En el caso del fuero Civil, el Ministerio de Justicia envió los pliegos para ocupar 5 juzgados y un único caso para el Tribunal Federal de Juicio de Formosa. En total, Mahiques envió los pliegos de 23 jueces. “Solicita acuerdo de designación de conjueces de los Juzgados Nacional de Primera Instancia en lo Civil con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas de la jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal”.
En el mismo envío se mandaron los pliegos de 4 defensores oficiales y de 12 vocales de Cámara.
Los pliegos llegan en un momento en el que la Corte Suprema de la Nación busca modificar la forma en la que el Consejo de la Magistratura determina las ternas y en el que el Senado de la Nación estableció un cambio en el proceso.
En el caso de la Cámara Alta se aprobó en sesión del pasado 18 de marzo una modificación a su reglamento interno que introduce precisiones en los mecanismos de publicidad aplicables al tratamiento de los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para la designación de jueces, conjueces de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.
La reforma modifica los artículos 22 bis y 123 bis, estableciendo que los pliegos deberán publicarse durante dos días, con una antelación no menor a quince días corridos previos a la audiencia pública, en el sitio web institucional, las redes sociales del Senado y el Boletín Oficial. Asimismo, cuando se trate de cargos correspondientes a jurisdicciones fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dispone su comunicación a los poderes legislativos provinciales y su publicación en los boletines oficiales de las respectivas jurisdicciones, a fin de asegurar una adecuada difusión a nivel local.
En el paquete que llegó al Senado de la Nación también se incluye los candidatos para ocupar la silla de Presidente, Vicepresidente y Vocales del Directorio del ENARGAS.
En este caso propone como presidente al actual interventor Néstor Laboglia y como vicepresidente a Vicente Serra.
Este fin de semana el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó un columna de opinión en en la que manifiesta su preocupación por la caída de la natalidad en la Ciudad y el posible impacto que podría tener sobre este tema que se adoptara una narrativa diferente sobre la familia y la paternidad. Aunque acierta en reconocer la caída de la natalidad porteña como un problema, erra en un análisis simplista del fenómeno y, especialmente, en una propuesta insuficiente para el futuro de la Ciudad.
Evidentemente tenemos un desafío enorme con la baja en los nacimientos. La tasa de natalidad, es decir, la cantidad de nacimientos por cada mil habitantes, cayó un 48% en CABA en los últimos 10 años. De la misma forma, pero visto desde otro ángulo, la tasa de fecundidad ―que es la cantidad promedio de hijos por mujer en edad fértil― cayó de 1,86 hijos en 2006 a 1,09 en 2023.
Esta tendencia pondrá en crisis hasta la provisión más básica de servicios públicos. Sin nacimientos habrá menos población económicamente activa y, con ello, no solo menos desarrollo e innovación, sino un sistema previsional quebrado por el desbalance entre trabajadores activos y beneficiarios. En definitiva, el modelo recaudatorio porteño indefectiblemente entrará en crisis. Ese es el problema real. Y frente a ese problema, proponer un cambio en “la narrativa sobre la paternidad” no es una solución: es una distracción.
Hablando con los porteños, me encuentro con tres grupos. En un primer grupo están las personas que no desean tener hijos. En un segundo grupo están quienes desean tenerlos, pero las condiciones materiales ―de acceso a la vivienda, a un buen trabajo, o cuidados o atención primaria― no se lo permiten; y, finalmente, están quienes lo desean y pueden. Ahora bien, esto no significa que quienes no tienen hijos no deseen construir una familia en cualquiera de las variantes que esta gran ciudad permite; de hecho, cada vez son más quienes sienten que su deseo se concreta construyendo su familia con un perro o un gato. ¡Y está perfecto también!
Por eso, el dilema que enfrentan las ciudades —Buenos Aires incluida— no es que todos tengan hijos. Es que los que quieren tener hijos, puedan tenerlos.
Eso implica reconocer aspectos del problema que van mucho más allá de las palabras, como que 1 de cada 4 mujeres debe dejar la fuerza laboral luego de su primer embarazo o que criar un hijo en Argentina hasta la adolescencia cuesta, al menos, 100 millones de pesos según la canasta de crianza del Indec. El problema no es narrativo: es concreto, cotidiano y muy visible para cualquier porteño. Suponer que las familias no tienen hijos porque nadie les habló bien de la paternidad es, francamente, subestimarlas.
Pero hay algo que preocupa todavía más que el diagnóstico equivocado: la mirada de familia que subyace al texto de Jorge Macri. En 2026, sugerir -aunque sea implícitamente- que la única forma legítima de construir una familia es teniendo hijos no es solo un error conceptual, es una receta para el fracaso de la Ciudad. No hay dudas de que las familias porteñas son infinitamente más amorosas y diversas que lo que las leyes y el funcionamiento del gobierno reconocen.
Dicho esto, el fenómeno de la caída de la natalidad no es únicamente porteño. A nivel nacional la tasa de natalidad cae, al menos, desde el 2014. En Nueva York, Helsinki, Tokio o Pekín el panorama no es muy diferente, con caídas en la cantidad de nacimientos sostenidas en la última década.
Pero, a diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, hay una decena de cuestiones que esas y otras ciudades con las que CABA aspira a compararse están planteando, antes de hablar de la narrativa de la familia y la paternidad. Este último es un debate cercano a aquel que vincula la caída de la natalidad con cuestiones religiosas, la “pérdida de valores” y, en algunos extremos, con propuestas de eliminar la educación sexual integral de las escuelas.
Por el contrario, un gobierno es elegido no para opinar de los problemas, sino para hacer política pública y resolverlos. Por eso, dejo algunos de los ejes que considero fundamentales para un plan de acompañamiento para que quienes desean ser padres puedan serlo.
Por supuesto, hay mucho más para debatir desde la política pública y la visión de la Ciudad. Como legislador, creo que en la responsabilidad que tenemos los representantes de ofrecer soluciones concretas a los problemas de los porteños, y voy a trabajar en la Legislatura porteña para ello. Y, desde A1000, vamos a seguir sumando las ideas de los porteños al debate, porque Buenos Aires necesita pensarse con ambición y planificación estratégica, y esa ambición empieza por reconocer algo simple: no importa qué familia querés construir, el gobierno tiene que ser tu aliado.
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Emmanuel Ferrario es Legislador de la Ciudad, director ejecutivo de la organización A1000 y docente universitario.
columna de opinión en LA NACION,A1000,Emmanuel Ferrario,Ciudad de Buenos Aires,Conforme a,Ciudad de Buenos Aires,,En pleno otoño. Se viene un bloqueo atmosférico que traerá lluvias, vientos fuertes y calor atípico: las zonas afectadas,,En el norte de CABA. Así es la nueva obra con túnel, rampa y pasarela que agiliza el tráfico y beneficia a 30.000 vecinos,,Obras. Cómo será el Anillo La Pampa, que acortará a la mitad el tiempo de viaje en el norte de CABA
POLITICA
Un juez suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral tras un reclamo de la CGT
Un juez del fuero laboral resolvió hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y suspendió la vigencia de distintos artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
La decisión tiene carácter provisorio y regirá mientras se tramita el proceso principal en el que la central obrera pide la declaración de invalidez constitucional de esos cambios.
La resolución fue firmada este 30 de marzo en el expediente iniciado por la CGT contra el Estado nacional. En ese marco, el juzgado dispuso “hacer lugar a la medida cautelar innovativa” presentada por la organización sindical y suspender la aplicación de los artículos cuestionados de la ley 27.802, además de ordenar su inscripción en el Registro Público de Procesos Colectivos y notificar a las partes.
El planteo había sido presentado por la central obrera en el marco de una acción declarativa contra el Poder Ejecutivo para que se analice la constitucionalidad de numerosos puntos de la reforma. Según surge del expediente, la demanda apunta a artículos que modifican normas de la Ley de Contrato de Trabajo y otros regímenes vinculados al mundo laboral.
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De acuerdo con el fallo, la acción fue promovida por la CGT en representación de trabajadores y trabajadoras de todo el país, al tratarse de un reclamo de carácter colectivo que involucra normas que regulan relaciones laborales individuales y colectivas.
En su análisis preliminar, el juez sostuvo que para dictar una cautelar no se requiere certeza absoluta sobre el derecho invocado, sino verificar que exista una apariencia razonable que justifique una tutela preventiva mientras se discute el fondo del asunto. Esa lógica es la que habilitó la suspensión provisoria de las disposiciones cuestionadas hasta que haya una sentencia definitiva.
El fallo también menciona el planteo del Estado nacional durante el proceso. Según consta en el expediente, la defensa oficial advirtió que suspender una ley aprobada por el Congreso podría afectar el interés público y las políticas impulsadas por el Poder Legislativo, al sostener que una decisión de ese tipo implicaría interferir en sus facultades.
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Sin embargo, el juez respondió que la intervención del Poder Judicial forma parte del control de constitucionalidad previsto en el sistema institucional. En ese sentido, señaló que la Justicia debe garantizar el respeto a la Constitución y el equilibrio entre los poderes del Estado.
Además, en la resolución se remarca que el dictado de la cautelar busca evitar efectos que podrían resultar difíciles de revertir si la ley comenzara a aplicarse plenamente antes de que exista un fallo definitivo. El magistrado explicó que la suspensión provisoria puede prevenir daños jurídicos o materiales de difícil reparación mientras continúa el proceso.
Entre los fundamentos del fallo aparece también el concepto de “peligro en la demora”, que el tribunal consideró especialmente relevante en este caso. Según se indicó, la implementación inmediata de la reforma podría generar consecuencias sobre contratos y relaciones laborales que luego resultarían complejas de revertir si la norma fuera declarada inconstitucional.
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El expediente describe que la CGT cuestiona numerosos artículos de la reforma por entender que introducen cambios que afectarían derechos laborales y sindicales, además de modificar distintos aspectos del régimen vigente. La organización sostiene que esas modificaciones vulneran principios constitucionales vinculados con la protección del trabajo y la libertad sindical.
En esa línea, el planteo sindical sostiene que la ley implica cambios que, según su interpretación, reducen niveles de protección en distintos institutos del derecho laboral y alteran reglas que regulan las relaciones entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.
El conflicto de fondo sigue abierto
La medida cautelar, de todos modos, no resuelve el conflicto de fondo. El propio fallo aclara que se trata de una decisión provisoria que puede revisarse a lo largo del proceso y que el debate principal —la constitucionalidad de los artículos cuestionados— será analizado en una etapa posterior del expediente.
El nuevo fallo se produce en un contexto de disputa más amplia en torno a la reforma laboral. Días atrás, la CGT había recibido un revés en otro expediente vinculado a un aspecto específico de la ley, cuando un juez del fuero contencioso administrativo rechazó una cautelar que buscaba frenar artículos relacionados con el traspaso de competencias de la Justicia laboral hacia la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
Ese antecedente había dejado abierta la discusión judicial sobre distintos capítulos de la norma. En paralelo, la central obrera mantiene activa su estrategia legal en el fuero laboral, donde presentó un planteo más acotado centrado en artículos que, según su postura, impactan sobre derechos colectivos, la negociación sindical y el ejercicio de la huelga.
reforma laboral, CGT
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