POLITICA
Salta convocó a una audiencia pública para evaluar el impacto ambiental del proyecto de litio que ingresó al RIGI
Salta convocó oficialmente a una audiencia pública para evaluar el impacto ambiental del proyecto de litio que la compañía internacional Río Tinto impulsará en el Salar de Rincón, uno de los yacimientos con mayor potencial de la región. El llamado se produce tras la presentación del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) entregado por la firma, como parte del proceso de autorización requerido por las autoridades locales.
El encuentro fue anunciado por la Secretaría de Minería y Energía del Gobierno de Salta y, según se informó a través del sitio oficial de prensa del Ejecutivo provincial, tanto las comunidades originarias de la zona como cualquier persona interesada tienen la posibilidad de acceder y manifestar opiniones sobre el contenido del informe técnico que describe los efectos potenciales de la megaobra, evaluada en 2.500 millones de dólares. El proyecto fue la primera inversión minera admitida dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), marco legal aprobado recientemente por el Gobierno de Javier Milei para atraer capitales extranjeros a sectores estratégicos como la minería. La iniciativa prevé que la empresa desarrolle una planta de producción de carbonato de litio de gran escala, ubicada en el departamento de Los Andes, sobre el límite oeste de la provincia, en plena Puna salteña.
Las operaciones a gran escala modificarán la dinámica productiva de la región, motorizarán el empleo minero y aumentarán las exportaciones de uno de los insumos clave para la transición energética global, según las proyecciones de los gobiernos y de la propia empresa.
La Secretaría de Minería y Energía informó que la audiencia pública forma parte de “los procedimientos obligatorios previstos por la normativa ambiental y minera”, e invitó a toda la ciudadanía interesada a consultar, con acceso libre, el informe técnico depositado ante la autoridad competente. Las exposiciones y las observaciones colectadas formarán parte del expediente y serán analizadas en el proceso de decisión gubernamental sobre el avance o no de la inversión. Según informó el sitio de prensa del Gobierno de Salta, la audiencia tendrá lugar en la localidad de San Antonio de los Cobres, cabecera departamental de Los Andes, a 3.775 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentra la sede administrativa más cercana al emplazamiento del yacimiento. Allí, representantes de las comunidades, autoridades municipales, empleados públicos y especialistas independientes tendrán oportunidad de presentar objeciones, preguntas o sugerencias respecto de los trabajos planificados por Río Tinto.
El Estudio de Impacto Ambiental y Social entregado describe las características geológicas del salar Rincón, el volumen estimado de reservas de litio y los métodos extractivos previstos.
La autoridad provincial indicó que hubo consultas a las comunidades y reuniones informativas previas al llamado, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de consulta libre, previa e informada, reconocida por la Constitución argentina y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, detalló que la audiencia pública es de carácter no vinculante, pero constituye un insumo esencial para que la autoridad ambiental decida en torno a la viabilidad del emprendimiento.
El proyecto se configuró como uno de los primeros casos de aprobación dentro del nuevo RIGI, norma que ofrece beneficios a inversores que comprometan montos superiores a los 200 millones de dólares en obras de infraestructura y desarrollo productivo. La iniciativa desarrollada por Río Tinto se proyecta por etapas, con una producción inicial estimada de hasta 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio, volumen destinado principalmente a la exportación hacia mercados de Asia, Europa y Norteamérica.
Desde Río Tinto, los representantes detallaron que la inversión contempla infraestructura para la energía eléctrica, rutas de acceso, caminos internos y sistemas de control ambiental, con especial atención a la reducción de emisiones, la protección de acuíferos y las medidas de cierre y remediación al final del ciclo de vida de la mina.
La provincia de Salta ocupa junto a Catamarca y Jujuy el núcleo productivo de litio de la Argentina, tercer suministrador mundial de este mineral estratégico, detrás de Australia y Chile.
POLITICA
Murió Rodolfo Díaz, un alfil de Menem que combinó la formación académica con la militancia política
La combinación del rigor académico y la militancia política fue una de las notas distintivas del doctor Rodolfo Alejandro Díaz, fallecido este viernes a los 82 años, en la ciudad de Buenos Aires. Fue una pieza clave del gobierno de Carlos Menem en la década del 90 y tuvo una destacada actuación como ministro de Trabajo y Seguridad Social y, luego, como convencional constituyente en la Reforma de 1994.
A su actuación política, en la que nunca abandonó el bajo perfil, sumó aportes significativos en el campo académico y en el mundo empresario. Era vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, a la que se incorporó en 2007, y fue asesor general de Pan American Oil Company, una de las principales compañías de energía en la región. Dichos antecedentes lo ubican como una figura multifacética, con participación e influencia en los grupos de decisión.
Nacido el 30 de mayo de 1943 en Mendoza, el “Chango” Díaz fue uno de los dirigentes mendocinos que rodearon al presidente Menem y lo acompañaron en el proceso de reforma del Estado, principal caballito de batalla del gobierno del caudillo riojano. Otros funcionarios clave surgidos de la provincia cuyana fueron Eduardo Bauzá, José Roberto Dromi y José Luis Manzano.
A fines de 1992 se alejó del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por diferencias con Domingo Cavallo, pero siguió gozando de la confianza de Menem. Así, el líder riojano le encomendó la jefatura de campaña nacional en las elecciones legislativas de 1993, en las que el peronismo ganó con el 44% de los votos y se impuso en 16 provincias y en la Capital Federal.
Al año siguiente, en la Convención que aprobó la Reforma de 1994, fue el miembro informante de la incorporación de los “nuevos derechos” en la Constitución nacional, incluidos en el artículo 43, como el amparo, el hábeas corpus, el hábeas Data y la figura del derecho colectivo.
Concluida la reforma constitucional, en la que se habilitó la cláusula de la reelección presidencial, Menem lo mantuvo entre sus colaboradores más cercanos y le confió la Procuración del Tesoro, cuya misión es conducir el cuerpo de abogados del Estado. Se desempeñó en esa función hasta la finalización del mandato presidencial, en diciembre de 1999.
En un trabajo presentado en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Díaz concluyó que la hiperinflación, que en el mes de julio de 1989 -cuando asumió el gobierno de Menem- alcanzaba el 209%, constituye “un impuesto antidemocrático, porque es establecido de hecho y no por una ley; regresivo, porque afecta más a los pobres que a los ricos, e imposible de evadir, porque lo cobra el Estado en forma anticipada”.
Díaz sostenía que el Estado transformado en los años 90 “no fue el viejo Estado populista” construido por el primer peronismo en los años 40 y 50, y que entonces había desaparecido.
Explicaba que en los años 90 regía el modelo construido por los regímenes militares a partir de 1966, al que definía como un sistema de “Estado burocrático y autoritario”, caracterizado por un “capitalismo asistido”. En sus trabajos recordaba que en 1983, cuando el país recuperó la democracia, existían 353 empresas de propiedad estatal, y el Estado tenía participación minoritaria en otras 201. En tanto, en 1989 había 236 empresas de propiedad estatal: 70 nacionales, cuatro binacionales y 162 provinciales o locales.
Más allá del proceso de reforma del Estado, Díaz argumentó en distintos escritos que entre 1989 y 1999 la Argentina preservó su democracia, estabilizó su economía, creció más de un 50% en ocho años y recobró su lugar en la política mundial”.
El doctor Díaz se formó como abogado en la Universidad de Mendoza y realizó estudios en ciencias políticas, además de estudiar en Harvard y alcanzar el doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor titular en varias universidades y dirigió las maestrías de Administración Pública en la Universidad del Salvador y de Análisis Económico del Derecho en la Universidad de Congreso.
Su trayectoria académica se completa con su participación en el Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y la Asociación Argentina de Derecho Comparado.
Mariano De Vedia,Carlos Menem,Conforme a,Carlos Menem,,Análisis. Bocetos de una economía diferente,,¿Con qué necesidad?,,Lesa humanidad: una claudicación histórica
POLITICA
Florencia Carignano reivindicó su actitud durante la sesión por la reforma laboral: “Lo volvería a hacer”
La diputada nacional de Unión por la Patria Florencia Carignano redobló la apuesta y reivindicó su polémica acción durante el inicio del debate por la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados, donde fue filmada desenchufando cables y dispositivos técnicos del recinto. Este episodio generó la reacción inmediata de La Libertad Avanza y un pedido de expulsión de la Cámara baja.
Todo ocurrió cuando, antes de que comenzara la sesión, Carignano fue captada por las cámaras desconectando los dispositivos de los taquígrafos y micrófonos. Según explicó en diálogo con Radio 10, el gesto fue una respuesta directa al clima de desorganización y tensión que reinaba en el recinto.
Al ser consultada sobre si se arrepentía del gesto, fue contundente: “¡Lo volvería a hacer! Porque mi rol ahí es defender a los laburantes, defender las leyes que hicieron grande este país, defender el futuro de todos”. Luego, la legisladora minimizó el hecho y señaló que el foco debía estar puesto en el contenido del debate y no en una anécdota técnica. “Lo volví a poner a los dos minutos”, agregó.
La legisladora sostuvo que la viralización de su acción fue utilizada para “desviar la discusión” sobre el fondo de la sesión. “La gente se escandaliza por estupideces cuando no se da cuenta que se están robando la vida. Lo que están haciendo es robándole los momentos libres, la dignidad”, sentenció.
Carignano contextualizó su protesta como una reacción a lo que describió como un procedimiento irregular por parte de la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem. Denunció que se buscó impedir la palabra a diputados de la oposición, reducir la cantidad de oradores y acelerar el tratamiento de la reforma: “Siempre es a los pedos, corriendo, porque todo tiene que ser rápido para que se apruebe, porque es todo tan vergonzoso que entonces las reglas las ponen ellos”.
La diputada remarcó que la sesión comenzó sin que se hubieran alcanzado acuerdos en la reunión parlamentaria previa y acusó a la conducción de “violar el reglamento”. “No íbamos a permitir que una ley que rompe todos los derechos, arrasa con los derechos de todos los laburantes, de ustedes, periodistas, de todos, se aprobara de ese modo”, afirmó.
Durante su intervención, Carignano también hizo referencia al clima de enfrentamiento con diputados oficialistas, mencionando a figuras como Lilia Lemoine y Paula Penacca. Y criticó la presencia de legisladores que, según su visión, buscan “provocar” y “filmar” en lugar de contribuir al debate de fondo: “Tenemos este tipo de gente enfrente, entonces vos no podés generar ninguna discusión porque te filman, no pueden hablar”.
La diputada relató que, en medio del desborde, se cayó el quórum y se debió haber levantado la sesión, pero el presidente de la Cámara decidió no hacerlo. “Esperó hasta que llegó el último diputado. Eso no existe, no está en el reglamento”, denunció, apuntando directamente a Martín Menem.
La reacción de LLA: pedido de expulsión
El episodio no tardó en tener consecuencias políticas. Desde La Libertad Avanza denunciaron públicamente a Carignano y solicitaron su expulsión de la Cámara Baja, acusándola de “realizar actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático que debe reinar en el Congreso”.
Este viernes, el jefe del bloque oficialista Gabriel Bornoroni presentó un proyecto de resolución donde solicita formalmente su exclusión de la Cámara por “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”, en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional.
Los fundamentos del pedido destacan que la diputada interfirió directamente en el normal desarrollo de la sesión, afectando el trabajo de los taquígrafos y del personal técnico de la Cámara. El documento remarca que el funcionamiento del sistema de registro taquigráfico es esencial para la validez institucional de las deliberaciones parlamentarias.
La acusación libertaria fue acompañada por un pedido formal y declaraciones en medios, donde insistieron en el carácter antidemocrático de la actitud de la legisladora.
POLITICA
Tras la polémica por las licencias médicas, el Gobierno busca cerrar filas y aprobar la reforma laboral en el Senado
La reforma laboral impulsada por el Gobierno entró en su tramo final, pero no sin costos políticos. Tras la controversia generada por el capítulo que alteraba el pago de salarios durante las licencias médicas, el oficialismo decidió dar marcha atrás con ese punto para lograr el visto bueno en Diputados y el dictamen en el Senado, donde debe concentrar sus esfuerzos para garantizar la aprobación definitiva.
El artículo en cuestión había sido incorporado a último momento al proyecto original y proponía cambios sustanciales en el esquema de ausencias por enfermedad. La iniciativa contemplaba que, en determinados casos, el trabajador cobrara solo el 50% de su salario si la afección se vinculaba a una actividad voluntaria ajena al trabajo, mientras que en otras situaciones percibiría el 75%.
La propuesta generó rechazo tanto en la oposición como en sectores aliados y sindicales, que anticiparon dificultades para acompañar la norma.
El oficialismo consiguió dictamen para la reforma laboral en el Senado y buscará aprobarla el próximo viernes
En los días posteriores, la Casa Rosada optó por retirar ese capítulo para evitar que el proyecto completo quedara empantanado en el Congreso. La decisión implicó un repliegue político, pero permitió mantener en pie el resto del paquete de modificaciones laborales, considerado prioritario por el oficialismo para reducir la litigiosidad y promover nuevas contrataciones.
Dentro del Gobierno reconocían que la polémica dejó ruido interno. Las críticas se concentraron especialmente en la defensa pública que algunos funcionarios habían realizado del artículo, lo que amplificó el rechazo político y sindical.
Desde el entorno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aclararon a Infobae que ese apartado no formaba parte del texto originalmente enviado por el Poder Ejecutivo.
La eliminación del capítulo obligó a que el proyecto vuelva a la Cámara alta para su revisión final. En Balcarce 50 confían en conseguir los votos necesarios durante la última semana de sesiones extraordinarias, donde la reforma laboral aparece como una de las principales prioridades legislativas.
Reforma laboral: qué pasará con el salario si un trabajador se enferma tras la caída del artículo 44
Mientras tanto, el oficialismo busca evitar nuevas fisuras internas. La estrategia consiste en concentrar la discusión en los puntos centrales de la reforma, entre ellos la modernización de modalidades de contratación, cambios en los mecanismos indemnizatorios y la reducción de conflictos judiciales entre empleadores y trabajadores.
En paralelo, el Ministerio de Desregulación avanza en la preparación de normas complementarias que deberán instrumentarse una vez aprobada la ley. Parte de ese trabajo incluye decretos y resoluciones orientados a adecuar el marco regulatorio a los compromisos comerciales internacionales asumidos por la Argentina, particularmente en relación con acuerdos de intercambio económico.
En el Congreso, la discusión promete volver a ser intensa. Sectores sindicales ya anticiparon protestas y presiones sobre los legisladores, mientras que gobernadores y bloques dialoguistas negocian cambios menores para acompañar la iniciativa. El oficialismo, sin embargo, apuesta a que la eliminación del punto más controvertido permita descomprimir el debate.
De aprobarse sin nuevas modificaciones, el proyecto quedará sancionado y el Gobierno obtendrá una de sus principales leyes estructurales en materia económica. Para la administración libertaria, la reforma laboral forma parte del paquete de medidas orientadas a incentivar el empleo formal y modificar reglas que consideran obsoletas dentro del mercado de trabajo argentino.
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